PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. LAS JUNTAS PUEDEN VALIDAMENTE EXAMINARLA DE OFICIO.
CONTRADICCION DE TESIS 75/91. ENTRE EL PRIMERO Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los preceptos citados en el considerando anterior, toda vez que la formulan los integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito.
TERCERO. En el caso se surte la hipótesis de contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados de Circuito, según aparece de las constancias procesales remitidas con motivo de la denuncia.
En efecto.
A). El amparo directo DT-9666/91 radicado ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, encuentra como antecedentes los siguientes:
Ante la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Juan Camarena Infante y Juan Camarena Morales, demandaron de Autotransportes de Carga Urbina, S. A. de C. V. el pago de diversas prestaciones.
Tramitado el juicio laboral, la Junta del conocimiento dictó laudo definitivo el quince de febrero de mil novecientos noventa y uno en el sentido de tener por acreditada la acción por parte de los trabajadores y condenar a la empresa demandada al cumplimiento del contrato colectivo y absolverla respecto de otras prestaciones.
Inconforme con tal resolución, la empresa Autotransportes de Carga Urbina, S. A. de C. V. promovió juicio de amparo directo ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual se radicó bajo el número DT. 9666/91; formulando entre sus conceptos de violación el relativo al indebido análisis oficioso que de la personalidad del representante de la empresa demandada, ahora quejosa, efectuó la Junta responsable, sin que en el caso, la parte actora, hubiese propuesto el incidente de falta de personalidad correspondiente.
En relación al argumento antes sintetizado el Tribunal Colegiado resolvió que:
"TERCERO. Los anteriores conceptos de violación son infundados. En efecto, el quejoso aduce substancialmente que la Junta dictó el laudo impugnado sin fundamento ni motivación, ya que del testimonio notarial exhibido para acreditar su personalidad ante la responsable, se desprende que la representación de la empresa Autotransportes de Carga Urbina, S. A. de C. V., la tiene su apoderado Adrián Gámez Aguirre, ya que el Presidente del Consejo de Administración Jesús Silviano Urbina Canepa estaba facultado para designar a dicha persona como representante legal y Gerente General de la empresa demandada, según lo establece la cláusula vigésima sexta, por lo que al comparecer tal apoderado a la audiencia respectiva del cual emanó el acto reclamado, erróneamente la responsable, le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, cuando de autos se advierte que compareció el apoderado legalmente autorizado. También señala el quejoso en sus conceptos de violación que la responsable incurrió en violaciones al analizar oficiosamente la personalidad con que se ostentó el quejoso en el juicio laboral, lo que es contrario a derecho, de conformidad con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dictado en el Amparo en Revisión 871/87, quejoso Dinámica S. A. del dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, Magistrado Ponente Roberto Gómez Argüello; ya que los actores en ningún momento objetaron la personalidad de referencia, lo que según el quejoso, implicó un reconocimiento tácito de su representación, por lo que al no inconformarse éstos, la Junta no tenía que avocarse al estudio de la personalidad, la cual ya le había reconocido en la etapa conciliatoria, porque si la tuvo por comparecida en dicha etapa a la empresa quejosa, y ésta continuó haciendo uso de la palabra en la etapa de demanda y excepciones, se le reconoció la personalidad de referencia, la cual quedó acreditada con el testimonio exhibido; manifestando el quejoso que también se cometió violación al no permitirle ofrecer sus pruebas en la etapa procesal correspondiente, lo que además resulta ilegal, ya que el supuesto apoderado del quejoso solicitó copias certificadas ante la responsable que no le había reconocido representación legal, y en dicha petición sí le otorgó facultades, acordando de conformidad a lo solicitado. Ahora bien del análisis de las constancias de autos, se advierte que a la audiencia del siete de agosto de mil novecientos noventa, compareció por la demandada Adrián Gámez Aguirre, quien manifestó ser representante legal de la demandada, el cual acreditó su personalidad, con el testimonio notarial número 593, pasado ante la fe del notario público número 22, en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado José Jorge Mena Burguete, mismo que no obra en autos; al cerrarse la etapa de demanda y excepciones la responsable hizo alusión a que el compareciente exhibió testimonio notarial número 5789 pasado ante la fe del Notario Público Número 12 de Ciudad Juárez, Distrito de Bravo, Estado de Chihuahua, para acreditar su personalidad el cual sí se exhibió y obra en autos (fojas 12 a 25), acordando la responsable lo siguiente: '... y toda vez que el compareciente por la demandada C. Adrián Gámez Aguirre no tiene personalidad para otorgar poder a los CC. licenciado Jesús Manuel Mondragón, Julio Xicoténcatl y Alberto Vera Rojas, como se desprende del testimonio notarial que exhibe...', '... del que se desprende de la cláusula Vigésima Sexta, fracción V, el Consejo de Administración tiene facultades para representar a la sociedad y más aun cuando en la Cláusula Cuadragésima Quinta que la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administración podrán nombrar a gerentes generales por lo que el presidente no tiene facultades para delegar poder, en consecuencia no tiene el carácter el C. Adrián Gámez Aguirre como representante legal de la demandada y en consecuencia le tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo...' (foja 28 vuelta). Asimismo, obra en autos copia certificada del testimonio notarial número 5789 (fojas 12 a 25), del cual se advierte que en la cláusula Vigésima Sexta se determinan las facultades del consejo de administración, entre las que se especifican bajo las fracciones V y VI, el otorgamiento de poderes generales o especiales y la revocación de los mismos, así como la de nombrar dentro de sus miembros un delegado para 'la ejecución de ciertos y determinados actos concretos', estableciéndose que a falta de esa designación la representación corresponderá al presidente del consejo de administración; exhibiéndose también certificación del dos de mayo de mil novecientos noventa, ante notario público, del otorgamiento de poderes generales para pleitos y cobranzas, así como para actos de administración, que hizo el presidente de la sociedad Autotransportes de Carga Urbina, S. A. de C. V., Jesús Silviano Urbina Canepa, a favor de Adrián Gámez Aguirre, Saúl López de la Luna y Jesús Manuel Mondragón para ser ejercitados conjunta y separadamente (foja 11). De lo anterior se advierte que la resolución de la Junta en cuanto al examen de la personalidad de Adrián Gámez como apoderado de la empresa Autotransportes de Carga Urbina, S. A. de C. V. fue correcta, ya que si bien es cierto, que de las constancias señaladas, se desprende que si el presidente del consejo de administración de la sociedad demandada, podía ejercitar la representación de la misma, también lo es que en ninguna de las cláusulas contenidas en el testimonio notarial de referencia, se le facultó expresamente para que éste en forma particular, otorgara poderes en los términos en que pretendió hacerlo, porque dicha facultad solamente se le confirió al Consejo de Administración, entendiéndose tal como órgano colegiado, pero nunca como facultad exclusiva y única del presidente del consejo citado, de lo que se deriva, que no tenía las facultades para el otorgamiento de poderes en nombre de la demandada. Lo anterior en virtud de que el poder que otorgó Jesús Silviano Urbina Canepa como Presidente de la Sociedad Autotransportes de Carga Urbina, S. A. de C. V. a Adrián Gámez que fue quien compareció a la audiencia no es suficiente para establecer que esta persona se le pudiera tener como apoderado de la empresa demandada y en consecuencia tampoco surten efectos legales los nombramientos de apoderados de Julio Xicoténcatl y Alberto Vera, porque como ya se estableció, dicho apoderado no contaba con las facultades previstas. No tiene razón el quejoso cuando dice que la responsable incurrió en violaciones para (sic) analizar de oficio la personalidad con que éste se ostentó en el juicio laboral, ya que como lo prevé el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo los apoderados deben acreditar la personalidad que ostentan al comparecer a juicio, ya que la personalidad de las partes es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio por el juzgador, independientemente de que las partes puedan oponer objeciones a ésta y ser resuelto por la Junta, porque la falta de impugnación oportuna no puede generar la existencia de una representación que no existe. Por último, tampoco le asiste razón al quejoso al señalar que en forma ilegal no se le permitió ofrecer pruebas en la etapa procesal correspondiente, ya que conforme a lo establecido en los artículos 873, 876, 878 y 880 en los que se regula la comparecencia de las partes y el ofrecimiento de pruebas por ellos mismos o por conducto de sus respectivos apoderados, y que en el caso, al no demostrar el quejoso que las personas que acudieron a la audiencia tenían el carácter de apoderados con que se ostentaron se estima correcto el proceder de la responsable. Consecuentemente, al no ser violatorio de garantías individuales el acto reclamado, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso."
B). El amparo en revisión número RT.- 871/87, promovido por Dinámica, S.A., radicado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, encuentra como antecedentes los siguientes:
Ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, la empresa Dinámica, S. A., interpuso demanda de amparo indirecto en contra del acuerdo dictado por la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, el seis de julio de mil novecientos ochenta y siete, mediante el cual no se le reconoció la personalidad al representante de la citada empresa y se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo.
Tramitado el juicio de garantías la juez del conocimiento dictó sentencia el nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, por la que negó la protección federal solicitada.
Inconforme con tal resolución Dinámica, S. A., promovió recurso de revisión cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, el cual luego de estudiar los agravios expuestos en el escrito de revisión, resolvió declararlos fundados expresando lo siguiente:
"TERCERO. Analizados que fueron los agravios que formula la quejosa conduce a determinar lo siguiente: Aduce en esencia la empresa recurrente, que la Junta responsable de manera indebida analizó oficiosamente la personalidad de quien compareció en representación de ella, proceder que incorrectamente la a quo consideró apegado a derecho. Al respecto debe precisarse que asiste razón a la impugnante, atento a que en los casos en que el actor o su apoderado no oponen la excepción de falta de personalidad de quien comparece en representación de la demandada, ello impide que las Juntas la analicen, atento a que la ley de la materia no las autoriza a que lo hagan de manera oficiosa, pues según se infiere de la interpretación sistemática de los artículos 685, 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, dicha excepción sólo pueden estudiarla a instancia de parte, por tanto, cuando no existe objeción acerca de ella, las Juntas se encuentran impedidas para ocuparse del análisis de aquélla; como en el caso la responsable actuó de manera contraria a lo señalado, lógicamente con ello vulnera los derechos constitucionales de la hoy recurrente. A mayor abundamiento cabe señalar que del poder notarial que obra a fojas de la diecinueve a la treinta y tres del cuaderno de amparo motivo de esta revisión, se advierte que en efecto la administración de la sociedad anónima denominada Dinámica quedó a cargo de un Consejo (foja 27) y en la junta que celebró el mismo el diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y dos (foja 27), se acordó la designación de representantes legales y apoderados de la sociedad, recayendo el nombramiento, entre otras, a favor del licenciado Arturo Jiménez Peña y se le otorgaron los siguientes poderes: a) Poder general para pleitos y cobranzas (foja 28); b) Poder especial para formular y presentar acusaciones, denuncias, así como querellas; c) Poder para actos de administración con facultades limitativas; finalmente se autorizó al licenciado Ernesto Canales Santos y otra para que en su carácter de Delegado Especial y Consejero propietario de dicha empresa (foja 30) ocurriera ante Notario Público a otorgar los poderes acordados. Así pues, con la escritura notarial de referencia que presentó el licenciado Jiménez Peña como apoderado de la empresa aludida no sólo probó su calidad de apoderado, sino de representante legal de la misma, de donde se satisface cabalmente los requisitos que señala el artículo 692 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, para que se le reconozca esa calidad, ya que se le autorizó para todos los asuntos de carácter laboral, inherentes al poderdante y para que represente a la sociedad en sus relaciones obrero patronales en todo conflicto individual o colectivo de trabajo, para que ejercite las acciones y haga valer los derechos que correspondan a la sociedad ante todas las autoridades del trabajo, sean federales o estatales y en fin, para que en su nombre dirija las relaciones obrero patronales de la empresa en el sentido más amplio que en derecho corresponda. Como puede advertirse de la lectura del inciso c) del multicitado instrumento notarial (foja 29), cuyo documento satisface el contenido del artículo 11 de la ley de la materia, para que en su calidad de apoderado y representante legal el recurrente Arturo Jiménez Peña pueda representar a la empresa Dinámica, S. A. parte quejosa en este juicio de garantías. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia número doscientos tres y su Quinta Parte relacionada consultables respectivamente en las fojas número trescientos veintiocho y trescientos veintinueve vuelta, bajo los rubros de 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. LEY QUE RIGE LA.' y 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO.' Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete mil novecientos ochenta y cinco. En esas condiciones, se impone revocar la sentencia pronunciada por la a quo y otorgar a la quejosa Dinámica, S. A. la protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos que reclama de la Junta responsable para que ésta deje sin efecto el acuerdo de fecha seis de julio de mil novecientos ochenta y siete, dicte otro en el que se reconozca la personalidad de quien compareció a nombre de la empresa, se provea lo conducente para que se tenga por contestada la demanda y se continúe el trámite como corresponda."
De los asuntos relacionados se desprende que los Tribunales Colegiados Sexto y Primero en Materia de Trabajo del Primer Circuito se han pronunciado en torno a un mismo tema consistente en el examen de la personalidad de la parte demandada por las Juntas en la etapa de demanda y excepciones de los juicios laborales, llegando a conclusiones opuestas sobre el tópico, pues el Sexto Tribunal Colegiado sostiene que como la personalidad de las partes es un presupuesto procesal, debe examinarse de oficio por el juzgador, independientemente de que la otra parte oponga objeciones, porque la falta de impugnación oportuna no puede generar la existencia de una representación que no existe; en cambio, el otro órgano colegiado estima que en tanto el actor no oponga la excepción de falta de personalidad de quien comparece en representación de la demandada, las Juntas no deben examinarla, atento a que la ley de la materia no las autoriza a que lo hagan de manera oficiosa, ya que según se infiere de la interpretación sistemática de los artículos 685, 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, dicha excepción sólo pueden estudiarla a instancia de parte, por tanto, cuando no existe objeción acerca de ella, las Juntas se encuentran impedidas para ocuparse del análisis de aquélla.
En las relatadas condiciones queda configurada la presente contradicción de tesis.
CUARTO. Ahora bien, esta Cuarta Sala estima que con las modalidades que se apuntarán, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, partiendo del principio general de que la personalidad de las partes es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio por el juzgador, independientemente de que las partes puedan oponer objeciones, porque la falta de impugnación oportuna no puede generar la existencia de una representación que no existe.
En efecto, los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse, tramitarse y resolverse con eficacia jurídica un procedimiento, siendo estos presupuestos, entre otros, la competencia del órgano jurisdiccional y la personalidad de las partes.
De ahí que, si la personalidad de las partes es un presupuesto procesal para actuar dentro de un procedimiento, cabe considerar que en términos generales, el juzgador tiene plenas facultades para examinar, aun de oficio, la cuestión relativa a la personalidad de las partes a fin de cerciorarse que quien actúa, efectivamente está legitimado para ello.
Por tales razones, resulta correcto lo considerado por el Sexto Tribunal Colegiado citado en el sentido de que independientemente de que en la etapa de demanda y excepciones, el actor oponga o no objeciones a la personalidad de quien comparece por la parte demandada, las Juntas sí pueden examinarla de manera oficiosa, pues estimar lo contrario implicaría limitar su facultad de analizar la legitimación de quien comparece a juicio.
No puede considerarse correcto el criterio sostenido por el citado Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en cuanto estima que la personalidad de las partes no puede ser analizada de oficio por las Juntas, sino únicamente por vía de excepción o a instancia de parte, aduciendo que la ley de la materia no las autoriza a que lo hagan de manera oficiosa, por ser inexacta esta aseveración, pues si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo no contiene ningún artículo que las autorice de modo literal y expreso para actuar oficiosamente en el aspecto indicado, igualmente cierto resulta que tal facultad se deduce lógicamente de una interpretación sistemática de varios preceptos de dicha Ley, como son, entre otros, los artículos 685 y 873, que facultan a las Juntas, cuando la demanda del trabajador es irregular, para que la corrija; de la misma manera, resulta lógico entender que cuando los artículos 692 y 713 del mismo ordenamiento, disponen cómo deben comparecer las partes a juicio y específicamente a las audiencias, le están otorgando atribuciones a las Juntas para que, de oficio, comprueben, no solamente la identidad de las partes, sino también si los poderes, escrituras o documentos exhibidos por los comparecientes verdaderamente demuestran la legitimación que pretenden, pues si no fuera así, tendría que admitirse el absurdo de que la autoridad jurisdiccional se viera obligada a aceptar como representante de una de las partes, a cualquiera que se ostentara como tal sin necesidad de acreditarlo, con grave perjuicio para la congruencia del proceso y del laudo. Dentro del mismo orden de ideas, los artículos 840, fracción II y 842, al señalar a las Juntas que los laudos deben contener el nombre y domicilio de las partes y de sus representantes y, además, que deben ser claros y congruentes con la demanda y contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio, parten también del supuesto del reconocimiento que de la legitimación de las partes efectúe previamente la Junta respectiva; por último, los artículos 875 y 876 de la propia ley, al señalar que a la audiencia de conciliación de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, se iniciará con la comparecencia personal de las partes, sin abogados, asesores o apoderados, implícitamente facultan a las Juntas para cerciorarse de la personalidad de las partes que intervienen en esa audiencia.
En consecuencia, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el sustentado en la siguiente tesis:
PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. LAS JUNTAS PUEDEN VALIDAMENTE EXAMINARLA DE OFICIO.- Si los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse, tramitarse, ni resolverse con eficacia jurídica un procedimiento, y entre dichos presupuestos se halla la personalidad de las partes, ha de considerarse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen atribuciones para examinar, aun oficiosamente, la personalidad de quien comparece por cualquiera de las partes a fin de cerciorarse de que efectivamente está legitimado para ello; tal consideración se halla confirmada, lógicamente, por varios preceptos legales, entre otros, los artículos 685, 692, 713, 840, 842, 873 y 875, de la Ley Federal del Trabajo, que dan por supuesta esa facultad; de lo contrario, tendría que admitirse el extremo antijurídico de que la autoridad jurisdiccional se viera obligada a aceptar como representante de una de las partes, a cualquiera que se ostentara como tal, sin necesidad de acreditarlo, con grave perjuicio para la congruencia del proceso y del laudo.
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
UNICO. Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DT.9666/91, en los términos precisados en esta resolución.
Notifíquese y cúmplase. Remítase la tesis jurisprudencial que sustenta la presente resolución, al Pleno, a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, al Semanario Judicial de la Federación y a la Gaceta para su publicación, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Carlos García Vázquez, Ignacio Magaña Cárdenas, Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el señor Ministro Carlos García Vázquez.
Firman el señor presidente y ponente con los demás Ministros que integran la Sala con la secretaria de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/352-58f70ced/personalidad-en-el-juicio-laboral-las-juntas-pueden · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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