RENTA. EL ARTÍCULO 8o. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ESE IMPUESTO ES INCONSTITUCIONAL PORQUE AL FIJAR LA MECÁNICA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD QUE SIRVE DE BASE PARA EFECTUAR LOS PAGOS PROVISIONALES, INTRODUCE ELEMENTOS NO PREVISTOS EN LA NORMA QUE REGLAMENTA.
AMPARO EN REVISIÓN 1307/95. GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que la sentencia que se recurre fue dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 8o. del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad planteado.
SEGUNDO.- La parte recurrente expresó como agravios los siguientes:
"El Juez de Distrito infringe lo dispuesto por los preceptos legales antes referidos, en virtud de que indebidamente resolvió confirmar la supuesta constitucionalidad del artículo 8o. del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual pretende proveer en la esfera administrativa para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 12-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, disposiciones que fueron impugnadas por infringir con su expedición la garantía de legalidad que se consagra en los artículos 14 y 16, y en lo que se relacionan, con lo dispuesto por el artículo 89, fracción I, todos de la Constitución Federal.- De acuerdo con los argumentos de inconstitucionalidad expuestos en la demanda de garantías, mi representada consideró que el artículo 8o. del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta es contrario a los principios constitucionales antes apuntados, en virtud de que: a) El artículo 8o. del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta rebasa los términos del artículo 12-A de la referida ley, pues el reglamento debió limitarse a precisar los elementos que el contribuyente debió aportar para justificar que el monto de los pagos provisionales tenían que ser menores.- b) El artículo 8o. del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta provee en la esfera administrativa, regulando supuestos que no contempla la disposición legal que reglamenta.- c) Legisla en torno a elementos que determinan si el impuesto es o no correcto al final del periodo, circunstancia que afecta elementos esenciales del tributo, específicamente su base.- d) Impide que exista una comparación objetiva entre lo que se pagó durante el ejercicio y lo que efectivamente debía cubrirse al final del mismo, comparación prevista por la fracción IV del artículo 12-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al proponerse que los pagos provisionales mantengan relación con el impuesto definitivo a pagar.- e) No respeta el principio legal de que los pagos provisionales deben estar ligados necesariamente al impuesto del ejercicio efectivamente causado y tener una relación con él.- Aun cuando el Juez de Distrito no relaciona en el orden antes descrito los razonamientos que pretenden desvirtuar los conceptos vertidos en la demanda de garantías, a continuación pasamos a demostrar que todos y cada uno de los razonamientos expuestos en la sentencia que ahora se recurre, relacionados con los conceptos de violación esgrimidos, resultan ser incorrectos.- En efecto, a lo largo del considerando tercero de la sentencia que se recurre, el Juez de Distrito lleva a cabo un análisis parcial, distorsionado y fuera del contexto lógico-jurídico expuesto en la demanda de garantías.- En primer lugar, cabe destacar la grave omisión en que incurrió el a quo, al dejar de revisar antecedentes particularmente importantes que, además de que quedaron plenamente demostrados, le otorgaban pleno conocimiento de la parte de la disposición reglamentaria que efectivamente se reclamó, omisión que provocó, dada la redacción de la sentencia, una confusión absoluta entre la mecánica de cálculo de pagos provisionales y la mecánica para la determinación del impuesto anual causado, caso este último en el que se prevé una sustitución de coeficiente de utilidad. Tales antecedentes son:-1. Que en ejercicio de su objeto, Grupo Industrial Saltillo, S.A. de C.V. (en lo sucesivo GIS), se ha constituido como la cabeza de un grupo industrial respecto del cual opera como controladora, hecho demostrado mediante el desahogo de una pericial contable.- 2. Que dadas sus características de, principalmente, tenedora de acciones y, como consecuencia, controladora, GIS determina para efectos tributarios su resultado fiscal de manera consolidada con las demás empresas del grupo, figura fiscal permitida por la Ley del Impuesto sobre la Renta y autorizada por la Dirección General Técnica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número 396-I-B-3-5333 de 27 de marzo de 1985, autorización ratificada con el diverso oficio número 396-I-B-3-50-1549 de 18 de mayo de 1993, expedido por la misma dependencia, hechos en igual forma demostrados.- 3. Que el objetivo fundamental del esquema de consolidación para fines de pago de impuestos, no es otro más que el de establecer un régimen neutral de gravamen que pueda aplicarse de manera integral a los grupos con intereses económicos comunes que, por razones comerciales, financieras, laborales o de otra naturaleza, deciden organizarse a partir de sociedades mercantiles jurídicamente independientes entre sí.