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Modo: Corpus Pro

PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN Y SU EJECUCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/97. · Registro digital (IUS): 4335
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, , Pág. 82.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo plenario 1/1995, de siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en virtud de que se trata de tesis sustentadas en juicios de garantías en materia penal, por Tribunales Colegiados de Circuito.

SEGUNDO.- Los fallos emitidos por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito que dieron origen a la jurisprudencia sustentada en relación con el tema de la improcedencia del juicio de amparo contra la orden de reaprehensión del procesado, son los siguientes:

Amparo en revisión número 181/95, que en la parte que interesa dice:

"QUINTO.- Los agravios acabados de transcribir no serán analizados, habida cuenta de que este tribunal advierte la existencia de una causa de improcedencia que atento lo dispuesto por el artículo 73 in fine de la Ley de Amparo, debe ser estudiada oficiosamente. En efecto, de las constancias enviadas para la sustanciación del juicio de garantías al que este toca se contrae, se advierte que los actos reclamados en la especie se hacen consistir en el auto de veintidós de febrero del año próximo pasado, mediante el que el Juez Primero de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, revocó la libertad provisional de que disfrutaba el quejoso y ordenó su reaprehensión.

"Ahora bien, resulta claro que el quejoso, previamente a la interposición del juicio de amparo al que este toca se contrae, debió de agotar el medio de impugnación al que alude el artículo 303, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado, que dispone, entre otras cosas, que son apelables en el efecto devolutivo los autos en que se revoque la libertad provisional bajo caución, y no acudir en forma directa al juicio de garantías, como lo hizo, puesto que en esas condiciones se incumplió con el principio de definitividad que rige dicho juicio, por lo que al no haberlo hecho así se surten los particulares a los que se contrae el artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley de Amparo, máxime si se toma en cuenta que el asunto en estudio no se encuentra comprendido en ninguno de los casos de excepción a los que se refieren el precepto y fracción acabados de mencionar y el diverso 37 ibidem, ni tampoco en los previstos en la fracción XII del artículo 107 constitucional.

"Asentado lo anterior, y por cuanto no se advierte que exista queja que suplir, debe modificarse la sentencia en análisis para sobreseer en todas sus partes en el juicio al que este toca se refiere, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley en cita. Criterio que ha sido sustentado por este tribunal en los juicios de amparo en revisión números 52/95, 103/95, 159/95 y 42/95, promovidos por José Federico Rodríguez Estrada, Abraham Pastrana Hernández, Gregorio León Luna y Pedro Gómez Martínez, fallados en sesiones de veintitrés de marzo, cuatro y diecisiete de mayo y ocho de junio del año en curso, respectivamente. (fojas 17 vuelta a la 18 vuelta)."

Amparo en revisión número 52/95, que en la parte que interesa dice:

"III.- Es fundado pero inoperante lo que se aduce a título de agravios, cuenta habida de que como bien lo señala el disconforme, la Juez Federal no estuvo acertada al sobreseer en el juicio de garantías al que este toca se contrae, por considerar que al estar pendiente de resolverse el recurso de apelación que hizo valer el disconforme contra el auto de formal prisión que se le dictó en la causa penal número 329/94 por el delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, el juicio en el que se reclama la orden de reaprehensión dictada en la misma causa contra el aludido quejoso es improcedente, pues pasó por alto dicha Juez que se trata de un acto diferente al que se impugna al través del recurso de apelación. No obstante lo anterior, este órgano colegiado considera que no es el caso de revocar la sentencia en análisis atento lo que en seguida se advertirá.

"De autos aparece que los actos reclamados en la especie consisten esencialmente en el acuerdo de veintinueve de agosto del año recién pasado dictado por el Juez Primero de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en la causa penal número 329/94, en el que se ordenó hacer efectiva la fianza en vía de multa, por haber el disconforme dejado de cumplir con la obligación que establecen los artículos 336 y 337 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, de firmar el libro de reos libres bajo caución, y se ordenó girar la orden de reaprehensión correspondiente.

"Ahora bien, aun cuando es cierto que el disconforme señaló como acto reclamado la orden de reaprehensión decretada en su contra, lo que implica un ataque a su libertad personal, también lo es que el presente asunto no se encuentra comprendido en ninguno de los casos de excepción a los que se refieren los artículos 37 y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ni tampoco en los previstos en la fracción XII del artículo 107 constitucional, lo que implica que antes de ejercitar la acción constitucional, el quejoso debió agotar el recurso al que se contrae el artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, en vista de que el auto impugnado se ubica en la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral acabado de invocar.

"Así las cosas, claro resulta que en el particular se surte la causa de improcedencia que prevé la fracción XIII del artículo 73 de la citada Ley de Amparo, lo que trae consigo el sobreseimiento del juicio de garantías del que deriva el presente toca, en términos de la fracción III del artículo 74 ibidem. Consecuentemente, debe confirmarse la sentencia en análisis, aunque por razones distintas a las dadas por la a quo." (fojas 20 vuelta y 21 del toca).

Amparo en revisión número 159/995, que en la parte que interesa dice:

"III.- Con la pertinente aclaración de que ninguno de los agravios acabados de transcribir se orienta a combatir la decisión de la a quo de sobreseer en el juicio por lo que ve a los actos atribuídos al comandante de la Policía Judicial del Estado, al primer comandante de la Dirección General de Seguridad Pública, al subprocurador regional de Justicia del Estado, al inspector de la Policía de Seguridad Pública de Misantla y al comandante de la Policía Municipal de Vega de Alatorre, ambas de esta misma entidad federativa, debe decirse que es inatendible lo que se aduce a título de tales agravios, cuenta habida de que este tribunal advierte en la especie la existencia de una causa de improceder que atento lo dispuesto por el artículo 73 in fine de la Ley de Amparo, debe ser estudiada oficiosamente. En efecto, del libelo generador del juicio de garantías al que este toca se contrae, se advierte que los actos reclamados en la especie se hacen consistir en el auto de diez de noviembre del año recién pasado, mediante el que el Juez Primero de Primera Instancia de Misantla, Veracruz, revocó la libertad provisional de que disfrutaba el quejoso y ordenó su reaprehensión.

"Ahora bien, en las condiciones apuntadas, claro resulta que el quejoso, previamente a la interposición del juicio de amparo al que este toca se contrae, debió agotar el medio de impugnación al que alude el artículo 303, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado, que dispone, entre otras cosas, que son apelables en el efecto devolutivo los autos en que se revoque la libertad provisional bajo caución, y no acudir en forma directa al juicio de garantías como lo hizo, puesto que en esas condiciones se incumplió con el principio de definitividad que rige dicho juicio, por lo que al no haberlo hecho así se surten los particulares a los que se contrae el artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley de Amparo, máxime si se toma en cuenta que el caso a estudio no se encuentra comprendido en ninguno de los casos de excepción a los que se refieren los preceptos y fracción acabados de mencionar y el diverso 37 ibidem, ni tampoco en los previstos en la fracción XII del artículo 107 constitucional.

"Sentado lo anterior, y por cuanto no se advierte que exista queja que suplir, debe modificarse la sentencia en análisis para sobreseer en todas sus partes en el juicio al que este toca se refiere, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley en cita." (fojas 27 vuelta y 28 vuelta del toca).

Amparo en revisión número 42/95, que en la parte que interesa dice:

"ÚNICO.- Resulta innecesario transcribir tanto la sentencia impugnada cuanto los agravios hechos valer, en virtud de lo que más adelante se advertirá.

"Aparece de los autos del juicio de garantías al que este toca se contrae, que los actos reclamados se hicieron consistir esencialmente en el acuerdo de veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos dictado por el Juez Primero de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, en la causa penal número 167/989, en el que determinó que 'Visto el pedimento penal de cuenta, exhibido por el C. agente del Ministerio Público adscrito, agréguese a sus autos, para que surta sus efectos legales procedentes, y como lo solicita, se revoque el beneficio de que venía disfrutando el acusado Pedro Gómez Martínez, girándose para tal efecto la correspondiente orden de aprehensión en su contra, esto es, del resultado del fallo emitido por el tribunal de alzada mediante el toca número 1100/A/992, esto es, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 337, fracciones I y VII y 339, párrafo primero del Código de Procedimientos Penales, debiéndose comunicar a las autoridades, se dice, a la superioridad, para los efectos del toca correspondiente, así como al C. director del Reclusorio Regional de esta ciudad, para su conocimiento y efectos del toca respectivo, y además con fundamento en el artículo 391, fracción I, del mismo cuerpo de leyes anteriormente invocado se suspende el procedimiento de la presente causa ...'

"Ahora bien, aún cuando es cierto que lo que en realidad el disconforme señaló como acto reclamado fue la orden de reaprehensión girada en su contra, lo que implica un ataque a su libertad personal, también lo es que el presente asunto no se encuentra comprendido en ninguno de los casos de excepción a los que se refieren los artículos 37 y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ni tampoco en los previstos en la fracción XII del artículo 107 constitucional, lo que implica que antes de ejercitar la acción constitucional el quejoso debió agotar el recurso al que se contrae el artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, en vista de que el auto impugnado se ubica en la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral acabado de invocar, criterio que ha sido sostenido por este tribunal al resolver los amparos en revisión números 52/95, 103/95 y 159/95, promovidos por José Federico Rodríguez Estrada, Abraham Pastrana Hernández y Gregorio León Luna, respectivamente.

"Así las cosas, claro resulta que en el particular se surte la causa de improcedencia que prevé la fracción XIII del artículo 73 de la citada Ley de Amparo. Consecuentemente, debe revocarse, en su parte impugnada, la sentencia combatida y, en su lugar, sobreseerse en todas sus partes en el juicio de garantías al que este toca se contrae con apoyo en la fracción III del artículo 74 ibidem." (fojas 31 y 31 vuelta del toca).

Amparo en revisión número 103/95, que en la parte que interesa dice:

"ÚNICO.- Resulta innecesario transcribir tanto la sentencia impugnada cuanto los agravios hechos valer en la especie, en virtud de lo que más adelante se advertirá.

"Aparece de autos que los actos reclamados en la especie se hicieron consistir esencialmente en el acuerdo de tres de mayo del año recién pasado, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en la causa penal número 50/92, en el que determinó que '... como lo pide la representación social, toda vez que efectivamente el C. Juez Tercero de Distrito en el Estado, al resolver el juicio de amparo, número 2403/93, promovido por Francisco Javier Tepole Córdoba defensor voluntario del procesado Abraham Pastrana Hernández, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a dicho quejoso y contra los actos de este juzgado y de otra autoridad, y dicha resolución causó estado en virtud de que ninguna de las partes recurrió la misma, quedando sin efecto las medidas dictadas en dicho juicio y como hasta estos momentos el procesado de referencia no ha comparecido ante este tribunal para la continuación del procedimiento respectivo, ni ha solicitado fianza, es procedente decretar la suspensión del procedimiento, y al efecto se ordena librar la correspondiente orden de reaprehensión en contra de Abraham Pastrana Hernández por el delito de lesiones ...'

"Ahora bien, aun cuando es cierto que el disconforme señaló como acto reclamado la orden de reaprehensión decretada en su contra, lo que implica un ataque a su libertad personal, también lo es que el presente asunto no se encuentra comprendido en ninguno de los casos de excepción a los que se refieren los artículos 37 y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ni tampoco en los previstos en la fracción XII del artículo 107 constitucional, lo que implica que antes de ejercitar la acción constitucional el quejoso debió agotar el recurso al que se contrae el artículo 297 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, en vista de que el auto impugnado no se ubica en las hipótesis previstas por el diverso artículo 303 ibidem, criterio que ha sido sostenido por este tribunal al resolver los amparos en revisión números 52/95 y 159/95, promovidos por José Federico Rodríguez Estrada y Gregorio León Luna, respectivamente.

"Así las cosas, claro resulta que en el particular se surte la causa de improcedencia que prevé la fracción XIII del artículo 73 de la citada Ley de Amparo. Consecuentemente, debe revocarse la sentencia combatida y, en su lugar, sobreseerse en el juicio de garantías al que este toca se contrae, con apoyo en la fracción III del artículo 74 ibidem." (fojas 33 vuelta a la 34 vuelta del toca).

El anterior criterio dio origen a la jurisprudencia cuyo rubro y texto son los siguientes:

"ORDEN DE REAPREHENSIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 303 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.- Resulta claro que previamente a la interposición del juicio de amparo se debe agotar el medio de impugnación al que alude el artículo 303, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado que dispone entre otras cosas, que son apelables en el efecto devolutivo los autos en que se revoque la libertad provisional bajo caución, y no acudir en forma directa al juicio de garantías, puesto que en esas condiciones se incumple con el principio de definitividad que rige dicho juicio, por lo que al no hacerlo así se surten los particulares a los que se contrae el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, máxime si se toma en cuenta que el caso no se encuentra comprendido en ninguno de los de excepción a los que se refieren el precepto y fracción acabados de mencionar y el diverso 37 ibidem, ni tampoco en los previstos en la fracción XII del artículo 107 constitucional. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito." (TC072026.9 J/5 9a.)." (foja 5 del toca).

TERCERO.- La resolución que originó la tesis que sustenta el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito es la siguiente: Amparo en revisión número 287/91 interpuesto por José Francisco García Ramos, resuelto el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y uno, cuya resolución, en lo que interesa, es del tenor siguiente:

"TERCERO.- Supliendo en lo necesario su deficiencia en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano colegiado estima fundados los agravios transcritos, los que por su vinculación se analizarán conjuntamente.

"De autos aparece que el inconforme señaló como actos reclamados la orden y ejecución de su reaprehensión ('orden de reaprehensión por haber dejado de firmar ante el juzgado', foja 2 del cuaderno de origen), cuyas consecuencias 'se traducen en los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional'; y que el a quo, para desechar la demanda, estimó que dicho mandamiento es 'consecuencia necesaria de la revocación de la libertad provisional bajo caución'. Esto entraña que tales actos, independientemente de que sean resultado de la conducta contumaz del inculpado a cumplir con las obligaciones contraídas con el Juez que concedió ese beneficio, afectarían precisamente su libertad personal e integridad corporal; y por su propia naturaleza, aun cuando sea verdad que el artículo 303, fracción IV, del enjuiciamiento penal del Estado de Veracruz, establece el recurso de apelación contra los acuerdos que revoquen la libertad provisional, no es necesario agotar ese medio de impugnación antes de acudir al amparo, como erróneamente lo resolvió el Juez de Distrito. Mayormente cuando el dispositivo aludido admite la alzada sólo en el efecto devolutivo, lo que significa que la orden de recaptura no se suspende y puede ser ejecutada sin dar oportunidad a examinar su constitucionalidad, porque esto únicamente puede determinarse con base en los informes que rinden las responsables y a las pruebas que aporten las partes durante el juicio, pues sólo mediante esos elementos podrá establecerse si en realidad dio el quejoso motivos para revocarle su libertad caucional.

"Por tanto, los actos que restringen la libertad o que puedan poner en riesgo la integridad física del inculpado encuadran en los casos de excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, concretamente previstos en el último párrafo de la fracción XIII del numeral 73 de su ley reglamentaria, en concordancia con el artículo 20, fracción I, de la Carta Magna (por ser cuestiones afines a la garantía que consagra este precepto), por lo que no se hace indispensable agotar recursos ordinarios previos al juicio constitucional.

"También es inexacto, para desechar la demanda y estimar que no se ubican en el caso de excepción previsto en el artículo 73 de la Ley de Amparo, que los malos tratos de que pueda ser objeto el quejoso al ser detenido tengan el carácter de futuros y de 'realización no inminente, porque se basen en suposiciones carentes de sustento objetivo'; pues aun en el supuesto de que así fuera, ello no genera la improcedencia del juicio de garantías sino, en todo caso, su negativa conforme a la jurisprudencia número 74, visible en la página 123, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, aplicada en lo conducente, que dice: 'ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.- No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza.' Esto implica, necesariamente, que debe admitirse la queja constitucional, puesto que tales actos no constituyen un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite su desechamiento, en términos del artículo 145 de la ley reglamentaria en consulta, sino que provocan la negativa del amparo; y ello sólo puede determinarse en la sentencia definitiva, previo el análisis del fondo del asunto en relación con los informes de las autoridades y las pruebas que se rindan, cuyos elementos bien pueden desvanecer los motivos de improcedencia que se aprecien o evidenciar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, al estudiar la demanda para su admisión no es el momento oportuno de juzgar si los actos combatidos son o no futuros e inciertos o de inminente realización, porque así se dejaría al quejoso en estado de indefensión al no poder allegar al Juez de Amparo los elementos que justifiquen el ejercicio de su acción constitucional.

"En consecuencia con lo anterior, procede revocar el auto recurrido y ordenar al a quo dicte uno nuevo en el que, de no existir algún otro motivo legal de desechamiento, admita a trámite la demanda de garantías propuesta por José Francisco García Ramos; y luego de ello, seguido por sus cauces correspondientes, resuelva sobre el fondo de la cuestión planteada, siempre que no advierta alguna causal de sobreseimiento. (fojas 47 a la 48 vuelta)."

El anterior criterio dio origen a la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes:

"PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN Y SU EJECUCION.- La orden de reaprehensión y su ejecución, independientemente de que sean resultado de la conducta contumaz del inculpado a cumplir con las obligaciones contraídas con el Juez que le concedió el beneficio de libertad provisional bajo caución, afectan su libertad personal e integridad corporal, y si bien el artículo 303, fracción IV, del Código Penal del Estado de Veracruz, establece el recurso de apelación contra los acuerdos que revoquen la libertad provisional, no es necesario agotar ese medio de impugnación antes de acudir al amparo, porque como ese dispositivo admite la alzada sólo en el efecto devolutivo, no suspende la orden de recaptura, la cual puede ser ejecutada sin dar oportunidad a examinar su constitucionalidad. Por tanto, como esos actos restringen la libertad o pueden poner en peligro la integridad física del procesado, encuadran en los casos de excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, previsto en el último párrafo de la fracción XIII del numeral 73 de su ley reglamentaria, en concordancia con el artículo 20, fracción I, de la Carta Magna, por ser cuestiones afines a la garantía que consagra este precepto."

CUARTO.- Por cuestión de método conviene, establecer en primer término, los presupuestos que deben reunirse para que exista una contradicción de tesis.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparte el criterio de la desaparecida Cuarta Sala del mismo alto tribunal, en cuanto a que para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas;

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

La jurisprudencia se identifica con el número 4a./J. 22/92, y aparece publicada en las páginas 22 y 23, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, octubre de 1992, con el siguiente texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.- De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Ahora bien, en el asunto que nos ocupa deben contraponerse los criterios que se consideran contradictorios sustentados por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el primero los amparos en revisión números 52/995, 103/995, 159/995, 42/995, y 181/995, y el segundo, de los tribunales mencionados el amparo en revisión número 287/991, ya que sólo en tal supuesto es dable determinar el criterioque debe prevalecer al respecto para establecer si efectivamente se dan los requisitos de la institución jurídica de la contradicción de tesis que se precisan en la jurisprudencia invocada.

En ese orden de ideas, debe precisarse que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito sostiene el criterio de que contra el auto mediante el cual el Juez del proceso, revoca la libertad provisional de que disfruta el quejoso y ordena su reaprehensión, debe agotar el medio de impugnación a que alude el artículo 303, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado que dispone, entre otras cosas, que son apelables en el efecto devolutivo los autos en que se revoque la libertad provisional bajo caución, y no acudir en forma directa al juicio de garantías; puesto que en esas condiciones se incumple con el principio de definitividad que rige dicho juicio, por lo que al no hacerlo así se surten los particulares a los que se contrae el artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley de Amparo, máxime si se toma en cuenta que el asunto en estudio no se encuentra comprendido en ninguno de los casos de excepción a los que se refieren el precepto y fracción acabados de mencionar y el diverso 37 ibidem, ni tampoco en los previstos en la fracción XII del artículo 107 Constitucional.

A su vez, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito sustenta el criterio de que contra el auto que decreta la reaprehensión del procesado, independientemente de que sea resultado de la conducta contumaz del inculpado a cumplir con las obligaciones contraídas con el Juez que concedió ese beneficio, afectarían precisamente su libertad personal e integridad corporal, y por su propia naturaleza, aun cuando sea verdad que el artículo 303, fracción IV, del enjuiciamiento penal del Estado de Veracruz establece el recurso de apelación contra los acuerdos que revoquen la libertad provisional, no es necesario agotar ese medio de impugnación antes de acudir al amparo, como erróneamente lo resolvió el Juez de Distrito, mayormente cuando el dispositivo aludido admite la alzada sólo en el efecto devolutivo, lo que significa que la orden de recaptura no se suspende y puede ser ejecutada sin dar oportunidad a examinar su constitucionalidad, porque esto únicamente puede determinarse con base en los informes que rinden las responsables y en las pruebas que aporten las partes durante el juicio, pues sólo mediante esos elementos podrá establecerse si en realidad dio el quejoso motivos para revocarle su libertad caucional; que por tanto, los actos que restringen la libertad o que puedan poner en riesgo la integridad física del inculpado encuadran en los casos de excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, concretamente previstos en el último párrafo de la fracción XIII del numeral 73 de su ley reglamentaria, en concordancia con el artículo 20, fracción I, de la Carta Magna, por ser cuestiones afines a la garantía que consagra ese precepto, por lo que no se hace indispensable agotar recursos ordinarios previos al juicio constitucional.

QUINTO.- De la transcripción de las tesis que se contraponen, así como de las ejecutorias en que se sustentan, se pone de manifiesto la contradicción de tesis denunciada por el presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, pues se dan los elementos que puntualiza la jurisprudencia 22/92, que se transcribió en el considerando cuarto de esta ejecutoria y que en el presente caso son los siguientes:

a) Al resolver juicios de amparo en revisión, ambos Tribunales Colegiados examinaron una cuestión jurídica igual, consistente en la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo indirecto, promovida contra el auto que revocó la libertad provisional del procesado y ordenó su reaprehensión, pronunciado por el Juez de la causa, y la ejecución de este mandamiento, sin que previamente se agotara el recurso ordinario de apelación previsto en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, y se adoptaron criterios discrepantes, puesto que para el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, el juicio de amparo indirecto es improcedente si no se agota el recurso de apelación previsto en el artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, y procede sobreseer en el mismo con fundamento en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, puesto que el caso no se encuentra comprendido en ninguno de los casos de excepción previstos en dicho numeral , ni en el diverso 37 ibidem, ni tampoco en los previstos en la fracción XII del artículo 107 constitucional. En cambio, para el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, el amparo indirecto es procedente contra el auto del Juez de la causa que ordena la reaprehensión del procesado en libertad provisional y su ejecución porque afectan su libertad personal e integridad corporal y si bien el artículo 303, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Veracruz, establece el recurso de apelación contra los acuerdos que revoqu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4335-584763db/procedencia-del-amparo-indirecto-contra-la-orden-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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