INFONAVIT. EL INCREMENTO AL LÍMITE SUPERIOR SALARIAL PARA EFECTOS DEL PAGO DE APORTACIONES CONFORME AL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA Y AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 6 DE ENERO DE 1997). INFONAVIT. LOS ARTÍCULOS 5o. Y 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL INFONAVIT, REFORMADOS MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, NO VIOLAN EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO. CONTRIBUCIONES. LAS DESTINADAS AL PAGO DE UN GASTO PÚBLICO ESPECIAL NO VIOLAN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. INFONAVIT. LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS APORTACIONES PATRONALES A PESAR DE QUE EL TRABAJADOR SE ENCUENTRE EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD RECONOCIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NO QUEBRANTA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. INFONAVIT. LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD ANTE LA QUE DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LIQUIDACIONES DE APORTACIONES PATRONALES EMITIDAS POR EL IMSS, NO CONSTITUYE UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD SINO DE LEGALIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 153/98. SERVICIOS INMOBILIARIOS ICA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Antes de entrar al examen de los diferentes argumentos que se formulan en el agravio único, y toda vez que un problema medular que se plantea es la violación de la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución por los preceptos que se consideran inconstitucionales, debe examinarse tal cuestión. Los razonamientos esgrimidos son infundados pues lejos de producirse esa infracción los preceptos reclamados se ajustan a lo dispuesto por el precepto constitucional y fracción citados.
Debe precisarse, en primer lugar, que la fracción XII del artículo 123 de la Constitución, que resulta aplicable, modificó sustancialmente la obligación patronal que el texto anterior del propio dispositivo establecía, de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. La fracción XII del texto original, decía: "En toda regularización agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores, habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas, que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien tendrán la primera de las obligaciones mencionadas.". La propia fracción XII en su texto vigente, dispone: "Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas.", y a continuación establece: "Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.". Si hasta aquí llegara la norma, el patrón tendría dos obligaciones: "constituir depósitos a favor de sus trabajadores para que ellos pudieran adquirir viviendas en propiedad" y, además, "establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a dichos trabajadores, un crédito barato y suficiente". Pero el párrafo siguiente del propio dispositivo nuevamente permite la sustitución de la segunda obligación; no son los patrones quienes directamente van a establecer un sistema de financiamiento; el párrafo final dice: "Se considera de utilidad social, la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda.". Ésta es la función del Infonavit: administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y son cosas distintas, el instituto que administra los recursos y el fondo nacional de la vivienda, que es un patrimonio de los trabajadores pero unificado al solo fin de otorgar créditos baratos y suficientes para que la misma clase trabajadora pueda adquirir vivienda en propiedad. Consecuentemente, en los preceptos reclamados no existe ninguna desviación al contenido normativo de la fracción XII del apartado A del 123 constitucional. El que la ley disponga que si el trabajador no hizo uso del crédito para la adquisición de vivienda puede retirar los fondos que son de su propiedad, o bien optar porque se aumenten a su fondo de pensiones, es reconocer que esos depósitos son de la propiedad del trabajador y puede, por ello, disponer de los mismos; luego, el sistema actual, regulado por los preceptos que se reclaman, conforme al cual instituciones diferentes al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, generalmente, instituciones bancarias, manejan este fondo de vivienda, separado del fondo de pensiones, permite que cada trabajador conozca exactamente cuánto tiene en su fondo de vivienda, y qué es lo que le va produciendo, con un sentimiento real de que esos depósitos son de su propiedad, lo que no choca con el texto constitucional a que se ha hecho referencia.
Como se ve, la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución no solamente estableció una modificación a la forma de cumplir con la obligación patronal de proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas sino que introdujo una auténtica sustitución de la obligación originaria. En lugar de que el patrón estuviera obligado a proporcionar viviendas a sus trabajadores debía depositarles a cada uno de ellos un fondo a su favor, y este depósito, tenía que ser en propiedad para los trabajadores, lo que se advierte de la parte final del artículo que determina que los trabajadores podrán adquirir en propiedad sus habitaciones. Por consiguiente el que se determine que el trabajador pueda disponer del fondo constituido a su favor si no lo usó en la adquisición de una casa, se encuentra en congruencia con el 123, fracción XII, de la Constitución. De acuerdo con lo anterior resulta claro que el artículo 29, fracción II que se reclama no viola el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución. El mismo determina que las aportaciones deberán aportarse a las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto para su abono en la subcuenta de vivienda, de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en el sistema de ahorro para el retiro, lo cual no significa que se desvíe el destino u objeto consignado en el artículo 123, apartado A, fracción XII constitucional, esto es, a la materia habitacional, a favor del trabajador. Para confirmar el aserto basta analizar lo dispuesto en los artículos 29, fracción II, párrafo cuarto; y fracción III, último párrafo, y 30, fracción II y otros más, para advertir que las administradoras del fondo para el retiro o Afores, sólo administran las aportaciones percibidas, con lo cual se logra un saneamiento en las finanzas del instituto, porque en lugar de que el Estado subsidie el rubro, se invierte el capital que por concepto de aportaciones se recaudan y se generan intereses a favor de cada trabajador, pero siendo responsable del manejo del instituto, a efecto de que se cumpla con el destino para el que fueron creadas. Además, debe destacarse que las aportaciones se aplican a una subcuenta de vivienda; luego, no se desvían de su finalidad, ya que solamente en caso de que el trabajador no utilice el crédito para vivienda, entonces se aplicarán para su fondo de retiro.
En conclusión el sistema regulado por los preceptos reclamados no viola el dispositivo constitucional sino que acata exactamente el fin de la Constitución; primero, obliga al patrón a hacer un depósito a favor de cada trabajador, que es propiedad de éste y, con ello, el patrón sustituye la obligación de proporcionar habitación; segundo, se establece un sistema de financiamiento que permite otorgar a los trabajadores un crédito barato y suficiente para que adquieran, en propiedad, habitación, lo que es función del Infonavit.
SEXTO. En su agravio único la quejosa recurrente aduce, básicamente, que en la sentencia recurrida no se analiza el problema de constitucionalidad planteado, sino que se incurre en una serie de desviaciones de los argumentos hechos valer que implican la omisión del estudio de los conceptos de violación. Los planteamientos que se estudian en forma incongruente son los siguientes:
1) El que se hizo valer en el primer concepto de violación en el sentido de que el artículo 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante el decreto reclamado, así como el artículo quinto transitorio de dicho decreto contravienen los artículos 136, 143 y 144 de la Ley Federal del Trabajo al incrementar el límite superior salarial de las aportaciones patronales y modificar la integración salarial para efectos del cálculo de tales aportaciones. En efecto, la Juez de Distrito se concreta a hacer una comparación entre los artículos 136, 143 y 144 de la Ley Federal del Trabajo en relación con el numeral 27, fracción IV, de la Ley del Seguro Social, pero se enreda en una serie de consideraciones que nada tienen que ver con la materia del amparo y que la llevan a conclusiones totalmente equivocadas, pues no obstante reconocer que no es a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la que corresponde fijar la forma de aportación e integración del salario, sino a la Ley Federal del Trabajo, y de reconocer la duplicidad de disposiciones en el establecimiento de la base de determinación del salario, concluye que no existe contravención con la Ley Federal del Trabajo porque las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no forman parte del salario, como lo señala el artículo 143 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 27, fracción IV, de la Ley del Seguro Social, lo que no fue materia de controversia y en nada influye en la determinación relativa a la modificación del límite máximo de cotización. El planteamiento de la quejosa fue en el sentido de que las reformas del decreto reclamado contravienen los artículos 136, 143 y 144 de la Ley Federal del Trabajo al modificar la integración salarial para el cálculo de las aportaciones patronales e incrementarlas, pues los artículos 29, fracción II, de la ley reclamada y quinto transitorio del decreto impugnado remiten a los artículos 27, 28 y vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social para la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, los que difieren de la regulación que la Ley Federal del Trabajo hace al respecto en los artículos citados, creándose así un conflicto de leyes y un estado de inseguridad jurídica derivado de tal conflicto que ocasiona violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna. Es inaplicable lo sostenido en la sentencia recurrida con respecto a que no existe impedimento constitucional para que el legislador fije la tarifa o la cuota de un gravamen remitiendo a lo que se establezca en otra ley, en virtud de que no se planteó la inconstitucionalidad del artículo 29, fracción II de la ley y quinto transitorio del decreto reclamado por el solo hecho de que se remita a otra ley, sino porque al remitir la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores impugnada a la Ley del Seguro Social ocasiona contradicción con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo en torno a la integración y cálculo de la base de las aportaciones y el límite superior salarial para su pago.
2) El relativo a que se transgreden las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias consagradas en el artículo 31, fracción IV, constitucional al incrementarse el límite máximo del salario de aportación de diez veces el salario mínimo a quince veces a la entrada en vigor del decreto de reformas reclamado y en un salario mínimo por cada año hasta llegar a veinticinco veces en el año dos mil siete, pues en la sentencia se sostiene que la quejosa pierde de vista que el artículo vigésimo quinto transitorio entrará en vigor hasta el primero de enero del año dos mil siete y que, por tanto, si aún no entra en vigencia no puede causarle perjuicio, consideración que es errónea, en virtud de que el incremento a quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a partir de la entrada en vigor de las reformas a la ley reclamada representa un incremento desproporcionado respecto a las diez veces el salario mínimo establecido en la Ley Federal del Trabajo, por lo que la afectación es inmediata y no hasta el año dos mil siete.
3) El planteamiento relativo a que con las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se desvirtúa lo previsto en la fracción XII del artículo 123, apartado A, de la Carta Magna, pues en la sentencia se sostiene que lo único que pudiera ocasionarle perjuicio a la quejosa sería el hecho de que sus aportaciones no se hicieran en beneficio de los propios trabajadores, sin tomar en cuenta que la naturaleza jurídica de las aportaciones que realizan los patrones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es la de ser contribuciones, conforme al artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, que, por tanto, deben cumplir con la garantía de destino al gasto público consagrada en el artículo 31, fracción IV, constitucional, garantía que es transgredida al quitar, los artículos 5o. y 29, fracción II, de la ley, reformados mediante el decreto reclamado, a las aportaciones el carácter de patrimonio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y convertir a dichas contribuciones en patrimonio particular.
4) El cuestionamiento hecho valer en el cuarto concepto de violación en torno a que se violan los principios de proporcionalidad y equidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna porque el artículo 29, penúltimo párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores obliga a los patrones a enterar las aportaciones aunque estén incapacitados los trabajadores, es decir, aun cuando se encuentre suspendida la relación laboral y no existe base salarial, situación que la Juez de Distrito confunde con el hecho de que el trabajador esté dado de baja o que los patrones no hayan realizado el aviso de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el trabajador se encuentre laborando con otro patrón.
5) El argumento hecho valer en el quinto concepto de violación, pues en él se adujo que el artículo 35 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reformado viola las garantías del debido proceso legal, legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al crear una serie de lagunas que traen consigo un estado de inseguridad, pues en el precepto controvertido se otorgan facultades al Instituto Mexicano del Seguro Social para emitir y notificar liquidaciones para el cobro de aportaciones y descuentos correspondientes al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sin que se hayan previsto las reformas o adiciones conducentes a las disposiciones legales correspondientes que no dejen lugar a duda de quién es la autoridad competente para conocer y resolver las inconformidades que se hagan valer en contra de las liquidaciones que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social en las que se determinen créditos que pertenezcan al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en tanto, por un lado, se estaría en presencia de un acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social impugnable mediante el recurso de inconformidad regulado por el artículo 294 de la Ley del Seguro Social vigente y, por el otro, al constituir una liquidación que versa sobre un crédito por concepto de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sería recurrible mediante el recurso de inconformidad contemplado en el artículo 52 de la ley de dicho instituto. Sobre el anterior planteamiento, la Juez del conocimiento hace una serie de razonamientos y cita tesis que son completamente ajenos al problema debatido.
SÉPTIMO. El planteamiento hecho valer por la quejosa recurrente en su agravio único y que fue resumido en el inciso 1) del considerando precedente de esta resolución es fundado, pero insuficiente para revocar la negativa del amparo a la quejosa.
En efecto, el agravio es fundado porque, como lo afirma la recurrente, en la sentencia recurrida no se analizó el conflicto de leyes planteado y se llegó a conclusiones ajenas al planteamiento hecho valer, como lo es la relativa a que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social, a la cual remite la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, excluyen a las aportaciones a dicho instituto como parte integrante del salario, pues la litis no consistía en si dichas aportaciones se excluían o no del salario, sino en la previsión diversa de los conceptos que integran el salario para el cálculo de las aportaciones patronales y del límite superior salarial al que se encuentran sujetas tales aportaciones en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social. Por tanto, debe considerarse fundado el agravio, pues no obstante que el primer concepto de violación planteado por la peticionaria de garantías fue resumido correctamente en la sentencia recurrida, al procederse a su análisis, se estudian cuestiones ajenas a las planteadas.
Sin embargo, el agravio es insuficiente para revocar la negativa del amparo a la quejosa porque la inconstitucionalidad de una ley no deriva de su contradicción con otra ley ordinaria, sino de su pugna con la Constitución Federal, ello con independencia de que con motivo de la contradicción que se aduce se invoquen como transgredidas las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, pues tal transgresión sólo es en vía de consecuencia, pero no una violación directa a un precepto constitucional.
Resultan aplicables al respecto las siguientes tesis jurisprudencial y aislada sustentadas por este Tribunal Pleno, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX-Enero, página 59 y Séptima Época, Tomo 193-198, Primera Parte, página 119, que, respectivamente, dicen:
"CONTRIBUCIONES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE LAS ESTABLECE NO DEPENDE DE SU CONTRADICCIÓN CON ORDENAMIENTOS SECUNDARIOS O PACTOS ECONÓMICOS. La inconstitucionalidad de la ley que establece un gravamen no puede fundarse en el hecho de que éste contraríe el espíritu de leyes de carácter secundario o pactos económicos, sino en la demostración de que resulta violatorio de algún precepto de la Constitución Federal." (jurisprudencia 1/92).
"LEY, CONSTITUCIONALIDAD DE LA. REQUISITO PARA SU ANÁLISIS. Para que se pueda analizar si un ordenamiento es constitucional o no, debe señalarse el precepto de la Carta Magna con el cual pugna; requisito que no se satisface en un concepto de violación en el que se sostiene que la ley combatida se encuentra en contradicción con otra ley ordinaria."
Las anteriores tesis jurisprudencial y aislada transcritas resultan aplicables al caso porque la quejosa, ahora recurrente, pretende hacer derivar la inconstitucionalidad de los artículos 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reformado y quinto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, de su contradicción con los artículos 143 y 144 de la Ley Federal del Trabajo.
El artículo 29, fracción II, primer párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su texto reformado mediante el decreto reclamado, dispone:
"Artículo 29. Son obligaciones de los patrones:
"...
"II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la presente ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social."
El artículo quinto transitorio del decreto que se impugna establece:
"El límite superior salarial a que se refiere el artículo 29, fracciones II y III, será de conformidad con lo establecido en la Ley del Seguro Social que entrará en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, en la parte correspondiente a los seguros de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez."
La Ley del Seguro Social a la que remite el precepto anteriormente transcrito, establece en sus artículos 29, 28 y vigésimo quinto transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, lo siguiente:
"Artículo 27. Para los efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios.
"Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:
"I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;
"II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical;
"III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;
"IV. Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa;
"V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando representen cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario, que rija en el Distrito Federal;
"VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;
"VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;
"VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y
"IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.
"Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón."
"Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva."
"Vigésimo quinto. El artículo 28 de esta ley entrará en vigor el 1o. de enero del año 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.
"A partir de la entrada en vigor de esta ley el límite del salario base de cotización en veces salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el que se aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año 2007."
Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en su título cuarto "Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones", capítulo III "Habitaciones para los trabajadores", artículos 143 y 144, dispone:
"Artículo 143. Para los efectos de este capítulo el salario a que se refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregare al trabajador por sus servicios; no se tomarán en cuenta dada su naturaleza, los siguientes conceptos:
"a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares;
"b) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa; y las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales;
"c) Las aportaciones al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas;
"d) La alimentación y la habitación cuando no se proporcionen gratuitamente al trabajador, así como las despensas;
"e) Los premios por asistencia;
"f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicios esté pactado en forma de tiempo fijo;
"g) Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubren las empresas."
"Artículo 144. Se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente a diez veces el salario mínimo general del área geográfica de aplicación que corresponda."
Deriva de los anteriores preceptos legales transcritos que, efectivamente, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, al cual remite el numeral 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante el decreto reclamado, no coincide, en su totalidad, en los conceptos que excluye como integrantes del salario base de cotización con los previstos en el numeral 143 de la Ley Federal del Trabajo; y que el artículo quinto transitorio del decreto reclamado prevé un límite superior salarial diverso al establecido en el artículo 144 de la Ley Federal del Trabajo, pues mientras en el primer precepto citado, al remitir a la Ley del Seguro Social en la parte correspondiente a los seguros de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez, contempla el límite salarial establecido en los artículos 28 y vigésimo quinto transitorio de dicha ley de quince veces el salario mínimo general que rige en el Distrito Federal al inicio de la vigencia de ley y que se aumentará en un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año dos mil siete, en el artículo 144 de la Ley Federal del Trabajo se establece como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente a diez veces el salario mínimo general del área geográfica de aplicación que corresponda.
Las anteriores discrepancias, aun cuando fueron planteadas por la quejosa, ahora recurrente, como violatorias de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en realidad no constituyen un problema de constitucionalidad sino de mera legalidad, consistente en determinar si existe o no la contradicción de leyes planteada y, en su caso, cuál debe ser aplicada.
Son aplicables analógicamente al caso las tesis CXVI/95 y C/92 sustentadas por este Alto Tribunal que señalan:
"LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES POR EL SOLO HECHO DE QUE LAS INSTITUCIONES QUE REGULAN NO ESTÉN PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN. La inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con los principios establecidos por la Constitución Federal, según lo ha precisado la Suprema Corte de Justicia. Por ello, el solo hecho de que una ley establezca instituciones jurídicas no previstas en la Constitución -como las costas judiciales- no implica, necesariamente, la inconstitucionalidad de la norma, pues ésta, como se indicó, resulta de la contradicción señalada." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 236).
"LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de ella, como los tratados internacionales, celebrados por el Ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 60, diciembre de 1992, página 27).
Resultan de aplicación analógica al caso las tesis reproducidas con anterioridad porque en ellas se sostiene que la inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con la Carta Magna y no de su contradicción con ordenamientos de la misma jerarquía, como en el caso lo son la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
A mayor abundamiento, debe señalarse que no existe la contradicción que se plantea, en virtud de que habiendo sido la ley reclamada emitida por el mismo órgano legislativo que emitió la Ley Federal del Trabajo, teniendo ambas la misma jerarquía conforme a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional y regulando en el aspe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5327-7a9c9d52/infonavit-el-incremento-al-limite-superior-salarial-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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