- La figura de la consolidación fiscal es importante, en la medida en que determina una mecánica que pretende reflejar objetivamente la situación financiera global de un grupo de empresas con intereses económicos comunes. Esto es, la consolidación fiscal busca que un grupo de empresas con intereses comunes muestren sus resultados financieros globales para conseguir un tratamiento fiscal en la proporción que realmente corresponda como grupo.- De esta manera, la existencia de un esquema de consolidación fiscal pretende que, en un entorno económico de consistente integración de empresas y consecuente formación de grupos corporativos o consorcios, fiscalmente se muestre, en la punta de la pirámide (controladora-GIS), el resultado financiero real de la operación del grupo. En otras palabras, el sistema de consolidación fiscal persigue que el rendimiento del capital aportado a las diversas empresas del grupo lo refleje quien realmente y al final del camino lo obtiene, es decir, la controladora (GIS).- La Ley del Impuesto sobre la Renta establece en su artículo 57-E el procedimiento para consolidar los resultados fiscales de una sociedad controladora y su artículo 57-A define lo que para los efectos de esa misma ley se consideran sociedades controladoras.- 4. Que en los ejercicios fiscales de 1992 y 1993, las empresas controladas por GIS efectuaron diversas inversiones tendientes a incrementar la capacidad de sus plantas productivas, hechos totalmente demostrados.- Tales inversiones fueron tomadas como deducibles por las empresas, al amparo de lo dispuesto por el articulo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que permite la deducción inmediata de inversiones, lo que en forma alguna fue cuestionado por las autoridades ejecutoras hoy responsables.- La toma de la deducción inmediata en los términos antes descritos, provocó que el resultado fiscal consolidado por el ejercicio de 1993, es decir, en los estados financieros de la controladora (GIS), se viera fuertemente afectado con una reducción importante del impuesto sobre la renta que debía cubrirse.- 5. Que de acuerdo con las estimaciones realizadas en su momento por mi representada, el resultado fiscal consolidado por 1993 sería de N$66'994,527.00, con lo que se causaría un impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio de N$23'448,084.00.- Es el caso que, por lo menos a octubre de 1993, mi representada ya había efectuado pagos provisionales de impuesto sobre la renta por la cantidad de N$29'039,854.00.- 6. Que durante el ejercicio de 1993, GIS estimó obtener ingresos nominales por N$1,560'644,796.00. De acuerdo con los lineamientos establecidos por el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para la obtención del coeficiente de utilidad que debía utilizar para la determinación de los pagos provisionales por el mismo ejercicio, GIS obtuvo un coeficiente de .1083, que de haber sido aplicado por los meses de noviembre y diciembre, hubiese generado el entero de pagos provisionales de todo el ejercicio por la cantidad aproximada a N$59'156,241.00.- 7. Que dadas las anteriores circunstancias, con fecha 14 de octubre de 1993, GIS solicitó a la Administración Local de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización para disminuir los pagos provisionales consolidados por el multirreferido ejercicio fiscal de 1993.- La citada dependencia, mediante oficio número 8595, de fecha 15 de noviembre de 1993, autorizó a mi representada la disminución de los pagos provisionales atendiendo a los hechos apuntados con anterioridad y, de manera importante, considerando obviamente que los pagos provisionales cubiertos, por lo menos hasta octubre de 1993, excedían ya la cantidad total que por concepto de impuesto sobre la renta hubiese tenido que cubrir por todo el ejercicio.- Se aclaró que el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los contribuyentes deberán efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, calculando, según su fracción I, el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de doce meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración, en el caso concreto, el ejercicio de 1992 para GIS.- El precepto que nos ocupa añade que, para obtener el coeficiente de utilidad, deberá incrementarse la utilidad fiscal o reducirse en su caso la pérdida fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, con el importe de la deducción contemplada en el artículo 51 de la propia ley, disposición que por su parte prevé y regula la deducción inmediata de las inversiones.- Que en otras palabras, GIS, a efecto de calcular y cubrir los pagos provisionales del impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio de 1993, debía, y así lo hizo, obtener un coeficiente de utilidad con los datos ya conocidos del ejercicio de 1992, sumando a la utilidad fiscal de ese mismo ejercicio (1992), el importe de la deducción inmediata de las inversiones tomada por sus empresas controladas, también por ese mismo ejercicio (1992), dado que eran pagos provisionales por un ejercicio consolidado.- Se enfatizaron las razones por las que la fracción I del artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obliga a incrementar la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente, con el monto de la deducción inmediata que contempla el artículo 51 de la propia ley.- En principio, se señaló que la 'adición' del monto de la deducción inmediata a la utilidad fiscal, en los términos de la referida fracción I, tiene un efecto anulatorio de la propia deducción. La utilidad fiscal, en términos generales, es el resultado de restar a los intereses totales las deducciones legalmente permitidas en un ejercicio determinado, entre ellas, desde luego, las deducciones inmediatas.- En un ejemplo simple, se indicó al Juez una empresa obtiene N$100.00 de ingresos totales; cuenta con deducibles normales por N$50.00 (gastos, adquisiciones, etcétera), y con una deducción inmediata por inversiones (artículo 51 de la ley) por N$30.00. En este ejemplo, la empresa tendrá una utilidad fiscal por N$20.00 sobre la que tendrá que pagar el impuesto respectivo por ese ejercicio determinado.- Sin embargo, se le aclaró al propio Juez de Distrito que la finalidad que persigue la disposición que nos ocupa no es el pago del impuesto por el ejercicio por el que se determina el coeficiente, sino el aproximarse lo más posible al impuesto que el contribuyente debía cubrir, vía pagos provisionales, por el ejercicio siguiente, en este caso el de 1993.- En este sentido, se añadió, el legislador estimó que en el ejercicio posterior (1993), el contribuyente ya no podría tomar la deducción inmediata, razón por la que, para el cálculo de los pagos provisionales del siguiente ejercicio (1993), anuló el efecto de dicha deducción con la finalidad exclusiva de calcular el coeficiente de utilidad, mas no de eliminar la deducción inmediata propiamente dicha si el contribuyente tenía derecho a ella en el ejercicio por el que tendría que cubrir los pagos provisionales (1993).- Siguiendo nuestro ejemplo, se le abundó al Juez a quo, obtenemos que 'adicionando' la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calculó el coeficiente (N$20.00) con el monto de la deducción inmediata (N$30.00), resulta un cantidad superior (N$50.00) en la que, según se mencionó, se anula el efecto de dicha deducción.- Es de suma importancia entender que el no considerar la deducción inmediata de inversiones para el cálculo del coeficiente de utilidad, obedece al principio de que no necesariamente los paquetes importantes de inversiones son recurrentes año con año, por lo que la deducción inmediata de las mismas tendría, en principio, efectos únicamente en el año en el que se toma, sin que por tanto deba tener consecuencias negativas para el fisco federal, vía coeficiente de utilidad, en los anticipos del año siguiente, en el que presumiblemente no se repiten las inversiones objeto de la deducción anticipada. En estas condiciones, podría pensarse que no existe razón en incluir el efecto de la deducción inmediata de inversiones en el cálculo de un coeficiente de utilidad que se va a utilizar para determinar pagos provisionales del ejercicio siguiente (1996), pero tampoco existiría razón para estimar que dicha deducción quede eliminada para el contribuyente si a ella tiene derecho en tal ejercicio (1993).- 8. La fracción IV del artículo 12-A del ordenamiento legal que nos ocupa, dispone que con el propósito de que los pagos provisionales mantengan una relación con el impuesto definitivo a pagar, los contribuyentes podrán disminuir el monto de los pagos provisionales, cuando proceda, en los casos y cumpliendo los requisitos que señala el reglamento de la ley.- El artículo 8o. del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pretendiendo proveer en la esfera administrativa respecto de la aplicación de la fracción IV del citado artículo 12-A, establece que para los efectos de esa disposición, en los casos en que los contribuyentes estimen justificadamente que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán disminuir el monto de los que les correspondan hasta por seis meses del mismo ejercicio, siempre que obtengan la autorización respectiva de la autoridad administradora competente.- Con la información hasta aquí reseñada, se le indicó al Juez a quo, pudiera haberse estimado que GIS no fue afectada, dado que, por una parte, obtuvo el coeficiente de utilidad por el último ejercicio declarado (1992) y lo aplicó para la determinación y entero de los pagos provisionales correspondientes a 1993; hasta octubre de 1993 cubrió vía pagos provisionales, un impuesto que resultaría mayor al que razonablemente se estimaba debía cubrirse para el año de 1993 y, finalmente, obtuvo la autorización de la autoridad administradora competente, de tal forma que suspendió en su momento el entero de pagos provisionales adicionales.- No obstante lo anterior, se aclaró, el propio artículo 8o. establece que el contribuyente estará obligado a calcular en la declaración del ejercicio (1993), los pagos provisionales que le hubieran correspondido conforme al artículo 12 de la ley, sustituyendo el coeficiente a que se refiere la fracción I de dicho artículo, por el coeficiente de utilidad determinado conforme a dicha disposición con los datos relativos a la declaración del ejercicio en el cual se disminuyó el pago (1993).- En otras palabras, se le indicó claramente al Juez de Distrito, el segundo párrafo del artículo que nos ocupa, indica que, no obstante haber obtenido autorización para la reducción de los pagos provisionales, en la declaración del ejercicio, el contribuyente debía recalcular dicho coeficiente para obtenerlo con base en los datos obtenidos durante el ejercicio por el que se disminuyó el pago (1993); es decir, sustituir, con la misma mecánica y anulando el efecto de la deducción inmediata, el coeficiente de utilidad del ejercicio anterior (1992), por el coeficiente de utilidad aplicable al ejercicio declarado (1993).- El recálculo previsto en el segundo párrafo del artículo 8o. tiene una consecuencia expresa en el tercer párrafo del mismo precepto, que es que cuando resulte que los pagos provisionales se hubieran cubierto en cantidad menor de la debida en los términos del citado segundo párrafo, se cubrirán recargos sobre la diferencia entre los pagos autorizados y los que le hubieran correspondido.- Aplicando en conjunto estas disposiciones, se le argumentó al Juez de Distrito, GIS quedó obligada a recalcular el coeficiente de utilidad que utilizó para la determinación de los pagos provisionales por el año de 1993, que como se señaló fue obtenido con datos del año de 1992, para obtener dicho coeficiente con los datos correspondientes al ejercicio de 1993.- En atención a las disposiciones que han quedado comentadas, GIS se encontró con que el coeficiente de utilidad obtenido con motivo del recálculo con base en datos del ejercicio de 1993, aplicando la mecánica del artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resultó superior y, por lo mismo, de manera ficticia, obtuvo diferencias en su contra entre los pagos provisionales cubiertos y los que conforme a dicha mecánica debió haber efectuado, con todo y que al final del ejercicio excederían al impuesto realmente causado. Dichas diferencias quedaron anuladas toda vez que, como también se mencionó, GIS ya había cubierto en exceso el impuesto anual; sin embargo, al tenor de lo dispuesto por el tercer párrafo del reclamado artículo 8o., subsistió la obligación del pago de recargos por dichas diferencias, es decir, recargos sobre un impuesto no generado para pagos provisionales y no causado para efectos de la declaración anual.- 9. Que el efecto fiscal que se comenta no es más que la consecuencia de que el artículo 8o. del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta se remita a la mecánica establecida en el artículo 12 de la misma ley para efectuar el recálculo del coeficiente de utilidad por el ejercicio en el que se redujeron los pagos provisionales, olvidando que si dicho recálculo se efectúa con base en datos del ejercicio declarado, no del anterior, debía entonces reconocer que por tal ejercicio, por el que pretende se determine el impuesto realmente causado, el contribuyente podía entonces darle efectos a todas sus deducciones, inclusive la inmediata por inversiones, la que para GIS existió también en 1993, hecho claramente comprobado.- 10. Que GIS estimó determinar por 1993, con base en la mecánica antes descrita, un coeficiente de utilidad consolidado de .1298, el cual resultó ser superior al determinado por el ejercicio de 1992 y que sirvió de base para realizar los pagos provisionales, que fue de .1083.- De haber reconocido el artículo 8o. reclamado la eliminación del efecto de la deducción inmediata consolidada en la determinación del coeficiente de utilidad para 1993, mi representada hubiese obtenido un coeficiente de utilidad de .0429, es decir, menor al determinado por el ejercicio de 1992, con lo cual no hubiesen resultado diferencias en los pagos provisionales objeto de una eventual liquidación de recargos.- 11. Dado el espíritu del artículo 12-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es que los contribuyentes efectúen pagos provisionales que mantengan una relación congruente con el impuesto definitivo a pagar, con fecha 21 de octubre de 1993, mi representada solicitó a la Administración General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autorización para no efectuar el recálculo del coeficiente de utilidad a que hace referencia el artículo 8o. del reglamento de la propia ley, toda vez que, a esa fecha, ya tenía cubierto en exceso el impuesto anual que se estimaba obtener.- 12. En respuesta a la solicitud de 21 de octubre de 1993, el C. administrador especial de recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió el oficio número 322-A-B-3-6374 de 27 de abril de 1994, con el que resolvió que '... no es posible acceder a lo solicitado, toda vez que tal como lo indica el artículo 8o. ya señalado, si se autorizó la disminución de los pagos provisionales, al elaborar la declaración del ejercicio, se tienen que calcular dichos pagos aplicando el coeficiente que corresponda a dicho ejercicio, según el artículo 12 de la Ley del ISR, sustituyendo el coeficiente del ejercicio a que se refiere la fracción I del artículo citado.'.- Como se observa de los antecedentes antes descritos, que ilegalmente omite analizar el Juez de Distrito con todo y que quedaron plenamente demostrados mediante el desahogo de la prueba pericial técnica en materia contable, GIS en forma alguna atacó la parte del artículo 8o. reclamado que le permitió reducir sus pagos provisionales del impuesto sobre la renta, lo que además se le autorizó, sino la parte del propio artículo 8o. que la obligaba a sustituir el coeficiente de utilidad con datos del ejercicio completo.- Recuérdese que el cálculo del coeficiente de utilidad para pagos provisionales toma en cuenta datos del ejercicio anterior, que en el caso fue 1992. El recálculo o sustitución del coeficiente de utilidad, regla que fue la específicamente reclamada, toma en cuenta los datos del ejercicio completo respecto del cual se efectuaron pagos provisionales, es decir, ya no con datos del ejercicio anterior (1992), sino con los del ejercicio terminado (1993).- De esta manera, según se ha indicado, mi representada nunca reclamó el que el artículo 8o. impugnado previera la reducción de los pagos provisionales, sino que al ordenar el recálculo del coeficiente atendiendo a resultados del ejercicio declarado (1993), supuesto sustancialmente diferente, dejó de considerar que el objetivo de esta regla era obtener el impuesto definitivo que debió haberse cubierto y no el de definir el monto de los pagos provisionales, razón por la cual debió prever, lo que no hace, la posibilidad de tomar todas las deducciones permitidas, incluyendo la inmediata de inversiones. Lo anterior se da en virtud de que para el recálculo o sustitución del coeficiente de utilidad, parte específicamente reclamada, simplemente se remite al artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el que sólo califica para la determinación del propio coeficiente en pagos provisionales, eliminando el efecto de la deducción inmediata, pero no para el cálculo del impuesto anual.- El Juez de Distrito omite también considerar y resolver el que al analizar los límites que deben respetar los reglamentos administrativos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados han confirmado sistemáticamente que mediante el ejercicio de la facultad reglamentaria consagrada en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, el titular del Ejecutivo Federal puede, para mejor proveer en la esfera administrativa al cumplimiento de las leyes, dictar ordenamientos que faciliten a los destinatarios la observancia de las mismas, a través de disposiciones generales, imperativas y abstractas que detallen sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación.- Una disposición reglamentaria, se ha sostenido, desenvuelve su obligatoriedad a partir de un principio definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos, ni mucho menos contradecirla; luego entonces, la facultad reglamentaria no puede ser utilizada como instrumento para llenar lagunas de la ley, ni reformarla para remediar el olvido o la omisión. Por tal motivo, si el reglamento debe contraerse a indicar los medios para cumplir la ley, no estará entonces permitido que a través de dicha facultad, una disposición de tal naturaleza otorgue mayores alcances o imponga diversas limitantes a la propia norma que busca reglamentar. Aún más, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, en relación con la facultad reglamentaria conferida al titular del Ejecutivo Federal, se debe tomar en cuenta que los artículos 28 y 31, fracción IV, constitucionales, reservan a las leyes, entendidas desde los puntos de vista formal y material, la exclusiva determinación de los elementos esenciales de las contribuciones. Por ello, sostienela Corte, la expedición de una norma reglamentaria, además de que no debe contrariar o alterar la ley que reglamenta, tampoco debe establecer alguno o algunos de los mencionados elementos esenciales de las contribuciones, dado que éstos, por mandato constitucional, deben estar contenidos en un acto formal y materialmente legislativo (jurisprudencia 29/91. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 42, junio de 1991, páginas 50 y 51).- Tal y como se le demostró al Juez de Distrito, el artículo 8o. del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta vulnera los principios antes apuntados e infringe de manera directa el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, con menoscabo, en perjuicio de mi representada, de los artículos 14 y 16 de la propia Constitución.- Para mayor claridad, conviene referirnos al texto expreso del precepto reclamado. Este es: (transcribe).- Los artículos de la ley a los que se remite el transcrito artículo 8o., por su parte indican: (transcribe artículos 12, fracción I, y 12-A, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta).- Hasta aquí mi representada ha dejado precisados los antecedentes del caso, que aclaran perfectamente las circunstancias que definen, con claridad los dos supuestos esencialmente diferentes que regula el artículo 8o. del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, supuestos que, por un lado, permiten la reducción de pagos provisionales y, por otro, ordenan un recálculo del coeficiente de utilidad en las mismas condiciones que las consideradas para los propios pagos provisionales, pero con datos del ejercicio completo.- El Juez de Distrito, según los términos de su sentencia, desafortunadamente no entendió la diferencia esencial que se desprende del texto del artículo 8o. reclamado, por lo que todos y cada uno de sus argumentos parten de la incongruencia lógica que deriva de la confusión en la que incurre. Efectivamente, la esencia del artículo 8o. reclamado, en el primer supuesto antes explicado, es beneficiar al contribuyente en el caso de que el monto de los pagos provisionales sean superiores al del impuesto que debe cubrirse al final del ejercicio, circunstancia que se limita, exclusivamente, a la posibilidad de autorizar la reducción de dichos pagos, tal y como lo reconoce el propio Juez de Distrito.- No obstante lo anterior, ratificando su confusión, el Juez de Distrito resuelve que el solo hecho de que el artículo reclamado permita la reducción de los pagos provisionales como beneficio para los contribuyentes, no rebasa el precepto legal que reglamenta (artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta).- Entendiendo este primer supuesto, desde luego, el artículo reclamado sí se limita a regular y detallar el procedimiento que se debe de seguir para la reducción de los pagos provisionales. Lo que no aprecia el Juez de Distrito, debido a su lamentable confusión, es que el exceso de la disposición reglamentaria efectivamente reclamada, se da en el momento en que ordena un recálculo o sustitución del coeficiente de utilidad, ya no para obtener la reducción de los pagos provisionales, sino para determinar el impuesto definitivo a pagar por todo el ejercicio, supuesto en el que establece condiciones que desnaturalizan los resultados reales y objetivos del propio ejercicio, puesto que elimina la posibilidad de que, si el citado artículo 8o. reclamado pretende la determinación del impuesto total del ejercicio, debió haber entonces considerado la posibilidad de tomar todas las deducciones a las que mi representada tenía derecho, incluyendo la deducción inmediata de inversiones.- Como se observa, el Juez de Distrito, para resolver, parte de un supuesto equivocado. Mi representada no cuestiona, ni ha cuestionado, la mecánica para reducir los pagos provisionales; lo que cuestiona es que el precepto reclamado le obligue a calcular el impuesto del ejercicio con datos del mismo sin permitirle de manera expresa incluir sus resultados totales, lo que equivale a permitir el reconocimiento de todas sus deducciones, puesto que, según se apunta, el recálculo del coeficiente de utilidad se apoya en datos reales del ejercicio declarado (1993), cuando para el cálculo de los pagos provisionales se consideran datos ajenos, como lo son los del ejercicio anterior (1992).- Por las razones antes expuestas, es claro que los razonamientos del Juez de Distrito parten de una base falsa, sin ubicar, en estrictos términos, el argumento de inconstitucionalidad efectivamente planteado, lo que se traduce en una violación directa al artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, motivo suficiente para revocar la sentencia recurrida y abocarse con corrección al análisis de los argumentos de inconstitucionalidad efectivamente planteados.- En otro aspecto, en la misma línea de confusión, el Juez de Distrito incurre en apreciaciones total y absolutamente falsas. Afirma que es inexacto que el artículo 8o. del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta no permita la 'realización' de la deducción inmediata de inversiones (posiblemente quiso decir el Juez que no se permite tomar dicha deducción). Con una
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4405-2cf7e317/renta-el-articulo-8o-del-reglamento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- NORMAS FISCALES. EL LEGISLADOR DEBE PREVER EN ELLAS LOS SUPUESTOS DE MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, NO CASOS EXCEPCIONALES. (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTICULO 209, ULTIMO PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE A PARTIR DE 1990, VIOLA EL ARTICULO (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. (AMPARO EN REVISIÓN)
- TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUIEN SE INTEGRA A LA RELACIÓN JURÍDICO-PROCESAL EN EL JUICIO NATURAL, AUNQUE NO SEA PA (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- LEY REGLAMENTARIA DEL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis