VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. ES PROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSION PROVISIONAL SI EL PROPIETARIO ACREDITA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA IMPORTACION DE LOS.
QUEJA 421/92. PEDRO GALLARDO GONZALEZ.
CONSIDERANDO:
SEPTIMO.- Expresa la recurrente, en esencia, que el Juez de Distrito al conceder la suspensión provisional violó el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues con su otorgamiento se sigue daño al interés social y se contravienen disposiciones de orden público.
Son infundados los anteriores agravios para revocar el acuerdo recurrido.
En efecto, de las constancias remitidas por el Juez de Distrito se observa que los quejosos en el juicio de garantías señalaron, en su demanda, como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
"III.- Autoridades responsables en su calidad de ordenadoras: a).- Procurador general de la República. b).- Procurador general de Justicia del Distrito Federal. c).- Secretario general de Protección y Vialidad. d).- Director general de Aduanas. e).- Director de la Policía Fiscal Federal. f).- Secretario de Hacienda y Crédito Público. IV.- Autoridades Ejecutoras: a).- Director general de la Policía Judicial del Distrito Federal. b).- Director general de la Policía Judicial Federal. director de la Policía Federal de Caminos y Puertos. Subdirector de la Policía Fiscal Federal. Administración Fiscal Federal del Oriente. Administrador Fiscal Federal del Norte. Administrador Fiscal Federal del Sur. Actos que se reclaman: Del director general de Aduanas, director de la Policía Fiscal Federal, subdirector de la Policía Fiscal, de las Administraciones Sur, Norte y Oriente Fiscal Federal, reclamamos las órdenes que se hayan emitido o se pretendan girar en nuestra contra por despojo, secuestro o detención y decomiso de nuestros vehículos, sin motivo fundado y motivado por autoridades competentes, dichos responsables a través de sus inferiores, ya sea de la Policía Fiscal, Policía Judicial en conjunto con los elementos de tránsito de la Secretaría General de Protección y Vialidad, están o pretenden realizar secuestro de unidades extranjeras sin que esas órdenes estén fundadas y motivadas. Del procurador general de la República, del procurador de Justicia del Distrito Federal, del secretario general de Protección y Vialidad y del director de la Policía Federal de Caminos y Puertos, reclamamos que sin tener competencia alguna se pretenda despojarnos y desposeernos de la manera más arbitraria de nuestras unidades, toda vez que se muestra a dichas autoridades la estancia legal de nuestros vehículos. De todas las demás señaladas como ejecutoras, reclamamos la ejecución material de las órdenes emitidas y de las consecuencias que se deriven de éstas y que pretendan llevar a cabo los actos que se reclaman. También reclamamos las visitas a nuestros domicilios para el efecto de secuestrar, decomisar, despojar de nuestros vehículos. Haciendo la aclaración a su señoría que las unidades antes descritas no nos han sido secuestradas, pero ya se pretenden llevar a cabo tales actos. Asimismo reclamamos las órdenes que se pretendan girar en nuestra contra con el fin de privarnos de nuestra libertad personal, ya que hemos sido amenazados."
Asimismo, se advierte que los quejosos solicitaron la suspensión de los actos reclamados en los siguientes términos:
"Con fundamento en los artículos 122, 123, 124, 125 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se me conceda la suspensión provisional por atacarse a nuestras garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos...".
Por otra parte, del examen de las constancias remitidas por el Juez del conocimiento, se advierte que los quejosos ofrecieron y exhibieron, como pruebas de su parte, diversos comprobantes relativos al trámite para la legalización de los vehículos respecto de los cuales se concedió la medida cautelar (mismos que se describen en el proveído impugnado transcrito en el considerando cuarto de esta resolución), como los correspondientes al pago por concepto de legalización de cada uno de ellos.
El Juez de Distrito del conocimiento, mediante auto de doce de mayo de mil novecientos noventa y dos, concedió la suspensión provisional solicitada para el único efecto de que no se confisquen o retengan los vehículos de los quejosos (que se precisan en el propio auto), hasta que se dicte la resolución respecto de la suspensión definitiva solicitada.
De lo anteriormente relacionado se desprende que la suspensión provisional concedida por el Juez Federal de ninguna manera viola disposiciones de orden público como lo señala la recurrente, toda vez que si bien es cierto que la tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera podrá comprobarse en términos del artículo 117 de la Ley Aduanera que acredite su legal importación, no es menos cierto que en la especie se acredita con los recibos anteriormente aludidos que los quejosos se acogieron al decreto presidencial de treinta de enero de mil novecientos noventa y uno (publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de ese mes y año), por el que se otorgan facilidades a los propietarios de vehículos extranjeros para regularizarlos.
En tal virtud, si los quejosos presentaron solicitud para regularizar los vehículos referidos en el proveído impugnado y la autoridad hacendaria recibió los pagos de los impuestos correspondientes a sus respectivas importaciones de acuerdo al referido decreto, es inconcuso que en el caso a estudio los vehículos de que se trata se encuentran en una situación jurídica especial aceptada por las propias autoridades hacendarias, por lo que es inexacto que la suspensión concedida sea violatoria de los preceptos de la Ley Aduanera, que invoca la recurrente.
Asimismo, es inexacto que la suspensión concedida sea violatoria del artículo 125 de la Ley de Amparo, pues al encontrarse acreditado que los quejosos cubrieron el impuesto de importación correspondiente a cada uno de los vehículos en cuestión, es de considerarse que ningún perjuicio le causa a las autoridades el hecho de que el Juez del conocimiento hubiera omitido fijar garantía a los quejosos para el otorgamiento de la medida cautelar, ya que el interés fiscal fue cubierto al pagar los impuestos de importación.
Por otra parte, resulta inexacto que los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo establezcan la obligación para el Juez de aludir a cada uno de los requisitos que exijan esos artículos, así como a las pruebas ofrecidas para conceder la suspensión, sino que disponen los requisitos necesarios para otorgar esa medida suspensional por tanto, encontrándose demostrado que la suspensión se ajustó a lo establecido en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, procede confirmar en la materia del recurso el auto impugnado.
Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis sostenida por este tribunal que dice: "VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. ES PROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSION PROVISIONAL SI EL PROPIETARIO ACREDITA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA IMPORTACION DE LOS.- Cuando la suspensión provisional es concedida para el efecto de que no se secuestren, confisquen o decomisen vehículos de procedencia extranjera, no se violan disposiciones de orden público, ni se sigue daño al interés social, si se acredita que el propietario cubrió los impuestos de importación correspondientes que establece el artículo 36 de La Ley Aduanera, por lo que debe estimarse que no existe violación a las disposiciones que regulan la importación de las mercancías extranjeras y, por tanto, no se transgrede el orden público ni se sigue daño al interés social. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Queja 81/92.- Secretario de Hacienda y Crédito Público.- 31 de enero de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secretaria: Luz Cueto Martínez.
Sostiene el mismo criterio:
Queja 91/92.- Secretario de Hacienda y Crédito Público.- 3 de febrero de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca.- Secretario: Teódulo Angeles Espino.
Queja 121/92.- Secretario de Hacienda y Crédito Público.- 10 de febrero de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca.- Secretario: Carlos Ruiz Constantino.
Queja 111/92.- Secretario de Hacienda y Crédito Público.- 11 de febrero de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secretario: Antolín Hiram González Cruz".
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Es procedente pero infundado el recurso de queja.
SEGUNDO.- En la materia del recurso se CONFIRMA el auto de doce de mayo de mil novecientos noventa y dos dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 172/92.
TERCERO.- SE CONCEDE A ENRIQUE DOMINGUEZ RUIZ, JORGE DE ALBA, ROMAN MARTINEZ GONZALEZ, LAURA PATRICIA DUCKER DE REGIL, JOSE LUIS MARTINEZ TREVIÑO Y YOLANDA MARTINEZ DE CHAVELAS la suspensión provisional en contra de los actos reclamados al Secretario de Hacienda y Crédito Público, en atención a las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.
Notifíquese; envíese testimonio de la presente resolución al juzgado de su origen y, en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: Samuel Hernández Viazcán (presidente), Julio Humberto Hernández Fonseca y Luis María Aguilar Morales, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el segundo de los nombrados.
Firman los CC. Magistrados con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/708-c8f158a0/vehiculos-de-procedencia-extranjera-es-procedente-otorgar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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