DAÑOS. LEGALIDAD DE LA QUERELLA PRESENTADA POR EL POSEEDOR DE LA COSA CON JUSTO TÍTULO.
AMPARO EN REVISIÓN 593/96. CECILIO LANDA CERVANTES.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son infundados los agravios que se hacen valer.
En efecto, es inconducente lo argumentado por el recurrente de que en el caso no se demuestra el requisito de procedibilidad necesario para querellarse por el delito de daños, al no demostrar el pasivo que fuese propietario del inmueble en donde se cometieron los daños, ya que efectivamente Carlos Blanco Castillo ha aceptado ser comunero de la Congregación de Rancho Viejo y anexo Palmarejo, Veracruz, de un predio ubicado en una finca denominada "Las Minas" que se localiza en la barranca denominada "El Coyolar", perteneciente al Municipio de Emiliano Zapata, en la misma entidad, y que por lo tanto es propietario de una fracción de terreno dentro de la cual tiene sembrados catorce árboles de mango y doscientas matas de café, lo que se comprueba con las documentales que obran a fojas veintitrés a treinta y cuatro del juicio de amparo, existiendo asimismo los testimonios de Cristino Domíguez Hernández y Pedro Hernández Blanco, emitidos ante la agente Tercero del Ministerio Público Investigador de Jalapa, Veracruz, que corroboran tal hecho, existiendo también la declaración rendida por el coacusado Salvador Morales Linares ante la misma autoridad, en donde aceptó el haber cometido los daños reclamados dentro del predio cuya posesión tiene el agraviado citado, y en compañía del aquí quejoso, y sobre todo que tal daño se causó a lo sembrado dentro del predio y no a éste, por lo que indudablemente son propiedad del pasivo, circunstancias de las cuales se desprende que en el caso sí se cumplió con el requisito al que alude el indiciado, máxime que como se dijo, Morales Linares lo implica como su acompañante en el momento en que se produjeron los daños dentro del inmueble ya indicado, tanto a las matas de café como al árbol de mango, motivos por los que se estima que probablemente el quejoso, en unión del referido coacusado, realizaron los daños a los objetos a los que se ha hecho referencia, y ante ello es por lo que se consideran infundados los agravios expuestos y procede confirmar la resolución impugnada y negar el amparo y protección de la Justicia Federal.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número VII.P.23 P emitida por este Tribunal Colegiado, con rubro: "", visible en la página quinientos cuarenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, que textualmente dice: "El bien jurídico tutelado por el delito de daños no sólo es el derecho de propiedad sobre las cosas, sino también el patrimonio de las personas basado en la posesión en concepto de dueño o de poseedor del inmueble a través de un título traslativo de un derecho personal sobre la cosa, como el que se deriva del contrato de compraventa con reserva de dominio o de arrendamiento, de las figuras jurídicas del usufructo vitalicio, del albaceazgo o de la depositaría, entre otros, pues resulta evidente que el comprador en esos términos, el arrendatario, el usufructuario, el albacea o el depositario, aunque no son dueños de la cosa sí resienten perjuicios o daños de carácter económico que repercuten en su esfera jurídicamente tutelada cuando se afecta la cosa que poseen, pues obvio es, que sin ella serían nugatorios los derechos que derivan de esas situaciones jurídicas, razón por la que debe concluirse que para el perfeccionamiento de la querella, tratándose del mencionado ilícito, no es estrictamente necesario acreditar el derecho de propiedad de la cosa conforme a las disposiciones del código civil, pues para ello basta demostrar que sobre los bienes dañados se tenía un legítimo derecho y son ajenos al patrimonio del activo, o bien que, aunque perteneciendo a éste, su destrucción o deterioro cause perjuicio a tercero.".
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 90 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO. En materia de la revisión, se confirma la resolución en su parte recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cecilio Landa Cervantes, en contra de la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez Primero de Primera Instancia de Jalapa, Veracruz, en la causa penal número 569/95, por el delito de daños.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Vicente Salazar Vera, Gilberto González Bozziere y José Pérez Troncoso, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, firmando como presidente el primero de los nombrados y el último como ponente, ante el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4227-2f6dddff/danos-legalidad-de-la-querella-presentada-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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