CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.
CONTRADICCION DE TESIS 15/91. SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- En el presente asunto no existe contradicción de tesis.
Al interpretar los artículos 107 fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que dichos preceptos regulan la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia y que por "tesis" debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el juzgador en la solución de un negocio jurídico.
De igual modo, el propio tribunal ha estimado que para que exista materia sobre la cual pronunciarse, esto es, para que se pueda dilucidar cuál tesis debe prevalecer en un caso determinado de contradicción, debe existir cuando menos formalmente oposición de criterios jurídicos respecto de una misma situación jurídica controvertida; asimismo, para que se surta la procedencia de la contradicción, la oposición debe suscitarse entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, pues precisamente esas consideraciones constituyen las tesis sustentadas por los órganos jurisdiccionales.
Finalmente, la determinación que se adopte al resolver la contradicción debe precisar el criterio que en el futuro deberá prevalecer con el carácter de tesis jurisprudencial, sin afectar las situaciones jurídicas concretas resultantes de las sentencias opuestas. De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la contradicción de tesis se requiere la concurrencia de los siguientes supuestos:
a). Que al resolver los negocios jurídicos los respectivos Tribunales Colegiados examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales.
b). Que respecto de esas cuestiones los citados órganos jurisdiccionales adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
c). Que la discrepancia de criterios se presente en las consideraciones jurídicas de la sentencia respectiva.
d). Que la discrepancia de criterios provenga del examen de los mismos elementos de las cuestiones.
En este caso se plantea la posible contradicción entre los criterios que sostuvieron el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver respectivamente, los siguientes asuntos: amparo directo 270/90 promovido por ROBERTO AYALA CORTEZ, amparo directo número 157/85, promovido por JOSE LUIS RODRIGUEZ PADILLA y amparo directo número 635/88, promovido por CONSUELO RUVALCABA BERNAL VIUDA DE SANTA COLOMBA.
Ciertamente, de las ejecutorias en cuestión se advierte que tanto el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, como el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito abordaron el tema consistente en determinar a quién correspondía la carga de la prueba al existir controversia sobre la antigüedad del trabajador, con lo cual se actualizó la primera de las condiciones anteriormente enumeradas y que se indicó, deben cumplirse para que pueda existir contradicción de tesis; sin embargo, no se surten las restantes hipótesis para que proceda la contradicción, en razón de lo que en seguida se expondrá.
En efecto, si bien es cierto que tanto el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito como el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito llegaron a diferentes conclusiones al resolver los amparos directos de que se trata, en relación con la carga de la prueba cuando existe controversia sobre la antigüedad del trabajador, cabe precisar que concluyeron lo anterior después de que cada tribunal analizó el caso concreto que le fue sometido a su consideración, afirmando el primero de ellos que de conformidad con lo previsto por las fracciones II y VIII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, al existir controversia sobre la antigüedad del trabajador y la duración de la jornada de trabajo, correspondía al patrón acreditar tales extremos, lo cual no logró demostrar porque no ofreció prueba alguna para desvirtuar lo expresado por las trabajadoras; mientras que el otro tribunal sostuvo que correspondía al trabajador acreditar su antigüedad, porque el patrón con fundamento en el artículo 784 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, exhibió como prueba de su parte el convenio de seis de febrero de mil novecientos noventa, en el cual ambas partes reconocieron como antigüedad del trabajador la de diez años y porque con base en el propio documento el trabajador aceptó de la empresa una gratificación por los conceptos que en el mismo convenio se precisaron, considerando además que en el caso a estudio lo que se controvertía era precisamente el contenido y alcance del referido convenio y que al cuestionarse su contenido, correspondía la carga de la prueba a quien hizo la objeción.
Los anteriores razonamientos motivan a afirmar válidamente que por lo que toca al tema relacionado con la carga de la prueba cuando existe controversia respecto de la antigüedad de los trabajadores, no se está en el caso a que se refiere el artículo l97-A de la Ley de Amparo, por no existir contradicción u oposición de criterios, sino únicamente se está ante la presencia de situaciones jurídicas concretas, analizando supuestos jurídicos distintos.
Tampoco existe contradicción en el otro planteamiento que hace el C. ROBERTO AYALA CORTEZ, en atención a las siguientes consideraciones.
Ciertamente, de las ejecutorias que emitieron tanto el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito como el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, se advierte que los dos tribunales abordaron el tema relacionado con la renuncia de derechos llevada a cabo por los trabajadores, con lo cual se actualizó la primera de las condiciones enumeradas anteriormente; sin embargo no se surten las restantes hipótesis para que proceda la contradicción, en atención a lo que enseguida se expondrá.
En efecto, si bien es cierto que los dos tribunales antes indicados, al abordar el tema relacionado con la renuncia de derechos llevada a cabo por los trabajadores, llegaron a conclusiones diferentes, esto se debió a que cada uno de ellos analizó las pruebas que exhibieron los interesados, afirmando el primero de ellos que no podría producir efecto legal alguno la renuncia producida por el trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las normas de trabajo, mientras que el segundo de los tribunales de que se trata, sostuvo que la nulidad alegada por el quejoso no operaba de pleno derecho, porque las prestaciones por él reclamadas no derivaban de la ley, sino del convenio en el cual la empresa decidió otorgar a los trabajadores transitorios una gratificación por años de servicios en forma análoga a la que reciben los trabajadores de planta.
Es decir, el primero de los citados tribunales resolvió en ese sentido, porque advirtió que en el caso que le fue sometido a su consideración operaba la nulidad de pleno derecho, porque los "derechos" que fueron objeto de renuncia por parte del trabajador se encontraban consignados en la ley y por lo tanto no podía producir efecto legal alguno la renuncia por él producida; mientras que el otro tribunal estimó que no operaba la nulidad de pleno derecho en el caso que le fue sometido a su consideración, porque las prestaciones reclamadas por el trabajador no figuraban en la ley sino en un convenio suscrito por las partes, razonamientos estos que motivan afirmar válidamente, que tampoco en este aspecto existe contradicción u oposición de criterios, sino que únicamente se está ante la presencia de situaciones jurídicas concretas, analizando supuestos jurídicos distintos.
Es aplicable al caso la tesis número XXVI/9l, aprobada por esta Sala por unanimidad de cinco votos, en sesión privada del día nueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, cuyo texto dice lo siguiente:
"CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.- De conformidad con lo que establecen los artículos l07, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y l97-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a). Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b). Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c). Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.".
En consecuencia, al no haber sustentado los Tribunales Colegiados de Circuito criterios divergentes acerca de cuestiones jurídicas esencialmente iguales, no se configuran las contradicciones de tesis denunciadas.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
UNICO.- No existe contradicción de tesis en las resoluciones emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver respectivamente los amparos directos números 270/90, promovido por ROBERTO AYALA CORTEZ, l57/85, promovido por JOSE LUIS RODRIGUEZ PADILLA y el 635/88, promovido por CONSUELO RUVALCABA BERNAL VIUDA DE SANTA COLOMBA.
Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los tribunales antes mencionados, asimismo, devuélvase al Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, el cuaderno del juicio de amparo que remitió, y en su oportunidad archívese el expediente.
Así, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Carlos García Vázquez, Felipe López Contreras, Juan Díaz Romero e Ignacio Magaña Cárdenas, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el C. Ministro Carlos García Vázquez. Ausente el señor Ministro José Antonio Llanos Duarte, por estar atendiendo una comisión oficial.
Firman el C. Presidente de la Sala y Ministro ponente, con la secretaria de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/387-d2b2c9a4/contradiccion-de-tesis-de-tribunales-colegiados-de-circuito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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