Corpus
Modo: Corpus Pro

ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LOS ARTICULOS 49 Y 51 DE LA LEY NUMERO 122 DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE ESTABLECEN PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 206/95. · Registro digital (IUS): 3490
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INMOBILIARIA PEDRO DE ALVARADO, S.A DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, , Pág. 701.

AMPARO EN REVISION 206/95. INMOBILIARIA PEDRO DE ALVARADO, S.A DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- Son inoperantes en una parte e infundados en otra los agravios propuestos por el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su carácter de autoridad responsable.

En efecto, en su primer agravio el recurrente sostiene que la promulgación y orden de publicación de la Ley Número 122 de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y cinco, se realizó de acuerdo a las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por ello está apegada a derecho y no resulta violatoria de garantías.

El argumento que antecede es inoperante.

No basta que la Constitución del Estado de Guerrero, en su artículo 74, fracción III, establezca entre otras, como atribución del gobernador del Estado, la promulgación, publicación y ejecución de leyes que expida el Congreso del Estado, para que las promulgadas y publicadas por disposición de él sean acordes con el contenido de la Constitución General de la República, y por ende, no violatorias de las garantías individuales que consagra; sino que es necesario que no transgredan derechos públicos subjetivos establecidos en la Constitución Federal a fin de preservar el estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica de los gobernados. Por esa razón es inoperante el argumento.

En lo relativo al segundo agravio, el recurrente expresa que la apreciación del Juez a quo, fue errónea al considerar la inconstitucionalidad del artículo 49 de la Ley Número 122 de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y cinco, y señalar que se invade la esfera de facultades privativas de la Federación, y esto porque el Juez de Distrito confunde el objeto del tributo con la base de determinación del mismo.

Lo expuesto es infundado, por las razones que se citarán a continuación.

Si bien es cierto que de acuerdo a lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso b) constitucional, el Municipio tiene a su cargo el servicio público de alumbrado; y en términos del mismo numeral, fracción II y fracción IV, inciso c), los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio conforme a la ley y administran su Hacienda, que se formará, entre otras contribuciones, con los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, considerándose como tal, en el caso, el relativo a alumbrado público; también lo es, como lo afirmó el Juez de Distrito y contrario a lo argumentado por el revisionista, que para calcular el pago de los derechos provenientes de ese servicio público no debe tomarse como base la cantidad que se paga por los contribuyentes, por consumo de energía eléctrica, ya que este criterio lo que denota es el establecimiento de un gravamen sobre ese consumo y no un derecho proveniente del beneficio que se obtiene con el alumbrado público.

El objeto del tributo es lo que se grava, es la actividad o situación económica sujeta a imposición, y al respecto, fue correcta la apreciación del Juez de Distrito, cuando afirma que el objeto del tributo, de acuerdo a lo previsto por el artículo 49 de la Ley Número 122 de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero, declarado inconstitucional, es el consumo de energía eléctrica; cuando la imposición sobre ese fluido es exclusiva de la Federación, en términos de lo establecido en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a) de la Constitución General de la República.

Y aun cuando el recurrente sostiene que el consumo de energía eléctrica no es el objeto de los derechos que deben pagar los beneficiados por el servicio de alumbrado público, sino la base del cálculo para su cobro, ello en realidad lo que establece es un gravamen sobre el consumo de energía eléctrica.

Y es precisamente el hecho de que se haya tomado como criterio para determinar el monto del pago por servicio de alumbrado público lo que lleva a establecer que se ha invadido la esfera de facultades exclusivas de la Federación, en cuanto al cobro de impuestos por energía eléctrica.

En lo referente a que el cobro por servicio de alumbrado público, es un derecho y no un impuesto, que deben pagar los particulares en términos de lo previsto en el artículo 31, fracción IV constitucional, debe decirse que en efecto, debe hacerse, pero se insiste, no es dable tomar como base para el mismo, el consumo de energía eléctrica, porque con ello se rompe la correspondencia que debe existir entre el objeto de una contribución y su base; porque en este caso, no hay ninguna relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por alumbrado público.

En este orden de ideas, como lo mencionó el Juez de Distrito, es aplicable al caso la jurisprudencia J/P.6/89, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 134, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-I, Octava Epoca, bajo el rubro: "ALUMBRADO PUBLICO. DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION."

En las narradas circunstancias, y dado que los agravios propuestos son inoperantes e infundados, procede confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo que ordenan los artículos 184 y 188 de la Ley de Amparo; y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se resuelve:

Primero.- Se confirma la sentencia recurrida.

Segundo.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Inmobiliaria Pedro de Alvarado, S.A. de C.V., a través de su representante Crescencio Arzeta Brito contra los actos que reclamó del Congreso, gobernador constitucional, secretario general de gobierno y secretario de Finanzas y Administración, todas del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Ayuntamiento Constitucional, presidente municipal; secretario de Administración y Finanzas y jefe de Ejecución Fiscal del Municipio de Acapulco, Guerrero, que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, integrado por los Magistrados: Mario Roberto Cantú Barajas, Joaquín Dzib Núñez y José Refugio Raya Arredondo, siendo ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3490-5a2a06d7/alumbrado-publico-derechos-por-servicio-de-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.