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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/96. · Registro digital (IUS): 4251
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, , Pág. 227.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver con fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco el recurso de queja 18/95 promovido por Raúl Hoyos Alponte, consideró lo siguiente:

"CUARTO. Son infundados los agravios expresados por el recurrente, porque si bien es cierto que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con apoyo en el artículo 136 de la Ley de Amparo, le concedió la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra, entre otras condiciones mediante una garantía de un mil nuevos pesos en cualquiera de las formas establecidas por la ley como medida de aseguramiento, para que llegado el caso pudiera ser devuelto a la autoridad responsable; que comparezca ante el Juez natural para la continuación del procedimiento en un término de tres días para que se le tome su declaración preparatoria, debiendo allegar constancia de dicha presentación; también es verdad que no por ello contraviene los artículos 124, fracción III y 138 de la citada ley reglamentaria, como lo sostiene el inconforme. En efecto, cuando se trata de una orden de aprehensión dictada por una autoridad judicial, queda a juicio del Juez constitucional, bajo su responsabilidad, tomar las medidas necesarias para que en su caso esté en posibilidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable, por lo que se estima correcto que se haya fijado al promovente del amparo, como garantía, la suma de un mil nuevos pesos, en atención a que el recurrente pertenece a la Policía Federal de Caminos, lo que en caso dado podría facilitar su evasión y dificultarse su devolución a la autoridad responsable. Por otra parte, es infundado lo que se alega, en el sentido de que no se le debió imponer al recurrente la obligación de presentarse a declarar ante el Juez de la causa; porque aun cuando se llegue a resolver su situación jurídica, no traería como consecuencia la cesación de los efectos del acto reclamado por cambio de situación jurídica, como lo dice, pues la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo fue adicionada con un segundo párrafo, en que se dispone que sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas la violaciones de los artículos 16, 19 o 20 constitucionales, para los efectos de la improcedencia prevista en ese precepto. A lo anterior es aplicable el criterio sustentado por este mismo Tribunal Colegiado, en la tesis que aparece publicada en las páginas 238 y 239 de la Octava Época, Tomo XV-1, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:-'ORDEN DE APREHENSIÓN, NO CESAN SUS EFECTOS POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO, ADICIONADO A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, POR DECRETO DE 10 DE ENERO DE 1994 . La intención del legislador al adicionar con un segundo párrafo la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, incuestionablemente fue con la finalidad de evitar el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto, por cambio de situación jurídica del peticionario de garantías, y si el Juez Federal pretende evadir la aplicación de la reforma de que se trata, invocando la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del citado artículo 73, es decir, por cesación de los efectos de la orden de aprehensión que se reclama, en virtud de haberse dictado auto de formal prisión, origina que en caso de ser procedente la concesión del amparo, se consideren irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en perjuicio del gobernado, haciéndose nugatoria la finalidad o propósito de dicha adición, ya que el párrafo señalado, dispone claramente que ello sólo procederá, cuando se hubiese dictado la sentencia de primer grado, y si en el caso, esto último aún no acontece, en términos del segundo párrafo de la fracción X del artículo aludido, el Juez Federal está obligado a examinar la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, porque subsisten sus efectos originales.'. En estas condiciones, se explica por qué no resulta aplicable al caso el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que invoca el recurrente a su favor y, dado que son infundados los agravios que hace valer, sin que se advierta deficiencia en los mismos que amerite ser suplida, lo que procede es declarar infundada la queja y confirmar el auto recurrido."

