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Modo: Corpus Pro

EMBARGO. ILEGALIDAD DEL. CUANDO RECAE EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR AUNQUE LA ESCRITURA NO ESTÉ INSCRITA A FAVOR DEL NUEVO DUEÑO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 179/88. · Registro digital (IUS): 19242
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INÉS VÁZQUEZ PÉREZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 2201.

AMPARO EN REVISIÓN 179/88. INÉS VÁZQUEZ PÉREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Los agravios transcritos deben desestimarse por las razones que a continuación se expresan:

En el primer agravio sostiene el recurrente, en forma esencial, que la sentencia viola en su perjuicio los artículos 21, 73, fracción XII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, así como los diversos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque el a quo no toma en cuenta la escritura pública exhibida por la quejosa y la constancia del Registro Público de la Propiedad, documentales con las que se acredita que la propia quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado cuando menos desde el mes de julio de mil novecientos ochenta y siete, o bien, desde el día cuatro de noviembre del mismo año, al pedir dicho notario informes acerca de los gravámenes que existían sobre el inmueble materia de esta escritura, se le dio a conocer el embargo, por lo que la quejosa conoció el acto reclamado; además igual consideración debe hacerse respecto al momento en que conoció la constancia expedida por el Registro Público de la Propiedad, que con base en estas consideraciones debió considerarse extemporáneo el juicio de amparo y el Juez a quo debió sobreseerlo por la invocada causal de improcedencia.

Estas argumentaciones resultan infundadas, porque del análisis de las constancias del expediente número 51/986 que la responsable anexó a su informe justificado, se observa que no existe dato alguno que demuestre en forma evidente, que la quejosa tuvo conocimiento tanto del juicio ejecutivo mercantil instaurado por el hoy recurrente en contra de los señores Ernesto González Mendoza y Teresa Sandero de Mendoza, como del embargo trabado al bien de su propiedad, ni de las consecuencias derivadas del mismo; por tanto, si no está demostrado en forma fehaciente que la quejosa tuvo conocimiento de los actos de referencia, antes de que se iniciara el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de garantías, es claro que no se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la propia ley y, en consecuencia, el Juez de Distrito se ajustó a derecho al considerar interpuesta en tiempo la citada demanda y no decretar el sobreseimiento.

Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia número 3, visible en la página 10, de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO."

La anterior conclusión no se desvirtúa con lo manifestado por el recurrente, en el sentido de que la quejosa conoció el acto reclamado desde el mes de julio o bien el cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, dado que, se repite, en autos no hay dato alguno que así lo demuestre y, en consecuencia, tal conocimiento no puede inferirse a base de presunciones.

En el segundo agravio sostiene el recurrente, que la sentencia es violatoria de los artículos 73, fracción XVIII, 74, fracción III, 76 y 116, fracción V, de la Ley de Amparo porque la quejosa no expresa conceptos de violación en términos de ley y sin embargo, se le concedió el amparo, por lo cual se suplió la deficiencia de la queja. Además, que la quejosa tampoco hace ningún razonamiento concreto que ataque los fundamentos de la sentencia reclamada a efecto de demostrar que tales fundamentos son contrarios a la ley.

Las anteriores argumentaciones resultan infundada en primer término, porque del examen de la demanda de garantías se observa que la quejosa sí hizo valer conceptos de violación en contra del procedimiento del juicio ejecutivo mercantil y concretamente, en contra del embargo trabado en el inmueble de su propiedad, dado que manifestó las cuestiones de hecho y de derecho por las cuales consideró que se vulneraban en su perjuicio las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales; por tanto, el Juez a quo también se ajustó a derecho al negar el sobreseimiento, que en este recurso se reitera, en virtud de que por las razones indicadas, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la ley.

Por otra parte, es inexacto que el a quo haya suplido la queja. En efecto, en la sentencia recurrida se determinó que procedía conceder el amparo, en razón de que la quejosa acreditó con testimonio de la escritura pública que desde el día veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, era propietaria de la casa marcada con el número 75 de la Prolongación de la Avenida Morelos de la población de Calpulalpan y, por tanto, el embargo era ilegal porque recayó en un bien que no pertenecía al demandado Ernesto González Mendoza; además, que también era ilegal dicho embargo, porque no era jurídico que por no haberse inscrito la compraventa el acreedor del vendedor tuviera derecho a secuestrar un bien que salió del patrimonio de este último. Esto es, que el a quo para conceder el amparo se apoyó en razonamientos derivados de las cuestiones de hecho y de derecho alegadas por la quejosa, lo que en ninguna forma constituye una suplencia de la queja.

Por último, es inexacto que la quejosa haya estado obligada a impugnar los fundamentos y motivos de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil, en virtud de que del texto integral de la demanda se advierte, que lo que controvirtió en concreto fue el embargo trabado al bien inmueble de su propiedad, en su carácter de tercera extraña a dicho juicio.

Los agravios tercero y cuarto se analizan en forma conjunta, dada la estrecha relación que guardan entre sí. Sostiene el recurrente, que la sentencia viola los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque no toma en consideración las pruebas documentales exhibidas en el juicio, entre las que se encuentra el testimonio de la escritura pública que anexó la quejosa en su demanda de garantías, que al calce expresa que el día diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y siete, en que se justificó el pago de los impuestos, el notario autorizó la escritura; que de lo anterior se desprende que en la fecha que se trabó el embargo sobre la casa número 75 de la calle Prolongación Morelos de la población de Calpulalpan, dicho inmueble aún pertenecía al señor Ernesto González Mendoza y que, por lo tanto, de ninguna manera se le puede oponer esa venta. Por otra parte, que se violan en su perjuicio los artículos 1205 y 1206 del Código Civil del Estado de Tlaxcala porque la sentencia no toma en cuenta que los actos y contratos que conforme a la ley deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y no se inscriben, como sucedió en la especie, sólo puede surtir efectos entre quienes se otorgan pero no pueden producir perjuicios a terceros.

Los anteriores agravios resultan infundados, porque según lo determinó el Juez Federal a quo, en acatamiento de la jurisprudencia número 136, visible en la página 396, de la Cuarta Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR ILEGALIDAD DEL.", en el caso, el embargo se practicó en un bien inmueble que había salido del patrimonio del demandado, como lo explica el hecho de que el contrato de compraventa a través del cual la quejosa adquirió la casa número 75 de la calle Prolongación Morelos de la población de Calpulalpan, se celebró el día veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, en tanto que el embargo cuestionado, se practicó el día siete de enero de mil novecientos ochenta y siete, según aparece de la diligencia respectiva, que corre agregada en autos. Consecuentemente, debe considerarse que el embargo es ilegal porque no afecta bienes del demandado y en cambio lo hace en bienes de un tercero, como es la quejosa.

La anterior conclusión no se desvirtúa, por las circunstancias de que el notario haya autorizado la escritura con posterioridad a la práctica del embargo y que tal escritura no se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad. En primer término, porque la compraventa es un contrato consensual que se perfecciona por el consentimiento de las partes, por tanto, no son necesarias esas formalidades para la validez de la compraventa; y, en segundo término, porque la inscripción en el Registro Público de la Propiedad a que se refieren los artículos 1205 y 1206 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, no es constitutiva de derechos, porque la traslación de dominio del bien se hace, por el acto jurídico celebrado entre las partes; lo que quiere decir, que aun cuando la hoy quejosa no hubiera inscrito su título, es propietaria del inmueble. De tal manera que el embargo es ineficaz porque recayó en un bien que no pertenecía al demandado, sin que se pueda afirmar jurídicamente que por no haberse inscrito oportunamente la escritura de compraventa, el hoy recurrente tenía derecho a secuestrar un bien que pertenecía a un tercero.

Finalmente, en el quinto agravio sostiene el recurrente que la sentencia es violatoria de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo porque aplica ejecutorias que no forman jurisprudencia.

Al respecto cabe decir que las tesis en que se apoya el a quo son las jurisprudencias número 3, bajo el rubro: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO." y la número 136, bajo el rubro: "EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL."; por lo que resulta inexacto que viole los artículos que menciona el recurrente.

CUARTO.-La parte final del considerando segundo de la sentencia que se revisa, en la que el Juez a quo sobreseyó el juicio de garantías respecto del auto de fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, pronunciado en el expediente número 51/86 queda intocado al no ser materia del recurso de revisión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracciones III y IV, 85, fracción II, 86, 88, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44, fracción III, capítulo IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el fallo en lo que fue materia de revisión.

SEGUNDO.-No se sobresee en el presente juicio de garantías de acuerdo a los razonamientos expresados en los párrafos primero a sexto de esta ejecutoria.

TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Inés Vázquez Pérez, contra los actos que reclamó del Juez local de Calpulalpan, secretario adscrito al anterior, Ayuntamiento de ese lugar, director general de Notarías y Registro Público del Estado de Tlaxcala, actos que quedaron debidamente precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

CUARTO.-Se dejan intocados la parte final del considerando segundo y el punto primero resolutivo de la sentencia que se revisa en los que el Juez a quo sobreseyó en el juicio de garantías respecto del auto de exequendo de fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, pronunciado en el expediente número 51/86.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gilberto Chávez Priego, Juan Manuel Brito Velázquez y Jaime Manuel Marroquín Zaleta, siendo relator el tercero de los nombrados.

Nota: Las jurisprudencias de rubros: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO." y "EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL." citadas, aparecen publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, tesis 3, página 10 y Cuarta Parte, tesis 136, página 396, respectivamente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19242-e30d292e/embargo-ilegalidad-del-cuando-recae-en-bienes-salidos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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