SEGURO SOCIAL. EL REGLAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY RELATIVA Y SUS REGLAMENTOS, EN CUANTO PORMENORIZA LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 304 DE AQUÉLLA, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 3262/98. INMOBILIARIA TRASES, S.A.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En su primer agravio el representante de la sociedad quejosa combate el sobreseimiento decretado en el primer punto resolutivo de la sentencia sujeta a revisión con base en lo argumentado en su considerando cuarto, señalando que la propia autoridad responsable fundó el acto de aplicación de las disposiciones reglamentarias combatidas, indicando después de la enumeración de algunos preceptos las palabras "y demás relativos del Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos", por lo que en su opinión, su representada tiene el interés jurídico para combatir todo el reglamento señalado y no sólo los artículos que expresamente se citaron en el acto de aplicación.
El Juez de Distrito en la parte señalada de la sentencia ahora en revisión, determinó sobreseer en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo por considerar que sólo le fueron aplicados a la sociedad quejosa los artículos 1o., 3o., 6o., fracción XV, 15, 16, 18, fracción III, 20 del Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, por lo que el juicio resulta improcedente respecto al resto de los artículos impugnados del referido cuerpo normativo, no obstante que en el acto de aplicación se señaló "y demás relativos del Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos", toda vez que no existe constancia de que se hayan actualizado otros dispositivos del referido ordenamiento.
El agravio resulta insuficiente para combatir la determinación del Juez de Distrito. En efecto, en los agravios no se establece en concreto qué disposiciones, en adición a las que estimó actualizadas el a quo se aplicaron, por lo que el razonamiento expuesto por el juzgador sigue siendo válido, al haber señalado que no obstante la autoridad responsable recurrió a una frase genérica para fundamentar el acto de aplicación de los artículos combatidos, el acreditamiento de la afectación del interés jurídico de la empresa quejosa para combatir determinados preceptos a través del juicio constitucional consiste en la actualización de los supuestos normativos de los preceptos impugnados. Al respecto resulta aplicable la tesis P. LXVII/96 del Tribunal Pleno, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, mayo de 1996, página 113 que dice:
"LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE QUE SE APLICARON, NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ELLAS. Aun cuando en una orden de visita o el acta relativa que se reclamen en amparo y que tuvieren por objeto verificar si la negociación de la quejosa cumple con la ley, también impugnada, las autoridades responsables mencionen las disposiciones reclamadas, esa circunstancia no es suficiente para considerar que éstas ya fueron aplicadas, si no existen actos concretos que actualicen lo dispuesto por las normas. En esas condiciones, si no se han actualizado las hipótesis previstas en las disposiciones legales, debido a que la autoridad administrativa no ha utilizado la facultad que le confieren, no puede estimarse que ya existía acto concreto de aplicación. Así las cosas, si las disposiciones legales, fueron reclamadas con motivo de su aplicación, sin haberse demostrado ésta, es claro que la sola existencia de las referidas normas no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo."
La tesis plenaria anteriormente reproducida establece que aunque se hayan citado algunos preceptos normativos es necesario además para acreditar el interés jurídico para combatirlos en el juicio de amparo que los supuestos normativos que contemplan se hayan actualizado. De lo anterior se sigue que no obstante la autoridad responsable en la especie no especificó otros artículos reglamentarios para fundar el acto de aplicación, sino que recurrió a una fórmula genérica, esto no da interés jurídico para reclamar todo el reglamento impugnado en amparo, sino exclusivamente los preceptos que se actualizaron en el acto de aplicación, tal como lo estimó el Juez de Distrito. De esta forma, el promovente debió señalar en específico los artículos que en adición a los señalados expresamente por la autoridad responsable se aplicaron, por lo que el agravio es insuficiente.
QUINTO. En su segundo agravio el representante de la sociedad quejosa señala que el Juez de Distrito no analizó correctamente el primer concepto de violación esgrimido, analizando cuestiones que no se señalaron en el mismo.
En el primer concepto de violación sustancialmente se señala que se viola el principio de legalidad, en virtud de que debe ser en una ley, en sentido formal y material, donde se establezcan los supuestos y las sanciones por las violaciones a la Ley del Seguro Social y sus reglamentos y no en un ordenamiento de este último tipo, expedido por el presidente de la República.
