Corpus
Modo: Corpus Pro

INFORME JUSTIFICADO. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE DAR VISTA A LAS PARTES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 256/97. · Registro digital (IUS): 4266
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INMOBILIARIA CINEMATOGRÁFICA LOS ÁNGELES, S.A.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, , Pág. 623.

AMPARO EN REVISIÓN 256/97. INMOBILIARIA CINEMATOGRÁFICA LOS ÁNGELES, S.A.

CONSIDERANDO:

TERCERO.—Son infundados los agravios antes transcritos.

Por razón de orden, en primer término cabe analizar la improcedencia del juicio de garantías que hacen valer los recurrentes, concretamente la causal prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que sobre el particular sostienen que el apoderado de la persona moral quejosa no acreditó su personalidad para promover el juicio de amparo en su representación, teniendo en cuenta que con fecha seis de junio de mil novecientos noventa y seis, falleció Enrique Ramírez Miguel, presidente del Consejo de Administración de Inmobiliaria Cinematográfica Los Ángeles, S.A., y apoderado legal de la misma, siendo que su muerte trajo como consecuencia la revocación de su nombramiento conforme a lo establecido por el artículo 155, fracción II, último párrafo, de la Ley de Sociedades Mercantiles.

Carecen de razón los recurrentes, toda vez que Santiago Méndez Ochoa promovió el juicio constitucional en su carácter de apoderado de "Inmobiliaria Cinematográfica Los Ángeles, S.A.", y justificó su personalidad con el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración que otorgó en su favor dicha empresa a través de su representante legal Enrique Ramírez Miguel, como presidente del consejo de administración de la misma, elaborado con fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y seis, ante el notario público número trece de Morelia, Michoacán, licenciado José Cortés Miranda.

Así las cosas, tomando en consideración que el poder en comento le fue otorgado a Santiago Méndez Ochoa con anterioridad a la muerte de Enrique Ramírez Miguel, presidente del consejo de administración de la citada empresa (fallecido el mencionado seis de junio del citado año, según el acta de defunción correspondiente que se ofreció como prueba y que obra a foja doscientos treinta de autos), y no existiendo constancia de que dicho poder le haya sido revocado, puede concluirse fundadamente que el promovente del amparo demostró su calidad de apoderado legal de la quejosa "Inmobiliaria Cinematográfica Los Ángeles, S.A.".

Es cierto que, en los términos de lo establecido por el artículo 155, fracción II, último párrafo, de la Ley de Sociedades Mercantiles, la muerte de los administradores de las sociedades en comento trae como consecuencia la revocación de su nombramiento y, en ese caso, deben seguirse las reglas a que alude dicho precepto para el nombramiento de los nuevos administradores. Sin embargo, debe decirse que la revocación de los administradores de las sociedades mercantiles no significa la invalidez de los poderes otorgados por ellos con anterioridad a su muerte, por no existir precepto alguno que así lo disponga; y en última instancia es menester acreditar que el nuevo administrador revocó los poderes para pleitos y cobranzas otorgados por el anterior fallecido, lo que en la especie no se demostró. Esto es así, toda vez que efectivamente el fallecimiento del administrador implica el término de sus gestiones como tal, pero no la ineficacia de los poderes que hubiera otorgado con tal carácter. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo en revisión 172/97, que dice: "MANDATO MERCANTIL. LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL PODERDANTE NO EXTINGUE EL OTORGADO CON ANTERIORIDAD A ELLA.—Es inexacto estimar que la representación legal de una sociedad mercantil conferida a través de un poder general para pleitos y cobranzas se extinga con la revocación del nombramiento del poderdante, pues si bien es cierto que en términos del artículo 155, fracción II, segundo párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la muerte de los administradores de dichas sociedades tiene como consecuencia la revocación de su nombramiento, también lo es que tal revocación no implica a su vez la de los mandatos otorgados por aquél, pues no existe precepto legal que así lo determine.".

Establecido lo anterior, conviene analizar la violación al procedimiento del juicio de garantías que aducen los recurrentes, porque de resultar fundada haría innecesario el estudio de los restantes argumentos. Al respecto alegan que la Juez de Distrito omitió darles vista con el informe justificado de las autoridades responsables, con anticipación de ocho días que precisa el artículo 149 de la ley de la materia.

En relación con lo anterior, debe indicarse que según se aprecia de los autos del expediente de amparo, por oficio número cuatrocientos dos presentado ante la oficialía de partes del Juzgado Federal con fecha cuatro de febrero del año en curso, según se aprecia del sello puesto al frente de dicho oficio (foja cincuenta y cuatro), los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, rindieron informe justificado remitiendo el original del expediente laboral. Asimismo, de fojas doscientos diecinueve a dos cientos treinta y siete, se desprende que los hoy recurrentes, por sendos escritos presentados el día trece del mes y año en cita, en su calidad de terceros perjudicados, se apersonaron al juicio constitucional para dar contestación a los conceptos de violación que se hicieron valer y ofrecer las pruebas que a sus intereses convenían, así como para expresar sus alegatos. Finalmente, cabe señalar que la audiencia de ley tuvo lugar a las nueve horas con treinta minutos del día diecisiete de marzo de ese mismo año.

En tal virtud, independientemente de que en autos no exista constancia de que se hubiere dado vista a los hoy recurrentes con el informe justificado rendido por la Junta responsable, ello no importa violación al artículo 149 de la ley de la materia, si se toma en consideración que dicho informe fue rendido con una anterioridad mayor de un mes a la celebración de la audiencia constitucional.

Ahora bien, si las partes estimaron que en el lapso que medió entre la recepción del referido informe y el de la celebración de la indicada audiencia, no pudieron enterarse del informe en comento, estuvieron en legal posibilidad de solicitar se difiriera o suspendiera dicha audiencia para conocer los términos del informe e impugnarlo en su caso, máxime si se tiene en cuenta que los terceros perjudicados se apersonaron, ofrecieron pruebas y expresaron alegatos por diversos escritos presentados con posterioridad a la rendición del informe en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión números 547/91, 48/92, 450/92 y 172/97, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES.—La circunstancia de que en autos no exista constancia de que se haya dado vista a las partes con el informe justificado, ello de ninguna manera implica una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, si la autoridad responsable lo rindió antes de la celebración de la audiencia de ley, y si las partes tuvieron oportunidad de solicitar se difiriera o suspendiera dicha audiencia para conocer los términos del informe y en su caso impugnarlo, habida cuenta de que promovieron después de haber sido rendido.".

Además, no debe perderse de vista que en la audiencia de ley, la Juez de Distrito dio cuenta con el informe justificado rendido por la Junta responsable, y por esa razón los ahora recurrentes pudieron presentarse a la misma y solicitar verbalmente se suspendiera o difiriera, para los efectos convenientes, y al no haberlo hecho, dicha omisión sólo es imputable a ellos, por lo cual no puede considerarse que existió la violación procesal del juicio de amparo alegada. Al caso es aplicable la jurisprudencia sustentada por este órgano colegiado, publicada bajo el número 834 a páginas quinientos sesenta y ocho y quinientos sesenta y nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO SE DA CUENTA DEL. EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—Si se dio cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables en la audiencia constitucional, ello de ninguna manera constituye violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, en razón de que el quejoso tuvo la oportunidad de solicitar verbalmente se difiriera o se suspendiera dicha audiencia, según lo que procediera, de conformidad con la reforma del artículo 149 de la Ley de Amparo que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho.".

Por otra parte, los recurrentes afirman que la Juez Federal suplió la deficiencia de la queja, tomando en consideración que la parte quejosa reclamó la falta de emplazamiento al juicio de origen y no su ilegal o defectuoso emplazamiento, como fue analizado en la sentencia de amparo.

No tienen razón los recurrentes porque según se aprecia del acto reclamado que fue transcrito en el resultando primero de esta ejecutoria, la quejosa lo hizo consistir, por cuanto hace a la Junta responsable, en la falta de emplazamiento, al haber omitido suspender la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y en el laudo correspondiente; del presidente y del propio actuario de la misma Junta, la ejecución que pretenden hacer del mismo. Pero en el capítulo de conceptos de violación la peticionaria de garantías, a través de su representante legal, hizo valer los argumentos correspondientes en torno a la ilegalidad del emplazamiento por no haberse cumplido con el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, concretamente en su último párrafo, por cuanto a que el actuario responsable no asentó razón en autos de haberse cerciorado plenamente de que la persona a notificar tenía su domicilio en el mismo lugar en el que dejó citatorio previo y corrió traslado.

Por consiguiente, contrario a lo aseverado por los recurrentes, cabe decir que la quejosa, en su escrito de demanda de garantías, sí precisó que los actos reclamados los hizo consistir, entre otros, en el ilegal o defectuoso emplazamiento, tomando en consideración que además de que así lo indicó en el capítulo pertinente, en vía de conceptos de violación lo reiteró al expresar razonamientos correlativos por virtud de los cuales estimó defectuosa o ilegal la primera notificación, siendo que la demanda de amparo debe analizarse en su integridad por constituir un todo, atendiéndose a los actos y alegaciones que en la misma se señalen. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por este cuerpo colegiado visible bajo el número 744, en la página quinientos uno, del tomo, materia y Apéndice mencionados con antelación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD.—Tomando en consideración que la demanda de garantías constituye un todo, es incuestionable que el a quo está obligado a analizarla en su integridad y atender a todos aquellos actos que en la misma se señalen como reclamados, ya que de no hacerlo así resulta claro que con tal omisión el Juez de Distrito deja de observar lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la sentencia que pronuncie en forma alguna contiene la fijación clara y precisa de los actos reclamados.".

Bajo ese tenor, la Juez del amparo analizó el acto reclamado y declaró su inconstitucionalidad precisamente por considerar que el emplazamiento combatido no cumplió con las exigencias a que alude el último párrafo del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que el actuario responsable no dejó constancia en autos de haberse cerciorado de que en el lugar donde practicó la diligencia respectiva tuviera su domicilio la parte quejosa.

Por último, tienen razón los recurrentes cuando afirman que no demandaron a persona moral alguna, esto en virtud de que según se aprecia de la demanda laboral correspondiente, Carlos Matías Gallegos, Santiago Romero Toxtle y Emiliano Zepeda Flores, promovieron juicio laboral en contra de quien resultare ser legítimo propietario del inmueble marcado con el número cuatrocientos dieciséis de la avenida Once Oriente de esta capital, de quien resultare ser la responsable de la relación laboral, y en lo personal en contra de Efrén Villaseñor y Rubén Alcar; sin embargo, no debe pasarse por alto que las consideraciones fundamentales de la Juez de Distrito, al declarar la inconstitucionalidad del emplazamiento reclamado, fueron en el sentido de que el actuario responsable en la diligencia correspondiente no cumplieron con lo establecido por el artículo 743, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, al estimar, independientemente de que en el escrito inicial se hubiera o no señalado como demandada a una persona moral, que el fedatario no asentó razón en autos de haberse cerciorado de que en el lugar donde se constituyó tenía su domicilio el interesado, es decir, el legítimo propietario del citado inmueble.

Por la misma razón, debe decirse que es intrascendente que en el auto del juicio de origen se haya demostrado con los documentos correspondientes que Joaquín Sosa González (con quien se entendió la diligencia de emplazamiento reclamado), hubiera sido registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajador de la empresa "Inmobiliaria Cinematográfica Los Ángeles, S.A.", pues aun cuando la quejosa en su demanda de garantías hubiere negado ser éste su trabajador, como quiera que sea se demostró la ilegalidad del emplazamiento reclamado al haber dejado de cumplir el actuario responsable lo establecido por el artículo 743, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, por omitir asentar en autos el haberse cerciorado de que en el lugar donde se constituyó tenía su domicilio la propietaria del inmueble marcado con el número cuatrocientos dieciséis de la avenida Once Oriente de esta ciudad de Puebla.

Las anteriores consideraciones conducen a confirmar la sentencia que se revisa.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.—Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a "Inmobiliaria Cinematográfica Los Ángeles, S.A.", en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, presidente y actuario adscritos a la misma, los cuales fueron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria, devuélvase el expediente de amparo a la Juez a quo y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gustavo Calvillo Rangel, Antonio Meza Alarcón y Carlos Loranca Muñoz, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4266-ff804163/informe-justificado-efectos-de-la-omision-de-dar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.