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco el recurso de queja 26/95 promovido por Carlos de la Rosa Palmero, consideró lo siguiente:

"CUARTO. Este tribunal estima procedente y fundada la queja, aunque para tal pronunciamiento sea necesario suplir la deficiencia de los agravios hechos valer por el inconforme, ello con fundamento en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. En este asunto, el Juez de Distrito, en auto de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, concedió la suspensión provisional de los actos reclamados señalando primeramente que tal medida se otorgaba para el efecto de que el quejoso no fuera detenido y quedara a disposición del resolutor federal por cuanto a su libertad personal, hasta en tanto no se notifique la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, señalando que para que tal medida surta su eficacia, deberá el quejoso otorgar una garantía ante el propio órgano de control constitucional por la suma de mil nuevos pesos. Por otro lado, condicionó el otorgamiento de la medida, a la circunstancia de que el delito por el cual se libró la orden, no sea de los que expresamente se establecen como graves por la ley; pues en caso contrario, el efecto del beneficio concedido será para que una vez lograda su captura, se le interne en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, Campeche, quedando en ese caso a disposición del Juzgador Federal respecto a su libertad personal y a disposición de la responsable para la práctica y continuación del procedimiento. Adicionalmente, el Juez de Distrito impuso al quejoso la obligación de presentarse ante el Juez responsable en un término de tres días para que se le tome su declaración preparatoria, debiendo allegar constancia de dicha presentación dentro de las veinticuatro horas siguientes. Conviene transcribir los párrafos cuarto y quinto del artículo 136 de la Ley de Amparo en vigor, que rigen la medida suspensional cuando el acto reclamado, como en este caso, se trate de órdenes de aprehensión, esto es, la privación de la libertad emitida por una autoridad judicial. '... Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo. Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a un delito que conforme a la ley no permitan la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación ...'. Este Tribunal Colegiado estima correcto que, en los términos de los párrafos antes transcritos del numeral 136 de la ley de la materia, se le conceda la suspensión provisional al promovente para el efecto de que no sea detenido, siempre y cuando no se trate de delito considerado como grave por el que se haya emitido la orden de aprehensión, así como que es jurídica la determinación del Juez de Distrito respecto a la medida consistente en que el quejoso otorgara la garantía antes citada para su aseguramiento, a efecto de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de no concedérsele la protección constitucional. No obstante lo anterior, la determinación consistente en ordenar al promovente acudir ante el Juez de la causa, para que surta efectos la medida de que se trata, no se ajusta a lo establecido en el numeral en comentario, en atención a las consideraciones siguientes:-En efecto, en él no se especifica cuáles son las medidas de aseguramiento que habrá de tomar el órgano de control constitucional en tratándose de órdenes de aprehensión que se emitan por delitos que no sean graves, en consecuencia, el resolutor de amparo tiene facultades discrecionales al respecto, empero, ello no significa que tal atribución sea omnímoda, sino que su límite se desprende de la propia redacción del párrafo cuarto del artículo 136 de la invocada ley reglamentaria, y consiste en que el quejoso pueda ser devuelto al Juez responsable, de negársele el amparo. Asentado lo anterior, es evidente que el órgano de control constitucional no debe tomar medidas tan inicuas que permitan que el reo pueda sustraerse con facilidad de la acción de las autoridades que habrán de devolverlo ante la responsable, en caso de negársele el amparo, sino que éstas deben ser a tal grado suficientes y eficaces para poder cumplir con el objetivo de la devolución a que se ha hecho referencia; sin embargo, en el otro extremo, tampoco dichas medidas deben llegar al grado de rigidez tal, que obligue a acudir ante aquél, pues ello haría nugatoria la medida suspensional y su teleología, y significa un exceso a los límites que dispone el propio numeral en comentario, pues éste sólo prevé que la providencia se tome para que sea devuelto a la responsable, hasta que después de seguido el juicio de garantías en toda su secuela, se le negare la protección constitucional. Por todo ello, ordenar su presentación ante el Juez de la causa, antes de que se dicte la sentencia constitucional que niegue el amparo, nulifica y deja sin efecto la acción de devolver al quejoso ante el Juez responsable que prevé el numeral en comentario, en caso de no favorecerle la sentencia constitucional, contrariamente a ello lo envía de una vez ante él, lo que es contrario al texto de la ley e implica que como primera medida del incidente de suspensión y obviamente sin saberse el sentido que tendrá la sentencia constitucional, se le imponga la carga de acudir ante el órgano del poder público que probablemente ha ordenado que se le prive de la libertad y que precisamente está combatiendo en el juicio de garantías por estimarlo violatorio de sus derechos públicos subjetivos. Más aún, dicha presentación motivará que probablemente en días posteriores, un nuevo acto jurisdiccional regirá su situación personal en cuanto a su libertad y, si