ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el amparo en revisión 767/97, interpuesto por ... consideró lo siguiente:
"CUARTO.-El recurrente expresó como agravios los siguientes: ‘1. Los antecedentes del caso revelan que promoví un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión dictada en mi contra dentro de la causa penal número 11/97, del Juzgado Tercero de lo Penal de Primera Instancia de la ciudad y Puerto de Veracruz, como probable responsable en la comisión del delito de fraude previsto y sancionado por el artículo 187 del Código Penal para el Estado de Veracruz, juicio de amparo que se radicó en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado bajo el número 17/97.-2. En la audiencia constitucional celebrada dentro del juicio de amparo citado, se dictó sentencia negándome el amparo solicitado, habiendo interpuesto recurso de revisión en contra de la misma, recurso del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, el cual mediante resolución de cuatro de junio del año en curso revocó la sentencia impugnada, y en su lugar ordenó reponer el procedimiento en dicho juicio.-3. En ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de referencia, el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con fecha veintiocho de agosto del año en curso, dictó una nueva resolución, concediéndome el amparo solicitado en consideración a que la orden de aprehensión que se reclama no se encuentra fundada y motivada, sin perjuicio de que el juzgador responsable si lo estima pertinente dicte una nueva resolución judicial que en derecho proceda, en la que subsane las omisiones de fundamentación y motivación.-4. El Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el considerando tercero de la resolución impugnada, establece que el Juez responsable no dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional en lo que se refiere a que todo mandamiento escrito de autoridad competente que infiere molestia a un particular, deberá estar debidamente fundado y motivado en lo concerniente a la causa legal del procedimiento, pues en realidad en esta orden de aprehensión reclamada no se citaron los fundamentos legales que rige la valoración de la prueba, ni tampoco se expresaron los motivos por los cuales las pruebas existentes en el sumario merecen o no valor convictivo, además se omitió expresar la relación que existe entre dichos elementos convictivos y cómo éstos conllevan a que se tratan de hechos determinados que la ley castigue cuando menos con pena alternativa, así como que hagan probable la responsabilidad penal del ahora quejoso como autor o como simple copartícipe, y a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ejecución de las conductas desplegadas por aquél en los casos particulares. Ahora bien, existe jurisprudencia en el sentido de que las autoridades cumplen con los requisitos de fundamentación y motivación que para todo acto de autoridad que cause molestias a un particular establece el artículo 16 constitucional, cuando se citan los preceptos legales en que se apoyó para emitirlo, y las razones expuestas configuran las hipótesis en que dichos preceptos se contienen.-En el presente caso, en la orden de aprehensión que se reclama se citan como preceptos aplicables los artículos 16 constitucional, 187, 188 y 269 del Código Penal para el Estado de Veracruz, y se expresa que existen razones para acreditar los elementos del tipo penal y la presunta responsabilidad, puesto que el Juez responsable textualmente establece lo siguiente: «Así las cosas y al valorar a la luz del numeral 269 de la ley adjetiva penal las declaraciones de todos y cada uno de los aquí invocados, el suscrito considera que si bien es cierto resultan justificables los elementos de los tipos penales de administración fraudulenta y fraude, esto es, en lo que respecta a la probable responsabilidad de ... respectivamente, dado que como ya dijimos de las declaraciones de lo aquí invocado, si bien se observa el conocimiento por parte de alguno de ellos, de que los mencionados talones de pago iban en blanco en lo que respecta al precio o costo del flete y peso de lo transportado, no es menos cierto que de las mismas se observa con meridiana claridad negligencia en sus funciones, mas nunca una participación directa en la comisión de los ilícitos en cuestión de desprenderse que es ... quien tiene trato directo con ... tan es así que aparece un cheque en favor del primero signado por el segundo, resultando infantil lo aseverado por el último de los mencionados en el sentido de que no ha cometido engaño alguno en contra de la empresa agraviada, pues no es factible que recibiera las notas de fletes en blanco y posteriormente fueran cobradas por ellos y depositado a su cuenta, ya que como transportista debía conocer y conocía los precios que por fletes debían cobrarse y al notar que el pago era superior a dichos precios evidentemente no debió recibirlos.». En tales condiciones es evidente que el Juez Tercero de Distrito se encontraba obligado a examinar la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, esto es examinar si en efecto los elementos del tipo penal del delito de fraude que se me atribuye se encuentran justificados dentro de la averiguación, y de ser procedente examinar mi presunta responsabilidad, en virtud de que él al no hacerlo deja al Juez responsable en aptitud de incurrir una vez más en violaciones constitucionales en mi perjuicio.-En conclusión, a criterio del suscrito la orden de aprehensión que se reclama cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que para todo acto de autoridad que cause molestias a un particular exige el artículo 16 constitucional, por lo que es procedente que el propio Juez Federal examine si en efecto los elementos de prueba son constitutivos del delito de fraude que se me atribuye y los mismos hacen probable mi responsabilidad en su comisión, y al no haberlo hecho así la sentencia que se recurre no se encuentra dictada conforme a derecho, razón por la que solicito se revoque la resolución recurrida y se dicte una nueva en la que se declare que en el presente caso no existe el delito que se me atribuye y por lo tanto no existe delincuente que perseguir.’.-QUINTO.-Los agravios son fundados y suficientes para revocar la sentencia que se revisa.-En efecto, contra lo argumentado por el Juez de Distrito, basta imponerse del contenido de la orden de aprehensión reclamada que obra a fojas mil cuatrocientos tres a mil cuatrocientos ocho del juicio de garantías a que este toca se contrae, para percatarse de que la misma sí está debidamente fundada y motivada, ya que el Juez de la causa externó un juicio valorativo sobre la eficacia probatoria de los medios de convicción existentes en los autos de la causa penal que generó el juicio de garantías y los elementos que integran la materialidad del delito de fraude que se atribuye al inculpado, aquí quejoso, en forma tal que no deja lugar a dudas cuáles (sic) son los hechos imputados a éste, razón por la que debe convenirse que no puede válidamente sostenerse que la orden de aprehensión carece de motivación y fundamentación, pues en las condiciones apuntadas tampoco puede decirse que el quejoso queda en estado de indefensión por ignorar cuáles son los motivos y fundamentos. Cobra aplicación el criterio sustentado por este propio tribunal en la tesis de jurisprudencia número VII.P. J/7, y rubro: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CASO EN EL QUE NO PUEDE HABLARSE DE FALTA DE, EN LA ORDEN DE CAPTURA.’, consultable en la página ciento treinta y ocho, y siguientes, Tomo III, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y seis, cuya sinopsis reza (la transcribe).-SEXTO.-Ante la ausencia de conceptos de violación, procede analizar si en la orden de captura se cumplen con los extremos exigidos por el artículo 16 constitucional.-En efecto, de la lectura de las constancias de la causa penal de la que emana la orden de aprehensión reclamada, como bien lo estimó el Juez natural, aparecen acreditados los elementos materiales del tipo del delito de fraude que se atribuye al hoy quejoso, con la denuncia formulada por Miguel Raño Vargas, apoderado de la persona moral denominada Hérdez, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien en lo que interesa dijo: que su representada tiene establecida una planta industrial dedicada al procesamiento de productos alimenticios situada en Los Robles perteneciente al Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, que para trasladar sus productos a diferentes partes de la República contrató los servicios de Fletes Negrete, Sociedad Anónima de Capital Variable, el ingeniero Gabriel Cruz Báez, es jefe de Programación, Planeación y Control de la Producción, el encargado de la distribución de los productos alimenticios, que el ocho de junio de mil novecientos noventa y seis, el sedicente ingeniero se percató que nueve talones de pago consignados a Fletes Negrete presentaban irregularidades, en virtud de que los importes consignados en los mismos representaban cantidades superiores a las tarifas convenidas para cada destino, lo que reportó al ingeniero J. Alberto García Canchola, asistente de la gerencia de la empresa pasiva, que por tal motivo con fecha dieciocho de julio de mil novecientos noventa y seis se practicó una auditoría de los embarques de los productos liquidados por su representada a la empresa Fletes Negrete por los viajes realizados en los periodos del once de enero al treinta de mayo del mismo año, en relación con los cheques en que se hizo su pago comprendidos del diecisiete de enero al seis de junio del multicitado año, cuya auditoría arrojó un quebranto patrimonial en perjuicio de su representada por la suma de seiscientos dieciséis mil cuarenta y un pesos veintiocho centavos, que el hoy quejoso sistemáticamente acudía a la empresa a gestionar los cobros como representante de Fletes Negrete, Sociedad Anónima de Capital Variable. En ampliación a su denuncia, agregó que continuando con la auditoría se revisó la documentación relacionada con los viajes realizados por la mencionada empresa fletera, correspondiente a rentas de caja para encubación y de tractores movedores con chofer incluido, por el periodo del veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco al diez de enero de mil novecientos noventa y seis, liquidados con cheques del tres de octubre al dieciséis de enero de los mencionados años, con lo que obtuvo la empresa fletera un beneficio de trescientos noventa mil quinientos ochenta y dos pesos cuarenta y dos centavos, en perjuicio patrimonial de su representada, que de las auditorías aparece que el hoy quejoso en representación de Fletes Negrete en común acuerdo con el contador público ... alteraron y modificaron trescientos noventa y cinco talones de embarque correspondientes a renta de cajas para encubación, renta de tractores movedores con chofer incluido, tarifas convenidas y tonelajes, empleando la siguiente mecánica: el hoy quejoso llenaba los talones con los datos correctos y pasaba con el ingeniero Gabriel Cruz Báez para el visto bueno presentando sólo el original y de ahí con el contador público ... quien recibía los talones y calculaba las supuestas tarifas, tonelajes y cantidades resultantes, estos nuevos datos los incluía el inculpado en los talones (previamente borrados), con una máquina de escribir diferente con la que habían sido llenados inicialmente los talones, hecho lo anterior, el contador ... expedía el cheque autorizándolo con su firma después de haber recabado la firma de Jorge Gardner Gómez, director de dicha empresa, que el hoy quejoso le entregó a ... la cantidad de sesenta mil pesos en diez cheques al portador por los beneficios obtenidos por las alteraciones de los talones de embarque a la empresa Fletes Negrete, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 113 a 119 del juicio de amparo), lo que se corrobora con el dicho de Gabriel Cruz Báez, José Alberto García Canchola, Jorge Gardner Gómez (fojas 83 a 91 del juicio de amparo), aunadas a la auditoría formulada por Marco Antonio Peña Rebolledo, dictamen pericial en materia de documentoscopía y en materia de contabilidad (fojas 192 a 194, 1544 a 1549, 1633 a 1639 del juicio de garantías), son medios de prueba suficientes y aptos para tener por demostrados los elementos del tipo del delito de fraude, así como la probable responsabilidad del acusado en su comisión, al quedar dilucidado que el hoy quejoso en común acuerdo con el contador de la empresa pasiva, mediante maniobras engañosas alterando los talones de embarques, poniendo cantidades superiores a las convenidas como precio del flete, obtuvo un lucro indebido en menoscabo patrimonial de la empresa pasiva Hérdez, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues la negativa del inculpado aquí quejoso no se encuentra justificada con ningún dato o medio de prueba que lo haga verosímil, por consiguiente, la orden de captura reclamada no es violatoria de las garantías individuales del quejoso, contenidas en el artículo 16 constitucional, lo que impone revocar la sentencia que se revisa y negar el amparo de la Justicia Federal solicitada."
TERCERO.-El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 416/95, 456/95, 639/97, 676/97 y 700/97, interpuestos por ... consideró lo siguiente:
Es preciso mencionar que las ejecutorias se transcribirán a partir de los agravios planteados por los quejosos, ya que ello resulta trascendental para comprender el sentido de la presente resolución.
Al resolver el AR. 456/95, promovido por ... el tribunal en cita determinó:
"SEGUNDO.-El recurrente expone los siguientes agravios: ‘Me causa agravio el considerando tercero de la resolución pronunciada con fecha catorce de junio del año en curso, dentro del juicio de garantías radicado bajo el número 144/95-4, resolución que fue emitida por el ciudadano Juez de Distrito en el Estado, derivado del proceso número 248/94, en donde el ciudadano Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, libra la orden de busca, aprehensión y detención en contra del suscrito, sin tomar en cuenta que los elementos que conforman el delito por los que me acusa el representante social, no reúnen los requisitos esenciales que al efecto establece la ley, y al no establecer con exactitud los requisitos esenciales del artículo 16 constitucional, por lo que al no fundarlos ni motivarlos con precisión, el ciudadano Juez de Distrito, debió entrar al fondo del estudio del presente juicio de garantías, y no como indebidamente establece que se me concede para efectos de que el ciudadano Juez responsable emita nueva orden de aprehensión fundada y motivada conforme a derecho.-Por otra parte, el Juez de lo penal al no precisar en qué se fundamenta o qué elementos constituyen para decretar la orden de aprehensión, sin tener los indicios suficientes que constituyen el tipo penal del delito que se me atribuye, ni tampoco se acredita mi presunta responsabilidad en la comisión del delito de lesiones, es por ello que al no existir indicios ni elementos suficientes debió concederme el amparo y protección de la Justicia Federal en forma distinta y no como indebidamente ordena que se me concede para efectos.-Es evidente que para que exista el delito de lesiones deben establecerse los siguientes elementos: «Que exista una agresión y que esa agresión altere la salud de una persona hecha a través de una causa externa»; en el presente caso efectivamente existe la agresión hacia el agraviado, pero también existe una agresión hacia el suscrito y mi acompañante, en tal sentido estuvimos expuestos ambas partes a sufrir algún riesgo en detrimento de los que participaron el día de los hechos, como se puede observar en la averiguación que se radicó bajo el número 2711/94-1, de la mesa del Ministerio Público adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y en donde el supuesto agraviado Miguel Galicia Romano, declara que él ingirió algunas bebidas embriagantes y que estaba acompañado por su hermano, y que inclusive salió de su domicilio desde las siete de la noche, declaración que debe tener valor probatorio pleno, aunado a esto la declaración del suscrito en donde manifesté que el día de los hechos en ningún momento me encontraba con el ahora agraviado y su hermano Marcelo Galicia Romano, inclusive tanto el suscrito como mi acompañante veníamos de un baile particular que se celebró en la población de San Bernardino Contla, declaración que debe reunir y obtener valor probatorio pleno, cosa que el ciudadano Juez de Distrito no tomó ni otorgó valor probatorio pleno, ni tampoco se adentró al estudio minucioso de las averiguaciones acumuladas y que al final fueron practicadas ante el Ministerio Público del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, la cual fue radicada en la averiguación número 778/94-2, y que obran en actuaciones y que fueron exhibidos al momento de rendir su informe justificado el ciudadano Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, declaraciones que demuestran que ambos protagonistas estuvimos expuestos a sufrir un riesgo en perjuicio de nuestra integridad física, y al no valorizar lo anterior por el ciudadano Juez de Distrito causa con ello una violación a mis garantías individuales consagradas en la Constitución General de la República.-Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 1060 que a la letra dice: «DECLARACIONES INICIALES.» (la transcribe y cita precedentes).-Como se puede demostrar de esta jurisprudencia, su señoría no tomó en consideración las declaraciones rendidas tanto del suscrito como del supuesto agraviado, y que obran en actuaciones de la averiguación y además por rendida ante el Ministerio Público, la cual reúne características sobresalientes las cuales el ciudadano Juez de Distrito no tomó en consideración al resolver el presente juicio de garantías, sino que única y exclusivamente me concede el amparo para el efecto de que el Juez señalado como responsable vuelva a emitir otra orden de aprehensión fundándola y motivándola conforme a derecho; ante tal situación se deduce que el ciudadano Juez de Distrito no se adentra al estudio minucioso de los conceptos de violación que se hicieron valer en mi demanda de garantías, los cuales obran en actuaciones del juicio de garantías número 144/95, facultando a la autoridad responsable para emitir una nueva orden de aprehensión, al efectuar esto el Juez de Distrito viola flagrantemente los dispositivos legales numerados por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.-Por otra parte, me causa agravio la parte del considerando tercero en cuanto a lo que establece «lo procedente es conceder a ... la protección constitucional, para el efecto de que se me restituya en el pleno goce de mis garantías constitucionales violadas, como lo dispone el artículo 80 de la Ley de Amparo en vigor, lo anterior, sin perjuicio de que si el Juez responsable lo estima conveniente, legalmente dicte un nuevo acto tomando en consideración que el amparo en forma total, sólo anula a aquel que no fue correctamente fundado ni motivado, pero no restringe el imperio del Juez para emitir otro.»; como se observa de esta parte que se está impugnando del considerando de referencia, el Juez de Distrito emite esta resolución sin hacer un estudio minucioso de las actuaciones que obran en la averiguación previa, máxime como ya lo he manifestado se acumularon las dos averiguaciones respectivas y que la determinación que realiza el representante social, tampoco se ajustó a derecho, por lo consiguiente al existir violaciones en cuanto a la emisión de la orden de aprehensión por la autoridad señalada como responsable, y al no fundarme ni motivarme, ni tampoco hacer un estudio de las constancias de la averiguación y que obran en el proceso 248/94, la autoridad señalada como responsable son actos atribuibles a dicha autoridad, por lo tanto el ciudadano Juez de Distrito debió concederme el amparo en forma total y no como indebidamente resolvió que se concede nada más para efectos, por otra parte, el Juez de Distrito no debe suplir las deficiencias en las que ha incurrido el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, al dictar la orden de aprehensión y detención en contra del suscrito, es por ello que y tomando en consideración lo expresado en estos conceptos de agravios que se expresan debe ordenarse la revocación de las sentencias que se impugnan para que el ciudadano Juez de Distrito emita otro en el sentido de concederme el amparo y protección de la Justicia Federal en forma definitiva, y al no hacerse esto causa con ello una violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.-TERCERO.-Son infundados los agravios que aduce el recurrente.-En efecto, éste señala que los datos existentes en el proceso de origen, no demuestran los elementos constitutivos del delito de lesiones cometido en agravio de Miguel Galicia Romano, ni hacen probable su responsabilidad en la comisión de dicho ilícito; por tal razón, considera que el Juez Federal debió estudiar el fondo del asunto y haberle concedido el amparo y protección que solicitó al no estar reunidos los requisitos que exige el párrafo segundo del artículo 16 constitucional, y no por carecer dicho mandamiento de captura de motivación.-Ahora bien, si el Juez Federal en la sentencia recurrida consideró que la orden de aprehensión reclamada, carecía de motivación, es obvio que no tenía la obligación de estudiar las constancias existentes en la averiguación previa, pues de hacerlo estaría motivando el acto reclamado, lo cual corresponde al Juez responsable y no a los órganos de control constitucional. Por otra parte, en el supuesto de que el Juez Federal no hubiere procedido conforme a derecho al omitir el estudio del fondo del acto reclamado, ello no sería bastante para que este Tribunal Colegiado revocara la sentencia recurrida y estudiara dicha cuestión de fondo, pues si lo hiciera y llegara a la conclusión de que la orden de aprehensión sí cumple con todos los requisitos que exige el artículo 16 constitucional, tendría que negar al quejoso el amparo que solicitó y con ello se empeoraría su situación, violando el principio de non reformatio in peius que rige en materia de amparo.-En tales condiciones, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida que concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal."
Respecto del AR. 416/95, promovido por ... consideró:
"SEGUNDO.-Los agravios que expresa la recurrente, son los que a continuación se transcriben: ‘Sucede que el Juez no estudia debidamente las copias certificadas del proceso número 164/95, del Juzgado Primero de Defensa Social de la ciudad de Tehuacán, Puebla, toda vez que de ellas se desprende que no solamente la orden de aprehensión no se fundó ni motivó, sino que no existe elemento del tipo penal, tal y como es el caso que dentro del mismo proceso se dictó auto de libertad en favor de la señora ... en la que se desprende que no existieron los elementos del tipo penal del delito de despojo. Hechos que fueron los mismos imputados a la suscrita, por lo que resulta que no existiendo delito que perseguir se debe dejar sin efectos la orden de aprehensión que fue dictada en mi contra, para efectos de no violar garantías individuales de la suscrita.-Tal es el caso, que el artículo 114 del Código de Defensa Social establece en su fracción II los requisitos para que pueda librarse la orden de detención.-Pero en el caso existente de hechos supervenientes consistentes en el auto de libertad por falta de méritos en favor de la señora ... hecho que nunca se valoró por el Juez de Distrito, debiendo éste haber ordenado se deje sin efectos la orden que se giró en contra de la suscrita, por lo que solicito se ordene se revoque la resolución dictada en la audiencia constitucional y se dicte otra ajustada a derecho.’.-TERCERO.-Son infundados los agravios hechos valer por la recurrente.-En efecto, aduce la inconforme que el Juez Federal no analiza el fondo de las pruebas que presentó en la audiencia constitucional de la que se deriva que la inconforme no cometió el delito, que dicho Juez no examina debidamente las copias certificadas del proceso 164/95, que remitió el Juez Primero de Defensa Social de Tehuacán, Puebla, y que de ellas se desprende no solamente que la orden de aprehensión no fue fundada ni motivada, sino que no existen elementos del tipo penal.-Ahora bien, si el Juez Federal en la sentencia recurrida consideró que la orden de aprehensión reclamada, carecía de fundamentación y motivación, es obvio que no tenía la obligación de estudiar las constancias existentes en la averiguación previa, pues de hacerlo, estaría motivando el acto reclamado, lo cual corresponde al Juez responsable y no a los órganos de control constitucional.-Por otra parte, en el supuesto caso de que el Juez de Distrito no hubiere procedido conforme a derecho al omitir el estudio del fondo del asunto reclamado, ello no sería bastante para que este cuerpo colegiado revocara la sentencia recurrida y estudiara dicha cuestión de fondo, pues si lo hiciera y llegara a la conclusión de que la orden de aprehensión sí cumple con todos los requisitos que exige el artículo 16 constitucional, tendría que negar el amparo que solicitó la quejosa y con ello se empeoraría su situación, violando el principio de non reformatio in peius que rige en materia de amparo. Este criterio fue sostenido por este tribunal al resolver el amparo en revisión 456/95, fallado el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco.-En las condiciones anotadas, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa."
Al resolver el AR. 639/97, interpuesto por ... el propio tribunal sostuvo:
"TERCERO.-El recurrente expresa como agravios los siguientes: ‘Fuente infractora.-Lo es en su totalidad la sentencia dictada por el C. Juez Segundo de Distrito que hoy se recurre y en especial el considerando tercero de la misma.-Primer agravio. Lo constituye el hecho de que el a quo no haya entrado al estudio del fondo del asunto dentro de este expediente.-Segundo agravio. Solicito a este H. Tribunal Colegiado, se sirva suplir la deficiencia en los agravios, garantía que en mi favor existe por tratarse de materia penal.’.-CUARTO.-Los agravios aducidos por la quejosa resultan infundados.-En efecto, de las constancias que informan el presente caso se advierte lo siguiente: Por oficio 3664 del veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, el director regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, consignó la averiguación previa 320/95/5a., ejercitando acción penal en contra de ... y otros por los delitos de despojo y asociación delictuosa.-Recibida la consignación indicada por el Juez Tercero de Defensa Social de esta ciudad de Puebla, la radicó con el número de proceso 367/96 y por resolución de ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, dictó orden de aprehensión en contra de los indiciados por el delito de despojo. En contra de la orden de captura ... interpuso demanda de amparo, de la cual tocó conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, quien a través de la sentencia ahora reclamada concedió el amparo a la quejosa, por considerar que la orden de aprehensión reclamada no reúne los requisitos de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional como requisito de forma, lo que consideró como una imposibilidad para entrar al estudio del fondo del asunto.-En sus agravios la recurrente manifestó que le causa perjuicio el hecho de que el Juez de Distrito a quien correspondió el conocimiento del juicio respectivo se haya abstenido de analizar el fondo del asunto puesto a su consideración.-No le asiste la razón a la recurrente, porque si en la sentencia recurrida el Juez Federal consideró que el acto reclamado carecía de la debida fundamentación y motivación, no tenía la obligación de estudiar las constancias existentes en la causa penal a fin de determinar si la orden de aprehensión combatida en cuanto al fondo reunía los requisitos exigidos por el artículo 16 constitucional, pues de hacerlo, se sustituiría al Juez del proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 538, publicada en la página 353 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto dice: ‘TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS.-No son revisores de los actos de la autoridad común; no pueden legalmente, ni aun mediante el juicio de amparo, sustituir su criterio discrecional al de las autoridades del fuero común, sino que únicamente deben examinar si los actos que se reclaman son o no, violatorios de garantías.’.-Además, cabe destacar que aun en el supuesto de que el Juez no hubiera procedido conforme a derecho al omitir el estudio del fondo del acto reclamado, ello no sería suficiente para que este Tribunal Colegiado revocara la sentencia recurrida y estudiara dicha cuestión de fondo, pues si lo hiciera y llegara a la conclusión de que la orden de captura reclamada sí cumple con todos los requisitos que exige el artículo 16 constitucional, tendría que negar a la quejosa el amparo que solicitó y con ello se empeoraría su situación, violando con ello el principio de non reformatio in peius que rige en materia penal.-Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por este Tercer Tribunal Colegiado, publicada en la página 605 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de septiembre de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6740-34c2dd9a/orden-de-aprehension-tratandose-del-amparo-concedido-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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