PRUEBAS EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL. OPORTUNIDAD PARA OFRECERLAS Y OBJETARLAS.
CONTRADICCION DE TESIS 1/91. SUSTENTADA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver el presente conflicto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A, de la Ley de Amparo y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO.- El presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en oficio sin número, al denunciar la posible contradicción de tesis expuso lo siguiente:
"En el amparo directo 7733/90, promovido por Fábricas de Papel Tuxtepec, Sociedad Anónima, que se tramitó ante este Tribunal Colegiado, se pronunció sentencia el dos de octubre de mil novecientos noventa en la que se negó la protección constitucional, formándose la tesis que literalmente expresa: `PRUEBAS, PRECLUSION DEL DERECHO PARA OFRECER.- Es correcto el acuerdo de una Junta que no admite la solicitud de ratificación y reconocimiento de la firma y contenido de un documento, si tal petición se hace con posterioridad a la objeción que en cuanto a la autenticidad de contenido y firma formula la contraparte, toda vez que de conformidad con el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, después de que el actor ofrece sus pruebas y el demandado las objeta y ofrece a su vez las que a sus intereses conviene, las cuales se objetan por el actor, las partes únicamente pueden ofrecer nuevas pruebas siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte o con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda lo que no se surte en esta hipótesis, atento a que el ofrecimiento que hace la demandada de la ratificación y reconocimiento de los firmantes de la prueba que ofrece, no se relacionan con alguna nueva prueba ofrecida por el actor, ni con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda razón por la cual debe estimarse precluido el derecho relativo para tal ofrecimiento'. Mientras que en el amparo directo número 39/84, promovido por José Cruz Brambila Guerrero en el Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito y resuelto el doce de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, se sustentó el criterio que corresponde a la tesis número veintisiete, publicada en las páginas trescientos diecisiete y trescientos dieciocho del Informe de Labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de mil novecientos ochenta y cinco, Tercera Parte, que a la letra dice: `PRUEBAS. ADMISION DE LAS OFRECIDAS FUERA DEL ORDEN ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 880 DEL CODIGO LABORAL, SI NO HA CONCLUIDO LA ETAPA CORRESPONDIENTE.- El artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, no faculta a las Juntas para rechazar las pruebas que las partes ofrezcan fuera del orden ahí establecido, a virtud de que, mientras no se declare expresamente el agotamiento de la etapa de ofrecimiento de pruebas, las partes están en aptitud de ofrecer las que estimen pertinentes, siempre y cuando se relacionen con los hechos controvertidos. Ese precepto no contempla la sanción que en el caso aplicó la responsable, por no haber ofrecido el ahora quejoso sus pruebas atendiendo el orden mencionado en la fracción I del mismo. Además, de acuerdo con el método lógico sistemático o contextual de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, si el artículo 881 de la misma legislación laboral marca claramente que una vez concluida la etapa de ofrecimiento de pruebas solamente se admitirán las relativas a hechos supervenientes o de tachas, interpretado en sentido contrario debe deducirse que en tanto no termine esa fase de la audiencia, cabe la admisión de pruebas que no se refieren a estas circunstancias, de donde se sigue que en la exclusión deben contarse las probanzas acerca de la controversia que se establece por la demanda y su contestación'. Para los efectos consiguientes se remite a esa superioridad copia certificada de la ejecutoria pronunciada por este Tribunal en el asunto que se cita en este oficio."
TERCERO.- El criterio del mencionado Tercer Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo directo 7733/90, promovido por Fábrica de Papel Tuxtepec, Sociedad Anónima, tiene como antecedente el juicio laboral 601/89, seguido en contra de la aludida quejosa por Florentino Medina Mata quien demandó la reinstalación en el puesto que venía desempeñando dicho trabajador, así como el pago de diversas prestaciones económicas, en el que la demandada ofreció la documental consistente en el aviso de rescisión de la relación laboral que se dio al trabajador, para demostrar la improcedencia de la acción principal incoada en su contra; prueba que fue objetada por el actor, lo que dio lugar a que aquella ofreciera la ratificación del contenido y firma del mencionado documento, provocando su desechamiento por parte de la responsable. En la parte de la ejecutoria que interesa para negar la protección constitucional solicitada, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, expresó las siguientes consideraciones:
"TERCERO.- Son fundados pero inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer.- Previamente al estudio de los conceptos de violación que hace valer el quejoso, se estima pertinente dejar asentado lo siguiente: En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de quince de febrero de mil novecientos noventa, en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas que aparece a fojas treinta y cinco y treinta y seis, se advierte que después de que las partes ofrecieron respectivamente sus pruebas y objetaron recíprocamente las ofrecidas por su contraparte, la parte demandada, hoy quejosa, en uso de la palabra dijo textualmente lo siguiente: `Desde luego que para su perfeccionamiento se ofrecen la ratificación del contenido y firma que concretamente señala como domicilio para ser citados los signantes de dichos documentos las oficinas de FABRICAS DE PAPEL TUXTEPEC, citas en domicilio conocido del Ejido Benito Juárez, en Tuxtepec, Edo. de Oax., para lo cual se solicita se gire atento exhorto a la Junta correspondiente para que se cite a las personas a ratificar el contenido y firma de los documentos que se han presentado como pruebas en el juicio... por cuanto a la prueba marcada bajo el inciso e), en este acto se ofrece la ratificación del contenido y firma, así como la testimonial del señor RAMON CASTILLO RAMIREZ, quien en la fecha en que ocurrieron los hechos fungía como Jefe de Transportes de la empresa y del que solicita se le permita proporcionar el domicilio donde puede ser citado con posterioridad en virtud de carecer en este momento de ese dato, dado que dicha persona ya no trabaja para mi representada'.- Ahora bien, el quejoso manifiesta, en esencia, que la Junta responsable violó en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales porque dejó de aplicar el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, al no ordenar el perfeccionamiento de las pruebas documentales que ofreció, como estaba obligada de acuerdo con el mencionado precepto legal, por estimar indebidamente que se encontraba precluido su derecho para ofrecerlo, ya que dicho perfeccionamiento fue ofrecido antes de que se hubiese cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas.- No asiste razón al quejoso en los anteriores argumentos, pues si bien es cierto que ofreció los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales que había ofrecido, consistentes en la ratificación del contenido y firma de los signantes de tales documentos; así como la testimonial de los señores EMILIO CRIOLLO DIAZ y RAMON CASTILLO RAMIREZ, antes de que se hubiere cerrado la etapa de ofrecimiento de admisión de pruebas también lo es, que el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo que establece las normas conforme a las cuales se debe desarrollar la etapa de ofrecimiento de pruebas, claramente dispone, que el actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos e inmediatamente después el demandado ofrecerá las suyas, pudiendo objetar las ofrecidas por el actor y posteriormente éste, puede objetar las del demandado; asimismo, que las partes pueden ofrecer nuevas pruebas siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y no se haya cerrado el período de ofrecimiento de pruebas; de donde se desprende, que una vez ofrecidas las pruebas por las partes y objetadas recíprocamente, sólo podrán ofrecer nuevas pruebas dentro de dicha etapa, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte; por lo que, si en el presente caso, el demandado, hoy quejoso, ofreció los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales, consistentes a su vez en la prueba de ratificación del contenido y firma de los signantes de los documentos y testimonial de las personas que señaló, con posterioridad a la objeción que formuló el actor, y no se relacionan con ninguna prueba de su contraparte, como lo establece expresamente la fracción II del precepto legal citado, es inconcuso que su derecho a hacerlo se encontraba precluido, por lo que la consideración de la Junta que así lo estimó, fue apegada a derecho y en consecuencia no viola las garantías individuales que señala el quejoso.- Corrobora lo anterior, el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo que establece que las pruebas se deberán ofrecer acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo. En efecto, de conformidad con el citado precepto legal, las partes deben acompañar con las pruebas que ofrezcan, los elementos necesarios para su desahogo; por lo que, si en el presente caso, el demandado, hoy quejoso, ofreció diversas pruebas documentales; mas no así, los elementos necesarios para su perfeccionamiento o desahogo, en el momento procesal oportuno, es indudable que la Junta procedió correctamente al no haber admitido los medios de perfeccionamiento ofrecidos por la demandada, hoy quejosa, por no haberlos ofrecido y acompañado con las pruebas documentales que pretendía perfeccionar.- En las relacionadas consideraciones al no ser violatorio de garantías el laudo reclamado procede negar el amparo solicitado."
