ACCION LABORAL. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE CALIFICAR SU PROCEDENCIA.
CONTRADICCION DE TESIS 51/93. ENTRE EL QUINTO Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-En el juicio de amparo directo DT-4386/93 promovido por Jonathan Díaz Castro y resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, aparecen las siguientes constancias:
Por escrito presentado ante la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Jonathan Díaz Castro demandó del Sindicato Nacional de Alijadores, Operadores de Grúas, Montacargas, Empleados en Agencias Aduanales, Marinos, Cargaduría y Similares, C.T.M. Sección número 81 de Mexicali, Baja California, el reconocimiento de que no representan a ninguno de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa de su propiedad, dedicada a la agencia aduanal y como consecuencia, que se declare inexistente y sin efecto alguno el contrato colectivo de trabajo, cuya última revisión se efectuó mediante convenio celebrado ante la presencia del subsecretario "A" de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y tres, para tal efecto narró los antecedentes del caso.
La referida Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, tuvo por recibida la demanda de mérito y emitió la resolución de cinco de abril de mil novecientos noventa y tres, cuya parte considerativa a continuación se transcribe:
"Por recibido el escrito de fecha 17 de marzo del año en curso, que suscribe el C. Pedro Robles Otero, en su carácter de apoderado del agente Aduanal citado al rubro, personalidad que acredita en términos del testimonio notarial que en copia certificada exhibe, acompañando copia simple fotostática que deberá certificarse para que obre en autos. Visto su contenido se desprende del mismo que lo que pretende es la declaración de inexistente y dejar sin efecto alguno el contrato colectivo de trabajo celebrado entre dicho agente aduanal y el sindicato demandado, misma que reconoce haber celebrado y depositado en esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Toda vez que los supuestos en que se funda no se encuentran previstos en la Ley Federal del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 401 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, dígasele al promovente que no ha lugar a dar trámite al escrito de cuenta, por lo que se ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto total y definitivamente concluido. Quedando a disposición del promovente los documentos que acompaña a su escrito inicial de demanda. Se comisiona al C. Actuario para que le notifique el presente proveído en su domicilio ubicado en Mariano Escobedo número 353-A, Despacho 1402 en la Col. Polanco de esta ciudad, debiéndole correr traslado con una copia del mismo. NOTIFIQUESE."
Inconforme con la citada resolución, el actor Jonathan Díaz Castro promovió juicio de amparo directo, correspondiéndole su conocimiento al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien emitió la ejecutoria el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, en cuyo considerando tercero estableció lo siguiente:
"TERCERO.-Es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado el primer concepto de violación."
"Alega el quejoso violación al artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, porque la autoridad responsable lejos de señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley, convirtió el auto admisorio en un laudo, sin haber seguido el procedimiento ordinario que necesariamente debía precederlo."
"En efecto, según sello fechador, el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y tres, Pedro Robles Otero apoderado del actor Jonathan Díaz Castro, presentó demanda laboral en contra del Sindicato Nacional de Alijadores, Operadores de Grúas, Montecargas, Empleados en Agencias Aduanales, Marinos, Cargaduría y Similares, C.T.M. Sección No. 81 de Mexicali, B.C.N. a la cual recayó el acuerdo que constituye el acto reclamado y que quedó transcrito en el resultando segundo de esta ejecutoria."
"Ahora bien, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo establece: 'El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en él señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo, se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia.'"
"Así pues, recibida la demanda la Junta debió señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley y al no proceder así, violó en perjuicio del quejoso la disposición contenida en el numeral de referencia."
"Asimismo, asiste razón al quejoso al señalar que la autoridad invocó como apoyo de su negativa a dar trámite a la demanda un precepto legal inaplicable, afirmación que resulta correcta, pues en efecto, el artículo 401 de la Ley Federal del Trabajo no faculta a la Junta del conocimiento a desechar o negar el trámite de la demanda laboral sino que su texto es del tenor siguiente: 'Artículo 401. El contrato colectivo de trabajo termina: I. Por mutuo consentimiento; II. Por terminación de la obra; y III. En los casos del capítulo VIII de este Título, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este último caso, el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento.'"
"Así pues, asiste razón al promovente al señalar la ilegalidad del acto reclamado al negarse la Junta a dar entrada a una demanda que cumple con los requisitos legales y al resolver sin tramitar un juicio, sobre la improcedencia de lo reclamado, toda vez que la autoridad está prejuzgando sobre la improcedencia de la acción intentada, lo que resulta contrario a derecho, pues no es lógico ni jurídico fundarse para desechar la demanda laboral, en las mismas razones que habría en su caso, para absolver al demandado de las pretensiones reclamadas en su contra, siendo indiscutible que conforme al texto del artículo 14 constitucional, la controversia laboral deberá resolverse mediante juicio seguido ante los tribunales correspondientes, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, garantía constitucional que la responsable violó en perjuicio del quejoso."
"Consecuentemente, procede conceder a Jonathan Díaz Castro el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y proceda conforme a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo."
CUARTO.-En el juicio de amparo directo DT-3765/93 (472) promovido por Francisco Agustín Perezgrovas Aguirre, fallado el treinta de junio de mil novecientos noventa y tres, por el Quinto Tribunal Colegido de la misma Materia y Circuito, aparecen las siguientes constancias:
Por escrito presentado el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y tres, ante la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Francisco Agustín Perezgrovas Aguirre, demandó del Sindicato Nacional de Alijadores, Operadores de Grúas, Montacargas, Empleados en Agencias Aduanales, Marinos, Cargaduría y Similares, C.T.M. Sección 81, de Mexicali, Baja California, el reconocimiento de que no representan a ninguno de los empleados que prestan sus servicios en la empresa de su propiedad (agencia aduanal) y como consecuencia, que se declare inexistente y sin efecto alguno el contrato colectivo de trabajo, cuya última revisión se efectuó ante la presencia del subsecretario "A" de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y tres. Fundó su demanda en los antecedentes del caso.
Por resolución de cinco de abril de mil novecientos noventa y tres, la mencionada Junta Federal dictó la siguiente resolución:
"Por recibido el escrito de fecha diecisiete de marzo del año en curso, presentado por el C. Pedro Robles Otero, quien se ostenta como apoderado legal del agente aduanal citado al rubro, personalidad que acredita en los términos del testimonio del poder notarial que en copia certificada exhibe, acompañando copia simple fotostática, la cual deberá certificarse para que obre en autos, y visto su contenido se desprende del mismo, que se pretende la declaración de inexistente y sin efecto alguno del contrato colectivo de trabajo que rige entre dicho agente aduanal y el sindicato demandado, que reconoce haber celebrado y depositado en esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que los supuestos en que se funda se encuentren previstos en la Ley Federal del Trabajo, con fundamento en el artículo 401 de la Ley Federal, interpretado a contrario sensu, dígase al promovente que no ha lugar a dar trámite a su escrito de referencia, debiéndose archivar el presente asunto como total y definitivamente concluido y quedando a su disposición los anexos que acompaña. Se comisiona al C. Actuario para que notifique 'a la promovente' en Mariano Escobedo # 353-A, Despacho 1402, Col. Polanco, México, D. F., NOTIFIQUESE."
Inconforme el actor con esa resolución, promovió juicio de amparo directo, mismo que fue resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito el día treinta de junio del año anterior, en cuya parte considerativa señaló lo siguiente:
"TERCERO.-Primeramente se analiza la causal de sobreseimiento que esgrimieron las autoridades al rendir sus informes justificados, la cual no prospera, ya que si bien es cierto que el quejoso en el capítulo de responsables no señaló a la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, como tal, que fue la que emitió la resolución del cinco de abril de mil novecientos noventa y tres, no es menos verídico, que el escrito de garantías es un todo que debe ser estudiado en su integridad y no en forma aislada, y en el caso del referido ocurso se advierte que el impetrante mencionó que ésta fue la que pronunció el acto reclamado que indicó en aquél, por tanto, la resolutora se encontraba en aptitud de informar, y por ello, es jurídicamente posible examinar la constitucional (sic) de su proceder, siendo evidente que no se da la causal alegada."
"CUARTO.-Los motivos de inconformidad se ven conjuntamente por estar relacionados entre sí, los cuales son infundados por lo siguiente:
"En efecto, no le asiste la razón al peticionario de garantías, toda vez que la Junta al dictar la resolución impugnada, al estimar que como la declaración de inexistencia del contrato colectivo de trabajo que rige entre el agente aduanal y el sindicato que demandó, no se encontraba en lo previsto en el artículo 401 del código obrero, no había lugar a dar trámite a su escrito inicial, debiéndose archivar el asunto como total y definitivamente concluido, actuó correctamente, ya que la solicitud que ejercitó el actor no está contemplada en ningún precepto del ordenamiento legal invocado, pues el numeral 401 de ésta, dispone textualmente lo subsecuente (sic): 'El contrato colectivo de trabajo termina: I. Por mutuo consentimiento. II. Por terminación de la obra; y III. En los casos del capítulo VIII de este Título, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este último caso, el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento', del que se desprende las causas de terminación de un consenso común, pero no establece que se pueda decidir que un pacto sea inexistente, porque ningún activo esté afiliado al gremio con el que el patrón celebró acuerdo colectivo, sin que fuera obstáculo para dicha determinación que los artículos 871, 872 y 873 de la ley laboral, estatuyan que el procedimiento se inicia con la presentación de la petición ante la oficialía de partes de la autoridad a la que se acompañarán con las copias para los demandados, ocurso en el que se expresarán los hechos en que se funde y en su caso se anexarán los medios de convicción pertinentes para demostrar sus pretensiones, libelo que una vez recibido se pronunciará el acuerdo en el que se señalará día y hora para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, ordenando la notificación a las partes, en virtud de que para que se cumpliera este último era necesario que lo que requería el promovente hubiera estado comprendido en la ley de la materia, lo cual como ya se dijo no aconteció en la especie, y si bien es cierto que para que se efectúe un contrato común es indispensable que exista un consentimiento de las partes, por lo que el dueño sólo debe pactar con miembros del sindicato con el que verificó el convenio, y si no se da este supuesto como en el caso, de que sus empleados no pertenecían a la asociación con la que había solemnizado el multicitado acuerdo, éste era nulo, no es menos verdad que se insiste en que la acción del reclamante no estaba contemplada en el código obrero, para que la responsable pudiera estudiar la cuestión que se le planteó, por lo que, ésta, como ya se dijo al determinarlo así, obró correctamente."
"En conclusión, la Junta al emitir el laudo impugnado, no infringió los diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no viola en perjuicio del peticionario las garantías consagradas en los numerales 14 y 16 constitucionales, por lo cual procede negar el amparo solicitado."
QUINTO.-De las anteriores transcripciones se advierte que sí existe contradicción entre las resoluciones de mérito, por las siguientes razones:
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo DT- 3765/93 (472), promovido por Francisco Agustín Perezgrovas Aguirre sostuvo en esencia, que la Junta responsable actuó correctamente al no dar trámite a la demanda y ordenar el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, puesto que la acción intentada por el actor, consistente en la declaración de inexistencia de un contrato colectivo de trabajo, no se encuentra prevista en el artículo 401 de la ley laboral.
Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al resolver el amparo directo DT-4383/93 promovido por Jonathan Díaz Castro adujo en síntesis, que la Junta debió señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley, toda vez que el precepto 401 del código obrero, no la faculta para desechar o negar el trámite de una demanda laboral que cumple con los requisitos legales y a resolver sin seguir un juicio, ya que estaría prejuzgando sobre la procedencia de la acción intentada, lo cual es contrario a derecho, pues no es lógico ni jurídico fundarse para desechar el ocurso, en las mismas razones que en su caso servirían para absolver al demandado de las pretensiones reclamadas.
Como se aprecia de la síntesis anterior, la contradicción de tesis se plantea de la siguiente forma: para un Tribunal Colegiado es correcto que la Junta no dé trámite a una demanda y ordene el archivo del asunto como concluido, cuando la acción no esté prevista en la ley; para el otro, es inadecuado que la Junta actué de esa manera, puesto que prejuzgaría sobre la procedencia de la acción, lo cual es contrario a derecho, ya que no es jurídico fundarse para desechar una demanda, en las mismas razones que servirían, en su caso, para absolver.
Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la tesis que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es la sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
En efecto, los artículos 685, 871, 872 y 873 de la Ley Federal del Trabajo establecen:
"Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso."
"Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea oscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley."
"Artículo 871. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante la oficialía de partes o la unidad receptora de la Junta competente, la cual lo turnará al Pleno o a la Junta especial que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores de la Junta."
"Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandados haya. El actor en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes para demostrar sus pretensiones."
"Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia.
"Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días."
La transcripción de los mencionados preceptos permite determinar, que el procedimiento del derecho del trabajo es público, gratuito, predominantemente oral y se inicia a instancia de parte; que el mismo comienza con la presentación de la demanda, en la cual deben precisarse los hechos en que funden las peticiones, acompañando el promovente si lo desea, las pruebas que estime pertinentes; que la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que reciba el ocurso, dictará un acuerdo en el que aparte de señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley, la que se efectuará dentro de los quince días siguientes, ordenará la notificación personal a las partes, apercibiendo al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestado el libelo en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia; además, se impone a la Junta la obligación de que si advirtiera alguna irregularidad en la demanda, al admitirla debe indicar los defectos u omisiones en que se haya incurrido, previniendo para que se subsane dentro del término de tres días.
Como se infiere de lo anterior, ninguno de los artículos reguladores del inicio del procedimiento laboral, autorizan a las Juntas a analizar de oficio si la acción laboral intentada por el actor está prevista en la ley, y en caso de no ser así, desechar o no dar trámite a la demanda, ordenando su archivo como total y definitivamente concluido, por el contrario, el estudio del ocurso debe hacerlo únicamente para indicar los defectos u omisiones en que se hubiera incurrido; por tanto, carece de fundamento legal la resolución en la que la Junta determine no dar trámite a un ocurso, por el hecho de que la acción intentada no esté prevista en la ley, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, será precisamente al pronunciarse el laudo cuando se analicen las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, se haga la enumeración y apreciación de las pruebas aportadas y se resuelva a verdad sabida y buena fe guardada, de manera clara, precisa y congruente con las pretensiones deducidas en el juicio oportunamente, por lo que es inconcuso que será hasta entonces factible determinar, de manera fundada y razonada, si la acción ejercitada es o no procedente o de naturaleza distinta de la laboral, ya que ello depende exclusivamente de lo que se hubiera alegado o probado durante el procedimiento, pues está bajo la responsabilidad del demandante el ejercitar bien o mal sus derechos, lo cual a la postre traería como consecuencia, que así se determinara en la resolución que ponga fin al litigio, pero en un juicio en el que se haya cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento; por tanto, si en la especie se ejercitó la acción con apoyo en el diverso 401 de la ley laboral, el cual dispone:
"Artículo 401. El contrato colectivo de trabajo termina:
"I. Por mutuo consentimiento;
"II. Por terminación de la obra; y
"III. En los casos del Capítulo VIII de este título, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este último caso, el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento."
Evidentemente que será hasta que se resuelva el juicio en definitiva, cuando se determine si procede o no la pretensión del reclamante, y no en el auto admisorio.
En las relatadas condiciones, esta Cuarta Sala, con apoyo en las consideraciones y los fundamentos legales invocados, establece la siguiente tesis, misma que en los términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, tiene el carácter de jurisprudencia:
ACCION LABORAL. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE CALIFICAR SU PROCEDENCIA.-Del contenido de los artículos 685, 871, 872 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales regulan el inicio del procedimiento laboral, se advierte que ninguno de ellos autorizan a las Juntas a analizar la demanda para determinar si la acción laboral intentada por el actor está prevista en la ley, y en caso de no ser así, desecharla o no darle trámite, ordenando su archivo como total y definitivamente concluido. Por el contrario, la ley le impone la obligación de estudiar el ocurso únicamente para indicar los defectos u omisiones en que hubiese incurrido; por tanto, carece de fundamento legal el auto admisorio en el que la Junta resuelva no dar trámite a la demanda, por el hecho de que la acción laboral intentada no esté prevista en la ley, toda vez que de conformidad con los diversos 840, 841 y 842 del mismo código obrero, será hasta el momento en que se pronuncie el laudo cuando se analicen las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, se haga la enumeración y apreciación de las pruebas aportadas y se resuelva de manera clara, precisa y congruente sobre las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo DT- 4386/93, promovido por Jonathan Díaz Castro.
Notifíquese; elabórese la tesis de jurisprudencia respectiva y remítase al Semanario Judicial de la Federación para su publicación inmediata, al Pleno y Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Colegiados que no intervinieron en su integración. Además, envíese testimonio de esta resolución al Quinto y Sexto Tribunales Colegiados en Materia del Trabajo del Primer Circuito, así como un ejemplar de la jurisprudencia que se apruebe y, en su oportunidad archívese el expediente.
Así, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros presidente Ignacio Magaña Cárdenas, José Antonio Llanos Duarte, Felipe López Contreras, Juan Díaz Romero y Carlos García Vázquez. Siendo ponente el primero de los nombrados.
Firman los CC. Ministros presidente y demás integrantes de la Sala, con la secretaria de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/166-e3ff49a8/accion-laboral-el-auto-admisorio-no-debe-calificar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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