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Modo: Corpus Pro

SERVIDORES PÚBLICOS, ORDEN DE BAJA DE LOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.

Tipo de asunto: QUEJA 423/96. · Registro digital (IUS): 4489
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN GABRIEL BLANCAS SÁNCHEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, , Pág. 449.

QUEJA 423/96. JUAN GABRIEL BLANCAS SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.- Es infundado el único agravio hecho valer por el quejoso recurrente, en atención a las siguientes consideraciones.

Sustancialmente arguye el promovente que la resolución que recurre viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 117, fracción X, constitucional y 124 de la Ley de Amparo, aduciendo al efecto que de la interpretación de ambos preceptos se deduce que el a quo debió otorgarle la suspensión provisional solicitada en virtud de que alega que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y que, en cambio, los perjuicios que se le causarían serían de imposible reparación.

No le asiste la razón a la parte recurrente, habida cuenta de que, en primer término, el artículo 117 de la Constitución Federal, que señala como infringido por la resolución que combate, se refiere a las prohibiciones que tienen los Estados de la República para efectuar determinados actos, y no contiene ninguna fracción X, que es la que invoca el recurrente, sino que únicamente contiene nueve fracciones, razones estas por las que es evidente que el auto recurrido no puede violar lo establecido en dicho precepto constitucional.

Ahora bien, respecto al argumento del incidentista, en el sentido de que debe concederse la suspensión provisional de los actos que reclama, por reunir los requisitos previstos para ello en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y aun cuando manifiesta que continúa "de facto desempeñando sus funciones normalmente en su empleo", debe precisarse lo siguiente.

Que en su demanda de amparo señaló como actos reclamados:

1) La resolución de fecha 14 de agosto de 1996, dictada por el oficial mayor de la Procuraduría General de la República, contenida en el oficio número OMA01327, por la que se declara la terminación del nombramiento expedido como agente de la Policía Judicial Federal; y

2) Todos y cada uno de los actos, diligencias o actuaciones que las autoridades ejecutoras han llevado o lleven a cabo en ejecución material de la resolución precisada en el inciso que antecede.

En ese orden de ideas, es incuestionable que atinadamente el Juez a quo, respecto del oficio OMA01327, de fecha 14 de agosto de 1996, negó la suspensión provisional, en virtud de que este acto tiene el carácter de consumado y, por ello, es improcedente conceder dicha medida cautelar, pues equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto.

Ello es así, con independencia de que el quejoso alegue que a la fecha continúa trabajando de facto, toda vez que al haberse ordenado la terminación de su contrato mediante el oficio reclamado, se consumó automáticamente dicho acto, sin que pueda de ningún modo considerarse lo contrario.

Siguiendo ese orden de ideas, resulta infundado su agravio y, por ende, subsiste la negativa de la suspensión provisional respecto del acto en cita, sirviendo de apoyo a tal consideración, lo establecido en la tesis jurisprudencial número 64, consultable a foja 109 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice:

"ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie."

Ahora bien, respecto del segundo acto reclamado, consistente en la ejecución misma de la orden de terminación de contrato, si bien es cierto que el Juez de Distrito no se pronunció en cuanto a ella, resulta también improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, habida cuenta de que no se satisface el requisito exigido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que la sociedad está interesada en el cumplimiento de los actos de tal naturaleza, que tienden directa o indirectamente al debido desempeño de la función pública, como actividad del Estado, independientemente del perjuicio que resientan los interesados, porque en todo caso es mayor el que resentiría el interés general con la concesión de la medida suspensional.

Resulta aplicable al caso lo establecido en la tesis de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis pendiente de publicación que a la letra dice:

"SUSPENSIÓN, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR PÚBLICO, PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.- De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, procederá la suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, por interés social se entienden aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario que prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses particulares. De esta manera, la baja o cese de un servidor público es un acto de interés social y público en contra del cual no procede otorgar la suspensión provisional, porque involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública. Esto es, la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y bienestar de la comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de servidores públicos, la confianza no sólo de sus superiores, sino de la población. En estas condiciones, si el cese de un servidor público presupone la falta de confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar la suspensión provisional, porque de concederla se contravendría el interés social, ya que la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que tienen encomendadas, que dada su naturaleza tienen como finalidad desempeñar una actividad pública del Estado, en el caso, como miembro de la policía auxiliar, de proteger y cuidar la seguridad pública de los habitantes del Distrito Federal."

Asimismo, debe aplicarse lo establecido en la tesis de este tribunal, consultable en la página 163, de la Sexta Parte, Volúmenes 193-198, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice:

"SERVIDORES PÚBLICOS. ORDEN DE BAJA DE LOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Cuando se reclaman en el juicio constitucional los efectos y consecuencias de la orden de baja dictada en contra de un servidor público, es improcedente conceder la suspensión solicitada por el quejoso, ya que no se satisface el requisito exigido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que la sociedad está interesada en el cumplimiento de los actos de tal naturaleza, que tienden directa o indirectamente al debido desempeño de la función pública, como actividad del Estado; independientemente del perjuicio que resientan los interesados, porque en todo caso es mayor el que resentiría el interés general con la concesión de la medida suspensiva."

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 95, 97, 99 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.- Es procedente pero infundado el presente recurso de queja.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos, Carlos Alfredo Soto Villaseñor y Fernando Lanz Cárdenas, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Nota: La tesis de rubro: "SUSPENSIÓN, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR PÚBLICO, PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.", se encuentra publicada con el número I.3o.A.31 A en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV-Octubre, página 624.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4489-5671fa08/servidores-publicos-orden-de-baja-de-los-suspension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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