bien es verdad que ello no ocasionará que se deje de estudiar el fondo del amparo promovido en contra de la orden de aprehensión solicitada, de acuerdo con las últimas reformas de la fracción X del numeral 73 de la Ley de Amparo, no es menos cierto que en ese supuesto el quejoso se verá agravado indiscutiblemente en su situación personal, pues estará afectado en su esfera jurídica por dos actos diversos, lo que es contrario a la naturaleza protectora del juicio de garantías y, desde luego, no es el fin que persigue la institución de la suspensión de los actos reclamados que rige el juicio de amparo, el cual, como causa última, atiende a que las cosas queden en el estado en que se encuentren, mientras se resuelve el fondo de la controversia constitucional y en mérito a que en el caso sujeto a estudio no se tienen elementos suficientes para presumir que la orden de que se trata fue emitida por un ilícito considerado como grave por la ley, que hubiere justificado que quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale en cuanto a su libertad personal del Juez responsable para los efectos del procedimiento penal, en los términos del párrafo quinto del numeral en comentario de la ley de la materia, el hecho de que el reo no acuda a su Juez mientras se tramita el juicio constitucional, no tiene porqué constituir esa medida un peligro a la sociedad, máxime si como en este caso, la providencia se ha condicionado en el hecho de que el mandamiento judicial reclamado no se hubiere emitido por delito considerado como grave por la ley, porque en caso contrario el efecto será su internamiento para los efectos del procedimiento penal, como en efecto resolvió el a quo. En las relatadas condiciones, en suplencia de los agravios en los términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, este tribunal estima que es procedente el recurso de queja interpuesto por Carlos de la Rosa Palmero, en contra del auto de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, emitido por el Juez Primero de Distrito del Estado de Campeche, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 772/95 y, en consecuencia, se impone modificar el acuerdo recurrido para el único efecto de que se elimine del mismo el requisito de efectividad que se impuso al quejoso al concederse la medida, consistente en presentarse ante el Juez responsable para que se le reciba su declaración preparatoria, debiendo quedar subsistente en todo lo demás la medida suspensional concedida al quejoso."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro el recurso de queja 8/94 promovido por Eustaquio Leyva Mejía, consideró lo siguiente:

"CUARTO. Son infundados los anteriores agravios. En primer término, debe desestimarse el argumento que se hace valer en el sentido de que el artículo 136 de la Ley de Amparo no faculta al Juez de Distrito a obligar al quejoso recurrente a presentarse ante la autoridad judicial responsable que haya dictado en su contra la orden de aprehensión reclamada a rendir su declaración preparatoria en el término que indebidamente se le fijó, ni para que se le condicione la suspensión al cumplimiento de tal requisito, por las siguientes consideraciones. El artículo 136 de la Ley de Amparo, reformado por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en vigor a partir del primero de febrero del mismo año, en su cuarto párrafo establece: 'Si se concediere la suspensión, en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo'. De la anterior transcripción se advierte que los Jueces de Distrito gozan de una facultad discrecional para dictar las medidas que estimen necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concederse el amparo, entre las cuales destaca, de manera preponderante, la de obligar al quejoso a comparecer ante la autoridad judicial que dictó la orden de aprehensión reclamada para que rinda su declaración preparatoria dentro de determinado plazo, como el de cuarenta y ocho horas precisado en el auto recurrido, en virtud de que, como se ha dicho, la ley deja al amplio criterio del Juez de Distrito para dictar las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, para los efectos precisados y, además, para que la suspensión no impida la continuación del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que complementa el 136 de la misma ley. En apoyo a lo anterior, debe tomarse en cuenta la primera tesis relacionada a la jurisprudencia 1114, publicada en las páginas 1789 y 1790 de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: 'LIBERTAD PERSONAL, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE LOS JUECES DE DISTRITO PUEDEN TOMAR CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN, TRATÁNDOSE DE LA. Conforme a los artículos 136 y 138 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse cuando se afecte la libertad personal, sólo para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando por lo demás, a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, puesto que la suspensión no impide la continuación del procedimiento; disponiendo el artículo 136, que el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad señalada como responsable de donde se desprende que los Jueces de Distrito deben gozar de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso dé su domicilio, a fin de que se puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la de que se presente en el juzgado, los días que se determinen, de cada semana, y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo, ante la autoridad judicial donde se ventila el asunto, a fin de que el procedimiento no se entorpezca; y tales medidas no puedan conceptuarse como