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Modo: Corpus Pro

INFONAVIT. LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA RECLAMACION CONSISTENTE EN LA FALTA DE PAGO DE APORTACIONES AL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/92. · Registro digital (IUS): 373
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE EL SEXTO Y EL SEPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Febrero de 1993, , Pág. 39.

CONTRADICCION DE TESIS 26/92. ENTRE EL SEXTO Y EL SEPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- A fin de estar en aptitud de resolver la contradicción de tesis planteada, la cual, por cierto, fue denunciada por parte legítima, en términos de lo establecido por los dos primeros preceptos antes invocados, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los aludidos órganos colegiados que motivaron dicha denuncia, y que a continuación se transcriben.

El criterio sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, contenido en la resolución de once de febrero de mil novecientos noventa y dos, dictada en el juicio de amparo directo número 837/92, promovido por el apoderado de Marco Antonio Vázquez Márquez, contra actos de la Junta Especial Número Tres Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, consistentes en el laudo pronunciado en el juicio laboral número 212/91, es el siguiente: "SEXTO.- No obstante que en la demanda de amparo no se impugnó la determinación de la responsable en relación al pago de las aportaciones al Infonavit, que reclamó el actor hoy quejoso en la ampliación de demanda (foja 27), este Tribunal en aplicación al principio de suplencia de la queja contenido en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se estima pertinente analizar esa decisión de la Junta, por considerar que la misma constituye una violación a las garantías de la parte obrera, que es quien acude en demanda de garantías. En efecto, es ilegal la determinación de la responsable acerca de dejar a salvo los derechos del actor sobre las prestaciones reclamadas relativas a las aportaciones al Infonavit, atento a que aun cuando la demandada sostuvo que siempre ha hecho las aportaciones ante dicho instituto, lo cierto es que con el material probatorio que aportó a juicio no acreditó haberlo hecho, por lo que la Junta debió resolver lo procedente respecto a dicha reclamación; sin embargo como no lo hizo así y por el contrario, dejó a salvo los derechos del actor para que los ejercitara en la vía que considerara procedente, su actuar ciertamente resulta violatorio de garantías individuales; además, debe señalarse que acorde a lo previsto en el artículo 53 de la Ley del Infonavit, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son competentes para resolver las controversias que se susciten respecto al pago de las cuotas de aportación a dicho instituto. Similar criterio ha sido sustentado por este Tribunal al resolver los DT.1414/91, 6827/91, 10797/91 y 1067/91, mismos que han dado origen a la siguiente tesis de este Tribunal, del tenor literal siguiente: 'INFONAVIT, LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA RESOLVER SOBRE APORTACIONES AL.- Acorde a lo previsto en el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las Juntas de Conciliación y Arbitraje son competentes para resolver las controversias que se susciten respecto al pago de las cuotas de aportación a dicho instituto. En tal virtud, es ilegal el proceder de la Junta que se abstiene de resolver sobre la procedencia de las cuotas de referencia, señalando que deja a salvo los derechos del actor, en cuanto a esta reclamación, para que los haga valer en la vía procedente'."

Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al dictar la resolución de treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, en el juicio de amparo directo número 4466/89, promovido por Rosendo Pérez Olguín, por conducto de su apoderado, contra actos de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, consistentes en el laudo pronunciado en el juicio laboral número 1040/88, sustentó el siguiente criterio: "...Por lo que se refiere a las cuotas que el patrón debió cubrir al INFONAVIT, a cuyo pago no condenó la responsable; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 6o. transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, que dispone que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ser interrumpida y modificada por los Tribunales Colegiados de Circuito, este Tribunal considera necesario establecer una modificación aclaratoria de uno de los dos aspectos de la cuestión, comprendidos en el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada con el número 135, en la página 119, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Cuarta Sala (tesis de ejecutorias 1917-1985) que es del tenor siguiente: 'INFONAVIT. CONDENA PROCEDENTE AL PAGO DE CUOTAS PARA EL.- Cuando en un juicio laboral el trabajador reclama el pago de las cuotas que el patrón debe pagar al Infonavit y aquél no prueba haberlas cubierto, procede sea condenado a que entregue a dicho Instituto las que correspondan por todo el tiempo que recibió los servicios del trabajador.' En la supradicha tesis se sostiene como cuestión de fondo que ante el reclamo de un trabajador, se ha de establecer e imponer por la autoridad al patrón el pago al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de las aportaciones que correspondan por todo el tiempo que recibió los servicios del trabajador. Este Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo considera que tales aspectos sustantivos del deber patronal de enterar las aportaciones al Infonavit por cada una de las relaciones individuales de trabajo que constituya, del derecho del Instituto a percibirlas, el derecho del trabajador a plantear la exigencia del pago de las mismas para que se registren como aportaciones hechas en su beneficio como derechohabiente del propio Instituto y de la facultad autoritaria para imponer en su caso coactivamente el pago de las aportaciones que correspondan a todo el tiempo de prestación de servicios, deben permanecer subsistentes como lo indicó en su tesis jurisprudencial la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por corresponder plenamente al propósito esencial de la propia tesis; no obstante, por lo que hace al procedimiento y autoridad específicos que se mencionan en tal tesis jurisprudencial, este Tribunal considera que las disposiciones constitucionales y legales secundarias que regulan la obligación patronal de proporcionar habitación a los trabajadores a su servicio, detalladamente adminiculadas, llevan a la conclusión de que a las Juntas de Conciliación y Arbitraje únicamente compete examinar, calificar y decidir sobre la existencia de relación individual de trabajo y los términos de ésta: inicio, duración, subsistencia, terminación y prestaciones que constituyen el salario; cuando esos extremos se encuentran controvertidos por las partes en un juicio laboral; pero, la determinación del monto de las aportaciones que por esa relación de trabajo esté obligado a enterar al Infonavit el patrón y del cual deba ser derechohabiente beneficiario el trabajador de que se trate, así como el procedimiento para exigir y en su caso imponer el pago respectivo, ya no los ubicó el legislador como materia de competencia de las Juntas, sino del propio Instituto y conforme al procedimiento establecido al efecto en la Ley que lo creó. En efecto, el artículo 123 de la Constitución Federal, en su Apartado 'A', fracción XII, establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas; y que esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones, considerándose de utilidad pública la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, regido por la Ley Reglamentaria correspondiente, es la consecuencia de tal fracción del artículo 123 constitucional, y en la misma se establecen las cuantías y forma de aportación para el fondo crediticio de habitaciones para los trabajadores. De tal manera, las aportaciones patronales a ese Fondo, aunque se hacen para el beneficio de los trabajadores, no constituyen una prestación directa de índole laboral entre patrón y trabajador; sino un sistema jurídico administrativo y de recursos económicos propio, en el cual incluso el Estado interviene como aportante, a través del cual los sujetos caracterizados como patrones conforme a las disposiciones de la Constitución General de la República y de la Ley Federal del Trabajo, deben cumplir la obligación habitacional para sus trabajadores que les impone el artículo 123 constitucional y, si bien es cierto que los elementos básicos de salarios, naturaleza jurídica específica de la relación laboral y duración de ésta, deben establecerse conforme a la Ley Federal del Trabajo, son factores que deben tomarse en cuenta para determinar la cuantía, el vencimiento y el pago de aportaciones en que se concreta la obligación patronal, estos últimos datos deben precisarse ante y por el organismo creado por la ley secundaria con ese específico objeto, el de administrar los recursos así obtenidos y los beneficios que al trabajador interesado le resulten y, por lo mismo, dichos datos últimos no son materia de acción y excepciones o defensas que deban ser resueltos en juicio laboral, sino en la forma y mediante los procedimientos administrativos que establece la Ley del Infonavit. Por lo anterior, se considera que la tesis jurisprudencial en comento debe ser modificada para clarificarse que: cuando en un juicio laboral el actor que se ostenta como trabajador reclama el pago de aportaciones al Infonavit por el patrón demandado, si al fijarse las cuestiones controvertidas quedan fuera de litis el carácter específico de una relación individual de trabajo, la remuneración que le corresponde y los montos salariales percibidos por el trabajador a través del tiempo de su duración, las Juntas deben declarar desde luego, su incompetencia para conocer respecto a monto y pago de aportaciones por el patrón al Infonavit y poner en conocimiento de este Instituto los datos respectivos, para que dicho Instituto se avoque, conforme a sus normas a determinar y hacer efectiva en su caso la obligación patronal como los beneficios que al trabajador correspondan por la misma; en tanto que, en los casos en que los elementos que integran la relación individual de trabajo se encuentren controvertidos en el juicio laboral, corresponde a la Junta decidir en el laudo que pronuncie cuáles sean esos extremos y determinándolos con base en las pruebas que examine, dar a conocer su resolución al Infonavit para los mismos efectos antes señalados como de la competencia de éste; pero, en ningún caso, la Junta tendría facultades para imponer una condena determinada al patrón o hacer entrega de aportaciones al Infonavit en sus resoluciones y menos aún de hacer entrega directa al trabajador de suma alguna en tal concepto; porque ello equivaldría a mermar un fondo crediticio que tiene carácter colectivo y no individual, en beneficio particular de un trabajador, al margen de las disposiciones legales que regulan tal fondo, y en perjuicio de los trabajadores beneficiarios en su conjunto."

TERCERO.- En el presente caso sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados aludidos con anterioridad, habida cuenta de que los mismos son divergentes al tratar cuestiones jurídicas esencialmente iguales, como se verá en seguida.

De lo transcrito en el considerando inmediato anterior se advierte que los juicios laborales de referencia versaron sobre cuestiones idénticas, pues en ambos juicios las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al dictar los laudos respectivos, se declararon incompetentes para resolver lo procedente en relación a las reclamaciones hechas por los trabajadores actores en sus demandas, consistentes en que sus patrones omitieron pagar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), las aportaciones correspondientes a que tenían derecho.

También se advierte de tal transcripción que la discrepancia de los criterios sostenidos por los mencionados órganos colegiados gira en torno a determinar si las Juntas de Conciliación y Arbitraje son o no competentes para conocer y resolver, en un juicio laboral, ese tipo de reclamaciones (que los patrones no pagaron las aportaciones al INFONAVIT), pues mientras que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró que dichas Juntas sí eran competentes para ello, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del propio Circuito estimó, en esencia, que no lo eran, puesto que sostuvo que a ellas únicamente les compete examinar lo relativo a la existencia de la relación laboral, su duración y el monto del salario, sólo cuando estos aspectos se encuentren controvertidos por las partes en el juicio, y que al referido Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores le corresponde determinar la cuantía de las aportaciones cuyo pago omitió el patrón y efectuar el cobro de las mismas; es decir, que no es competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje decidir sobre la procedencia de esas reclamaciones.

Lo expuesto en los dos párrafos precedentes revela la existencia de la contradicción de tesis que se denuncia, ya que los Tribunales Colegiados de referencia, al abordar en sus sentencias problemas similares, sostuvieron criterios distintos respecto a ellos.

CUARTO.- Habiendo quedado configurada la repetida contradicción de tesis en los términos antes apuntados, procede determinar el criterio que debe prevalecer con carácter de Jurisprudencia, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Los dos primeros párrafos de la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República, a la letra dicen: "XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas."

Por su parte, los artículos 136, 137, 138, 143, 144 y 152 de la Ley Federal del Trabajo, disponen:

"Artículo 136. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio."

"Artículo 137. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación o mejoras de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos."

"Artículo 138. Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones."

"Artículo 143. Para los efectos de este capítulo el salario a que se refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie o cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios; no se tomarán en cuenta dada su naturaleza, los siguientes conceptos: a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares; b) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa; y las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales; c) Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas; d) La alimentación y la habitación cuando no se proporcionen gratuitamente al trabajador, así como las despensas; e) Los premios por asistencia; f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicios esté pactado en forma de tiempo fijo; g) Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubran las empresas."

"Artículo 144. Se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente a diez veces el salario mínimo general del área geográfica de aplicación que corresponda."

"Artículo 152. Los trabajadores tendrán derecho a ejercitar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje las acciones individuales y colectivas que deriven del incumplimiento de las obligaciones impuestas en este capítulo." (Resulta pertinente señalar que los preceptos de la Ley Federal del Trabajo antes transcritos, se encuentran contenidos en el capítulo III del título cuarto de la misma.)

Finalmente, los artículos 2o., 3o., fracción I, 29, fracción II, 30, fracciones I, III y V, 32 y 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en lo que aquí interesan, establecen:

"Artículo 2o. Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina 'Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores', con domicilio en la Ciudad de México."

"Artículo 3o. El instituto tiene por objeto: I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda;..."

"Artículo 29. Son obligaciones de los patrones:...II.- Efectuar las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda en instituciones de crédito, para su abono en la subcuenta del Fondo Nacional de la Vivienda de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro abiertas a nombre de los trabajadores, en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo..."

"Artículo 30. Las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos a que se refiere el artículo anterior, así como su cobro, tienen el carácter de fiscales. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su carácter de organismo fiscal autónomo, está facultado, en los términos del Código Fiscal de la Federación, para: I.- Determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos, así como calcular sus recargos, señalar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y requerir de pago. Para este fin podrá ordenar y practicar, con el personal que al efecto designe, visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones, requiriéndoles la exhibición de libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone esta Ley... III.- Realizar por sí o a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cobro y la ejecución correspondiente a las aportaciones patronales y a los descuentos omitidos, sujetándose a las normas del Código Fiscal de la Federación. V.- Requerir a los patrones que omitan el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece, la información necesaria para determinar la existencia o no de la relación laboral con las personas a su servicio, así como la que permita establecer en forma presuntiva y conforme al procedimiento que al efecto el Instituto señale, el monto de las aportaciones omitidas..."

"Artículo 32. En el caso de que el patrón no cumpla con la obligación de inscribir al trabajador o de aportar al Fondo Nacional de la Vivienda las cantidades que deba enterar, los trabajadores tienen derecho de acudir al Instituto proporcionándole los informes correspondientes; sin que ello releve al patrón del cumplimiento de su obligación y lo exima de las sanciones en que hubiere incurrido."

"Artículo 53. Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. Las controversias derivadas de los adeudos de los trabajadores al Instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes. Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a los tribunales competentes."

Como puede apreciarse de lo puntualizado con antelación, los patrones tienen la obligación de proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, y para dar cumplimiento a esto, es deber de aquéllos efectuar aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, con el fin de establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a sus trabajadores crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones, para la construcción, reparación o mejora de sus casas habitación, y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos; por tanto, esas aportaciones constituyen obligaciones a cargo de los patrones para beneficio de los trabajadores a su servicio. Asimismo se aprecia que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es el organismo encargado de administrar los recursos que se obtengan de dichas aportaciones.

Ahora bien, si el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo establece la obligación patronal de efectuar aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y de conformidad con el artículo 152 de dicho ordenamiento legal, éstos tienen derecho de acudir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje a ejercitar las acciones individuales y colectivas que deriven del incumplimiento de obligaciones como la anterior, es incuestionable que esas autoridades del trabajo, en un juicio laboral, son competentes para conocer y resolver lo procedente respecto a ese tipo de prestaciones, por disposición expresa del precepto últimamente citado; esto es, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al pronunciar el laudo respectivo, tienen facultades para decidir si proceden o no tales acciones con base en las pruebas aportadas al juicio y una vez examinado el presupuesto que origina esa obligación patronal, como es la existencia de la relación laboral, y en caso de que así sea, como del invocado artículo 136 y del 143 y 144 de la misma legislación se desprende la forma de calcular esas prestaciones, también están facultadas para determinar en cantidad líquida el monto de las que se omitió pagar, y para condenar al patrón incumplido a que entregue esa cantidad de dinero al aludido instituto, ya que es el organismo encargado de administrar los recursos que se obtengan de las repetidas aportaciones.

Es verdad que los trabajadores tienen derecho de acudir al organismo tantas veces mencionado para hacer de su conocimiento la omisión de sus patrones de enterar las aportaciones correspondientes (artículo 32 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores). También es verdad que dicho organismo tiene facultades para determinar si esos patrones incurrieron en tal omisión, para cuantificar el importe de las aportaciones omitidas, para requerir su pago y efectuar el cobro (artículo 30, fracciones I, III y V, de la citada legislación). Sin embargo, tales facultades del aludido instituto no cambian de manera alguna lo antes considerado, pues las mismas no pugnan con las que tienen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, aunque sean similares, y lo único que demuestran es que los trabajadores cuentan con dos vías para hacer cumplir sus derechos habitacionales.

En ese orden de ideas, es de concluirse que debe prevalecer, en esencia, el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, ya que este tribunal sostuvo que "las Juntas de Conciliación y Arbitraje son competentes para resolver las controversias que se susciten respecto al pago de las cuotas de aportación a dicho instituto"; aunque debe aclararse que el fundamento que da ese órgano colegiado a su criterio es erróneo, pues si bien el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores otorga competencia a las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, la misma se limita a las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el repetido instituto, mas no a las que se susciten entre aquéllos y los patrones respecto del pago de tales cuotas, caso a que se refiere la presente contradicción de tesis.

Lo razonado hasta aquí, da lugar a la siguiente tesis, que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, constituye jurisprudencia.

INFONAVIT. LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA RECLAMACION CONSISTENTE EN LA FALTA DE PAGO DE APORTACIONES AL.- Si el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo establece la obligación patronal de efectuar aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y de conformidad con el artículo 152 de dicho ordenamiento legal, éstos tienen derecho de acudir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje a ejercitar las acciones individuales y colectivas que deriven del incumplimiento de obligaciones como la anterior, es incuestionable que esas autoridades del trabajo, en un juicio laboral, son competentes para conocer y resolver lo procedente respecto a ese tipo de prestaciones, por disposición expresa del precepto últimamente citado; esto es, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al pronunciar el laudo respectivo, tienen facultades para decidir si proceden o no tales acciones con base en las pruebas aportadas al juicio y una vez examinado el presupuesto que origina esa obligación patronal, como es la existencia de la relación laboral, y en caso de que así sea, como del invocado artículo 136 y del 143 y 144 de la misma legislación se desprende la forma de calcular esas aportaciones, también están facultadas para determinar en cantidad líquida el monto de las que se omitió pagar, y para condenar al patrón incumplido a que entregue esa cantidad de dinero al aludido instituto, ya que es el organismo encargado de administrar los recursos que se obtengan de las repetidas aportaciones.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 197-A de la ley de la materia, se resuelve:

UNICO.- Debe prevalecer en esencia, con carácter de Jurisprudencia, el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 837/92.

Notifíquese; remítase la tesis de jurisprudencia aprobada al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en esta contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta para su publicación; a su vez, remítanse testimonios de esta resolución a los órganos colegiados de los que derivó dicha contradicción y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Felipe López Contreras, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue ponente el Ministro mencionado en último término.

Firman los Ministros integrantes de la Sala, con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/373-25d68fb1/infonavit-las-juntas-de-conciliacion-y-arbitraje-son · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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