TESTIMONIAL EN LA APELACION EN JUICIOS PENALES FEDERALES. ES ADMISIBLE CON REQUISITOS LEGALES, AUN CUANDO HABIENDOSE PROPUESTO EN PRIMERA INSTANCIA, HAYA SIDO DESECHADA POR AUTO NO RECURRIDO.
CONTRADICCION DE TESIS 6/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO PRIMERO DEL NOVENO CIRCUITO, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en el juicio de amparo directo número 401/93, que dio motivo a una primer tesis, en lo conducente expresa lo siguiente:
"Los conceptos de violación resultan en esencia fundados, en la medida que se expresará. En efecto, el quejoso entre otras cuestiones alega que en su perjuicio se violaron las leyes del procedimiento penal, y señala aquellas que se previenen en la fracción VI del artículo 160 de la Ley de Amparo, que establece: `En los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecta las defensas del quejoso: ...VI. Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho.' De autos se desprende que en contra del solicitante del amparo, se siguió proceso penal, al señalársele como presunto responsable en la comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana; que por auto de fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, se declaró agotada la instrucción en la causa y se pusieron a la vista de las partes los autos, por el término de diez días comunes, a fin de que promovieran las pruebas que estimaran pertinentes, y pudieran practicarse dentro de los quince días siguientes; que el defensor particular ofreció como prueba de su parte, un interrogatorio con cargo al procesado, el cual se desahogó con fecha dos de junio de mil novecientos noventa y dos y, enseguida del desahogo de la prueba en cuestión, por haber transcurrido también el término de desahogo de las pruebas ofrecidas durante el término complementario, por auto de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, se declaró cerrada la instrucción, y en contra de tal auto, la defensa del acusado interpuso el recurso de revocación, ofreciendo en su mismo escrito prueba testimonial; la Juez Federal del conocimiento de la causa, declaró improcedente la revocación intentada, sosteniendo que al interponerse la misma, el promovente argumentó que en forma ilegal se había declarado cerrada la instrucción, ya que aún existían pruebas pendientes por desahogar. Pero que no obstante tal alegación, lo cierto era que, cuando las pruebas a que se refería el defensor del acusado, el término complementario de prueba ya había fenecido, agregando la Juez, que si bien la Constitución General de la República señala un término máximo dentro del cual debe dictarse la sentencia en los juicios de orden penal, el mandato constitucional no impide que la sentencia se dicte en menor tiempo y entonces, basta que se considere que no existen pruebas pendientes para desahogar, para que se declare agotada la instrucción y se abra un término complementario de prueba, a fin de que las partes estén en aptitud de ofrecer las que estimen pertinentes y, en el caso, el término transcurrió sin que la defensa ofreciera oportunamente la prueba testimonial, por lo que fue rechazada por extemporáneo ofrecimiento. La defensa del ahora quejoso, insistió en el ofrecimiento de la prueba testimonial, habiendo acordado al respecto la Juez de la causa, que resultaba inadmisible y que el promovente se estuviera a lo considerado en la resolución recaída dentro del recurso de revocación. En la primera instancia, se dictó en contra del acusado sentencia condenatoria y ésta fue impugnada mediante el recurso de apelación.
