HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME EL SEGUNDO ACTO DE APLICACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 2746/96. CONCRETOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Los motivos de inconformidad que se expresan son inoperantes en una parte, y en otra infundados.
En efecto, de la sentencia constitucional que se revisa, engrosada el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis, se observa que al pronunciarla, la Juez de Distrito decretó el sobreseimiento integral en el juicio de garantías, al estimar que en el caso concreto se actualizó la hipótesis de litispendencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, apoyada en los siguientes motivos:
a) Que esa causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable era fundada, pues los actos reclamados a las autoridades responsables en el juicio de amparo 395/95, que se resolvió el doce de agosto del mismo año y que se encontraba en revisión pendiente de resolución, eran los mismos que la ahora quejosa también combatió en el presente juicio de garantías; es decir, Concretos Metropolitanos, S.A. de C.V. en aquel juicio demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del presidente de la República y otras autoridades, consistentes en la inconstitucionalidad del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y el Acuerdo que Regula la Organización y Funcionamiento Interno del Instituto Nacional de Ecología y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, aunque los actos de aplicación de tales ordenamientos eran distintos en ambos amparos al derivar de las diversas órdenes de inspección ordinaria 05982 y 06006, de quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco y de las actas contenidas en los folios 09-004-0024/95 y 09-008-0028/95, de dieciséis y diecisiete de agosto de ese año, respectivamente.
b) Que era aplicable al caso el criterio jurisprudencial con rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN.", que se refiere a que no es necesario que los actos de aplicación sean idénticos para que opere la causal de improcedencia cuando un mismo quejoso reclame en dos juicios de amparo los mismos actos legislativos en contra de las mismas autoridades.
c) Que procedía hacerse extensivo el sobreseimiento decretado, respecto de los actos de aplicación de los ordenamientos combatidos al no impugnarse por vicios propios de inconstitucionalidad o legalidad.
Por otro lado, la parte quejosa, en su recurso de revisión, específicamente en la primera parte del único agravio que hizo valer, en síntesis, alegó que el sobreseimiento violó los artículos 73, fracción III, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por indebida aplicación, toda vez que resultó inexacto que haya impugnado los mismos actos de las mismas autoridades en dos juicios de amparo, pues contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, se trataba de dos actos totalmente independientes y con sus propias consecuencias legales, al derivar de diferentes procedimientos administrativos sobre inspección ordinaria, por lo que aun tratándose del primer acto de aplicación de una ley, no provoca que exista identidad entre esos actos reclamados.
El anterior motivo de inconformidad es infundado.
Del contenido del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, se puede advertir que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis:
a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo;
b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y,
c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas.
Llevados dichos conceptos al caso específico del amparo indirecto contra leyes, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio jurisprudencial visible en las páginas 194 y 195 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
"LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN.—Este alto tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial número 273 de la Octava Parte, compilación de 1985, intitulada: 'SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO.', donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo acto o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracción III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria."
Como se ve, la improcedencia del juicio de amparo contra leyes, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, ya no requiere que el acto de aplicación de la norma impugnada sea idéntico al mismo que el quejoso reclamó en otro diverso juicio de amparo contra las mismas autoridades responsables y mismo acto legislativo, que se encuentre en trámite o que haya sido resuelto, pues para que opere la litispendencia como causa de improcedencia de la acción constitucional que regula dicha norma legal, basta que la ley impugnada haya sido aplicada y en su contra se haya promovido otro juicio de garantías, pues la finalidad que se busca es evitar la emisión de sentencias contradictorias, y especialmente obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios como actos de aplicación existan.
Así las cosas, debe decirse que no le asiste la razón a la parte quejosa, al alegar que el acto de aplicación en el amparo contra leyes debe ser el mismo en ambos juicios de amparo, aunado a que se reclame el mismo acto legislativo y contra las mismas autoridades responsables, básicamente porque ese criterio ya fue interrumpido y superado por el que se contiene en la jurisprudencia 200 antes transcrita y en la que se estableció que bastaba para que operara la litispendencia, o bien la cosa juzgada, que motivara el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 73, fracción III o IV, de la Ley de Amparo, según el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria, la existencia de dos juicios de amparo en los que el quejoso reclamara de las mismas autoridades la misma norma impugnada, sin que fuera necesaria la identidad de los actos de aplicación del propio ordenamiento, como correctamente lo advirtió el Juez de Distrito.
A la luz de estas ideas, es claro que en el presente caso la Juez de Distrito actuó conforme a derecho al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que para ello fuera óbice que los actos de aplicación de la norma impugnada en ambos juicios de amparo no fueran idénticos.
El otro argumento vertido por la quejosa, en el sentido de que en el caso concreto no se está ante la presencia de la cosa juzgada, porque la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 395/95, aún no tiene el rango de ejecutoria, resulta inoperante.
En efecto, basta la lectura de la sentencia constitucional que se revisa para advertir que el sobreseimiento integral en el juicio de garantías no se sustentó en que se hubiere actualizado la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, que tiende a evitar la afectación de la seguridad jurídica de la cosa juzgada, sino que el Juez de Distrito sustentó su decisión en la causa de improcedencia prevista en la fracción III del multicitado artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
Además, resulta importante destacar que el sobreseimiento en el juicio es correcto, en atención a que el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo a que este recurso se refiere, no constituye el primer acto de aplicación de las normas que se impugnan, sino el segundo, conclusión a la que se llega de conformidad con las siguientes consideraciones:
La actualización de la causa de improcedencia que se establece en la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, se encuentra relacionada con lo dispuesto por las diversas VI y XII del mismo precepto, de manera que debe determinarse cuál de los actos de autoridad reclamados en los juicios relativos constituye el primer acto de aplicación de las normas que se impugnan.
Al respecto, para estimar actualizada la causal de improcedencia por litispendencia, debe atenderse no sólo a la existencia de dos juicios de amparo en contra de la misma norma, sino también a la determinación de cuál de los dos juicios es procedente por tratarse del primer acto de aplicación de la misma, pues, de lo contrario, podría sobreseerse en el juicio que constituyera el primer acto de aplicación, por haberse presentado la demanda con posterioridad (aunque ésta fuera de un solo minuto), y después sobreseerse en el juicio cuya demanda se presentó en primer término, por no tratarse del primer acto de aplicación de la ley.
A efecto de que la situación antes reseñada no se traduzca en indefensión para el peticionario de la protección federal, es importante determinar que el sobreseimiento apoyado en la litispendencia debe realizarse en relación al juicio en el que se haya reclamado un acto de aplicación que no sea el primero en perjuicio del quejoso.
Ahora bien, en los casos como el presente, en que los asuntos relacionados se encuentran en grado de revisión ante esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente que, para su resolución, se precise cuál de los actos reclamados en ambos juicios constituye el primer acto de aplicación de la ley reclamada en perjuicio de la parte quejosa, lo cual es posible realizar a través de la vista en una misma sesión de los dos juicios, o bien, de la revisión de las constancias que integran cada uno de los expedientes, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los Ministros integrantes de la Sala pueden tomar en consideración elementos probatorios derivados de otro expediente que se encuentre a su alcance, para fundar la ejecutoria, sin que resulte necesaria la certificación correspondiente, al tratarse de un hecho notorio que puede tomarse en cuenta aunque ninguna de las partes lo alegue.
Similares razones a las expuestas se han sostenido por esta Segunda Sala en el criterio contenido en la tesis número CIX/96, aprobada en sesión privada de doce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que a la letra dice:
"HECHO NOTORIO, LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.—Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista la ejecutoria correspondiente, pues se trata de una facultad potestativa que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial."
Asimismo, por aplicación analógica, cabe citar la tesis de jurisprudencia de la Tercera Sala, publicada en la página 178 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.".
Ahora bien, en el presente caso, de las constancias que obran en el expediente 395/95, del mismo Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que se encuentra en revisión con el número 3524/96, turnado para resolución al Ministro Mariano Azuela Güitrón, se desprende lo siguiente:
a) La demanda de amparo fue presentada a las once horas con dos minutos del ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
b) El acto concreto de aplicación reclamado lo constituye la orden de visita número 05982 y su ejecución, llevada a cabo el día dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco, según consta en el acta de esa fecha, con número 09-004-0024/95 (fojas doce a catorce del expediente de amparo).
c) La Juez del conocimiento sobreseyó en el juicio por inexistencia de los actos de ejecución reclamados al presidente de la República, por negativa de los reclamados al secretario de Desarrollo Social, al secretario del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, consistentes en la publicación y aplicación del acuerdo combatido y por inexistencia de los reclamados al procurador federal de Protección al Ambiente.
d) Asimismo, en la sentencia en cuestión se analizaron los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías y se negó el amparo por cuanto a los demás actos reclamados, entre los cuales se encuentran los dispositivos legales impugnados.
La demanda que inició el juicio de amparo a que este toca corresponde, se presentó a las once horas con cuatro minutos del ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco y en ella se reclamó, como acto concreto de aplicación de las normas impugnadas, la orden de visita número 06006 y su ejecución llevada a cabo el día diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco, según consta en el acta de esa fecha, con número 09-008-0028/95 (fojas doce a dieciocho del expediente de amparo).
Como puede advertirse, el primer acto de aplicación de las normas impugnadas lo constituye el reclamado en el juicio de amparo número 395/95, y no en el diverso 424/95 cuya sentencia constituye la materia de este recurso, por lo que, como antes se mencionó, el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito es correcto y debe confirmarse.
Finalmente, también resulta inoperante lo aducido por la inconforme en el sentido de que es procedente el estudio de fondo de la ley combatida y que al no haberse avocado al análisis planteado, se violó la ley, por lo que ahora debe procederse al examen de la norma combatida, básicamente porque este órgano colegiado estima, como ya se dejó asentado, que el Juez Federal estuvo en lo correcto al decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, por lo que no sólo no se encontraba obligada a abordar el estudio de fondo, sino además imposibilitada para realizarlo, pues la principal consecuencia del sobreseimiento es que pone fin al juicio sin resolver la controversia de fondo, por esa misma razón esta Suprema Corte de Justicia tampoco puede efectuar dicho análisis.
Es aplicable al respecto lo decidido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio comparte esta Segunda Sala, en la tesis publicada en las páginas 108 y 109 del informe de labores correspondiente a 1989, Segunda Parte, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO.—Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo."
En consecuencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que ante lo infundado e inoperante de los agravios expresados y sin que se dé alguno de los supuestos que para la suplencia de la deficiencia de los mismos establece el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, procede confirmar la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.—Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo a que este toca se refiere.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Juzgado de Distrito de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel, habiendo sido ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4326-9ecb245f/hecho-notorio-los-ministros-pueden-invocar-como-tal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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