PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 162/97 interpuesto por Félix Humberto Esparza Valdez, sustentó el siguiente criterio:
"SEXTO.-Son infundados los agravios hechos valer por el quejoso recurrente, en virtud de las siguientes consideraciones: En primer término debe decirse que los artículos 348, 349 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles que considera infringidos el recurrente, no pueden estimarse violados, en virtud de que en la especie se trata de un asunto de materia penal en el que la ley procesal civil no puede tener injerencia.-Previo al análisis de los restantes conceptos de violación, por razón de orden y método procede el estudio de aquel que se refiere a la prescripción del delito que hace valer el quejoso, ahora recurrente.-Sobre el particular, debe decirse que este Tribunal Colegiado no comparte la consideración del Juez de Distrito en la resolución recurrida relativa a que ‘cuando se reclama la orden de aprehensión pendiente de ejecutarse ante el órgano de control constitucional no se puede analizar en el amparo lo relativo a tal figura procesal (prescripción), si previamente el Juez responsable no la ha estudiado, pues de hacerlo los tribunales constitucionales se sustituirían al Juez del conocimiento; lo anterior debido a que en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.’. Esa consideración la apoya el Juez Federal en la tesis jurisprudencial proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (Estado de Puebla), número 313, publicada en la página 80, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo rubro reza: ‘PRESCRIPCIÓN. NO PUEDE ANALIZARSE EN LA LITIS CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, SIN EL PREVIO ESTUDIO DEL TEMA POR PARTE DE LA RESPONSABLE.’.-En efecto, debe considerarse que al combatir el libramiento de una orden de captura como acto reclamado en el juicio de amparo, el quejoso está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación con el mandamiento de aprehensión que está reclamando y siendo la prescripción una figura procesal de estudio preferente y oficioso, no es válida la consideración del Juez de Distrito cuando estima que por no haberse pronunciado en el acto reclamado la autoridad responsable respecto de tal figura, aquél se encuentra imposibilitado legalmente para hacerlo al resolver el juicio de garantías, toda vez que la violación alegada como cometida en agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la responsable con la obligación de declarar de oficio, y aun sin haberse hecho valer, la extinción de la acción penal por prescripción, pues antes de emitir un mandamiento de captura el Juez responsable debe percatarse si la acción penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que de darse el primer supuesto (que se encuentre extinguida la acción penal por prescripción), si se libra la orden de aprehensión, lógicamente este acto deviene inconstitucional y si bien conforme lo dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la referida responsable, sin embargo, no es legalmente válido soslayar en el juicio constitucional el estudio de la prescripción del delito, precisamente porque se trata de una figura procesal de orden público cuyo estudio debe hacerse en forma preferente y oficiosa, más aún cuando, como en el caso, se está combatiendo la legalidad del acto reclamado en comentario, por estimarse prescrita la acción penal del delito motivo de la orden de aprehensión.-Bajo esta consideración, se procede al estudio del agravio correspondiente a esta figura procesal que hace valer el quejoso hoy recurrente, en el que alega que en el caso ha operado la prescripción de la acción penal del delito de bigamia en términos de los artículos 97 y 98 del Código Penal del Estado.-Ese argumento es infundado, en virtud de que contrariamente a lo alegado por el recurrente, la autoridad responsable no tenía motivo para declarar extinguida la acción penal, pues este Tribunal Colegiado advierte que no ha operado la prescripción que alega el quejoso recurrente, si se toma en consideración que en la especie no es aplicable el artículo 97 del Código Penal del Estado que ordena que los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán a partir del día en que se cometió el delito (tratándose de aquéllos de carácter instantáneo como en este caso); ya que no escapa a la observación de este Tribunal Colegiado que dicho dispositivo legal establece reglas de carácter general para la prescripción de la acción penal es decir, para la generalidad de los casos, siendo que en la especie el artículo 224 del código sustantivo del Estado establece una regla especial para que opere la prescripción en este delito, regla que precisamente por su carácter específico debe prevalecer sobre la de categoría general y en estas condiciones el delito de bigamia por el cual se libró orden de aprehensión al quejoso hoy recurrente, no puede estimarse prescrito en virtud de las siguientes consideraciones.-Siguiendo los lineamientos de la regla especial para la prescripción del delito de que se trata a que se refiere el artículo 224 del Código Penal del Estado, el término para que empiece a operar esta figura jurídica es ‘... desde que uno de los dos matrimonios haya quedado disuelto por la muerte de uno de los cónyuges, o que el segundo haya sido declarado nulo ...’.-Conforme a lo anterior, si como en el caso la señora Yolanda Díaz Leal Barragán con quien se casó el quejoso aquí recurrente por segundas nupcias, el nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco, falleció el día veintitrés de abril de mil novecientos noventa y cuatro, es desde tal fecha cuando empieza a correr el término de la prescripción, siendo que la denuncia de hechos la presentó Laura Elena Cedeño Díaz Leal (hija de la difunta Yolanda Díaz Leal Barragán y Miguel Ángel Cedeño) el seis de julio de ese mismo año, esto es, dos meses con catorce días después del fallecimiento de la segunda esposa de Félix Humberto Esparza Valdez, luego, evidentemente el referido delito aún no prescribía, tomando en cuenta, se reitera, la regla especial de prescripción a que alude el artículo 224 del Código Penal del Estado que debe prevalecer sobre la regla general a que alude el artículo 97 del mismo código, cuya aplicación pretende lograr el quejoso hoy recurrente.-En otro orden de ideas, debe decirse que son infundados los argumentos que hace valer el recurrente en relación a que el Juez de Distrito omitió dar contestación al primer concepto de violación expresado en la demanda de garantías en el que hizo valer que el matrimonio celebrado con Lilia Eugenia Hernández Chávez, fue nulo por falta de formalidades, pues agrega, así se declaró en la resolución de quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro y que por ello el primer elemento del tipo del delito de bigamia no se encuentra demostrado, toda vez que, alega, el acta matrimonial carece de la firma del oficial del Registro Civil del Municipio de Xonacatlán, Estado de México, lo que hace inexistente el acto jurídico conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: ‘MATRIMONIO, LA FALTA DE FIRMA DEL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL PRODUCE LA INEXISTENCIA DEL.’; que el referido matrimonio no tiene eficacia jurídica ni produce efectos jurídicos por ser inexistente, que ni siquiera puede considerarse que haya sido concebido el matrimonio y que lo único que hizo el Juez Civil en el expediente 157/83 fue constatar la inexistencia de dicho acto al declarar procedente la nulidad por inexistencia del mismo y que la tesis que aplica el Juez de Distrito se refiere a un caso diverso, porque tal criterio trata de un segundo matrimonio viciado de nulidad y en la especie se trata de un primer matrimonio declarado inexistente.-Los argumentos anteriores son infundados, tomando en consideración que sobre el particular, según se aprecia de la lectura de la resolución recurrida, el Juez de Distrito razonó que: ‘Es así, pues si bien es cierto que por el hecho de que el matrimonio anterior estuviere viciado de nulidad, el quejoso podía celebrar uno posterior, no menos verídico es que para que esa nulidad operara, debía ser declarada judicialmente, previo el ejercicio de la acción correspondiente, en virtud de que las nulidades no existen de pleno derecho; por tanto, el que el primer matrimonio del quejoso estuviere viciado de nulidad, no es obstáculo para que se tenga por configurado el delito de bigamia, ya que el bien jurídico protegido por la norma en estudio, es asegurar el status jurídico matrimonial, invirtió en éste la fidelidad de los contrayentes, de ahí que si se trata de un delito de lesión, doloso y que se consuma por el hecho mismo de contraer un distinto matrimonio aun cuando quede rato (sic) y no se consume por el acceso carnal, debe decirse que en el caso concreto, como ya se dijo, sí existió bigamia por parte del quejoso, toda vez que el mismo se consumó con la celebración del segundo matrimonio, por lo que el quejoso creó así un estado civil de casado con éste hasta en tanto se declaró la nulidad de ese vínculo matrimonial, según ya se apuntó.’.-De la transcripción anterior, puede concluirse válidamente que es inexacto lo alegado por el quejoso en cuanto a que el Juez Federal omitió el estudio de ese concepto de violación, de donde deviene lo infundado de ese agravio.-Por otro lado, debe decirse que de la adminiculación de las constancias probatorias que obran en el cuaderno de amparo, en términos de la regla genérica de comprobación a que se refiere el artículo 128 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se advierten acreditados los elementos típicos del delito de bigamia, previsto y penado en el artículo 222 del Código Penal del Estado, al ponerse de manifiesto que alguien el diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve contrajo nupcias por primera vez y que sin estar disuelto ni declarado nulo dicho matrimonio, con fecha nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco el sujeto activo contrajo nuevas nupcias con las formalidades legales.-En efecto, la conclusión anterior deviene del cuidadoso análisis de las constancias probatorias que el Juez de la causa anexó a su informe justificado y de entre las cuales cobran especial relevancia: La denuncia de hechos formulada por Laura Elena Cedeño Díaz Leal el seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en el que sustancialmente manifestó: ‘Que con fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve Félix Humberto Esparza Valdez, contrajo nupcias con Lilia Eugenia Hernández Chávez y que sin estar disuelto o declarado nulo ese matrimonio, el referido indiciado contrajo nuevas nupcias con la madre de la denunciante, Yolanda Díaz Leal Barragán, el nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco ante el oficial del Registro Civil de Toluca, Estado de México, efectuándose con las formalidades requeridas por la ley.’. Tal escrito fue ratificado y ampliado por la denunciante el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro (fojas 68, 69 y 89); comparecencia ministerial del indiciado Félix Humberto Esparza Valdez de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro en la que esencialmente declaró: ‘Que efectivamente el diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve contrajo matrimonio civil con Lilia Eugenia Hernández Chávez en el Municipio de Xonacatlán, Estado de México, pero que en mil novecientos ochenta y cuatro el Juez Primero de lo Familiar en Toluca, Estado de México, dictó sentencia en el juicio ordinario civil 157/83 declarando la nulidad de ese matrimonio por lo que el mismo no existió porque no se cumplieron los requisitos legales; que esa circunstancia fue del conocimiento de su fallecida esposa Yolanda Díaz Leal Barragán y que la denunciante trata de sorprender la buena fe de la representación social para que el dicente sea afectado en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Yolanda Díaz Leal Barragán.’ (fojas 92 y 93).-El veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cuatro el referido indiciado presentó un escrito ante el titular de la Mesa Décima del Departamento de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, reiterando su declaración anterior y proporcionando los documentos que estimó convenientes para apoyar su dicho; acta matrimonial de diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve celebrada entre Félix Humberto Esparza Valdez y Lilia Eugenia Hernández Chávez, en el Registro Civil del Municipio de Xonacatlán, Estado de México; acta de matrimonio de nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco, efectuado entre el indiciado en cita y Yolanda Díaz Leal Barragán, en el Registro Civil de Toluca, Estado de México; resolución pronunciada en el juicio civil ordinario 157/83 por el Juez Primero de lo Familiar de Toluca, México, el quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, en la que se declaró nulo el matrimonio celebrado entre el indiciado referido y Lilia Eugenia Hernández Chávez de diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve; resolución pronunciada el veinticinco de enero mil novecientos ochenta y cinco en el toca civil número 299/84 por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que se confirmó la declaratoria de nulidad del matrimonio celebrado el diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve; y acta de defunción de la señora Yolanda Díaz Leal Barragán.-Como quedó precisado con anterioridad, del enlace lógico y jurídico de tales medios probatorios, se desprende que la autoridad responsable correctamente tuvo por acreditados los elementos del tipo del delito de bigamia, los cuales conforme al artículo 222 del Código Penal del Estado están constituidos por: ‘la existencia de un vínculo matrimonial; que tal enlace no haya sido disuelto ni declarado nulo; y que el sujeto activo contraiga otro matrimonio con las formalidades legales.’.-De esta forma, si como es el caso Félix Humberto Esparza Valdez contrajo nupcias por primera vez el diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve con Lilia Eugenia Hernández Chávez y con fecha nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco nuevamente contrajo nupcias con la señora Yolanda Díaz Leal Barragán, sin que se hubiese declarado nulo ni disuelto el primer vínculo matrimonial, pues ello aconteció hasta el quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, como ha quedado demostrado en autos, es evidente que se surten en el caso a estudio los elementos típicos del delito de bigamia, previsto y penado en el artículo antes citado, pues es de tomarse en consideración que el propio quejoso aquí recurrente, al declarar ante la representación social confesó haber contraído matrimonio el diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve con Lilia Eugenia Hernández Chávez, y teniendo conciencia de que tal matrimonio no se había disuelto ni declarado nulo, contrajo nupcias por segunda ocasión el nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco con Yolanda Díaz Leal Barragán, lo que revela que su conducta estuvo conscientemente dirigida a infringir una prohibición establecida por la ley y por tanto, le es reprochable penalmente en función del dolo (elemento subjetivo) que la preside.-Relacionado con lo anterior, debe advertirse que el quejoso hoy recurrente parte de la premisa inexacta de considerar que como el acta matrimonial de fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve carecía de la firma del oficial del Registro Civil ello la hacía inexistente desde el punto de vista jurídico y que lo único que hizo el Juez de lo Familiar, en concepto del quejoso ahora recurrente, en la resolución de quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro fue declararla nula legalmente, por lo que el primer elemento del tipo del delito de bigamia, dice, no se surte en la especie, insistiendo en que ese primer matrimonio no produjo efectos ni siquiera provisionales por no ser un acto nulo sino inexistente.-Esa consideración es inexacta porque en la resolución de quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, dictada por el Juez Primero de lo Familiar en Toluca, Estado de México (fojas 46, 47, 49 y 50) se declaró la nulidad del primer matrimonio tantas veces referido por ausencia de formalidades y no por inexistencia como pretende hacerlo aparentar el aquí recurrente, e incluso así lo reiteró la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado al confirmar la resolución a que se hace referencia en líneas anteriores, el veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y cinco (fojas 30 v. y 31).-Además, no debe perderse de vista que la declaratoria de nulidad se efectuó nueve años después de celebrado el segundo matrimonio y que a la fecha de efectuarse este último (nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco) aún estaba vigente el primer matrimonio, sin que pueda considerarse que dicho acto matrimonial no haya producido efectos ni siquiera en forma provisional, como lo aduce el quejoso partiendo de la falsa premisa de que el acto fue declarado inexistente, toda vez que dicho matrimonio fue declarado nulo y tan surtió provisionalmente sus efectos este primer vínculo, que la primera esposa del aquí recurrente acudió ante los tribunales para solicitar la disolución del mismo.-Independientemente de ello, cabe destacar que existe tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se sostiene que la nulidad absoluta y la inexistencia tienen diferencias sólo conceptuales y simplemente teóricas y que sus sanciones son semejantes, tesis que se encuentra publicada en la página 116, del Tomo 205-216, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: ‘NULIDAD ABSOLUTA E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON CONCEPTUALES Y SIMPLEMENTE TEÓRICAS, Y SUS SANCIONES SON SEMEJANTES.’.-Es exactamente aplicable al caso, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 105, del mismo tomo y parte señalados anteriormente del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro, texto y precedente, dicen: ‘MATRIMONIO, INEXISTENCIA DEL. NO ES LA SANCIÓN APLICABLE EN EL CASO DE QUE EN EL ACTA FALTE LA FIRMA DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (la transcribe).-Igualmente es aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1248 del Tomo CXX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘BIGAMIA, DELITO DE.-Es indudable que el reo cometió el delito de bigamia, si su primer matrimonio era subsistente en la fecha del segundo, sin que la resolución, posterior a éste, que declaró disuelto el primer matrimonio, haga desaparecer el ilícito en que incurrió.’.-En la misma forma, como ya se adelantó, de la concatenación de las mismas constancias referidas en párrafos precedentes, la probable responsabilidad de Félix Humberto Esparza Valdez en la comisión del delito de bigamia, se encuentra demostrada en autos, si se toma en cuenta primordialmente la declaración ministerial de dicho indiciado, en la que reconoció haber contraído nupcias con Lilia Eugenia Hernández Chávez el diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, que dicho matrimonio se declaró nulo el quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro y que antes de dicha declaratoria de nulidad celebró vínculo matrimonial el nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco con Yolanda Díaz Leal Barragán, corroborándose su dicho con ambas actas matrimoniales de las que dio fe el representante social y con las resoluciones de quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro (que declara la nulidad del acta de matrimonio) y veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y cinco (que confirmó la determinación anterior); esto es, el quejoso es la persona que estando unida en matrimonio no disuelto ni declarado nulo (primer elemento), contrajo otro matrimonio con las formalidades legales (segundo elemento).-Consecuentemente el agravio que se hace valer en cuanto a que en el presente caso no se surten todos los elementos del tipo del delito de bigamia, es infundado.-No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que siendo el delito por el que se libró la orden de aprehensión reclamada al hoy quejoso, de aquellos que se persiguen de oficio por no existir disposición en el código punitivo del Estado de que se trate de querella de parte y además, porque debe estimarse que el bien jurídico tutelado en dicho ilícito es la estabilidad de la institución social (matrimonio), puesto que la bigamia ataca el régimen monogámico cuyo mantenimiento es de interés público, por lo que su tipificación no solamente protege a la víctima u ofendida sino a la sociedad misma fundamentalmente, esto es, el orden monogámico social; cualquier persona que tenga conocimiento de un ilícito de esa categoría (perseguible de oficio) debe denunciarlo en términos del artículo 104 del Código de Procedimientos Penales del Estado, luego el hecho de que la denuncia la formulara la hija de la difunta Yolanda Díaz Leal Barragán, esto es, la señora Laura Eugenia Cedeño Díaz Leal, no trasciende en el caso, toda vez que debe reiterarse, el delito de que se trata en el presente asunto se persigue de oficio.-Ilustra el criterio anterior la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68, del Tomo XIX, Segunda Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘BIGAMIA.-El delito de bigamia no solamente protege a la víctima u ofendido, primera esposa, sino también y fundamentalmente a la sociedad misma, al orden monogámico social.’.-En este orden de consideraciones siendo infundados los agravios hechos valer y no advirtiéndose deficiencia que suplir en los mismos conforme al artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, procede confirmar la resolución recurrida y negar el amparo solicitado."
TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 134/92, 156/92, 450/92, 381/93 y 229/94, interpuestos, respectivamente, por Arturo Osorio Padilla, Egberto Martínez Llanos, Julián Mena Naimey, Guillermo Agustín Ascencio Gómez y Juventino Sánchez Ita, sustentó los siguientes criterios:
En el amparo en revisión 134/92:
"... Al respecto, debe decirse que cuando se reclama la orden de aprehensión pendiente de ejecutarse no pueden analizarse en el amparo lo relativo a la prescripción de la acción persecutoria del delito, si previamente las autoridades de instancia no la han estudiado, porque de hacerlo los tribunales constitucionales se sustituirían al Juez del conocimiento o a su superior.-Ello es así, porque en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.-Ahora bien, los artículos 111, 113 y 116 del capítulo sexto, del título IV, libro primero, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, anterior al vigente, al referirse a la prescripción, respectivamente previenen que por ésta se extingue la acción persecutoria y la facultad de ejecutar las sanciones; que los términos para la prescripción de la acción persecutoria serán continuos y se contarán desde el día siguiente en que se cometió el delito, si fuere consumado; que la acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito, pero si el indiciado permanece fuera del territorio nacional, el término de la prescripción se aumentará en dos tercios.-Por consiguiente, si la autoridad de instancia no previene en el conocimiento y análisis de tales cuestiones es claro que no tendría oportunidad de cerciorarse si el término de la prescripción fue continuo y si el indiciado estuvo o no fuera del territorio nacional; desde otro punto de vista cabe advertir que el artículo 112 de la ley sustantiva penal antes citada, preceptúa que los Jueces y tribunales tendrán en cuenta y aplicarán de oficio en todo caso la prescripción, tan luego tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso, de donde se desprenden las facultades de las autoridades de instancia para conocer de oficio esa cuestión.-Por lo demás, cabe señalar que la orden de aprehensión se rige por el artículo 16 constitucional, precepto que sólo exige para su libramiento que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y que esté apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Luego, no sería jurídico que, cubiertos tales requisitos se pretendiera declarar su inconstitucionalidad por el solo hecho de haber transcurrido el tiempo y no haberse ejecutado, si precisamente no medió gestión alguna del interesado alegando ante el propio Juez de los autos que había operado la prescripción.-Precisado lo anterior, debe indicarse que en el caso a estudio es infundado el argumento aducido por el recurrente en el sentido de que la orden de aprehensión reclamada viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, porque no se encuentra debidamente fundada ni motivada, ni cumple con los requisitos que exige ese dispositivo para librarla ..."
En el amparo en revisión 156/92:
"... También es inexacto que el Juez de Distrito debió haber estudiado los conceptos de violación en torno a la prescripción de la acción penal que se hicieron valer en la demanda de amparo.-Tocante a esto argumenta el inconforme que la acción persecutoria respecto del delito que se le atribuye está prescrita; en su demanda de garantías manifestó que los ofendidos tuvieron conocimiento de los hechos que consideran delictuosos, el catorce de agosto de mil novecientos noventa y de esa fecha a la que fueron consignados ante el órgano jurisdiccional transcurrió más de un año, de tal manera que ha transcurrido el término que establece el artículo 133 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla o sea un año para los delitos que sólo sean perseguibles por querella.-Sin embargo debe decirse que cuando se reclama la orden de aprehensión pendiente de ejecutarse no puede analizarse en el amparo lo relativo a la prescripción de la acción persecutoria del delito, si previamente las autoridades de instancia no lo han estudiado, porque de hacerlo los tribunales constitucionales se sustituirían al Juez del conocimiento o al superior de él, tal como lo sostuvo este Tribunal Colegiado al fallar el juicio de amparo en revisión número 134/92 que dice: ‘PRESCRIPCIÓN. NO PUEDE ANALIZARSE EN LA LITIS CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, SIN EL PREVIO ESTUDIO DEL TEMA POR PARTE DE LA RESPONSABLE.’ (la transcribe)."
En el amparo en revisión 450/92:
"... En relación a la prescripción de la acción persecutoria del delito, a que se refiere el recurrente, debe indicarse que cuando el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensión pendiente de ejecutarse, la referida prescripción no puede analizarse en el amparo correspondiente, si previamente las autoridades de instancia no han estudiado esa cuestión, porque de hacerlo los tribunales de amparo se sustituirían al Juez del conocimiento o a su superior.-En efecto, en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios constitucionales, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.-Asimismo, cabe mencionar que los artículos 125, 127 y 131 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, al referirse a la prescripción, respectivamente previenen que por ésta se extingue la acción persecutoria y la facultad de ejecutar las sanciones; que los términos para la prescripción serán continuos y se contarán en cada caso desde el día señalado por la ley, aumentándose en uno o dos tercios si el sujeto activo permanece fuera del territorio del Estado o del país; que la acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito.-Por consiguiente, si la autoridad de instancia no previene en el conocimiento y análisis de tales cuestiones es claro que no tendría oportunidad de cerciorarse si el término de la prescripción fue continuo y si el indiciado estuvo o no en territorio nacional, y así, en caso de conocer del asunto, los tribunales de amparo se sustituirían indebidamente a los Jueces de instancia. Además, la orden de aprehensión se rige por el artículo 16 constitucional, numeral que sólo exige para su libramiento que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y que esté apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del indiciado; por tanto, no sería jurídico, que cubiertos tales requisitos se pretendiera declarar su inconstitucionalidad por el solo hecho de haber transcurrido el tiempo sin que se haya ejecutado la captura, sin que tampoco hubiere mediado gestión alguna del interesado alegando ante el Juez del conocimiento que había operado la prescripción. En apoyo de lo anterior cabe citar la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión números 134/92 y 156/92, que dice: ‘PRESCRIPCIÓN. N
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6005-e856d8d0/prescripcion-el-juez-de-amparo-debe-analizarla-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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