En el considerando quinto de la sentencia sujeta a revisión el Juez de Distrito resume los conceptos de violación esgrimidos y enseguida analiza el primero, señalando que el estudio involucra determinar si el reglamento impugnado excedió los límites fijados por la ley, analizando el carácter de las aportaciones de seguridad social para llegar a la conclusión de que el reglamento impugnado no excede los límites de la ley.
El agravio es fundado pero inoperante. Se estima fundado, en virtud de que el estudio realizado por el Juez de Distrito directamente no contestó el concepto de violación formulado, aunque de lo expuesto en el considerando quinto se desprende indirectamente la contestación a la argumentación del representante de la quejosa.
No obstante lo expuesto, se estima que el agravio es inoperante, en función de que lo aseverado en el primer concepto de violación no es exacto. Efectivamente, no es cierto que la garantía de legalidad obligue a que sólo en una ley en sentido formal y material se puedan establecer sanciones a los gobernados. Lo anterior es así, en virtud de que en materia fiscal la garantía de legalidad sólo obliga a que los elementos esenciales de las contribuciones y sus accesorios deben estar establecidos en una ley. Por otro lado, tampoco es exacto que el reglamento combatido regule esos aspectos esenciales, dado que el sujeto, objeto y base de la contribución accesoria denominada multas por infracción a la Ley del Seguro Social y sus reglamentos se encuentran establecidos en el artículo 304 del cuerpo legal referido, circunscribiéndose el reglamento impugnado a regular aspectos secundarios, como se demostrará enseguida.
En primer lugar, debe señalarse que el artículo 287 de la Ley del Seguro Social establece lo siguiente:
"Artículo 287. El pago de las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos tienen el carácter de fiscal."
Por otro lado, esta Suprema Corte ha establecido que las cuotas que obreros y patrones aportan al Instituto Mexicano del Seguro Social son contribuciones y, por lo mismo, sus elementos esenciales deben estar contemplados en un ordenamiento formal y materialmente legislativo. Los criterios anteriormente señalados se encuentran en la tesis P./J. 18/95 del Tribunal Pleno, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, septiembre de 1995, página 62 que dice:
"SEGURO SOCIAL, CUOTAS DEL. SON CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS. Del examen de lo dispuesto en los artículos 2o. del Código Fiscal de la Federación y 260, 268, 269, 271 y demás relativos de la Ley del Seguro Social, se desprende que las cuotas al Seguro Social son contribuciones, no sólo por la calificación formal que de ellas hace el primero de los preceptos citados, al concebirlas como aportaciones de seguridad social a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley en materia de seguridad social, o de las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado sino que, por su naturaleza, son obligaciones fiscales que deben ceñirse a los principios tributarios, ya que se advierte de la evolución legislativa que el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituido desde sus orígenes como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, se convirtió en un organismo fiscal autónomo encargado de prestar el servicio público de seguridad social, investido de la facultad de determinar los créditos a cargo de los sujetos obligados y de cobrarlos a través del procedimiento económico-coactivo y que, por lo mismo, en su actuación debe observar las mismas limitaciones que corresponden a la potestad tributaria en materia de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público."
Por otro lado, las multas que se imponen por la infracción a las disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos se equiparan a las contribuciones, dado que al ser accesorias al principal deben tener el mismo tratamiento que las cuotas de seguridad social. Lo expuesto halla su fundamento en lo establecido en el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación que establece:
"Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:
"I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo.
"II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.
"III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.
"IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
"Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social.
"Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1o."
De lo establecido en el numeral precedentemente reproducido se desprende que al ser las multas que se analizan sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de obreros y patrones en relación con las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, éstas también deben considerarse contribuciones. Respaldan la conclusión anteriormente expuesta las tesis que enseguida se reproducen cuyos datos de identificación aparecen al final de las mismas:
"MULTAS FISCALES. SON ACCESORIAS DEL CRÉDITO FISCAL EN QUE TIENEN ORIGEN, GENERALMENTE. Si la multa que impone la Procuraduría Fiscal de la Federación al actor en proveído que éste impugna, tiene como base la resolución fiscal en que se determina a cargo del citado actor un crédito, la cual fue nulificada, lógico es que el proveído sancionador quede sin efectos también, toda vez que el mismo carece de sustentación causal." (Séptima Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo 139-144, Tercera Parte, página 203).
"MULTAS. TIENEN CARÁCTER FISCAL CUANDO EL CRÉDITO PRINCIPAL DEL QUE DERIVAN TIENE ESA NATURALEZA. Cuando una resolución contiene varios conceptos que se apoyan en una ley fiscal, como lo es la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, la multa que se impone con motivo de la infracción de los preceptos de dicha ley y además con fundamento en un reglamento gubernativo, tiene también el carácter de fiscal, puesto que aquélla es un accesorio del crédito principal que es de esa naturaleza." (Séptima Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo 139-144, Tercera Parte, página 203).
Los criterios expuestos evidencian que las multas impuestas con motivo de la omisión en el cumplimiento derivado de la aplicación de contribuciones tienen esa misma naturaleza. Cabe precisar que esta misma conclusión se ve respaldada por la aplicación en sentido contrario de la tesis de esta Segunda Sala 2a. XVII/97, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, marzo de 1997, página 489 que dice:
"MULTAS NO FISCALES, SON TODAS LAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES NO RELACIONADAS CON LA MATERIA TRIBUTARIA. De conformidad con el artículo 21, párrafo noveno, última parte, del Código Fiscal de la Federación, no causarán recargos las multas no fiscales. Sin desconocer que todas las multas se catalogan dentro de los cobros fiscales, en razón de que se sigue el procedimiento administrativo de ejecución (antes llamado económico-coactivo) para hacerlas efectivas, la naturaleza jurídica del crédito varía según la materia del ordenamiento legal que establece las infracciones, las sanciones y la autoridad que las aplica (multas fiscales, administrativas, judiciales, penales, etcétera); por ello, únicamente podrá entenderse por multas fiscales las sanciones económicas establecidas por la comisión de infracciones relacionadas con la materia tributaria y, en consecuencia, serán no fiscales todas las demás."
De lo expuesto hasta aquí se constata que las multas contempladas por la violación a las disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos deben tener el tratamiento de contribuciones, por lo que sus elementos esenciales deben estar contemplados en una ley, como lo sostiene la tesis 162 del Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, página 165 que dice:
"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida."
Del contenido del criterio que informa la tesis precedentemente reproducida se desprende que lo argumentado por el representante de la empresa quejosa en su primer concepto de violación resulta inexacto, dado que, tal como ha quedado precedentemente expuesto, las multas que se analizan deben tener el tratamiento de contribuciones y, por lo mismo, sólo sus elementos esenciales deben estar establecidas en la ley, dejando para el reglamento aspectos secundarios, tal como lo sostiene específicamente la tesis P./J. 29/91 del Tribunal Pleno visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII-Junio, página 62, que dice:
"REGLAMENTOS EN MATERIA FISCAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS. En relación con la facultad reglamentaria conferida por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al presidente de la República, se debe tomar en cuenta que los artículos 28 y 31, fracción IV, constitucionales, reservan a las leyes entendidas desde los puntos de vista formal y material, la exclusiva determinación de los elementos esenciales de las contribuciones. Por ello, la expedición de una norma reglamentaria, además de que no debe contrariar o alterar la ley que reglamenta, por ser tal ordenamiento su medida y justificación, tampoco debe establecer alguno o algunos de los mencionados elementos esenciales de las contribuciones, dado que éstos, por mandato constitucional, deben estar en un acto formal y materialmente legislativo y no en una norma reglamentaria."
En el caso concreto, los elementos esenciales de las multas por infracciones a las disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos se encuentran definidos en principio por el artículo 304 de la ley señalada que dice:
"Artículo 304. Cuando los actos u omisiones, que realicen los patrones y demás sujetos obligados, impliquen el incumplimiento del pago de los conceptos fiscales que establece el artículo 287, aquéllos se sancionarán con multa del setenta al cien por ciento del concepto omitido. Los demás actos u omisiones que perjudiquen a los trabajadores o al instituto se sancionarán con multa de cincuenta hasta trescientas cincuenta veces el importe del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Estas sanciones serán impuestas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con el reglamento de la materia."
El precepto anteriormente reproducido establece los supuestos de aplicación de multas y el monto de las mismas, por lo que debe estimarse que se satisfacen plenamente los extremos fijados por esta Corte constitucional para estimar que no existe violación a la garantía de legalidad, toda vez que los elementos esenciales de las multas no están fijadas en el reglamento combatido, sino en la ley. Adicionalmente a lo expuesto, como se examinará en detalle en el considerando siguiente, a lo largo del texto de la Ley del Seguro Social se establecen distintas obligaciones a cargo de los patrones, de ahí que la "tipificación", como le llama el promovente, de la conducta que puede generar una sanción se encuentra en la ley, y el reglamento impugnado simplemente las sistematiza para fijar la multa correspondiente dentro de los parámetros fijados por el legislador en el artículo 304 de la Ley del Seguro Social, por lo que el agravio resulta inoperante.
SEXTO. En el tercer agravio se expone lo siguiente:
1. Que el Juez de Distrito constriñó el alcance de las garantías contenidas en el artículo 14 constitucional exclusivamente al aspecto penal.
2. Que el reglamento en cuestión viola garantías individuales al tipificar conductas e imponer sanciones, lo que en su opinión exclusivamente se encuentra reservado a la ley.
3. Que el reglamento excede el límite fijado por los artículos 304 de la Ley del Seguro Social y 4o. del Código Fiscal de la Federación.
4. Que el reglamento impugnado viola el artículo 89, fracción I de la Constitución al asumir cuestiones que sólo están reservadas a la ley.
El agravio es infundado.
En primer lugar, resulta inexacto que el Juez de Distrito haya circunscrito el alcance de las garantías consagradas en el artículo 14 constitucional exclusivamente al ámbito penal. Dentro del considerando quinto de la sentencia sujeta a revisión el a quo sintetiza en un primer momento las garantías contenidas en el precepto referido, señalando que contiene las garantías de irretroactividad, los requisitos de los actos privativos, el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal y los principios que se deben seguir en las sentencias en los juicios civiles. Enseguida se realiza el estudio del caso concluyendo que no existe la violación que se alega al artículo 14, dado que el reglamento impugnado no se refiere a sanciones no previstas por la ley de la materia. De lo expuesto se evidencia que lo alegado por el promovente no es exacto, ya que no se incurrió en la omisión señalada.
Por lo que toca a lo expuesto en el numeral 2 del presente considerando debe estimarse también infundado, dado que no es verdad que el reglamento en cuestión viole garantías individuales al tipificar conductas e imponer sanciones, lo que en opinión del promovente exclusivamente se encuentra reservado a la ley, ya que dicha cuestión se examinó en el considerando anterior, precisándose que sólo los elementos esenciales de las multas por infracciones a la Ley del Seguro Social y sus reglamentos deben estar consignados en la ley, como lo realiza el artículo 304 de dicho cuerpo normativo.
Por lo que toca a que el reglamento excede el límite fijado por los artículos 304 de la Ley del Seguro Social y 4o. del Código Fiscal de la Federación debe estimarse que es infundado en razón de lo siguiente:
Los artículos 1o., 3o., 6o., fracción XV, 15, 16, 18, fracción III, 20 del Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos establecen:
"Artículo 1o. El presente reglamento tiene por objeto regular la imposición de multas por violaciones a las disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, así como establecer el procedimiento respectivo en los términos del artículo 304 de la propia ley.
"Artículo 3o. La aplicación de este reglamento corresponde al instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad a lo establecido por los artículos 251, fracción XIV, 288 y 304 de la ley y en los términos señalados en este ordenamiento."
"Artículo 6o. Se consideran infracciones a la ley y sus reglamentos los siguientes actos u omisiones de los patrones: ... XV. Omitir, presentar, hacerlo extemporáneamente o con datos falsos o incompletos la declaración anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo; ..."
"Artículo 15. El instituto, impondrá las multas cuya cuantía por cada infracción oscilará entre cincuenta y trescientas cincuenta veces el importe del salario vigente al momento de su imposición, considerando la gravedad de la falta y, en su caso, la reincidencia del infractor.-Para efecto de considerar la gravedad de la falta en la imposición de la sanción respectiva, se tomarán en consideración los supuestos siguientes: I. La naturaleza propia del acto u omisión; II. El número de trabajadores involucrados por la acción u omisión; III. El importe del crédito fiscal omitido; y IV. La capacidad económica del infractor."
"Artículo 16. En caso de que el patrón con un mismo acto u omisión cometa varias infracciones a las normas previstas en la ley o sus reglamentos, y por tal motivo, se haga acreedor a la imposición de varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.-En caso de reincidencia en la comisión de alguna infracción prevista en este reglamento la multa que se imponga será aquella que corresponda a la última infracción cometida, duplicándose su importe, sin que pueda exceder del máximo legal.-Se considerará reincidencia para efectos de este reglamento, la comisión de la misma infracción dentro del término de trescientos sesenta y cinco días naturales, contados a partir de la imposición de la última sanción."
"Artículo 18. Se sancionarán los actos u omisiones señalados en el artículo 6o. de este reglamento en la forma siguiente: ... III. Las previstas en las fracciones VI, IX y XV con multa equivalente al importe de ciento veintiséis a doscientas diez veces el salario; y ..."
"Artículo 20. Se notificarán personalmente, a los patrones, en los términos del Código Fiscal de la Federación las determinaciones siguientes: I. La señalada en el párrafo segundo del artículo 10 de este reglamento; II. El desechamiento del escrito a que se refiere la parte final del artículo 10 de este reglamento; III. La que deseche pruebas, conforme lo previsto en los artículos 11 y 13 de este reglamento; y IV. La resolución que se dicte en el procedimiento a que se contrae el capítulo IV de este reglamento."
Los preceptos anteriormente reproducidos establecen el objeto del reglamento y señalan que se expide en los términos del artículo 304 de la Ley del Seguro Social, su aplicación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social como organismo fiscal autónomo, el catálogo de infracciones, considerándose como una de ellas la de no presentar o hacerlo extemporáneamente o con datos falsos o incompletos la declaración anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, los parámetros que deben tomarse en cuenta al fijar la sanción, la correspondiente a determinadas infracciones, así como las notificaciones que deban realizarse en forma personal.
No se advierte que los preceptos reproducidos rebasen lo establecido en el artículo 304 de la Ley del Seguro Social, antes reproducido, toda vez que el mismo señala que las sanciones se impondrán de acuerdo con el procedimiento que fije el reglamento. Por lo que toca a lo dispuesto en el artículo 6o., fracción XV que establece o tipifica la infracción que genera la multa, se advierte que su contenido sólo sistematiza para efectos de la aplicación de la sanción por la aplicación del artículo 18 del reglamento impugnado, que establece los montos de las multas, el contenido de los artículos 73 a 75 de la Ley del Seguro Social que establecen:
"Artículo 73. Al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al reglamento les corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente:
Ver tabla
"Artículo 74. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad, conforme al periodo y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o aumenta.
"La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas podrá ser modificada, disminuyéndola o aumentándola en una proporción no mayor al cero punto cero uno del salario base de cotización con respecto a la del año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije el reglamento, con independencia de la fecha en que éstos hubieran ocurrido. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima mínima y máxima, que serán de cero punto veinticinco por ciento y quince por ciento de los salarios base de cotización respectivamente.
"La siniestralidad se fijará conforme al reglamento de la materia."
"Artículo 75. La determinación de las clases comprenderá una lista de los diversos tipos de actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la mayor o menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores, y asignando a cada uno de los grupos que formen dicha lista, una clase determinada. Este supuesto sólo se aplicará a las empresas que se inscriben por primera vez en el instituto o cambien de actividad."
De los artículos reproducidos se desprende que es en la propia Ley del Seguro Social donde se establece la obligación legal de hacer la declaración anual en el seguro de riesgos de trabajo, por lo que los dispositivos reglamentarios impugnados no rebasan los límites de la propia ley, por lo que este argumento es infundado. La misma conclusión alcanzada resulta suficiente para desestimar el argumento sintetizado con el número 4 en el presente considerando, ya que no existe la violación que se alega al artículo 89, fracción I de la Constitución, toda vez que los preceptos impugnados no rebasan los límites señalados por la propia Ley del Seguro Social.
En efecto, los artículos reglamentarios anteriormente transcritos no transgreden el artículo 89, fracción I, de la Constitución, que faculta al presidente de la República para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión, en virtud de que éste expidió la Ley del Seguro Social, que en su artículo 304 con claridad establece los actos u omisiones de los patrones y demás sujetos obligados, que deben sancionarse con multa, el importe de éstas, así como que serán impuestas por el Instituto Mexicano del Seguro Social conforme al reglamento de la materia, que se limita a desarrollar la norma legal, sin excederla.
Efectivamente, el artículo 304 de la Ley del Seguro Social dispone que cuando los actos u omisiones de los patrones y demás sujetos obligados, impliquen el incumplimiento del pago de los conceptos fiscales a que se refiere el artículo 287, a saber, las cuotas y los capitales constitutivos, aquéllos se sancionarán con multa del setenta al cien por ciento del concepto omitido, así como que los demás actos u omisiones que perjudiquen a los trabajadores o al instituto, se sancionarán con multa de cincuenta hasta trescientas cincuenta veces del salario mínimo general que rija en el Distrito Fede
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5529-51149c26/seguro-social-el-reglamento-para-la-imposicion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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