CUARTO.- El entonces Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 39/84, promovido por José Cruz Brambila Guerrero, con motivo del juicio laboral 109/82, incoado en contra de Distribuidora Pacífico y Modelo de Tepic, Sociedad Anónima, y de Lino Nava Hernández, en el que a aquél se le desecharon diversas probanzas por haberlas ofrecido fuera del orden establecido en la fracción I del artículo 880 de la Ley Laboral, para conceder el amparo solicitado formuló las siguientes consideraciones:
"IV. Es sustancialmente fundado el primero de los conceptos de violación, referido al procedimiento; además, cabe suplir su deficiencia en lo conducente, con apoyo en el artículo 76 de la Ley de Amparo, por tratarse de amparo promovido por el trabajador.- Es cierto que el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, no faculta a las juntas para rechazar las pruebas que las partes ofrezcan fuera del orden ahí establecido, a virtud de que, mientras no se declare expresamente el agotamiento de la etapa de ofrecimiento de pruebas, las partes están en aptitud de ofrecer las que estimen pertinentes, siempre y cuando se relacionen con los hechos controvertidos. Ese precepto no contempla la sanción que en el caso concreto aplicó la responsable, por no haber ofrecido el ahora quejoso sus pruebas atendiendo el orden mencionado en la fracción I del mismo. Además, de acuerdo con el método lógico sistemático o contextual de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, si el artículo 881 de la misma legislación laboral marca claramente que una vez concluida la etapa de ofrecimiento de pruebas solamente se admitirían las relativas a hechos supervenientes o de tachas, interpretado en sentido contrario debe deducirse que en tanto no termine esa fase de la audiencia, cabe la admisión de pruebas que no se refieran a estas circunstancias, de donde se sigue que en la exclusión deben contarse las probanzas acerca de la controversia que se establece por la demanda y su contestación.- Entonces, si la responsable se negó a admitir las pruebas ofrecidas por el quejoso, con el argumento de que había precluido el derecho por haber comparecido a la etapa de ofrecimiento de pruebas después de que la empresa demandada lo había hecho (foja 114), indudablemente violó en perjuicio del quejoso la norma legal en comento conculcando con ello las garantías individuales que invoca. Esto es así, porque al no recibirse las pruebas legalmente ofrecidas, se violaron las normas que rigen el procedimiento afectando las defensas del quejoso en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, las cuales precisa reparar, concediendo el amparo y protección solicitadas, para el efecto de que la responsable declare insubsistente el laudo combatido y ordene la reposición del procedimiento, purgue el vicio apuntado, y, en su oportunidad y caso, resuelva de nuevo sobre la litis planteada como en derecho corresponde. Sobre el tema puede consultarse la tesis de ejecutoria publicada en la página 71 de la parte correspondiente a la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Informe rendido a ésta por el Presidente de aquélla, en el año de 1975, que dice: `AUDIENCIA RESPECTIVA.- Mientras la Junta del conocimiento no declare, mediante acuerdo, cerrado el período de ofrecimiento de pruebas, las partes están facultadas, durante el desarrollo de la audiencia respectiva, para ofrecer las que consideren pertinentes siempre que se relacionen con los puntos controvertidos, de manera que concurriendo dichas circunstancias las nuevas pruebas propuestas deben estimarse como oportunamente ofrecidas'."
QUINTO.- De lo anterior se advierte que existe contradicción de criterios entre el que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y el que observa el Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, toda vez que el primero sostiene que se deben desechar las pruebas ofrecidas fuera del orden establecido en la fracción I del artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se previene que inicialmente el actor aportará sus probanzas, e inmediatamente después lo hará el demandado, sin que exista una nueva oportunidad de ofrecimiento; mientras que el segundo de los Colegiados, permite la modificación de ese orden.
SEXTO.- En el presente caso se estima que no debe prevalecer ninguno de los criterios sustentados por los tribunales contendientes, sino el que establecerá esta Cuarta Sala en esta ejecutoria, pues se considera que ambos Colegiados, arribaron a conclusiones que se apartan de la recta interpretación de los preceptos legales involucrados en las opiniones contradictorias.
La consideración acabada de señalarse, en el sentido de que al resolver un asunto de contradicción de tesis entre tribunales colegiados de circuito en los términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, esta Sala de la Suprema Corte de Justicia, no necesariamente tiene que adoptar uno de los dos criterios en pugna, sino que goza de libertad para establecer con toda validez una tesis distinta de aquellas que se contraponen, se apoya tanto en la interpretación literal de tales disposiciones, como en la finalidad que de las mismas se infiere.
En efecto, el artículo 107, fracción XIII, constitucional, en lo conducente, establece: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Sala que corresponda, a fin de que decida cuál tesis debe prevalecer ..."
A su vez el artículo 197-A de la Ley de Amparo, reproduce sustancialmente el precepto constitucional en la parte antes transcrita.
Como puede verificarse del contenido de tales artículos, éstos no establecen que para dirimir la contradicción entre dos tesis de Tribunales Colegiados, la Sala de la Suprema Corte de Justicia tenga la obligación de adherirse a uno de los dos criterios en conflicto, sino que puede, válidamente, acoger un tercero, el que le parezca correcto de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema, pues el texto de las multicitadas disposiciones indican expresamente que la Sala debe decidir "... cuál tesis debe prevalecer", no cuál de los dos debe prevalecer.
Esta conclusión es acorde con el objetivo perseguido por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al otorgarse competencia a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, pues resulta evidente que su finalidad es la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance lo que, a su vez, tiende a garantizar y velar por la seguridad jurídica, estableciendo qué tesis debe prevalecer. Tan importante y trascendente propósito se tornaría inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada, inexorablemente, a decidir en relación con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jurídicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte válidamente puede resolver que ninguno de los criterios contradictorios debe prevalecer, si estima que ambos son incorrectos y emitir el criterio que sobre la materia de la contradicción deba imperar, puesto que como se dijo, las referidas normas no obligan a que necesariamente y sin excepción, tenga que prevalecer alguno de los criterios discordantes, aun cuando los mismos no sean correctos, en todo o en parte, pues de ser así, se propiciaría un estado de inseguridad jurídica en menoscabo de la administración de justicia y de los intereses de los gobernados, lo cual además de ir en contra de la letra de las disposiciones aludidas y de toda lógica natural, se apartaría del objetivo que dio origen a la institución relativa a la contradicción de tesis.
Ahora bien, en relación a la cuestión planteada en la contradicción de tesis, debe señalarse lo siguiente:
El artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, establece: "La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV.- Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche."
Por su parte el artículo 881 dispone: "Concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, solamente se admitirán las que se refieren a hechos supervenientes o de tachas."
Interpretando los preceptos legales mencionados, cabe establecer que las diversas hipótesis que en ellos se contienen, siguen un orden lógico en el desarrollo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del procedimiento ordinario laboral, que puede precisarse de la siguiente manera:
En la fracción I del citado artículo 880, se observa que ese orden lógico exige que el actor sea el que intervenga primero para ofrecer las pruebas relacionadas con la acción ejercitada y los hechos contenidos en su demanda; inmediatamente después, el demandado debe ofrecer las conducentes a demostrar las excepciones y defensas que oponga, así como las tendientes a desvirtuar los hechos aducidos en la demanda o a demostrar los invocados por él.
En este contexto, la ley adjetiva no permite alteración alguna del orden lógico que debe seguir el procedimiento laboral en la aludida etapa de ofrecimiento de pruebas, orden que se encuentra apoyado en el razonamiento de que el actor es el que inicia el procedimiento de trabajo a través de la demanda y, por tanto, a él le corresponde comenzar con el ofrecimiento de sus probanzas, encaminadas a justificar su acción. En ese mismo orden de ideas, deberá continuar el demandado con el ofrecimiento de las que estime convenientes para destruir la acción ejercitada o desvirtuar los hechos contenidos en la propia demanda. Por tanto, la autoridad de trabajo, o las partes, en esta hipótesis, no pueden alterar ese orden lógico jurídico del procedimiento laboral, de modo que una vez agotada la oportunidad que cada una de ellas tiene para ofrecer sus probanzas, precluye su correlativo derecho y no pueden, bajo ningún pretexto, ofrecer nuevas pruebas, salvo aquellas que se fundan en las disposiciones que a continuación se examinarán:
Así, la fracción II del invocado artículo 880, establece que las "partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas", regla ésta cuya justa dimensión requiere que se relacione o enlace con la última parte de la ya examinada fracción I del mismo precepto, en cuanto previene que después de que el demandado ofrece sus pruebas "podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del demandado", pues de la conexión jurídica de ambas disposiciones, se infiere que la hipótesis de que las partes puedan válidamente proponer nuevas pruebas comprende aquellas que se relacionan con las ofrecidas por la contraparte y, asimismo, las que tienden a demostrar las objeciones de las pruebas de la referida contraparte o, en su caso, el desvanecimiento de dichas objeciones, lo cual resulta lógico porque quien impugnó una probanza de su contraparte, tiene el legítimo derecho de demostrar tal objeción que pretende la ineficacia del elemento de convicción relativo, y ello sólo puede hacerse una vez que se ha conocido la prueba que propuso la contraparte y ver que merece impugnación; por otro lado, también resulta lógico el derecho de la oferente de aportar los elementos tendientes a comprobar la autenticidad y eficacia de las pruebas que hubieran sido objetadas por su contraparte. Si la Ley permite las objeciones, es razonable concluir que permita su demostración y defensa, lo cual tiene justificación en la fracción II del multicitado precepto que, como se ha dicho, al otorgar a las partes oportunidad para ofrecer nuevas pruebas, relacionadas con las ofrecidas por su contraparte, comprende las relativas a objeciones de probanzas.
Las hipótesis anteriores deben darse dentro del período de ofrecimiento de pruebas, es decir, hasta antes de que la autoridad laboral lo declare cerrado y resuelva sobre cuáles admita o desecha, según establece la fracción IV del artículo examinado, pues una vez concluido dicho período de ofrecimiento, ya no podrá proponerse ninguna otra prueba, salvo el caso a que se refiere el artículo 881, o sea, tratándose de aquellas que se relacionan con hechos supervenientes o con tachas.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, establece que ha precluido el derecho de la parte a quien se le ha objetado alguno de sus elementos de convicción para ofrecer pruebas relacionadas con la objeción, por estimar que el medio de perfeccionamiento respectivo se ofreció con posterioridad a la objeción formulada por su contraparte y no se relaciona con alguna prueba de éste; corroborando lo anterior con lo dispuesto en el artículo 780 de la Ley Laboral, que establece que las pruebas se deberán ofrecer acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo.
De acuerdo con lo ya expuesto, tal criterio es incorrecto, ya que obliga al oferente a presumir que sus elementos de convicción serán objetados por su contraparte y que, por ello, se encuentra compelido a prevenir tal situación, ofreciendo, de antemano, aquellas pruebas necesarias para desvirtuar las eventuales objeciones, lo que va en contra de la lógica procesal jurídica y del propio texto del multimencionado artículo 880, así como del principio de economía procesal, toda vez que si una parte ofrece como prueba de su intención una documental y su contraparte no la objeta, resultaría innecesario e inútil la ratificación de contenido y firma de tal documento y, por ende, ocioso su ofrecimiento anticipado.
En tales condiciones, cabe concluir que en la hipótesis de que las partes objeten las pruebas de sus respectivas contrapartes, de ninguna manera precluya su derecho a ofrecer las que estimen necesarias, la objetante, para demostrar sus impugnaciones y la oferente, para comprobar la autenticidad y eficacia de sus pruebas inicialmente ofrecidas, mientras la autoridad de trabajo no dé por concluido el período de ofrecimiento de pruebas. Lo anterior, lógicamente, no faculta a las partes a que, junto con las pruebas relacionadas con las objeciones, ofrezcan otra u otras que debieron ofrecerse en el momento procesal oportuno por referirse a las acciones o excepciones deducidas, y si se hace, no deberán admitirse. En efecto, una sana interpretación del invocado artículo 880 permite concluir que, cuando el actor o el demandado ofrecen sus pruebas, pero olvidan alguna necesaria para comprobar sus reclamaciones o excepciones, dejando pasar el turno que les corresponde, se da la preclusión del derecho, ya que no podrá proponer con posterioridad aquella prueba que no fue ofrecida oportunamente, aun cuando la autoridad no haya declarado concluido el período de ofrecimiento.
Por ello es que permitir, como lo estima el Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, que el actor pueda comparecer válidamente a proponer sus pruebas con posterioridad al ofrecimiento del demandado altera el orden lógico, además de contravenir lo dispuesto en la fracción I del mencionado artículo 880, que en la parte relativa dice que el actor ofrecerá sus pruebas, e inmediatamente después lo hará el demandado; trastornar ese orden daría lugar a una segunda o sucesivas oportunidades, tanto para ofrecer pruebas como para impugnarlas, prolongando esa etapa procesal en contra del principio de inmediatez del procedimiento laboral que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo.
Por lo que se refiere el artículo 780 de la Ley Laboral, en que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo se apoya para decretar la preclusión del derecho del oferente de una documental, para proponer la ratificación de su contenido y firma por haber sido objetada, cabe establecer que al disponer tal precepto que "Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo", impone al oferente la carga de que, en el caso de que la probanza propuesta requiriera de un elemento posterior para su desahogo, aquél lo allegue desde su ofrecimiento, como en el caso de la testimonial, para cuya recepción se necesita del interrogatorio respectivo, pero caso diferente es el de una documental que se aporta y no requiere de algún acto procesal subsecuente para su perfeccionamiento, salvo en la hipótesis de que fuera objetada.
En las relatadas circunstancias, esta Cuarta Sala, con apoyo en las consideraciones y fundamentos legales que han quedado precisados con antelación, establece la correcta interpretación del artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, en los términos de la tesis que, con carácter jurisprudencial, colma el sentido y alcance de la cuestión jurídica que se resuelve.
Lo anterior permite establecer la siguiente jurisprudencia:
"PRUEBAS EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL. OPORTUNIDAD PARA OFRECERLAS Y OBJETARLAS.- La interpretación de los artículos 880 y 881 de la Ley Federal del Trabajo, permite establecer que las diversas hipótesis que en ellos se contienen siguen un orden lógico en el desarrollo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del procedimiento ordinario laboral: En la fracción I del citado artículo 880, se exige que el actor sea el que intervenga primero para ofrecer las pruebas relacionadas con la acción ejercitada y los hechos contenidos en la demanda; inmediatamente después, el demandado debe ofrecer las conducentes a demostrar las excepciones y defensas que oponga, así como las tendientes a desvirtuar los hechos aducidos en la demanda o a demostrar los invocados por él, advirtiéndose que la ley no permite alteración alguna de ese orden lógico, de modo que una vez agotada la oportunidad que a cada una de las partes le corresponde para ofrecer sus pruebas, precluye su derecho y ya no pueden ofrecer nuevas pruebas antes del cierre de la etapa de ofrecimiento, salvo las que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y las que tienden a demostrar las objeciones de las pruebas o, en su ca
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/395-93423253/pruebas-en-el-juicio-ordinario-laboral-oportunidad-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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