VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 1o.-B, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER EL MOMENTO EN QUE SE CONSIDERARÁN EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003).
AMPARO EN REVISIÓN 1152/2005. INMOBILIARIA ALEXTRE, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede el estudio de los conceptos de violación cuyo estudio no realizó el Juez de Distrito del conocimiento, debido a la determinación sustentada en su fallo.
En dichos conceptos de violación la quejosa alegó:
1. El artículo 1o. B, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado viola la garantía de legalidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que al utilizar la expresión "y cualquier otro concepto cualquiera que sea el nombre con el que se le designe", deja al arbitrio de la autoridad fiscal determinar elementos esenciales del impuesto, como son la base y época de pago.
2. Lo anterior lo estima así la quejosa, porque en su concepto, el numeral permite que sea la autoridad administrativa la que, a su libre arbitrio, determine la base del impuesto y cobre el gravamen por conceptos no establecidos en la ley, dejando a los contribuyentes en un estado de inseguridad jurídica.
3. Dicha disposición legal genera incertidumbre en cuanto a la época de pago del tributo, porque permite que la autoridad administrativa determine tanto el momento en que cualquier concepto debe incluirse en la base del tributo como aquel en que debe pagarse.
4. El dispositivo impugnado también viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, en razón de que al dejar en manos de la autoridad fiscal determinar la base del gravamen, no permite que el pago del impuesto se lleve a cabo de manera proporcional, pues impide que se tome en cuenta la capacidad contributiva de cada contribuyente.
Previamente al análisis de los conceptos de violación sintetizados, es conveniente hacer las siguientes precisiones:
Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la quejosa sólo reclamó el artículo 1o. B, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro.
Por otra parte, de las manifestaciones vertidas por la quejosa en el escrito de demanda, específicamente en el punto uno del capítulo destacado de "Antecedentes" (folio 2 del expediente de amparo), como de las pruebas que acompañó a la misma consistentes en copias certificadas del recibo bancario de pago de contribuciones federales de veintitrés de noviembre de dos mil cuatro y de la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, presentada el día veinte de diciembre de dos mil dos, en la Oficialía de Partes de la Administración Local de Asistencia al Contribuyente, Centro del Distrito Federal, se advierte que tiene como actividades preponderantes la "compraventa, arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles"; por tanto, está obligada al pago del impuesto al valor agregado en términos del artículo 1o. de la ley respectiva, que establece:
"Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:
"I. Enajenen bienes.
"II. Presten servicios independientes.
"III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
"IV. Importen bienes o servicios.
"El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 15%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.
"El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o. A o 3o., tercer párrafo de la misma.
"El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido.
"El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales."
El artículo 1o. B, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado tildado de inconstitucional, dispone lo siguiente:
"Artículo 1o. B. Para los efectos de esta ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones."
Ahora bien, son infundados los conceptos de violación acabados de reseñar, pues esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión números 283/2005 y 943/2005, bajo la ponencia del señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel; los amparos en revisión 928/2005 y 885/2005, bajo la ponencia del señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; y el amparo en revisión 1075/2005, bajo la ponencia del señor Ministro Juan Díaz Romero, en sesiones de fechas ocho de abril (el primero), ocho de julio (los dos siguientes), primero de julio (el citado en cuarto lugar) y doce de agosto (el último), todos del año dos mil cinco, estableció que el artículo 1o. B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al incluir la expresión "y cualquier otro concepto" no transgrede el principio de legalidad tributaria, porque no deja a cargo de la autoridad administrativa la determinación de los conceptos que se toman en consideración para calcular la base del impuesto, ni existe incertidumbre jurídica, ya que la base del tributo se integra con todos aquellos conceptos que se cobran a quien recibe la prestación del servicio. Asimismo, se estableció que existe certeza en cuanto a la época de pago del tributo.
El primero de los mencionados precedentes, en su parte conducente, dice:
"QUINTO. Con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo se procede al estudio conjunto de los agravios propuestos por la recurrente, en virtud de que se encuentran estrechamente vinculados en sus planteamientos.
"También es necesario destacar que sobre el tema esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió el amparo en revisión número 1933/2004, donde la quejosa es Cooperativa Sociocultural La Góndola, Sociedad Cooperativa Suplementada, en sesión del día veintiocho de enero de dos mil cinco, por unanimidad de cinco votos, precedente que es aplicable en el asunto que se resuelve, no obstante que ahí se hubiera analizado la legislación vigente en dos mil tres; sin embargo, los artículos 1o. B y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no sufrieron reformas para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, por lo cual rigen las mismas razones plasmadas en esa ejecutoria.
"La materia del recurso de revisión en esta instancia, se concentra en el estudio de los agravios primero y segundo de la quejosa recurrente, en el cual impugna la negativa del amparo respecto de los artículos 1o. B, párrafo primero y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en dos mil cuatro, esencialmente, al estimar que esos preceptos incurren en violación al principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establecen las expresiones ‘y cualquier otro concepto cualquiera que sea el nombre con el que se le designe’ así como ‘y cualquier otro concepto’, con las cuales no se define en forma alguna cuáles serán los elementos que determinen la época de pago y aquellos que integren la base del impuesto, cuestiones que a su parecer deben estar definidos con toda exactitud en la ley impositiva respectiva y al no ser así incurren en la violación apuntada.
"Ahora bien, son infundados los agravios en estudio en razón de que contrariamente a lo sostenido por la quejosa, los preceptos legales impugnados no dejan a la voluntad de la autoridad hacendaria el determinar el momento en que se causa el impuesto y los elementos que integran la base del tributo, pues el artículo 1o. B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado únicamente establece el momento en que se debe considerar efectivamente cobrada la contraprestación de que se trate para efectos de determinar y enterar el tributo conforme a la base ya establecida en el artículo 18 de la misma ley reclamada, por lo que no se deja en manos de la autoridad administrativa la determinación del momento en que se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones y de la base gravable, ya que la referencia a ‘cualquier otro concepto’ y ‘sin importar el nombre con el que se les designe’, tratándose de contraprestaciones, se refiere a las cantidades efectivamente cobradas por los conceptos gravados.
"Conviene aclarar que la parte quejosa impugnó el artículo 1o. B, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 18 de la misma ley, ambos vigentes en dos mil cuatro, precisando que se dedica a la prestación de servicios de asesoría administrativa y fiscal, entre otras actividades, y que está obligada a pagar el impuesto al valor agregado sobre las contraprestaciones que reciba por la prestación de sus servicios, tal como ya lo hizo.
"Por tanto, para resolver el problema de constitucionalidad planteado, es necesario precisar en qué consiste el principio de legalidad tributaria que deriva del artículo 31, fracción IV, constitucional, para después determinar si la norma impugnada incide o no en la base del tributo referida a la prestación de servicios, que es el supuesto legal a que se refiere la quejosa.
"El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expresado el contenido y alcance del principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, en las jurisprudencias que aparecen publicadas con los números 162 y 168, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo I, páginas 165 y 169, cuyas respectivas sinopsis son del tenor siguiente:
"‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos «contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes», no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria puede en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida.’
"‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan sólo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria, pueda en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causal. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles.’
"De acuerdo con las consideraciones plasmadas en los anteriores criterios, el respeto a la garantía de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, por las siguientes razones:
"Para evitar que quede al margen de la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto.
"Para evitar el cobro de impuestos imprevisibles.
"Para evitar el cobro de impuestos a título particular.
"Para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo.
"Así, para determinar si el precepto impugnado satisface los presupuestos antes mencionados, es necesario establecer cuáles son los elementos del impuesto al valor agregado, de conformidad con el artículo 1o. de la ley relativa.
"1. Objeto. La realización, en territorio nacional, de los actos o actividades de enajenación de bienes; la prestación de servicios independientes; el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios.
"2. Sujetos pasivos. Las personas físicas y morales que realicen, en territorio nacional, los actos o actividades que son objeto del impuesto.
"3. Base. Es el valor de la contraprestación pactada, por los actos o actividades que son objeto del impuesto.
"Tratándose de prestación de servicios, cuya actividad es la que interesa a la solución de este asunto, el artículo 18 de la referida ley considera como valor, el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio, por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto.
"4. Tasa. Es el por ciento aplicado al valor de los actos o actividades gravadas del 15%, 10% o 0%, según el caso (artículos 1o., párrafo segundo, 2o. y 2o. A).
"Ahora bien, el planteamiento de inconstitucionalidad que hizo valer la parte quejosa, involucra el estudio conjunto de los artículos 1o. B, párrafo primero y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigentes en dos mil cuatro, cuyo contenido es el siguiente:
"‘Artículo 1o. B. Para los efectos de esta ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.’
"...
"‘Artículo 18. Para calcular el impuesto tratándose de servicios se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses formales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto.’
"De los citados preceptos, se deduce que el artículo 18 establece la base del impuesto al valor agregado, tratándose de prestación de servicios, al establecer que se considera como valor (del acto o actividad objeto del tributo): El total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses formales o moratorios, penas convencionales, o cualquier otro concepto.
"Por su parte, el artículo 1o. B, párrafo primero, señala el momento en que nace la obligación tributaria, en tanto prevé que ‘se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones’: Cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.
"El momento en que nace la obligación de pago, tiene que ver con lo dispuesto por el artículo 17 de la referida ley, que dice:
"‘Artículo 17. En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose de los intereses a que se refiere el artículo 18-A de esta ley, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme éstos se devenguen.’
"El anterior precepto establece, como regla general, que se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas.
"Por tanto, la interpretación armónica y sistemática de los artículos 17 y 1o. B, párrafo primero, permite concluir que este último regula el momento en que se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones que representan el valor de los actos o actividades gravadas, para efectos de determinar el momento en que nace la obligación de pago.
"Ahora bien, la circunstancia de que el artículo 1o. B, en su párrafo primero establezca que se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, en modo alguno contraviene el principio de legalidad tributaria que deriva del artículo 31, fracción IV, constitucional, pues la base del tributo, tratándose de prestación de servicios, está plenamente determinada en el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al establecer lo que debe considerarse como valor del acto o actividad gravada, al que se le aplicará la tasa correspondiente, mientras que el artículo 1o.-B, párrafo primero, de dicha ley, sólo regula el momento en que debe considerarse efectivamente cobrada la contraprestación, para efectos de determinar la obligación de pago, que es cuando se reciba en efectivo, en bienes o servicios, sin importar el nombre con que se le designe, porque esta expresión tiene como propósito evitar que los propios contribuyentes identifiquen las contraprestaciones con términos diversos de los utilizados por el legislador, ya que de ese modo serían ellos mismos los que determinarían el momento del hecho imponible y, por ende, de la obligación de pago.
"De ese modo, no se deja en manos de la autoridad administrativa la determinación de los conceptos que se toman en cuenta para calcular la base del impuesto (valor de la contraprestación), ni existe incertidumbre jurídica, ya que son los propios contribuyentes los que pactan la contraprestación e integran los conceptos que se cobran a quien recibe la prestación del servicio, de modo que para la determinación de la base gravable, es entendible que el legislador se haya referido a ‘cualquier otro concepto’ que se integre al valor de la contraprestación pactada, cuyo resultado es el valor total del acto o actividad que es objeto del tributo.
"Del mismo modo, se justifica que para determinar el momento en que se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones, lo cual da lugar a la obligación de pago, el legislador se haya referido ‘a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe’, dado que es el propio contribuyente quien pacta y determina la naturaleza, términos y condiciones de la contraprestación que representa el valor de los actos o actividades objeto del impuesto.
"Aunado a lo anterior, la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 14, establece cuáles son los actos o actividades que se consideran prestación de servicios, y en el artículo 15 señala los casos de prestación de servicios en que no se pagará el impuesto, por lo que el valor de la contraprestación que constituye la base gravable se refiere a las cantidades cobradas por la prestación del servicio que es objeto del impuesto.
"En estas condiciones, deviene infundado el argumento que plantea la parte quejosa en sus agravios, en el sentido de que las autoridades fiscales pueden determinar como elementos de la base gravable a su albedrío, alguno no establecido en los artículos 1o.-B y 18 de la ley de que se trata; empero, como ya se vio en la ley, está claramente establecido tanto el momento en que nace la obligación fiscal y los elementos que integran la base.
"Ciertamente, los planteamientos de la quejosa devienen infundados, ya que la base del impuesto está plenamente determinada en el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al establecer cómo se integra el valor del acto o actividad gravada, a saber: con el valor total de la contraprestación y demás cantidades que se carguen o cobren a quien reciba el servicio (otros impuestos, derechos, viáticos, gastos, reembolsos, intereses formales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto), de donde se sigue que la base gravable es el valor total de la actividad gravada, es decir, las cantidades que se cargan o cobran a la persona que recibe la prestación del servicio, lo cual no deja en manos de la autoridad administrativa la determinación de los conceptos que deben tomarse en cuenta, aun cuando se señale ‘cualquier otro concepto’, ya que son los propios contribuyentes quienes establecen la naturaleza, términos y condiciones de la contraprestación, por lo cual no importa el nombre con el cual se designe sino el hecho incontrovertible y bien determinado en la ley, es decir, el valor del acto o actividad gravada, el cual se integra con el valor total de la contraprestación y demás cantidades que se carguen o cobren a quien reciba el servicio; por tanto, sí está determinada la base en el texto legal, contrariamente a lo afirmado por el quejoso recurrente."
Del criterio anterior derivaron las tesis siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, mayo de 2005
"Tesis: 2a. XLV/2005
"Página: 536
"VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 1o.-B, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER EL MOMENTO EN QUE SE CONSIDERARÁN EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).-El hecho de que el citado precepto establezca que se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque conforme al artículo 18 de la ley mencionada la base del tributo, tratándose de la prestación de servicios, es el valor total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto; mientras que el artículo 1o.-B, párrafo primero, de la ley citada, sólo regula el momento en que debe considerarse efectivamente cobrada la contraprestación para efectos de determinar la obligación de pago; de ahí que el hecho de que el legislador se haya referido a ‘cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe’, no transgrede el citado principio, en razón de que el momento en el cual se considerarán efectivamente cobradas las contraprestaciones base del impuesto se encuentra establecido en la ley, por lo cual no se deja a la voluntad de la autoridad fijar esa circunstancia, pues será en el momento en que se reciban en efectivo, bienes o servicios, o cuando el interés del acreedor quede satisfecho; por tanto, no afecta el nombre con el cual se designe a la contraprestación, sino el instante en que se reciba ésta, tal como lo dispone la norma impositiva."
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, mayo de 2005
"Tesis: 2a. XLIX/2005
"Página: 536
"VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 1o.-B, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO OCASIONA INDETERMINACIÓN EN SU BASE, TRATÁNDOSE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, AL ALUDIR ‘A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNE’ (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003).-La base del impuesto al valor agregado, tratándose de la prestación de servicios, está determinada en el artículo 18 de la ley del impuesto relativo, al establecer que se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto. Ahora bien, el artículo 1o.-B, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al prever que se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando correspondan a anticipos, depósitos o ‘a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe’, sólo regula el momento en que debe considerarse efectivamente cobrada la contraprestación para determinar la obligación de pago, evitando que ello quede a la discreción del contribuyente mediante la identificación de contraprestaciones con nombres diversos a los utilizados por el legislador, lo que no ocasiona indeterminación en la base del impuesto, ya que son los propios contribuyentes los que pagan la contraprestación e integran los conceptos que se cobran a quien recibe la prestación del servicio."
Ahora bien, tratándose de las actividades que realiza la quejosa -compraventa, arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles- la base del impuesto al valor agregado se establece en los artículos 12 y 23 de la ley respectiva, que disponen:
"Artículo 12. Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se considerará como valor el precio o la contraprestación pactados, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto."
"Artículo 23. Para calcular el impuesto en el caso de uso o goce temporal de bienes, se considerará el valor de la contraprestación pactada a favor de quien los otorga, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien se otorgue el uso o goce por otros impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcciones (sic), reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto."
Por cuanto al momento en que nace la obligación de pago tratándose de las actividades mencionadas, los artículos 11 y 22 de la mencionada ley señalan:
"Artículo 11. Se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas.
"Tratándose de la enajenación de títulos que incorporen derechos reales a la entrega y disposición de bienes, se considerará que los bienes que amparan dichos títulos se enajenan en el momento en que se pague el precio por la transferencia del título; en el caso de no haber transferencia, cuando se entreguen materialmente los bienes que estos títulos amparen a una persona distinta de quien constituyó dichos títulos. Tratándose de certificad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19268-367c59d6/valor-agregado-el-articulo-1o--b-parrafo-primero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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