LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM EN EL JUICIO LABORAL (PRUEBA DE LA CALIDAD DE PROPIETARIO DE LA EMPRESA DEMANDADA). EL FORMULARIO O SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SÓLO CONSTITUYE UN INDICIO QUE PUEDE FORMAR CONVICCIÓN AL ADMINICULARSE CON LOS DEMÁS ELEMENTOS O DATOS DE AUTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Las sentencias dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito son las que se transcriben a continuación en lo conducente:
Amparo directo 158/94
Quejoso: Omar Herreras B.
(fojas 84 a 103).
"CUARTO.-Se analiza en primer término la violación al procedimiento que hace valer el quejoso, y que hace consistir en que la Junta responsable debió tener al centro de trabajo demandado por contestando la demanda en sentido afirmativo por no haberse acreditado fehacientemente la identidad del propietario, además de que no acordó si desechaba la solicitud planteada.
"Es infundada su alegación.
"En efecto, de las constancias de autos se desprende que el apoderado jurídico del centro de trabajo demandado ubicado en Guerrero Norte 3175, colonia del Norte de esta ciudad, exhibió la solicitud de inscripción de personas físicas y morales con fines no lucrativos, presentada el dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y nueve por Gerardo Gilberto Rodríguez Tovar ante la Oficina Federal de Hacienda de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, de la que se desprende que en la fecha citada el referido Martínez Tovar dio de alta el negocio ubicado en Guerrero Norte de esta ciudad, con actividad preponderante de ‘C/V y REP’N de Gatos Hidráulicos ...’, documento el anterior que, contrario a lo alegado por el quejoso, es suficiente para acreditar que Gerardo Gilberto Rodríguez Tovar es propietario del centro de trabajo demandado, una vez concatenado con el reconocimiento de los propios actores en su demanda laboral en cuanto imputan el despido precisamente a éste, desprendiéndose de dicho documento que el negocio inició sus actividades el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y nueve (no es el veintiocho de febrero de mil novecientos sesenta, como lo aduce el quejoso, pues esa es la fecha de nacimiento del contribuyente), sin que fuese necesario que acompañara los refrendos de cada año, es que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y, en estas condiciones, siendo la documental en mención apta para acreditar que quien otorgó el poder a nombre del centro laboral demandado es su propietario, las consideraciones que en ese sentido hizo la Junta responsable se encuentran ajustadas a derecho.
"Por lo que ve al fondo, son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso ..."
Amparo directo 176/94.
Quejoso: Carlos Ortiz Arévalo y otros.
(fojas 104 a 120).
"CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación que se expresan.
"Contrariamente a lo alegado por los quejosos, la tercero perjudicado Ana María del Carmen Sepúlveda sí acreditó en el presente caso ser propietaria de ‘Servicios Ana’, ubicado en Privada Fresno 1210, de la colonia Industrial de esta ciudad, pues tal extremo lo demostró con la documental que obra a foja treinta y dos, consistente en la solicitud de inscripción de dicho negocio que se hizo ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibido en dicha dependencia el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres, en la cual se estipula que el negocio situado en dicho domicilio se dedica a la reparación e instalación de puertas y ventanas de aluminio. Dicho documento, adminiculado con las actuaciones de la Junta responsable, consistentes en la diligencia de emplazamiento que se le hizo a la negociación ‘Servicio Ana’, en Privada Fresno número 1210 de la colonia Industrial de esta ciudad, y la comparecencia en el juicio laboral de Ana María del Carmen Sepúlveda, lo que robustece lo afirmado en el presente considerando, en el sentido de que esta última es la propietaria del negocio en cuestión."
Amparo directo 286/94.
Quejoso: Jaime Cisneros Caldera.
(fojas 3 a 5).
"CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación que anteceden, por lo siguiente.
"Contrariamente a lo aducido por el quejoso, la Junta responsable actuó legalmente al desestimar la falta de personalidad que opuso en el juicio laboral, en virtud de ser eficaz el documento exhibido por Leonardo González Alanís con ánimo de acreditar su calidad de propietario del centro de trabajo demandado ubicado en Escobedo número ciento veintiséis sur (sic) en Apodaca, Nuevo León, dedicado a la elaboración de muebles metálicos, si se atiende a que el citado documento consiste en la solicitud de inscripción como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la citada persona física, pone en relieve que el once de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, se dio de alta como contribuyente Leonardo Ramiro González Alanís, con domicilio fiscal en Escobedo sur número ciento veintiséis entre Matamoros e Hidalgo en Apodaca, Nuevo León, con fecha de inicio de actividades la misma de la solicitud, precisándose como actividad preponderante la de maquila de hierro, con la anotación de que anteriormente dicho negocio funcionaba a nombre de María de los Santos Cano Rodríguez, sellado y fechado ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, el diecisiete de octubre del referido año, presentado en original ante la Junta responsable, obrando únicamente copia fotostática cotejada del mismo, documento el anterior que sí es apto para el propósito perseguido por su oferente, de justificar que tiene la calidad de propietario del centro de trabajo demandado en tanto que no se cuestionó la realidad de los datos asentados en el mismo o porque fuera una persona distinta el propietario del centro de trabajo, habida cuenta de que en el texto del documento multicitado no se advierte alguna anotación en el sentido de que deba ser necesaria la aceptación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la solicitud de inscripción para su validez, sino que únicamente revela que la persona física compareciente se dio de alta ante las autoridades fiscales como contribuyente patrón, la ubicación del centro de trabajo y la actividad del mismo, extremos que no cuestiona el peticionario de garantías y, en esa tesitura, debe concluirse que la determinación de la responsable no es violatoria de garantías individuales en su perjuicio.
"En esas condiciones, lo procedente es negar al quejoso el amparo solicitado."
Las anteriores ejecutorias dieron lugar a la siguiente tesis:
"PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. EL PATRÓN LA PUEDE ACREDITAR CON LA CONSTANCIA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.-Si al juicio laboral en el que el demandado es un centro de trabajo comparece para representarlo una persona que se ostenta su propietario y para acreditarlo exhibe el original de su inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como contribuyente, con los mismos domicilios y actividad comercial que a dicha parte reo le atribuyó el trabajador en la demanda laboral, ese documento es apto y suficiente para acreditar la personalidad del compareciente si no cuestionó la realidad de los datos asentados en el mismo."
TERCERO.-Las ejecutorias emitidas por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito son las siguientes, que se reproducen en lo que aquí interesa.
Amparo directo 717/94.
Quejoso: Estanislao Valdez González.
(fojas 125 a 134).
"CUARTO.-Resulta fundado lo alegado en el primer párrafo del capítulo de conceptos de violación, que hace valer el apoderado del quejoso, lo cual es suficiente para conceder el amparo solicitado, por lo que resulta innecesario el análisis de los demás motivos de inconformidad, atento las siguientes razones:
"Sustancialmente expresa el apoderado del trabajador que la responsable actuó indebidamente al reconocer al señor Álvaro Hernández Lozoria el carácter de propietario del centro de trabajo demandado, al aportar un documento de los utilizados para trámites hacendarios. Señala que la parte agraviada solicitó en la Junta que tuviera por contestando la demanda en sentido afirmativo (sic), pues el mencionado documento no acreditaba que el señor Álvaro Hernández Lozoria fuera el propietario del centro de trabajo en cuestión, ya que del documento referido sólo se desprende que dicha persona presentó formato declaratorio para el registro de persona física contribuyente, señalando domicilio fiscal en el cual podía oír y recibir todo tipo de notificaciones y diligencias de carácter fiscal, mas no que en el mismo existan centros de trabajo de su propiedad, además, que según sello impreso por la oficina hacendaria, los datos asentados por Álvaro Hernández Lozoria quedaron sujetos a verificación lo que, aún más, le otorga nula credibilidad a los datos asentados en dicho documento; consecuentemente, no se acreditó la propiedad del centro de trabajo demandado por parte de la persona aludida, razón por la que la negociación de mérito debió sufrir la sanción de tenérsele por contestando la demanda en sentido afirmativo.
"Lo anterior resulta fundado, pues, efectivamente, el licenciado Guillermo Hernández Aranda, quien compareció ante la Junta del conocimiento en representación del centro de trabajo demandado, ostentándose apoderado jurídico del mismo, no justifica la personalidad de referencia. Así es, de autos se advierte que el veintiocho de enero del presente año, fecha señalada para el desahogo de la audiencia trifásica a que se refiere el artículo 873 de la ley laboral, compareció el licenciado Guillermo Hernández Aranda por parte del centro de trabajo demandado, adjuntando carta poder a su favor y de otras personas, signada por el señor Álvaro Hernández Lozoria, estableciéndose en dicho documento que este último es propietario del centro de trabajo dedicado a la preparación y venta de alimentos, ubicado en Juárez número 518 oriente, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León (foja 10), anexándose copia simple del formulario de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual fue cotejado con su original, según constancia asentada al reverso de dicho documento (foja 11). La autoridad responsable señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia antes mencionada, por las razones expuestas en la resolución respectiva (fojas 13 y 14). Posteriormente, el tres de mayo del año en curso, se celebró la audiencia de derecho a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, observándose que el licenciado Guillermo Hernández Aranda compareció en representación del centro de trabajo dedicado a la preparación a fondo de alimentos, exhibiendo formulario de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (foja 37). El apoderado de la parte actora expresó al respecto que ni el original del formulario para el registro de persona física contribuyente exhibido por la parte demandada, se acreditaba que Álvaro Hernández Lozoria fuera el propietario del centro de trabajo demandado, señalando que en el documento aludido aparecía un sello, que dice haberse recibido el veintitrés de noviembre del año anterior, para la verificación de los datos asentados, es decir, ninguno de los datos contenidos han sido confirmados, lo que da inseguridad respecto a la propiedad de la negociación de que se trata (foja 39), la Junta laboral se reservó el proveído de la etapa de demanda y excepciones, acordando lo conducente hasta el veinticuatro de mayo del año que transcurre, manifestando lo siguiente: ‘Se declara desahogada y celebrada la etapa de demanda y excepciones, a la parte actora se le tiene por ratificando su escrito inicial de demanda; se desecha de plano su petición planteada en el sentido de tener a la parte demanda por contestando la demanda en sentido afirmativo, ya que del formulario de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se desprende que Álvaro Hernández Lozoria es el propietario del centro de trabajo demandado, ya que de dicha documental se desprende el domicilio señalado por el actor en su demanda, y la persona que comparece a la audiencia de ley, el licenciado Guillermo Hernández Aranda, reúne y cumple con los requisitos contenidos en el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, mediante el poder otorgado a su favor y de otros por el citado demandado, mediante la carta poder de fecha veintisiete de enero del año en curso; por ende, se tiene a la parte demandada por contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra y por oponiendo sus excepciones y defensas.’
"Sobre el particular, este Tribunal Colegiado considera que resulta incorrecto lo sostenido por el tribunal laboral, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo que dice lo siguiente: ‘Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado.-Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta ...’
"En este orden de ideas, si bien es cierto que existe la carta poder signada por Álvaro Hernández Lozoria a favor del licenciado Guillermo Hernández Aranda y otras personas, para que lo representaran en su nombre (sic) ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro del expediente 123/i/5/94, que contiene la demanda promovida por Estanislao Valdez González en contra del centro de trabajo dedicado a la preparación y venta de alimentos, ubicado en Juárez número 518 oriente, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, también es cierto que el citado Álvaro Hernández Lozoria no justificó ser el propietario del aludido centro de trabajo, pues la documental anexa sólo justifica que ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se presentó un formulario de registro el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y tres, pero no justifica que ese establecimiento sea propiedad del promovente, pues no se justifica que la autoridad hacendaria lo hubiese tenido como propietario del negocio relativo; inclusive, se observa un sello con la fecha indicada y la siguiente leyenda ‘para verificación de los datos asentados’ y una firma ilegible; en consecuencia, al no demostrar Álvaro Hernández Lozoria la propiedad del centro de trabajo demandado, es indudable que carece de legitimación para expedir cartas poder a nombre del mismo. Por tanto, el documento exhibido por el licenciado Guillermo Hernández Aranda, al comparecer ante la responsable a defender al centro de trabajo demandado, no surte efectos jurídicos, lo que significa que el centro de trabajo demandado no estaba representado debidamente ante la Junta laboral, razón por la que no se debió tener por reconocida la personalidad del licenciado Guillermo Hernández Aranda, ni tener por contestada la demanda en sentido afirmativo al centro de trabajo demandado (sic). Criterio similar al anterior fue sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo número 432/92, el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de votos, promovido por Claudia Verónica Reyes Espinoza.
"En tales condiciones, al ser fundado el concepto de violación estudiado, resulta innecesario analizar los demás motivos de inconformidad expuestos en la demanda de garantías, debiendo concederse la protección de la Justicia Federal solicitada, al quejoso, para el efecto de que la Junta del conocimiento deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emita uno nuevo, siguiendo los lineamientos marcados en la presente ejecutoria, en la que considere al centro de trabajo demandado por contestando la demanda promovida por el trabajador en sentido afirmativo, posteriormente, resuelva en plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda, sobre las prestaciones reclamadas."
Amparo directo 357/95.
Quejoso: José Hernández Muñoz
(fojas 135 a 146).
"CUARTO.- ... En cambio, son fundados los restantes conceptos de violación, según pasa a demostrarse.
"Asiste razón al apoderado del quejoso cuando sostiene que se debió tener por contestada la demanda laboral en sentido afirmativo al centro de trabajo demandado Muebles Goval, toda vez que Óscar Valdez Gómez, quien dijo ser su propietario, no acreditó ese carácter.
"En efecto, Jesús Hernández Muñoz demandó laboralmente a los señores Guillermo Valdez, Alfredo Valdez, Alfredo Valdez G. y al centro de trabajo denominado Muebles Goval, todos con domicilio en avenida Chapultepec 1846, colonia Buenos Aires de Monterrey, Nuevo León, reclamando indemnización por incapacidad permanente parcial y otros conceptos, señalando que ingresó a laborar para los demandados desde el primero de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, con puesto de pulidor de madera, con un salario de N$175.00 (ciento setenta y cinco nuevos pesos 00/100 moneda nacional) por semana, con un horario de las 8:30 a las 17:00 horas de lunes a viernes y los sábados de las 8:30 a las 16:00 horas; que el día veintiséis de noviembre del citado año, al estar desempeñando su empleo sufrió un accidente de trabajo que le ha impedido seguir desarrollándose; que como no había sido inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se atendió en una institución de beneficencia y que los patrones le han negado el pago de las incapacidades a que tiene derecho. Los demandados por su parte, señores Guillermo Valdez, Alfredo Valdez, Alfredo Valdez Gómez, los dos primeros en lo personal y este último como propietario del centro de trabajo denominado Muebles Goval, contestaron la demanda negando la misma y señalando que no existía ningún vínculo laboral con el demandante, de quien dijeron jamás ha sido su trabajador. Llegada que fue la audiencia trifásica que señala el artículo 873 de la ley laboral, y en la etapa de demanda y excepciones, el apoderado jurídico del actor solicita se tenga al centro de trabajo por contestando la demanda en sentido afirmativo porque la persona que dijo ser su propietario no acreditó ese carácter. La Junta del conocimiento desestimó esa petición señalando al efecto lo siguiente: ‘... en principio, se desestima la solicitud del apoderado jurídico de la parte actora de tener al centro de trabajo (carpintería) ubicada en avenida Chapultepec 1846, colonia Buenos Aires de esta ciudad, por contestando la demanda en sentido afirmativo, en virtud de que el formulario de registro a nombre de Óscar Valdez Gómez, de fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y cinco, acredita ser el propietario del centro de trabajo dedicado a la fabricación de muebles de madera ubicado en avenida Chapultepec 1846, colonia Buenos Aires de esta ciudad, acreditándose con ello los supuestos que se refieren en los artículos 692 y 693 de la Ley Federal del Trabajo ...’.
"Ahora bien, esa consideración, en concepto de este Tribunal Colegiado, no está ajustada a derecho al advertirse que el centro de trabajo demandado no estuvo legalmente representado ante la responsable, al evidenciarse que el señor Óscar Valdez Gómez quien se ostentó como propietario del mismo, no justificó tal eventualidad, porque de la documental exhibida para tal efecto, consistente en formulario de registro de personas físicas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se logra establecer que el nombrado tenga la propiedad de ese establecimiento, en principio, porque el centro de trabajo demandado, según reconocimiento de los demandados y del actor, se denomina Muebles Goval, y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se dio de alta un negocio de ‘fabricación de muebles de madera’, y en segundo lugar, porque no se acredita que la citada dependencia hacendaria haya tenido como propietario de ese comercio al señor Óscar Valdez Gómez; en consecuencia, al no demostrar éste ser el propietario del centro de trabajo demandado, es indudable que carece de legitimación para expedir cartas poder a nombre de ese establecimiento, por tanto, el documento exhibido por el licenciado Juan José Treviño Sánchez al comparecer ante la responsable a defender al centro de trabajo demandado no surte efectos jurídicos, lo cual quiere decir que el centro de trabajo demandado no estaba representado debidamente ante la Junta laboral, motivos estos por los que se estima que no se debió tener por reconocida la personalidad del licenciado Juan José Treviño Sánchez, ni tener por contestada la demanda, sino que en términos del artículo 879 de la ley laboral, debió tenerse por contestada la demanda en sentido afirmativo al centro de trabajo demandado. El anterior criterio ha sido sustentado por este tribunal al resolver los amparos directos laborales números 432/92 y 717/94 en sesiones del veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos y veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente.
"En tales condiciones, lo procedente será conceder el amparo solicitado para el efecto de que en nuevo laudo se tenga al centro demandado, Muebles Goval, por contestando la demanda en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa correspondiente al ofrecimiento y admisión de pruebas, demuestre el patrón que el actor no era su trabajador."
Amparo directo 663/95.
Quejoso: Óscar Alejandro García y otros.
(fojas 14 a 31).
"CUARTO.-Los conceptos de violación transcritos son fundados.
"Los quejosos, en su primer concepto de violación, en esencia argumentan que la autoridad responsable debió haber tenido al negocio demandado denominado ‘Kool Kar’ ubicado en Avenida Gómez Morín número 799 en la colonia del Valle, por contestada la demanda en sentido afirmativo y perdido el derecho de ofrecer pruebas, en virtud de que el licenciado Pedro J. Longoria Morales, quien compareció a nombre del negocio citado, no justificó la personalidad con la que se ostentó como apoderado del mismo, dado que el alta de hacienda exhibida a nombre de Ricardo César García Lazcano, persona quien le otorgó el poder, es insuficiente para acreditar que el último mencionado sea el propietario de dicho negocio.
"Le asiste la razón a los quejosos en lo que afirman.
"En efecto, tal como lo refieren los quejosos, el documento consistente en la solicitud de inscripción para personas morales y físicas exhibidas por Pedro J. Longoria Morales durante la etapa de demanda y excepciones resulta, por sí solo, insuficiente para acreditar que Ricardo César García Lazcano sea el propietario del negocio demandado ‘Kool Kar’ ubicado en Avenida Gómez Morín número 799 en la colonia del Valle, pues tal documento sólo consiste en una solicitud de inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que si bien fue recibida por dicha secretaría, ello no constituye un derecho de propiedad a favor del último citado, y únicamente prueba que ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ricardo César García Lazcano proporcionó unilateralmente a dicha autoridad los datos contenidos en esa solicitud. Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver los amparos directos números 432/92, 717/94 y 357/95."
Amparo directo 675/95.
Quejoso: Roberto Villarreal Dávila
(fojas 33 a 41).
"CUARTO.- ... En cambio, supliendo la deficiencia de la queja, son fundados los restantes conceptos de violación, por las siguientes consideraciones.
"Asiste razón al apoderado del quejoso cuando sostiene que se debió tener por contestada la demanda en sentido afirmativo al centro de trabajo demandado ubicado en Lirio número 3914 de la colonia Parques de Guadalupe, toda vez que Ricardo Merla González, quien dijo ser su propietario, no acreditó ese carácter y, por tanto, no podría por sí mismo, ni por conducto de apoderado, otorgar representación alguna.
"En efecto, se tiene que Roberto Villarreal Dávila demandó a los señores Ricardo Merla González, Mirna Norma Villarreal Jaramillo, centro de trabajo ubicado en Lirio número 3914 de la colonia Parques de Guadalupe y a la empresa ADMIC, reclamando pago de salarios durante el tiempo de incapacidad, pago de gastos médicos, quirúrgicos, operatorios (sic), hospitalización, gastos de medicamentos e indemnización de incapacidad, señalando que ingresó a laborar para los demandados desde enero de mil novecientos noventa y cuatro, con un salario de cuarenta nuevos pesos semanales, con un horario de las ocho a las diecisiete horas de lunes a sábado; que el día veintiuno de enero de mil novecientos noventa y cinco, al estar laborando en el centro de trabajo ubicado en la calle Lirio número 3914 de la colonia Parques de Guadalupe, sufrió un accidente de trabajo, y que el ingeniero Ricardo Merla le estuvo cubriendo la incapacidad hasta el cuatro de febrero del año en curso, dejando de cumplir dicho concepto (sic). La Junta, por acuerdo de dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco, admitió la demanda sólo en lo que corresponde al ingeniero Ricardo Merla González y del centro de trabajo ubicado en la calle Lirio número 3914 de la colonia Parques de Guadalupe; sin embargo, la codemandada Mirna Norma Villarreal compareció al juicio. Los demandados contestaron la demanda negando la misma y señalando que no existía ningún vínculo laboral; asimismo, el ingeniero Ricardo Merla hizo la aclaración de que el domicilio correcto del centro de trabajo es el de la calle Magnolia número 3915 de la colonia Parques de Guadalupe. En la audiencia trifásica el apoderado del actor solicitó se tuviera por contestando en sentido afirmativo al centro de trabajo demandado, porque la persona que dijo ser su propietario no acreditó ese carácter. La Junta desestimó esa petición señalando al efecto lo siguiente: ‘... con respecto a la solicitud planteada por la parte actora de que se le tenga por contestando la demanda en sentido afirmativo al centro de trabajo demandado, ubicado en la calle Lirio número 3914 de la colonia Parques de Guadalupe, Nuevo León, la misma se desecha de plano toda vez que el apoderado jurídico de la parte actora, en sus comparecencias de fecha veintisiete de marzo del año en curso, (a foja 14) que aclara como domicilio de los demandados Ing. Ricardo Merla González y C. (sic) de trabajo ub. Magnolia número 3915 de la colonia Parques de Guadalupe de la misma col. (sic) en virtud de lo anterior no da (sic) lugar a lo solicitado, por lo que en términos del artículo 764 de la ley de la materia, se tiene a la parte demandada ingeniero Ricardo Mela González (sic), en lo personal y como propietario del centro de trabajo, (dedicado al mantenimiento eléctrico general y refrigeración, compraventa de climas) ub. en calle Lirio número 3915 Fracc. Parques de Guadalupe, en Guadalupe, N. L. y por nombrado como sus apoderados jurídicos a los licenciados Rogelio Pastrana Gutiérrez y Mario A. Martínez Vega ...’.
"Ahora bien, esa consideración, en concepto de este Tribunal Colegiado, no está ajustada a derecho al advertirse que el centro de trabajo demandado no estuvo legalmente representado ante la responsable, al evidenciarse que el señor Ricardo Merla González, quien se ostentó como propietario del mismo, no justificó tal eventualidad, porque de la documental exhibida para tal efecto, consistente en un formulario del registro de personas físicas y morales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se logra establecer que el nombrado tenga la propiedad de ese establecimiento, porque no se acredita como propietario de ese comercio al señor Ricardo Merla González; en consecuencia, al no demostrar éste ser el propietario del centro de trabajo demandado, es indudable que carece de legitimación para expedir carta poder a nombre de ese establecimiento; por tanto, el documento exhibido por el licenciado Rogelio Pastrana al comparecer ante la responsable a defender al centro de trabajo demandado no surte efectos jurídicos, lo cual quiere decir que el centro de trabajo demandado no estaba representado debidamente ante la Junta laboral, motivo este por el que se estima que no se debió tener por reconocida la personalidad del profesionista mencionado, ni tener por contestada la demanda, sino que en términos del artículo 879 de la ley laboral, debió tenerse por contestada la demanda en sentido afirmativo al centro de trabajo demandado. El anterior criterio ha sido sustentado por este tribunal al resolver los amparos directos laborales 432/92, 719/94 y 357/95 en sesiones de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro y ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente."
Amparo directo 678/95.
Quejoso: Ramiro Sánchez Escalante
(fojas 147 a 153).
"CUARTO.-Los conceptos de violación transcritos son fundados por una parte e infundados por la otra.
"El quejoso, por una parte, en cuanto al negocio demandado, argumenta que la autoridad responsable debió haber tenido al centro de trabajo ubicado en la calle Buenos Aires número 300 de la colonia Valle del Nogalar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, por contestada la demanda en sentido afirmativo, en virtud de que la licenciada Rosa María Zacarías Gallegos, quien compareció a nombre del negocio citado, no justificó la personalidad con la que se ostentó como apoderada del mismo, dado que el alta de hacienda exhibida a nombre de Fernando Guadalupe Leal Garza, persona quien le otorgó el poder, es insuficiente para acreditar que el último mencionado sea el propietario de dicho negocio.
"Le asiste la razón al quejoso en lo que afirma.
"En efecto, tal como lo afirma el quejoso, el documento consistente en la solicitud de inscripción exhibida por Rosa María Zacarías Gallegos, durante la etapa de demanda y excepciones (foja 9), resulta por sí sola insuficiente para acreditar que Fernando Guadalupe Leal Garza sea el propietario del negocio ubicado en la calle Buenos Aires número 300 de la colonia Valle del Nogalar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, pues tal documento sólo consiste en una solicitud de inscripción ante la Secretaría de Hacienda
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4715-01c787c1/legitimacion-pasiva-ad-causam-en-el-juicio-laboral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, RESOLUCIONES DICTADAS PARA LA. SON IRRECURRIBLES TANTO LAS QUE FIJEN FIANZA PARA LLEVARLA A CABO COMO LAS QUE FIJEN CONTRAFIANZA PARA IMPEDIRLA, AUNQUE NO (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- APELACIÓN. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DE LA LLEGADA DE AUTOS, DEJA INEXISTENTE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE TABASCO. CONTROVERSIAS LABORALES CON SUS SERVIDORES. EL PLAZO PARA CONTESTAR LA DEMANDA ES DE DIEZ DÍAS HÁBILES (CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDI (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- RESOLUCIONES QUE NO CAUSAN ESTADO. (XX.71 K)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- ACTOS NEGATIVOS. (VI.1o.235 K)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis