REVISION, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. EL CARACTER DE TERCERO PERJUDICADO EMANA DEL ARTICULO 5o., FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO Y NO DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO.
AMPARO EN REVISION 76/96. MARIA DEL SOCORRO RAMOS GONZALEZ Y OTRO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- No es procedente analizar las consideraciones que sustentan el fallo recurrido con relación a las inconformidades planteadas por Jesús Aguila Ylla, en atención a lo siguiente.
En efecto, del análisis de las actuaciones que integran el juicio de amparo, específicamente, de las constancias que las autoridades responsables remitieron como justificación a su informe, se advierte que Jesús Aguila Ylla, mediante ocurso presentado el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y tres, cedió los derechos litigiosos del juicio natural, en favor de María del Socorro Ramos González, pues al caso expuso: "Por este conducto acudo a su Señoría, a fin de hacer cesión de derechos litigiosos en favor de la señora MA. DEL SOCORRO RAMOS GONZALEZ, quien tiene su domicilio en CONSTITUYENTES NUMERO 579 entre MURILLO y CALZADA LOS PINOS de esta localidad, a fin de transmitirle todas y cada una de las prestaciones a que se refiere el presente juicio, o sea la cantidad de N$40,000.00 (CUARENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.) más los intereses que se vayan generando, ya que los abonos parciales que realizó el demandado le han sido reintegrados por la cesionaria en esta fecha.- De acuerdo a lo anterior, solicito se reconozca la personalidad conferida a la señora MA. DEL SOCORRO RAMOS GONZALEZ y se le dé intervención como acreedora en los términos y condiciones establecidos en el convenio aprobado en autos.", ocurso que fue ratificado ante la presencia judicial el día de su presentación (foja noventa y dos frente y vuelta) y, mediante proveído de siete de abril de mil novecientos noventa y tres, el Juez del conocimiento lo acordó en sus términos (foja noventa y uno frente).
Por lo tanto, es claro que Jesús Aguila Ylla, dejó de tener el carácter de parte en el juicio natural del que deriva el acto reclamado y por ende, ante esa circunstancia, es evidente que no puede tener un derecho opuesto al del quejoso e interés, por lo mismo, en que subsista el acto reclamado; atentos al contenido de la tesis jurisprudencial número 389, visible en la página doscientos sesenta del Tomo IV del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1995, voz: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO CIVIL."
No obsta que el promovente del amparo, en su demanda de garantías haya señalado como terceros perjudicados, entre otros, a Jesús Aguila Ylla, y que por ello fue reconocido por la a quo al admitir la demanda, pues, el carácter de tercero perjudicado en el juicio de garantías emana de las circunstancias que contempla la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, que tienen como común denominador la existencia de intereses contrarios a los del peticionario del amparo, de modo que el reconocimiento efectuado por la Juez de Distrito al respecto no puede generar una legitimación procesal si de ella se carece, criterio que este Tribunal Colegiado sostuvo en la tesis número VII.3o. 6K, consultable en la foja cuatrocientos veintisiete del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, octubre del mil novecientos noventa y dos, intitulada: ""
Sentado lo anterior, procede desechar el recurso de revisión por cuanto a Jesús Aguila Ylla se refiere, sin que obste a lo anterior que por auto de Presidencia de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, se admitió dicho medio de impugnación, dado que ello no obliga al Pleno de este Tribunal Colegiado, atentos al contenido de la tesis número P.XVI/91, que aparece publicada en la foja siete del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, abril de mil novecientos noventa y uno, de rubro: "REVISION. NO ES OBSTACULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISION POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION."
QUINTO.- Son ineficaces los agravios que en el caso se expresan por cuanto a la recurrente María del Socorro Ramos González, y por razón de técnica se analizan en el orden siguiente.
En efecto, no escapa a la atención de este Tribunal Colegiado que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando en un juicio de garantías se recurre la sentencia pronunciada por un Juez de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, el inconforme está facultado para impugnar paralelamente a esa resolución, los acuerdos pronunciados en la audiencia constitucional; sin embargo, es de precisarse que devienen inatendibles los agravios aquí formulados en torno al acuerdo pronunciado por la a quo en la audiencia constitucional, con relación a su negativa de decretar la acumulación del juicio de amparo a que este toca se contrae, con el diverso juicio de garantías número 808/95, de su índice, habida cuenta de que, en términos de lo estatuido por el numeral 59 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, contra la resolución que se pronuncie por el Juez de Distrito ante quien se solicite la acumulación de juicios de amparo, no admite recurso alguno; por lo tanto, es claro que en la especie no procede el estudio de tales inconformidades. Cobra aplicación al caso, el contenido de la tesis jurisprudencial número 24, consultable en la página dieciséis del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1995, voz: "ACUMULACION DE JUICIOS DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA LA RESOLUCION RESPECTIVA."; a la conclusión anterior se arriba tomando en cuenta también el contenido de las tesis visibles en las páginas trescientos setenta y cuatro y trescientos setenta y cinco, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Sección Segunda, de rubros: "ACUMULACION DEL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECIDIR SOBRE ELLA EN LA REVISION. COMPETE DECIDIRLA EXCLUSIVAMENTE A LOS JUECES DE DISTRITO."; "ACUMULACION. EFECTOS EN LA REVISION."; y, "ACUMULACION. PRECEPTOS QUE LA RIGEN. NO SE CONSIDERAN NORMAS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO. SU APLICACION NO PRIVA DE DEFENSA A LAS PARTES."
Asimismo, deviene inatendible, conforme a la técnica del juicio de garantías, lo que se aduce por cuanto a que el fallo recurrido es violatorio de lo dispuesto por los artículos 8o., 14 y 16 constitucionales, dado que la Juez de Distrito, al obrar como órgano de control constitucional, su proceder debe ser analizado a la luz de las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo.
En otro aspecto, es de significarse que las restantes inconformidades planteadas, referentes a la infracción de las formalidades del procedimiento mercantil así como las que se enderezan contra el acto reclamado, con excepción de las que atañen a que el acto reclamado es una consecuencia legal necesaria del acuerdo de veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, y que en el caso no se agotó el principio de definitividad, resultan inoperantes, pues las mismas constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia impugnada, como se colige de su propia lectura, misma que quedó transcrita en el considerando segundo de esta ejecutoria y, por lo tanto, es claro que con tales manifestaciones, con la salvedad precisada, no desvirtúan la legalidad del fallo sujeto a revisión, atentos al contenido de la tesis número 40, visible en la foja ciento siete del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su presidente, al terminar el año de mil novecientos ochenta y nueve, Segunda Parte, entonces Tercera Sala, cuyo tenor es: "AGRAVIOS EN LA REVISION. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.- Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la Protección Constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."
Ahora, es de significarse que, como en el caso lo razonó la Juez Federal, el acto reclamado no es una consecuencia legal necesaria del proveído de veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro y notificado el diez de noviembre del mismo año (fojas veintisiete vuelta y treinta y uno frente del juicio de amparo), dado que dicho acuerdo se refiere a la determinación de requerir al promovente del amparo para que diera cumplimiento al convenio de "veintisiete" de febrero de mil novecientos noventa y dos, apercibiéndolo que de no hacerlo, se sacará en pública subasta el bien embargado, convenio en el que, entre otras cuestiones, alude al reconocimiento de la suerte principal reclamada en el juicio natural (cláusula primera) y al compromiso del promovente del amparo de pagar "CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N." mensualmente durante doce meses (cláusula segunda) (fojas veintitrés a veinticinco); y la determinación que dio origen al acto reclamado consistió en la resolución de veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco, que concluyó en que "... la sección de ejecución debe proseguirse por no haberse justificado el pago que sostiene haber hecho el demandado en el presente juicio ejecutivo mercantil..." (fojas sesenta y dos y sesenta y tres), resolución que fue impugnada al través del recurso de apelación, lo que motivó el acto reclamado en el juicio de amparo a que este toca se contrae, mismo que modificó aquella resolución para determinar que "... la sección de ejecución, sólo debe continuarse por la cantidad que se despachó ejecución, descontando los VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE NUEVOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS, que la parte actora admite que le fuera pagada en parcialidades por el deudor, más los intereses que se hayan causado, previa su liquidación, con intervención del ejecutado." (fojas ciento cuarenta y seis a ciento cuarenta y ocho); de lo antes expuesto se colige que el acto reclamado no es una consecuencia legal necesaria del proveído de veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, dado que se refiere a la prosecución del procedimiento de ejecución por no acreditarse el pago total de lo reclamado; de ahí que no se surten las causales de improcedencia previstas por las fracciones XI y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Finalmente, en lo que atañe a la causal de improcedencia que se aduce ante esta potestad, consistente en que en la especie no se agotó el principio de definitividad, es de precisarse que la misma tampoco se actualiza, habida cuenta de que el hecho de que se haya notificado al promovente del amparo el auto por el que se tuvo a Jesús Aguila Ylla, cediendo los derechos de la controversia natural en favor de la aquí inconforme, en modo alguno presupone que debió agotar los medios ordinarios procedentes antes de ocurrir al juicio de amparo, si lo que se reclamó en éste, fue la resolución de apelación que determinó la prosecución de la sección de ejecución por la cantidad por la que se despachó ejecución con el descuento de la suma en numerario que ahí se precisa, contra la que, evidentemente, no procede recurso ordinario alguno por la que pueda ser modificada, revocada o nulificada.
Sentado lo anterior, y toda vez que no se impugnan las consideraciones efectuadas en torno a la concesión del amparo, las cuales no se advierten manifiestamente ilegales, procede confirmar la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 90, 91, 190 de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se resuelve:
PRIMERO.- Se desecha el recurso de revisión interpuesto por JESUS AGUILA YLLA, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta ejecutoria.
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia recurrida, engrosada el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por la Juez Segundo de Distrito en el Estado, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el juicio de amparo número 809/95, promovido por JAVIER CHEANG CHANG, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese como corresponde; anótese en el libro de gobierno; con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos correspondientes al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados José Librado Fuerte Chávez, Agustín Romero Montalvo y Hugo Arturo Baizábal Maldonado, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4090-f424f90c/revision-desechamiento-del-recurso-de-el-caracter-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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