DETENCIÓN SIN ORDEN DE APREHENSIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL SI NO REÚNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ÉSTE Y SU CORRELATIVO 124 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE VERACRUZ.
AMPARO EN REVISIÓN 781/96. ARTURO CORTÉS JIMÉNEZ Y MIGUEL ÁNGEL CERVANTES GUERRERO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Leídos los agravios hechos valer y suplida la queja en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, este órgano colegiado considera que es el caso de otorgar la protección de la Justicia Federal.
En efecto, de los autos enviados para la sustanciación de este asunto se advierte, entre otras cosas, que: a) El trece de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, la acusadora pública acordó lo siguiente: "Que toda vez que de las presentes actuaciones se desprende que pudiéramos estar en la presencia de las conductas delictivas de robo y la falsificación de documentos, siendo el primero de los mencionados delitos considerado como grave dentro de nuestra legislación penal, gírese orden de presentación al director de la Policía Judicial del Estado, a fin de que presente a declarar ante esta autoridad a los individuos Gabriel o José Gabriel Rodríguez Velázquez, Miguel Ángel Cervantes Guerrero y Arturo Cortés Jiménez, los cuales laboran aún en la referida empresa agraviada, y así declaren en las presentes diligencias, solicitándose que se sigan investigando los hechos aquí denunciados." (foja setenta del juicio de amparo); b) Lograda que fue por el coordinador general operativo de la Policía Judicial del Estado la comparecencia de los quejosos Cervantes Guerrero y Cortés Jiménez, éstos fueron examinados ese mismo trece de noviembre ante la representación social, declarando asistidos de defensor y previa certificación de su integridad corporal (fojas setenta vuelta, setenta y uno a setenta y seis y setenta y ocho); c) En la citada fecha, la fiscal expuso lo siguiente: "... con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde faculta a esta autoridad a que en los casos urgentes en tratándose de delitos graves se puede decretar la detención de los inculpados por el temor de que se puedan sustraer de la acción de la justicia, tomando en consideración que por la hora no se pueda concurrir ante una autoridad judicial como es el caso que nos ocupa, ya que a juicio de la suscrita la conducta típica que actualizaron dichos individuos es la de robo, ya que existe el apoderamiento de diversas cantidades de dinero sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo y no otro delito, ya que de considerarse otra figura delictiva distinta, el legislador no hubiese tomado en cuenta el robo calificado en tratándose del que se comete por parte del dependiente o doméstico contra su patrón." (foja setenta y nueve), invocando a continuación la acusadora pública el criterio de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que consideró robustecía su postura, para finalmente concluir en el sentido de que "Ante lo anterior y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 13, fracción IX, del código adjetivo penal en vigor, por tratarse de un delito grave y tipificado por nuestra legislación penal, la suscrita decreta la detención de Miguel Ángel Cervantes Guerrero y Arturo Cortés Jiménez ..." (foja setenta y nueve vuelta); d) Mediante determinación de catorce de noviembre mil novecientos noventa y cinco, la fiscal ejercitó acción penal en contra de los inconformes ante el Juez Primero de Primera Instancia de Jalapa, Veracruz, quien en la fecha que se acaba de indicar decretó la detención de los revisionistas (fojas ochenta a ochenta y dos vuelta y ochenta y siete y siguiente), y e) Después de escucharlos declarar en preparatoria y al vencimiento del término constitucional se les sujetó a la traba de la formal prisión, como probables responsables, en lo que interesa, del ilícito de administración fraudulenta en agravio de Evaporadora Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, proveído del que conoció en apelación la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el toca número 117-A/96, quien resolvió, en lo conducente, dejar firme el auto cabeza de proceso acabado de citar, resolución que se impugnó a través del juicio de garantías al que este toca se contrae (fojas ciento cinco a ciento siete vuelta y ciento cincuenta y nueve a ciento sesenta y ocho).
Ahora bien, el artículo 16 constitucional establece, en lo que interesa, que sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
Por su parte, el artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para la entidad, en su último párrafo establece que queda prohibido detener a cualquier persona sin orden de aprehensión librada por autoridad judicial competente, excepto cuando se trate de delito flagrante o de casos urgentes en que no haya en el lugar alguna autoridad judicial y siempre que se trate de delitos que se persiguen de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna. Asimismo, el aludido numeral 124 del código adjetivo en cita, in fine, dispone que sólo el Ministerio Público puede, con sujeción a dicho precepto, determinar qué personas quedarán en calidad de detenidas, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Juez o tribunal de la causa, que la violación de esta disposición hará penalmente responsable al Ministerio Público o funcionario de policía que decrete la detención y que la persona detenida en contravención a lo previsto en este último artículo será puesta inmediatamente en libertad.
Pues bien, planteadas así las cosas, este tribunal considera que en el caso justiciable la detención de los inconformes llevada a cabo sin orden de aprehensión de autoridad judicial transgrede lo dispuesto por el aludido artículo 16 constitucional, toda vez que no se está en los casos de excepción a que se refiere dicho precepto y que se reiteran en la ley penal ordinaria, en primer término, porque no se trata de delito flagrante y, en segundo, porque el análisis del mandamiento al que se alude en el inciso c) anterior, permite advertir que su autora fue dogmática al sostener que, por razón de la hora, no podía ocurrir ante una autoridad judicial, sin siquiera precisar la hora de que hablaba, apareciendo también, en primer término, que aun cuando invocó la fracción IX del artículo 13 del código punitivo de la entidad, la repetida acusadora pública fue omisa en puntualizar cuál de los delitos que en dicha fracción se mencionan, estimaba acreditado en el caso y, en segundo lugar, que ningún razonamiento adujo dicha fiscal tendente a justificar por qué existía el riesgo fundado de que los amparistas pudieran sustraerse a la acción de la justicia, ya que se limitó a mencionar que José Gabriel Rodríguez Velázquez había logrado evadir dicha acción, pero no proporcionó los específicos motivos y causas que, en el presente asunto, la llevaban a considerar que los inconformes lo harían.
Por otra parte, debe decirse que el Juez responsable, al recibir la determinación a través de la cual se ejercitó ante su potestad la acción penal respectiva, soslayó lo previsto por el artículo 16 constitucional, ya que decretó la detención de los revisionistas, inadvirtiendo que para poder proceder en la forma en que lo hizo, debió analizar si se cumplían los requisitos a que se hizo mención con anterioridad, circunstancias que también soslayó el tribunal de alzada responsable, en contravención a lo que estatuye el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales para el Estado.
Así las cosas, es de convenir que al no considerar lo anterior, la Sala conculcó las garantías previstas en el citado artículo 16 constitucional en perjuicio de los recurrentes, lo que obliga a otorgarles la protección constitucional para el efecto de que proceda en términos de la presente ejecutoria; en la inteligencia de que el auto de formal prisión deberá dejarlo insubsistente por ser fruto de actos viciados de inconstitucionalidad.
En esas condiciones, debe convenirse en que, por las razones expuestas, la sentencia en revisión deviene contraria a derecho, lo que obliga a revocarla y a conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, según se dijo ya.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 90 de la ley de la materia, se resuelve:
PRIMERO.—Se revoca la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a Arturo Cortés Jiménez y Miguel Ángel Cervantes Guerrero contra los actos y las autoridades que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Vicente Salazar Vera, José Pérez Troncoso y Gilberto González Bozziere, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Fue ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4264-92111c7b/detencion-sin-orden-de-aprehension-de-autoridad-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DE LA. SU VIOLACIÓN OBLIGA A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. (AMPARO EN REVISIÓN)
- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA CUANDO EL RECURSO DE REVISIÓN HA SIDO RESUELTO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN CUANTO A LOS ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDAD PLAN (AMPARO EN REVISIÓN)
- OFENDIDO POR EL DELITO. LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE FACULTAN AL JUZGADOR PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS ENCAMINADAS A RESTITUIR A AQUÉL EN EL GOCE DE SUS DERECHOS, NO T (AMPARO EN REVISIÓN)
- MÁQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACIÓN FISCAL. CONFORME A DIVERSAS TESIS DE JURISPRUDENCIA GENÉRICAS PLENARIAS, EL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO POR DEC (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- PRUEBAS EN EL AMPARO. (s/clave)
- APLICACION DE LA LEY. (s/clave)
- CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis