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Modo: Corpus Pro

FACULTADES DE COMPROBACION DE LAS OBLIGACIONES FISCALES. EL ARTICULO 51 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 817/93. · Registro digital (IUS): 4110
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INMOBILIARIA PAJE, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, , Pág. 75.

AMPARO EN REVISION 817/93. INMOBILIARIA PAJE, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Son fundados los agravios hechos valer.

En efecto, como lo aduce la autoridad recurrente, el artículo 51 del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y siete, no es violatorio de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República, por las razones que enseguida se exponen:

Conviene destacar, en primer término, que el citado artículo 51 del Código Fiscal de la Federación, en su texto que estuvo en vigor hasta el año de mil novecientos ochenta y seis, establecía lo siguiente:

"ARTICULO 51.-Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48, conozcan de hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los darán a conocer en forma circunstanciada al contribuyente o responsable solidario, sin que el oficio respectivo constituya resolución fiscal.-Se tendrán por aceptados los hechos u omisiones contra los cuales el contribuyente o responsable solidario no se inconforme o respecto de los cuales no ofrezca pruebas para desvirtuarlos, en los términos del artículo 54, contando el plazo para presentar la inconformidad a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio.-Cuando las autoridades fiscales estén practicando visitas en el domicilio fiscal al contribuyente o responsable solidario, la inconformidad se hará valer junto con la que, en su caso, se presente contra el acta final."

El mencionado precepto del código tributario federal, en su texto vigente a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y siete, dispone:

"ARTICULO 51.-Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución.-Los datos, documentos e informes que los terceros proporcionen, deberán darse a conocer al contribuyente mediante notificación que se efectuará en los términos del artículo 134 de este Código.-Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, en ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este Código, hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente o responsable solidario al que le estén practicando una visita domiciliaria, darán a conocer a éste el resultado de aquella actuación, en el acta final de la citada visita domiciliaria. En este caso se tendrán por aceptados los hechos u omisiones contra los cuales el contribuyente o responsable solidario no ofrezca pruebas para desvirtuarlos en los términos del artículo 54."

El dispositivo legal transcrito se encuentra contenido en el título III, del Código Fiscal de la Federación, denominado "De las facultades de las autoridades fiscales".

Por otra parte, el artículo 48 del mismo ordenamiento legal, en su texto vigente a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y siete, al que alude el numeral antes transcrito, establece:

"ARTICULO 48.-Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente: I.-La solicitud se notificará en el domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes por la persona a quien va dirigida y en su defecto, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en su casa-habitación o lugar donde éstas se encuentren.-II.-En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se deben proporcionar los informes o documentos.-III.-Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante."

Pues bien, el precepto impugnado no viola la garantía de audiencia ya que, salvo el caso de que la ley secundaria disponga otra cosa, en materia fiscal la garantía de audiencia es posterior a la aplicación de los impuestos.

Así lo ha establecido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 79, consultable en las páginas noventa y tres y siguiente, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, y que a la letra dice:

"AUDIENCIA, GARANTIA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.-Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos."

Por otra parte, el procedimiento de investigación de gabinete, a través del cual se ejercen solamente facultades de comprobación, no es un acto privativo, sino de molestia, pues sólo tiene la finalidad de establecer la certeza de actos u omisiones concernientes a la situación fiscal del causante.

De lo anterior resulta que los hechos y omisiones que se establezcan durante la revisión de escritorio -únicos que eran materia de la inconformidad contra el oficio de observaciones-, podrán motivar la resolución liquidadora definitiva, pero no obligan al particular por sí solos, puesto que no constituyen resolución fiscal.

Es pertinente establecer la distinción entre los actos provenientes de autoridad que puedan implicar molestia y aquellos que signifiquen privación de alguno o varios derechos subjetivos del gobernado.

Al efecto, basta reproducir la tesis de jurisprudencia número 46 sustentada por este Pleno, que aparece publicada en las páginas 5 y 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y seis, Novena Epoca, Tomo IV, y que a la letra dice:

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION.-El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional."

En consecuencia, es inexacto que el mencionado artículo 51 del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y siete, contraríe el contenido del artículo 14 constitucional, pues el hecho de que se haya suprimido la instancia de inconformidad en contra del oficio de observaciones formulado por las autoridades fiscales con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación que se contemplan en el diverso artículo 48 del aludido código tributario federal, no implica que se prive al particular afectado de la oportunidad de defensa, puesto que, como ya se dijo, dicho oficio de observaciones no constituye un acto privativo, sino de molestia, que sólo requiere el cumplimiento de las formalidades previstas por el artículo 16 de la Constitución Federal.

Cabe agregar que el multicitado artículo 51 del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, dispone lo siguiente:

"ARTICULO 51.-Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución.

"Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente o responsable solidario sujeto a las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48, le darán a conocer a éste el resultado de aquella actuación mediante oficio de observaciones, para que pueda presentar documentación a fin de desvirtuar los hechos consignados en el mismo, dentro de los plazos a que se refiere la fracción VI del citado artículo 48."

Es cierto que la instancia de inconformidad que establecía el artículo 51 del Código Fiscal en su texto anterior al año de 1987 con la finalidad de desvirtuar hechos que pudieran dar lugar a responsabilidades fiscales a cargo del causante, la cual se reinstaura en el precepto actualmente en vigor, le confiere mayor seguridad jurídica al procedimiento de investigación llevado a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias; sin embargo, se trata de un trámite legal, no de rango constitucional, que resulta conveniente, pero no indispensable, pues como ya se dijo, el procedimiento de investigación de gabinete, comúnmente denominado "revisión de escritorio", se rige solamente por la garantía de seguridad jurídica prevista por el artículo 16 constitucional.

Por tanto, procede revocar la sentencia recurrida en lo que es materia de la revisión y negar la Protección Constitucional a la quejosa respecto del artículo 51, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, así como de los actos de aplicación de dicho dispositivo legal.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Quedan firmes por no haber sido impugnados, el sobreseimiento que decretó el Juez de Distrito en relación con los actos que se reclamaron del secretario de Hacienda y Crédito Público, así como la concesión del amparo en contra de los artículos 809 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y siete y artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y los actos de aplicación reclamados.

SEGUNDO.-En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Inmobiliaria Paje, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos que reclama del Congreso de la Unión, presidente de la República, secretario de Gobernación, secretario de Hacienda y Crédito Público, director del Diario Oficial de la Federación y directora de Auditoría de Dictámenes de la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación y orden de publicación del Decreto de reformas al Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, concretamente, en cuanto al artículo 51, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, así como de los actos de aplicación de dicho dispositivo legal.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, y presidente Aguinaco Alemán, con los siguientes puntos resolutivos: declarar firmes por no haber sido impugnados, el sobreseimiento que decretó el Juez de Distrito en relación con los actos que se reclamaron del secretario de Hacienda y Crédito Público, así como la concesión del amparo en contra de los artículos 809 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y siete y 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, y los actos de aplicación reclamados; en la materia de la revisión, revocar la sentencia recurrida; y negar el amparo a la quejosa en contra de los actos que reclama del Congreso de la Unión, presidente de la República, secretario de Gobernación, secretario de Hacienda y Crédito Público, director del Diario Oficial de la Federación y directora de Auditoría de Dictámenes de la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación y orden de publicación del Decreto que reforma el Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, concretamente en cuanto al artículo 51, primer párrafo, así como de los actos de aplicación de dicho dispositivo legal.

El Ministro Juan N. Silva Meza no asistió, por estar disfrutando de sus vacaciones.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4110-8082f267/facultades-de-comprobacion-de-las-obligaciones-fiscales-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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