agravios que cause el fallo del Juez de Distrito.'; pues aun cuando se interpretan los artículos 136 y 138 de la Ley de Amparo antes de la mas reciente reforma al primero de ellos, la tesis resulta aplicable, porque el precepto en comento no fue modificado en su texto relativo a las medidas que los Jueces de Distrito pueden dictar al conceder la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión. De lo antes expuesto, se deduce que contrariamente a lo sostenido por el recurrente, el auto recurrido en su parte impugnada no es violatorio del artículo 136 de la Ley de Amparo, porque la obligación de presentarse ante el Juez Penal del procedimiento, de donde deriva la orden de aprehensión reclamada, a rendir su declaración preparatoria como medida de aseguramiento, para que pueda surtir efectos la suspensión concedida, tiene su fundamento en el referido artículo, así como en el 138 de la citada ley. Por otra parte, es inexacto que con el proceder del a quo se desvirtúe la naturaleza de la suspensión y del juicio de amparo, toda vez que como ya se vio, la referida medida es una condicionante prevista legalmente para que surta efectos la suspensión, que tiene como finalidad asegurar la devolución del quejoso a la autoridad responsable y que no se impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, mayormente si se trata de la persecución de un delito, en las que la suspensión del proceso ocasionaría una contravención al interés social al que se refiere la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, la referida condicionante que se impuso al quejoso en el auto recurrido, para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida, no tiene los alcances que se pretenden en los agravios, esto es, de que sobrevenga la causal de improcedencia por virtud del cambio de situación jurídica que se provocaría con la continuación del procedimiento penal, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado en el decreto arriba señalado, que textualmente dice: 'Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.'. Tampoco le asiste la razón al inconforme, al sostener que el a quo lo trata como culpable del delito por el que se le libró la orden de aprehensión reclamada, por someterlo al procedimiento judicial sin antes decidir sobre la constitucionalidad de la misma; toda vez que la determinación de culpabilidad de una persona involucrada en proceso es propia de la autoridad judicial competente en materia penal, hasta que se dicte la correspondiente sentencia definitiva que culmine con dicho proceso, por lo que resulta inadmisible que el Juez de Distrito en el auto que concedió la suspensión provisional contra la orden de aprehensión reclamada le haya tratado al inconforme como culpable del delito por el que se le haya librado dicha orden, por el hecho de haberle condicionado los efectos de la suspensión con la medida de aseguramiento de que se trata, la que desde luego no prejuzga ni tan sólo sobre la presunta responsabilidad del quejoso en la comisión del delito o delitos a que se refiere la orden de captura, pues la indicada medida de aseguramiento tiene como única finalidad la que se apunta líneas arriba. Por último, son inaplicables las tesis que invoca en su escrito de queja, pues las que se refieren a Tribunales Colegiados, tratan del tema relativo al otorgamiento de la suspensión definitiva, independientemente del incumplimiento a las medidas de aseguramiento en la suspensión provisional, lo cual no es la materia del presente recurso de queja, y la jurisprudencia que se cita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alude a una situación jurídica que únicamente puede ser tratada en las sentencias de fondo que se dicten en el juicio constitucional, por referirse a la actuación de las autoridades responsables. En atención a las consideraciones que anteceden, lo procedente será declarar infundado el recurso de queja intentado."

Dicha resolución dio origen a la tesis publicada en la página quinientos cuarenta y cinco del Tomo XIII correspondiente a mayo de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"SUSPENSIÓN. LIBERTAD PERSONAL. ES CORRECTA LA CONDICIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE IMPONE AL QUEJOSO PRESENTARSE A RENDIR DECLARACIÓN PREPARATORIA, A FIN DE QUE SURTA EFECTOS LA (APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 73 Y 136 LEY DE AMPARO, REFORMADOS). Conforme a lo dispuesto por el artículo 136, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, es incuestionable que el Juez de Distrito goza de amplio criterio para decretar las providencias que estime necesarias a fin de asegurar que el quejoso sea reintegrado a la autoridad respectiva cuando le sea negado el amparo que solicite, y además para que la suspensión no impida la continuación del procedimiento, en términos de lo previsto por el artículo 138 de la Ley de Amparo. Así, la obligación del presentarse ante el Juez Penal que giró la orden de aprehensión reclamada a rendir declaración preparatoria, como medida de aseguramiento a fin de que surta efectos la suspensión concedida, no puede estimarse que contravenga los referidos numerales ni el diverso 124 de la misma ley; por considerarse que con la continuación del procedimiento penal podría provocarse un cambio de situación jurídica que trajera como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo, porque partiendo de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado en el decreto antes precisado, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia del juicio de garantías, cuando se reclamen por vía de amparo indirecto actos que atenten contra la libertad personal."

QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el veintiuno de abril, el seis de mayo, el cuatro de agosto y el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres y el cuatro de enero de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente, los recursos de queja 28/93, 31/93, 47/93, 77/93 y 1/94, sostiene la tesis que aparece publicada en las páginas quinientos cuarenta y cinco y quinientos cuarenta y seis del Tomo XIII correspondiente a mayo de mil novecientos noventa y cuatro de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"SUSPENSIÓN. NO DEBE CONDICIONARSE AL QUEJOSO A PRESENTARSE ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA A RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA COMO MEDIDA DE EFECTIVIDAD PARA QUE SURTA EFECTOS LA . La determinación del Juez de Distrito que condiciona la eficacia de la suspensión otorgada en contra de una orden de aprehensión, para que el agraviado comparezca ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria resulta inadecuada, en virtud de que tal condición contraviene lo dispuesto por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, pues el primero impone al Juez la obligaciónde tomar las medidas pertinentes hasta la terminación del juicio, y el segundo, si bien establece la regla general de que la suspensión no debe impedir la continuación del procedimiento del cual emana el acto reclamado, también exceptúa los casos en que ello deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso; por tanto, al condicionarse de esa forma la suspensión, lejos de impedir la consumación irreparable, provoca que se agote forzosamente la materia del amparo y se ocasionen al quejoso daños y perjuicios de imposible reparación, ya que el presentarse ante el Juez de la causa, éste lo sujetará al término constitucional y en su oportunidad dictará el auto que corresponda, que bien puede ser el de libertad, en cuyo caso cesarían los efectos del acto reclamado, lo que traería en consecuencia el sobreseimiento del juicio; asimismo, el Juez de la causa puede dictar el auto de sujeción a proceso, o el de formal prisión, supuestos en los que se presentaría un cambio de situación jurídica y la consumación irreparable de las violaciones que pudiera contener la orden de aprehensión; por tales motivos no puede estimarse la exigencia en comento como una medida de aseguramiento de las que autoriza el artículo 136 de la ley de la materia, permitir lo contrario, equivale a autorizar que nunca se pronuncie una resolución constitucional al respecto, vulnerándose los principios esenciales de la suspensión en el juicio de amparo cuyo principal objetivo es conservar la materia del mismo y no acabar con ella."

Se hace innecesaria la transcripción de las consideraciones respectivas de todos los asuntos que dieron origen a la tesis de mérito, en virtud de que son las mismas, por lo que en obvio de inútiles reiteraciones, por ser suficiente para la información y resolución del presente asunto, sólo se transcribe la consideración relativa a la última resolución del Tribunal Colegiado de Circuito de que se trata, que corresponde al recurso de queja 1/94, la que en su parte conducente dice:

"QUINTO. Es parcialmente fundado el recurso de queja interpuesto. Asiste la razón al recurrente por lo que toca a lo que aduce en el primer agravio, pues el Juez de Distrito en forma inadecuada condicionó la eficacia de la suspensión otorgada en contra de la orden de aprehensión que se reclama, a que el agraviado compareciera ante el Juez de la causa a rendir declaración preparatoria en un plazo de cuarenta y ocho horas. Lo anterior se sigue de que al concederse la suspensión contra órdenes de aprehensión por delitos cuya pena no excede del término medio aritmético de cinco años, caso a que se refiere el artículo 136, párrafo segundo, primera parte, de la Ley de Amparo, es indebido que el Juez de Distrito condicione la eficacia de la medida cautelar a la presentación del quejoso ante el Juez de la causa, para que rinda declaración preparatoria; en virtud de que tal condición contraviene abiertamente lo dispuesto por los artículos 124 y 138 de la ley de la materia, pues el primero impone al Juez de garantías la obligación de tomar las medidas pertinentes hasta la terminación del juicio, y el segundo, si bien establece la regla general de que la suspensión no debe impedir la continuación del procedimiento del cual emana el acto reclamado, también exceptúa los casos en que ello deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso; de ahí que tal condición, lejos de cumplir con la obligación referida e impedir dicha consumación irreparable, provoca que se agote forzosamente la materia del amparo y se ocasionen al quejoso daños y perjuicios de imposible reparación, ya que si se presenta ante el Juez de la causa, éste no podrá hacer otra cosa que sujetarlo a término constitucional y, en su oportunidad, dictar el auto que corresponda, que bien podría ser el de libertad en cuyo caso cesarían los efectos del acto reclamado (artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo) o bien, si es el de sujeción a proceso o el de formal prisión, se presentaría en forma inevitable un cambio en la situación jurídica del quejoso y la consumación irreparable de las violaciones que pudiera contener la orden de aprehensión (artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo); razones por las cuales no puede estimarse la exigencia citada como una medida de aseguramiento de las que autoriza el artículo 136 de la Ley de Amparo, ya que las mismas tienen la finalidad de que el peticionario de amparo pueda ser devuelto ante la autoridad responsable, mas no la de permitir que, con la continuación del procedimiento, devenga improcedente el juicio constitucional; imponer una condición como la mencionada, equivale a autorizar que nunca se pronuncie una resolución constitucional al respecto, por lo cual se vulneran los principios esenciales de la suspensión en el juicio de amparo, cuyo principal objetivo es conservar la materia del amparo y no acabar con ella. Cabe hacer notar que al dictarse la orden de aprehensión,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4251-a4d1d4c5/suspension-provisional-medidas-de-aseguramiento-que-puede-imponer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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