AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.
AMPARO EN REVISIÓN 2117/96. LILA ISABEL TREVIÑO GARZA Y OTROS.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Resultan inoperantes e inatendibles los agravios que formula la autoridad recurrente.
En efecto, en el primero de ellos, la autoridad recurrente sólo se limita a sostener que le irroga perjuicio la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, al no declarar procedentes las causas de improcedencia que fueron sometidas a su consideración, limitándose el juzgador -dice la recurrente- a exponer argumentos generales, confusos y sin fundamento legal.
Según se advierte, la autoridad recurrente omite expresar razonamientos tendientes a desvirtuar las consideraciones del Juez Federal que lo llevaron a estimar procedente el juicio de garantías, en virtud de que la mera manifestación de que el juzgador se fundó en razonamientos generales y confusos, es un aspecto tan dogmático que resulta inatendible al no reunir las características propias de un agravio.
Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 39, publicada en la página 25 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, que dice:
"AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN.- No puede considerarse como agravio la simple manifestación u opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado."
QUINTO.- En el segundo agravio la autoridad recurrente manifiesta las razones por las que considera que el Juez a quo, indebidamente concedió el amparo solicitado, al determinar que el Decreto 308 de la Legislatura del Estado de Nuevo León, publicado el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, mediante el cual se aprueba el proyecto de ejecución de obras de "Integración Urbana San Agustín-Valle Oriente-Monterrey Sur", es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales.
Pues bien, el agravio citado, el cual se examina ejercitando la facultad de atracción, con el fin de salvaguardar la garantía de celeridad en la administración de justicia, resulta inoperante en virtud de que, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció, en jurisprudencia definida, que el decreto impugnado, y concretamente su artículo sexto es inconstitucional al transgredir el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.
Efectivamente, la tesis mencionada fue aprobada por el Tribunal Pleno con el número 20/1997, en sesión privada celebrada el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, y es del tenor literal siguiente:
"VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIEDAD, IMPUESTO SOBRE EL AUMENTO DE. EL ARTÍCULO 6o. DEL DECRETO 308 DE LA LEGISLATURA DE NUEVO LEÓN VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.- El artículo 6o. del Decreto 308 de la Legislatura del Estado de Nuevo León, que aprueba el proyecto de ejecución de las obras 'Integración Urbana San Agustín-Valle Oriente-Monterrey Sur', al establecer que el impuesto sobre aumento de valor y mejoría específica ha de determinarse considerando, entre otros elementos, los coeficientes de utilización del suelo, viola el principio de legalidad tributaria porque en el citado decreto y en las leyes a las que remite, o en aquellas que tienen relación con la materia, no se establecen las reglas, procedimientos o criterios conforme a los cuales deben calcularse los citados coeficientes, de lo que se sigue que se vulnera el citado principio en tanto se deja a la libre voluntad de las autoridades administrativas la determinación de uno de los elementos que son necesarios para calcular el importe del tributo, sin que sea obstáculo para esta conclusión que se trate de cuestiones de orden urbanístico, cuya decisión es naturalmente propia de la actuación administrativa, pues cuando un elemento de este orden es incorporado por la ley fiscal a la descripción del hecho imponible, su determinación queda regida por el principio de legalidad tributaria en cuanto incide de manera clara en el monto del gravamen a pagar."
Por lo tanto, como se calificó con antelación, el agravio expuesto por la revisionista resulta inoperante, sin que sea obstáculo para dicha consideración la circunstancia de que el Juez a quo haya otorgado el amparo solicitado respecto del mencionado Decreto 308, por diversa razón a la analizada por el Tribunal Pleno en la jurisprudencia citada, debido a que, aun en el supuesto de que resultara fundado el agravio hecho valer en contra de las consideraciones sustentadas por el juzgador, ello conllevaría a examinar los conceptos de violación cuyo análisis se omitió, actualizándose así, en último caso, la suplencia de la deficiencia de la queja en términos de lo previsto por el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo.
Resultan aplicables al caso, la tesis 1a. XX/96, visible en la página 165 del Tomo IV-Agosto de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"- Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."
Así como la tesis 2a. LXIV/96, publicada en la página 261 del Tomo IV-Agosto de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS DE LA AUTORIDAD, CUANDO DEBA SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA POR HABERSE FUNDADO EL ACTO RECLAMADO EN LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR LA JURISPRUDENCIA.- En el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable en contra de la sentencia que otorgó la protección constitucional, son inoperantes los agravios relativos a tópicos respecto de los que en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta obligatorio suplir la queja deficiente porque el acto reclamado en el juicio de garantías se fundó en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, pues a pesar de que no sea el quejoso el que interpone el recurso, por lo que podría pensarse que es improcedente tal suplencia, debe entenderse que ésta es aquella que el juzgador de la primera instancia constitucional debió realizar en cuanto a los conceptos de violación y que se efectúa por el órgano revisor al avocarse al conocimiento de dicho medio de defensa. Por tanto, ante la inobjetable aplicación del mencionado beneficio para el quejoso, a nada práctico conduciría el examen de tales agravios, de lo que deriva su anunciada inoperancia."
En tal circunstancia, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en relación con los actos reclamados consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 6o. del Decreto 308, por el que se aprueba el proyecto de Integración Urbana San Agustín-Valle Oriente-Monterrey Sur, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cuatro; y, en vía de consecuencia, respecto de los actos de aplicación reclamados.
Así lo resolvió esta Primera Sala al conocer del amparo en revisión 2112/96, promovido por Alba Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable, por unanimidad de cinco votos, en sesión del día 26 de febrero de 1997, siendo ponente el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- En lo que es materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías, en términos del considerando segundo de la sentencia que se revisa.
TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Lila Isabel, Beatriz, Lorenzo, Ruperto y Héctor David, todos de apellidos Treviño Garza, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros presidente en funciones Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente). Ausente el presidente Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a la Sala.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4215-9d734c5e/agravios-inoperantes-innecesario-su-analisis-cuando-existe-jurisprudencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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