"Sentado lo anterior, en el caso resulta incuestionable que, tal como lo alega la parte quejosa, se materializa la infracción a lo dispuesto en la fracción I del artículo 160 de la Ley de Amparo, debido a que en forma ilegal, en la segunda instancia, le fue rechazada la prueba testimonial que oportunamente ofreció el defensor particular, mediante su escrito de fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y dos, es decir, dentro de los tres días que para ello le fueron concedidos y que empezaron a contar el día veintidós para finalizar el veinticuatro del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos, según el cómputo que de ello hizo la secretaría del tribunal señalado como responsable, tal como puede verse a fojas seis del toca de apelación. Sin que sea óbice a lo anterior, lo argumentado en el auto de fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y dos por la responsable, en el sentido de que resultaba inadmisible la prueba testimonial ofrecida, en virtud de que el defensor del acusado ya la había ofrecido ante la Juez de Distrito y mediante proveído de fecha diez de julio de mil novecientos noventa y dos, se determinó su no admisión y el defensor no apeló dicho auto, por lo que lo consintió. Ahora bien, el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Penales, con toda claridad establece que recibido el proceso, el tribunal lo pondrá a disposición de las partes por el término de tres días, para que puedan ofrecer las pruebas que a sus intereses convenga, y luego el artículo 376 del mismo ordenamiento, dispone: `Sólo se admitirá la prueba testimonial en segunda instancia, cuando los hechos a que se refiera no hayan sido materia de examen de testigos en primera instancia.' Como se ve de lo anterior, en el caso a estudio, la prueba resulta admisible, al haber sido ofrecida oportunamente dentro de los tres días a que se refiere el auto inicial de segunda instancia, que lo es de fecha quince de septiembre de mil novecientos noventa y dos, ello con independencia de lo actuado en la primera instancia, pues aun cuando es verdad que ante el Juez instructor se ofreció la prueba de testigos, y fue rechazada por extemporánea, y el auto que así lo determinó no fue combatido, ello lo único que significa es que tal prueba no pudo ser desahogada, por haber fenecido el término para su ofrecimiento, pero ello desde luego no impedía que en la segunda instancia pudiera ofrecerse y desahogarse, en su caso, si para ello el oferente se encontraba dentro de los supuestos que la ley exige, según quedaron precedentemente precisados, por lo que legalmente no es válido, para rechazar la prueba de testigos de que se trata, el argumento de que fue ofrecida en primera instancia y el auto que denegó su admisión quedó firme, al no haber sido materia de impugnación, dado que en la segunda instancia se abre la posibilidad legal, de que dicha prueba, pueda válidamente ser ofrecida de nueva cuenta con tal de que el ofrecimiento se haga oportunamente y de que no haya sido ya materia de examen de testigos; en apoyo de lo que se afirma, es conveniente citar el criterio que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que bajo la voz: `PRUEBAS DE APELACION', aparece publicada en la página 36, del Volumen 14, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, y a la letra dice: `Teniendo en consideración que en el trámite de todo asunto penal, hay entre las dos instancias una relación de continuidad, puesto que lo actuado en la primera sirve de base a la segunda para la resolución del recurso de apelación, lo cual en principio hace innecesaria en ésta la repetición de pruebas bien practicadas, sin embargo, existen casos en que la recepción de otras probanzas o la ampliación de las ya desahogadas, se impone para el mejor esclarecimiento de los hechos, sobre todo cuando se trata de una sentencia definitiva en que está de por medio la suerte de un reo. Tal pensamiento es, a no dudarlo, el que campea en el Código Federal de Procedimientos Penales, al establecer en su artículo 376 la posibilidad de que las partes en la apelación promuevan pruebas 'expresando el objeto y naturaleza de la misma', sin más limitación que la prevista para la testimonial y que consiste en que ésta se refiera a hechos que no hayan sido materia del examen de testigos en primera instancia, y lo cual está demostrando que el legislador no quiso que la apelación fuera una simple revisión del derecho, sino de la realidad de las cosas por interés mismo del delincuente y la confianza que la sociedad debe tener en una justa administración de la justicia. En estas condiciones, es inconcuso que la recepción es pertinente para no dejar en estado de indefensión al inculpado.' De modo que si de las constancias del expediente respectivo, se desprende que la prueba de mérito no fue materia de examen de testigos, debió ser admitida por la autoridad señalada como responsable y al no haberlo hecho así, incurrió en violación a las leyes del procedimiento acorde con lo establecido, tal como ya se dijo, en la fracción VI del artículo 160 de la Ley de Amparo, lo cual amerita que se le conceda al quejoso la Protección Federal, para el efecto de que el Tribunal Unitario del Noveno Circuito, deje insubsistente su sentencia, reponga el procedimiento a partir del auto de fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y dos, y admita la prueba testimonial ofrecida por la defensa del aquí quejoso, mandando desahogar la misma y una vez hecho lo anterior, en plenitud de jurisdicción, y con vistas a todas las pruebas de autos, resuelva lo que en derecho corresponda. Lo anterior hace innecesario el estudio de los demás conceptos de violación que se plantean."
El Magistrado Guillermo Baltazar Alvear al disentir del proyecto de mayoría, formuló como base de su voto particular las siguientes consideraciones:
"En mi opinión, son infundados y así deben declararse los conceptos de violación en los que se alega una violación procesal consistente en no admitirse al quejoso la prueba testimonial que ofreció la defensa durante la tramitación de la segunda instancia. En efecto, considero que es correcto el criterio del Magistrado del Tribunal Unitario responsable, en cuanto resolvió no admitir la prueba testimonial ofrecida por el defensor particular del acusado, hoy quejoso; lo anterior, porque como se desprende de las constancias de autos, dicha prueba testimonial había sido ofrecida en primera instancia y la Juez Primero de Distrito en el Estado, que instruyó el proceso, negó la admisión de esa prueba, sin que el defensor hubiera apelado de la resolución desechatoria de la mencionada prueba testimonial; falta de impugnación que implica un consentimiento, por parte del oferente, para que no se admita y desahogue la misma prueba. Así pues, en mi opinión, en segunda instancia no pueden desahogarse las pruebas cuyo desechamiento se declaró en primera instancia y la resolución correspondiente causó estado, por no haber sido recurrida a través de los medios que la ley adjetiva federal de la materia establece para tales supuestos. Es cierto, que en segunda instancia procede admitir y desahogar pruebas; pero siempre y cuando se trate de pruebas que no hayan sido desahogadas ante el Juez de los autos (pues ello equivaldría a una repetición de prueba que legalmente no procede), como tampoco procede la admisión de pruebas que, habiendo sido ofrecidas en primer grado, fueron desechadas expresamente y la resolución correspondiente causó estado, por no haber sido recurrido el proveído que desechó la que es el caso contemplado en la especie y que es esencialmente diverso del que se ocupa la tesis invocada en el proyecto, que en mi opinión no apoya el criterio que sustenta la mayoría. En esta virtud, siendo infundado lo alegado respecto a la violación procesal, en mi opinión, debe examinarse lo demás que se alega respecto de otras violaciones procesales y, en su caso, el fondo del asunto; es decir, decidir lo procedente en cuanto a la comprobación del cuerpo del delito, responsabilidad penal del quejoso y lo relativo a la individualización de las penas que le fueron impuestas."
TERCERO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 418/83, con fecha dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y tres, en la parte relativa al tópico de contradicción, señaló lo siguiente:
"Una correcta interpretación del artículo 326, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado en vigor, permite establecer que, para que en la segunda instancia se puedan admitir las pruebas que aunque ofrecidas en la primera instancia, por cualquier motivo no hubiesen sido desahogadas, se requiere que tales pruebas no hayan sido expresamente desahogadas por el Juez natural, pues sostener lo contrario, sería aceptar como factible que sin necesidad de recurso expreso, pudiera el tribunal de alzada, con un simple auto dictado durante la secuela del procedimiento de apelación, revocar el proveído de su inferior en grado, extremo éste, que un recto criterio no puede acoger. En esas condiciones debe estimarse, que si en la especie, el quejoso ofreció prueba testimonial en primera instancia, y el Juez natural no se la admitió por los motivos que expresó en su auto de veintiséis de febrero del año pasado (foja 36 del proceso), el cual quedó firme por falta de impugnación, debe considerarse entonces, que ningún agravio causa la responsable al quejoso si no le admitió la expresada prueba, en cuyo ofrecimiento y desahogo insistió en la segunda instancia;..."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al dictar sentencia, con fecha veintiocho de marzo de mil novecientos noventa, en el juicio de amparo directo número 101/90, en torno al aspecto controvertido en la contradicción de tesis, consideró lo siguiente:
"CUARTO. Son infundadas las violaciones procesales que hacen valer los quejosos.
"En escrito presentado el 15 (quince) de marzo de 1989 (mil novecientos ochenta y nueve), ante el Juez de la instrucción, los ahora quejosos por conducto de su defensor particular, ofrecieron entre otras pruebas, la ampliación de declaración de los militares aprehensores Zeferino Alba Brito, Froylán González Pineda y Víctor Mendoza Rojas, la que les fue desechada por el a quo en proveído de fecha 27 (veintisiete) de ese mismo mes y año, con los siguientes argumentos: `...con fundamento en el mismo precepto (206), no ha lugar a admitir la prueba de ampliación de declaración de los testigos de cargo que propone el promovente, en virtud de que la misma no se ajusta a lo dispuesto en dicho artículo.'
"Desechamiento que fue estimado legal por la responsable al declarar infundado el agravio que contra ese proceder se formuló, pues adujo que tal y como lo había determinado el juzgador de primer grado, la parte oferente del medio de convicción, no se ajustó a lo dispuesto por el artículo 206 de la legislación procesal vigente, ya que no se indicó la finalidad que se perseguía con dicha prueba, aparte de que el promovente consintió la negativa al no impugnarla mediante el recurso correspondiente, no cumpliéndose con el requisito exigido por el precepto 368 de la ley invocada y que no podía hacer uso de la facultad establecida en el diverso 387, porque no se tenía la seguridad de que la probanza beneficiara a los intereses de los procesados.
"Se difiere del criterio de la responsable en la parte relativa a que la prueba de mérito no se ajustó a lo previsto por el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues como bien lo afirman los quejosos, sí se precisó la finalidad que a través de ella se pretendía obtener, y que lo era el mejor esclarecimiento de los hechos, por existir varios puntos imprecisos de modo, tiempo y lugar de su detención por los militares de quienes solicitaron la ampliación de su declaración. Sin embargo, la violación procesal deviene infundada, porque efectivamente, el desechamiento que de la prueba hizo el Juez de Distrito, no se combatió a través del recurso correspondiente, motivo por el cual se consintió, pues sostener que el tribunal de alzada la admitiera, sería aceptar como factible que sin necesidad de recurso expreso, pudiera revocarse el proveído del Juez de primera instancia que no fue impugnado, habiendo por ende, causado estado.
"Al respecto se cita en vía de orientación la tesis número 13, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que aparece consultable a fojas 258 y 259 del Informe correspondiente al año de 1984, que dice: `PRUEBAS, ADMISION DE LAS, EN LA SEGUNDA INSTANCIA. CUANDO PROCEDE. (LEGISLACION PENAL DEL ESTADO DE JALISCO). Una correcta interpretación del artículo 326, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco actualmente en vigor, permite establecer que, para que en la segunda instancia se puedan admitir las pruebas que aunque ofrecidas en la primera instancia, por cualquier motivo no hubiesen sido desahogadas, se requiere que tales pruebas no hayan sido expresamente desechadas por el Juez natural, pues sostener lo contrario, sería aceptar como factible que sin necesidad de recurso expuesto, pudiera el tribunal de alzada, con un simple auto dictado durante la secuela del procedimiento de apelación, revocar el proveído de su inferior en grado, extremo este, que en un recto criterio no puede acoger.'
"No siendo necesario, como lo pretenden los quejosos, que el Juez de Distrito los hubiera requerido para que cumplieran con los requisitos exigidos para admitírseles tal medio de convicción, debiéndoseles conceder término para que hubieran dado el debido cumplimiento, habida cuenta que, como ya se dijo, esa determinación era motivo de impugnación a través del recurso correspondiente y no de un requerimiento, por lo que el desechamiento debe quedar firme y la falta de desahogo de tal prueba sólo resulta imputable a la parte oferente.
"La circunstancia de que el Magistrado responsable no haya hecho uso de la facultad que le confiere el artículo 387 del ordenamiento legal en comento, y hubiese ordenado el desahogo de la multirreferida prueba, no es violatorio de garantías en perjuicio de los aquí promoventes del amparo, por ser una facultad potestativa del tribunal de alzada, máxime si se consintió, como ya se dijo, el desechamiento que de la misma hizo el a quo.
"Sobre el particular tiene exacta aplicación la tesis de jurisprudencia número 97, consultable en la página 215, del Tomo correspondiente a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compilación de 1917 a 1985, del tenor literal siguiente: `DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, NATURALEZA DE LAS. Es facultad discrecional del juzgador natural ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer, y, por lo tanto, ni su abstención para acreditarlas ni el ejercicio positivo de tal potestad puede constituir violación de garantías individuales.'
"Se señala asimismo, como violación a las leyes del procedimiento, el que el Magistrado responsable no advirtió que el Juez a quo conculcó lo dispuesto por el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que no ordenó la celebración de la audiencia a que se refiere dicho precepto legal, en donde hubiesen podido solicitar la repetición de las diligencias practicadas en el sumario que considerasen necesarias para su defensa.
"Carece de fundamento lo así expuesto, atento a que, consta de autos que el Juez de primer grado sí cumplió con lo previsto en el numeral de cuenta, ya que en acuerdo de 21 (veintiuno) de junio de 1989 (mil novecientos ochenta y nueve), tuvo por concluido el término concedido a los inculpados para que dieran contestación al pliego de conclusiones acusatorias formuladas por el fiscal federal, señalando en ese mismo proveído las 10:30 (diez horas con treinta minutos) del día 28 (veintiocho) de ese mismo mes, para que tuviera verificativo la audiencia del juicio oral prevista por el citado numeral; audiencia que se celebró en esa fecha y en la que estuvieron presentes los procesados, hoy quejosos, así como su defensor, sin que hubiesen hecho uso del derecho concedido por el artículo 306 de la misma Ley, razón por la cual no se les dejó en el estado de indefensión que alegan."
QUINTO. Por cuestión de orden sistemático, se hace conveniente determinar si en el caso a estudio existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el juicio de amparo directo penal número 401/93, por una parte, y por otra, el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo uniinstancial número 418/83, que pudieran aparentar criterios diversos sobre un punto legal cuestionado.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas, vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurran los siguientes supuestos:
a). Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b). Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c). Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia identificada con el número 178, publicada en la página 120 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, que textualmente dice:
"CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En la especie el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, sustenta el criterio de que aun cuando la propuesta de la prueba testimonial se hubiera desechado por extemporánea en primera instancia de una causa penal federal y el auto no fue recurrido, ello lo único que significó fue que tal prueba no pudo ser desahogada por haber fenecido el término para su ofrecimiento, lo que no impedía que en segunda instancia pudiera ser ofrecida y desahogada, si para ello el oferente se encuentra dentro de los supuestos del artículo 378 del Código Federal de Procedimientos Penales que dice a la letra: "Artículo 378. Sólo se admitirá la prueba testimonial en segunda instancia, cuando los hechos a que se refiera no hayan sido materia del examen de testigos en primera instancia." Lo anterior significa una interpretación a lo dispuesto por el citado precepto adjetivo penal federal.
En cambio, el criterio que sustenta el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, versa en torno a la interpretación del artículo 326 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, que dice textualmente:
"Artículo 326. Si dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo anterior, alguna de las partes promueve prueba, expresará el objeto y naturaleza de la misma y, dentro de los tres días de hecha la promoción, el tribunal decidirá, sin más trámite, si es de admitirse o no. Cuando se admita la prueba, se rendirá dentro del término de ocho días.
"Se admitirán únicamente las pruebas que, ofrecidas en primera instancia, por cualquier motivo no hubiesen sido desahogadas; las supervenientes o que versen sobre hechos de igual naturaleza; y las que tiendan a probar los requisitos necesarios para el goce del beneficio de la suspensión condicional de la pena.
"Si la prueba hubiere de rendirse en lugar distinto del que se encuentre el tribunal de apelación, éste fijará el término que crea prudente para recibirlas, según las circunstancias del caso."
De donde se advierte que establece como requisito para que en la segunda instancia se puedan admitir las pruebas que aunque ofrecidas en primera instancia, por cualquier motivo no hubiesen sido desahogadas, se requiere que tales pruebas no hayan sido expresamente desechadaspor el Juez natural, pues sostener lo contrario, sería aceptar como factible que sin necesidad de recurso expreso, pudiera el tribunal de alzada, con un simple auto dictado en el procedimiento de apelación, revocar el proveído de su inferior en grado.
Del examen de dichas tesis se puede advertir que no se dan los supuestos que prevé la jurisprudencia número 178, antes transcrita.
En efecto, el criterio que sustenta el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, se basa en la interpretación del contenido del artículo 326 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco que refiere a los requisitos para la admisión, en términos generales, de pruebas para la segunda instancia en los juicios penales del orden común y no tiene texto similar esa norma a la contenida en el precepto 378 del Código de Procedimientos Penales, que se refiere exclusivamente a los requisitos para la admisión en segundo grado de una causa penal federal, de la prueba testimonial, que fue la norma interpretada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
Lo anterior implica que no puede existir contradicción de tesis entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo número 418/83, actualmente radicado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del citado Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 401/93, porque las cuestiones jurídicas de los negocios son con aspectos carentes de similitud al basarse en el examen de elementos diversos como son las interpretaciones de normas procesales de diversa naturaleza, como son las previstas en los artículos 326 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco y 378 del Código Federal de Procedimientos Penales, preceptos que tampoco guardan puntos de coincidencia que dé pauta a la pretendida contradicción de tesis.
Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 182, publicada en la página 124 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, que a la letra dice:
"CONTRADICCION DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURIDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DISTINTAS. Es inexistente la contradicción de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jurídico pero lo hacen fundándose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte, que de lo sostenido por uno y otro tribunales no puede surgir contradicción, pues para ello sería necesario que hubieran examinado el problema jurídico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos."
No es obstáculo a lo anterior la circunstancia de que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo número 101/90, hubiera invocado el criterio sustentado por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito cuando resolvió el juicio de amparo directo número 418/83, porque esa cita fue con la restricción de que se hacía "...en vía de orientación...", lo que significó que no se tuviera como de aplicación al caso de las reglas para la admisión de prueba testimonial en la segunda instancia de un proceso penal federal.
SEXTO. Con respecto a los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el juicio de amparo directo número 401/93 y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo número 101/90, se dan supuestos de divergencia de criterios jurídicos sobre puntos similares, basados en el examen de los mismos elementos.
En efecto, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al interpretar la disposición del artículo 378 del Código Federal de Procedimientos Penales estimó que la prueba testimonial es admisible en segunda instancia, siempre y cuando sea propuesta oportunamente en la alzada y que los hechos a que se refiera no hayan sido materia de examen en primera instancia, sin que obste que esa probanza se hubiera propuesto en primera instancia, que se hubiera desechado y el auto no fuera recurrido, porque ello significó sólo que tal prueba no pudo ser desahogada.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 101/90, consideró que la prueba testimonial no es admisible en la segunda instancia de una causa penal federal; cuando fue propuesta en primer grado y el ofrecimiento fue desechado por el Juez de la causa en un acuerdo que se consintió por no haber sido recurrido en su oportunidad por el oferente y que en caso de sostener que el tribunal de alzada admitiese esa probanza sería aceptar como factible que, sin necesidad de recurso expreso, pudiera revocarse el proveído del Juez de primera instancia que no fue impugnado, habiendo por ende, causado estado.
Se dan entonces los element
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3797-928c59d8/testimonial-en-la-apelacion-en-juicios-penales-federales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- ACUMULACION. LA RESOLUCION SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE PRACTICAN CON PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO POR NO ESTAR PRESENTE ESTE NI SU REPRESENTANTE A PESAR DEL CITATORIO QUE SE DE (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- COSTAS EN LAS TERCERIAS DERIVADAS DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROCEDE LA CONDENA DE CONFORMIDAD AL CODIGO DE COMERCIO. COSTAS. TERCERIAS DERIVADAS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCA (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- DOCUMENTOS PUBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES. (s/clave)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- COSTAS. (VI.2o.586 C)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis