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Modo: Corpus Pro

APELACIÓN IMPROCEDENTE. LO ES AQUELLA QUE INTERPONE EL INDICIADO EN CONTRA DEL ACUERDO QUE NEGÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, SI CONTRA ÉSTE SE LIBRÓ ORDEN DE APREHENSIÓN Y NO SE CUMPLIMENTÓ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/97. · Registro digital (IUS): 4500
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, , Pág. 88.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo la tesis publicada en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y tres, que se transcribe a continuación: "APELACIÓN IMPROCEDENTE, CUANDO SE INTERPONE ANTES DE QUE SE EJECUTE LA ORDEN DE APREHENSIÓN.- Si aún no se ejecuta la orden de aprehensión, respecto de la cual se negó en definitiva el amparo y protección de la Justicia Federal, es improcedente el recurso de apelación interpuesto por el sujeto en contra de quien se negó el amparo, combatiendo la determinación del Juez que declara no prescrita la acción penal ejercida, toda vez que el promovente no está sometido a la jurisdicción del Juez natural y, en consecuencia, no es todavía parte legítima en el proceso, por no haberse iniciado, pues al no ejecutarse la orden de aprehensión girada en contra del sujeto activo, se encuentra sustraído a la acción de la justicia, por lo que carece de legitimación para interponer el recurso de apelación contra la determinación que declara que no está prescrita la acción penal, pues aceptar lo contrario sería tanto como crear el derecho para quienes no tienen todavía la calidad de parte procesal.- Amparo en revisión 55/93.- María Clotilde Molina de Ayala.- 16 de marzo de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Velasco Félix.- Secretario: Tereso Ramos Hernández.".

La parte considerativa que fundó el texto anterior, se transcribe a continuación.

"PRIMERO.- Para negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, la Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal razonó lo siguiente: 'III. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa.- En efecto, los Magistrados de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la ahora quejosa María Clotilde Molina de Ayala, en contra del auto de fecha diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos, en el que la Juez señalada como responsable negó la procedencia de la declaración de prescripción del ejercicio de la acción penal solicitada por el promovente (fojas 36 a 40), declararon mal admitido el recurso señalado, argumentando que, para tal efecto, la promovente carecía de la personalidad que señala el artículo 417 del Código de Procedimientos Penales aplicable en el Distrito Federal, toda vez que se encuentra pendiente de ejecución la orden de aprehensión que dictó en su contra la Juez Cuadragésimo Noveno Penal del Distrito Federal el día dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos, al considerarla presunta responsable en la comisión del delito de fraude genérico, dentro de la causa penal número 165/91, señalándose además que dicho auto, si bien es cierto es apelable, la promovente de referencia, en el caso a estudio, carece de la personalidad debida para ello, puesto que aún no es parte en el proceso, y sin revisar el auto apelado fueron devueltos los autos al inferior (fojas 15 a 19); por lo que a criterio de este juzgado de Distrito, con lo anterior no se viola en perjuicio de la quejosa lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que en ningún momento el auto motivo del presente juicio, se refiere a la privación de la libertad de la quejosa o resuelve el fondo del asunto en el cual se ordena su aprehensión, sino que únicamente se limita a resolver si procesalmente está facultada para interponer el recurso que le fuera desechado, el que en el caso a estudio no procede, toda vez que en una averiguación, como es el caso de la que emana la orden de aprehensión dictada en su contra, que se encuentra pendiente de cumplimentación, las partes se componen únicamente del Juez y el representante social, y es hasta que el inculpado (a) es puesto a disposición del primero para que responda de los cargos que se le imputan, cuando se le puede considerar como parte en el proceso y, con base en lo anterior, deberá negarse a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal.'.

"SEGUNDO.- En contra de la anterior sentencia, la quejosa María Clotilde Molina de Ayala expresa los siguientes agravios: que la misma viola el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, porque habiendo expresado dos conceptos de violación contra el acto reclamado, la Juez del amparo los declaró infundados, sosteniendo que la resolución de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no viola en perjuicio de la quejosa lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que constituye una tesis incongruente y confusa e interpretación letrista que deja a la quejosa en la más absoluta indefensión, al negarse a estudiar los agravios formulados por su defensor en la segunda sentencia, no obstante que al recibir el testimonio de apelación que le remitió la Juez Cuadragésimo Noveno Penal, ordenó formar el toca número 626/92, confirmó la admisión del recurso y el grado hecho por la inferior, y señaló fecha para la audiencia de vista en la que se tuvieron por formulados los agravios de su defensor, así como el pedimento del agente del Ministerio Público, por lo que la resolución que declaró mal admitido el recurso de apelación y sin revisar el auto apelado, devolver el testimonio al Juez de la causa, no puede considerarse como una resolución del recurso, pues únicamente constituye la revocación de su propia resolución; que asimismo, la Juez del amparo consideró válido el criterio de la Sala señalada como autoridad responsable, respecto a que la quejosa 'carece de personalidad' para interponer el recurso de apelación en contra de la resolución de la Juez Cuadragésimo Noveno Penal, que declaró no extinguida la acción penal ejercida por el Ministerio Público, pues carece de fundamento legal, toda vez que si la quejosa formuló la solicitud relativa por su propio derecho y no en representación de persona alguna, no puede carecer de personalidad; que asimismo, el Juez de amparo admite que el auto de la Juez Cuadragésimo Noveno Penal es apelable, pero que la quejosa, por carecer de personalidad, no puede interponer dicho recurso, con lo que hizo una interpretación literal errónea del artículo 417 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el cual señala, en la fracción II, quiénes pueden apelar, entre los que se encuentran el acusado y su defensor, lo que equivaldría que hasta después de que el Ministerio Público formule sus conclusiones, el acusado estaría legitimado para interponer el recurso de apelación, lo que constituye una aberración y, por ende, no podría apelar contra el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, porque de acuerdo con el criterio de la autoridad responsable y el del Juez del amparo, carece de personalidad; asimismo, la Juez del amparo sostuvo que la falta de estudio por parte de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no viola los artículos 14 y 16 constitucionales, porque el auto que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, no se refiere a la privación ilegal de la quejosa ni resuelve el fondo del asunto, en el cual se ordena su aprehensión, pasando por alto, intencionalmente, que de decretarse la extinción de la acción penal por haber operado la prescripción, quedará sin efecto la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa, por lo que al no fundar ni motivar legalmente la negativa del amparo, la mencionada Juez de Distrito infringió en perjuicio de la quejosa las disposiciones legales invocadas, lo que procede es que se revoque la misma y se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó en contra del acto reclamado y su ejecución.

"TERCERO.- Son infundados los argumentos que como agravios expresa la quejosa María Clotilde Molina de Ayala, en contra de la sentencia de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y tres, por medio de la cual la Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal le negó la protección constitucional contra el acto que reclama de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como autoridad ordenadora, y de la Juez Cuadragésimo Noveno Penal del Distrito Federal, consistente en la resolución de fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y dos, pronunciada dentro del toca número 626/92, por medio del cual declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto por María Clotilde Molina de Ayala contra el proveído de fecha diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos, pronunciado por la Juez Cuadragésimo Noveno Penal del Distrito Federal, que declaró que no procedía la declaración de prescripción del ejercicio de la acción penal ejercida (sic) en contra de la mencionada inculpada por el agente del Ministerio Público que solicitó ante el propio Juez de la causa la mencionada inculpada y devolvió sin revisar el auto apelado al Juez de su origen, pues, en efecto, de manera correcta la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal consideró que toda vez que en contra de la quejosa María Clotilde Molina de Ayala se encuentra pendiente de ejecutar la orden de aprehensión librada en su contra, dentro de la causa penal número 165/91 del Juzgado Cuadragésimo Noveno Penal del Distrito Federal, como probable responsable del delito de fraude, y por ende no ha comparecido a declarar ni a someterse a la jurisdicción de dicho juzgador, ni voluntariamente ni mediante la Policía Judicial, tal inculpada no es aún parte legítima en el proceso, por lo que independientemente de que el auto del Juez de la causa que declaró no prescrita la acción penal ejercida por el Ministerio Público en contra de la quejosa, sea apelable en términos de lo previsto en la fracción III del artículo 418 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al no tener la quejosa la calidad de parte en el proceso, como procesada, acusada o sentenciada, no podía interponer dicho recurso en términos de lo establecido en los artículos 415 y 417 del código procesal mencionado, pues de la hermenéutica del código de procedimientos penales y fundamentalmente del artículo 20 constitucional, se sigue que sólo en el caso de que el inculpado se encuentre sometido a la jurisdicción del Juez ante el que fue consignado, puede hacer valer los derechos que la ley procesal consigna en favor de éstos en materia penal, lo que permite sumar a lo expresado por la Sala señalada como autoridad responsable, que en el caso de la promoción de la quejosa, ni siquiera debió dar trámite a la misma, precisamente por no ser aún parte del proceso; asimismo, la Sala Auxiliar del tribunal mencionado procedió correctamente al declarar mal admitido el recurso de apelación por parte del Juez de la causa, porque para ello se apegó estrictamente a lo establecido en el artículo 423 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Por consiguiente, son infundados los argumentos de la quejosa en cuanto a que la tesis de la Sala Auxiliar del tribunal mencionado es incongruente y confusa e interpretación letrista que la deja en estado de indefensión, negándose a estudiar los agravios formulados por su defensor en la segunda instancia, cuando ya había admitido el recurso y el grado hechos por el inferior y señalado fecha para la audiencia de vista en la que se tuvieron por formulados los agravios de su defensor, así como el pedimento del agente del Ministerio Público, con lo que al declarar mal admitido el auto apelado, no resolvió el recurso sino que revocó su propia resolución, puesto que, se repite, el procedimiento de la Sala Auxiliar del tribunal mencionado se ajustó estrictamente a lo establecido en el artículo 423 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues no por el hecho de haber admitido el recurso, la Sala Auxiliar mencionada se encontraba obligada a resolverlo y a estudiar los agravios planteados en contra del auto apelado por el recurrente, porque ello sería tanto como aceptar que el auto que admite un recurso crea el derecho para las partes que no lo tienen, lo que resulta incorrecto de acuerdo con nuestro sistema jurídico; asimismo, es infundado el argumento de la Sala Auxiliar considerado como legal por el Juez del amparo, respecto a que la quejosa carece de personalidad para interponer el recurso de apelación en contra del proveído del Juez de la causa que declaró no prescrita la acción penal ejercida en contra de la quejosa, carezca de fundamento legal (sic), sólo por el hecho de que ésta promovió por su propio derecho y no en representación de otra persona o que sea una interpretación literal errónea del artículo 417 del código procesal de la materia, porque de acuerdo con lo establecido en la fracción II del mismo, sólo pueden apelar el acusado y su defensor, en cuyo caso la quejosa sólo podría apelar hasta que formulara conclusiones el agente del Ministerio Público en la causa, sin que pudiera hacerlo en contra de otras resoluciones, porque de seguir ese criterio se pensaría que carece de personalidad, pues, se repite, el artículo 20 constitucional y la hermenéutica del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, sólo permiten considerar como parte legítima en un proceso: al inculpado, procesado, acusado o sentenciado que se encuentra sometido a la jurisdicción del Juez de su causa, los que por la misma razón pueden interponer los recursos que la ley procesal les concede, lo que no pueden hacer quienes se encuentran sustraídos a la acción de la justicia; finalmente, debe decirse que es infundado que el acto reclamado por la quejosa resuelva el fondo del asunto, porque al decretar la extinción de la acción penal deja sin efecto la orden de aprehensión y que, por ello, viole los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que ello ocurriría siempre que el recurso hubiera sido legalmente interpuesto, no así en el caso, en el que no se analiza el mismo por no ser parte del proceso quien lo interpuso.

"Por consiguiente, debe concluirse que la sentencia reclamada no le causa los agravios que expresa la quejosa y procede confirmarla para negarle el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado y su ejecución."

TERCERO.- El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito emitió la tesis publicada en la página cuatrocientos ochenta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, que dice:

"PRESCRIPCIÓN EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CUANDO PREVIAMENTE NO SE AGOTÓ EL RECURSO ORDINARIO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA.- En observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo para su procedencia, a fin de reclamar el acto por el cual el Juez responsable se niega a declarar la prescripción de la acción penal, es necesario agotar previamente el recurso de apelación que para tal efecto establece el artículo 418, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, sin que sea obstáculo el hecho de que el demandante de garantías alegue que no estaba obligado a agotar tal medio de impugnación al no tener el carácter de procesado, porque aún no había rendido su declaración preparatoria, ya que no debe perderse de vista que el procedimiento se inicia desde el auto de radicación, en términos de la sección segunda, capítulo II, del mismo ordenamiento adjetivo; por consiguiente, debe sobreseerse en el juicio de garantías con apoyo en el artículo 73, fracción XIII, en relación con el artículo 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.- Amparo en revisión 688/96.- César Fentanes Méndez.- 23 de septiembre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Luis Montes de Oca Medina, secretario autorizado para fungir como Magistrado de Circuito.- Secretario: Felipe Gilberto Vázquez Pedraza."

La parte considerativa de la resolución que originó el texto anterior es la siguiente:

"SEGUNDO.- La sentencia recurrida, en lo conducente, resolvió:

"'CUARTO.- Antes de entrar al estudio del fondo del presente asunto, deben estudiarse las causales de improcedencia, ya sea que las aleguen las partes o no, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece la tesis jurisprudencial número novecientos cuarenta, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que aparece bajo el rubro: «IMPROCEDENCIA.». En la especie, el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, mediante su pedimento con que se dio cuenta en la audiencia que antecede, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por considerar que en su momento oportuno la parte quejosa no hizo valer el recurso o medio de defensa por el cual se pudo modificar, revocar o nulificar la resolución que constituye el acto reclamado, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 418 del Código Penal para el Distrito Federal, debido a la naturaleza del acto combatido, se debió interponer el recurso de apelación a que se refiere dicho precepto y, así, agotar los recursos ordinarios legales para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, haciendo valer, para fundamentar su petición, diversas tesis jurisprudenciales.

"'Ahora bien, en concepto de la suscrita juzgadora, le asiste la razón a la representación social adscrita a este tribunal, ya que analizada la resolución que se combate, por medio de la cual el Juez responsable negó declarar la prescripción de la acción penal que le solicitó el ahora agraviado, se llega a la convicción de que la misma no ataca la libertad personal del ahora agraviado, sino que únicamente resuelve el fenómeno extintivo que se actualiza por el simple transcurso del tiempo, mas no así una orden de aprehensión ni un auto de formal prisión, casos en los cuales la ley permite no agotar los medios de defensa que las leyes comunes ponen a disposición de los afectados para hacer valer sus derechos; por consiguiente, el ahora quejoso debió agotar el recurso de apelación que prevé la ley ordinaria antes de acudir a esta vía constitucional y así cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de garantías. En tales condiciones, al resultar fundada la causal de improcedencia hecha valer por la representación social de que se trata, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 73, fracción XIII, en relación con el artículo 74, fracción III, ambos preceptos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales ...'

"TERCERO.- La parte recurrente, en lo conducente, alega: 'Agravios: Único.- La resolución impugnada me causa agravios porque le da un alcance e interpretación que no tiene el artículo 418 del Código de Procedimientos Penales, aun cuando el inferior mencionó el artículo 418 del Código Penal Federal, precepto que no existe en el último cuerpo de leyes en cita, pero es indudable que el inferior, independientemente de que cita un precepto que no existe en el Código Penal Federal, debe inferirse que se refería al artículo 418 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, precepto que regula el recurso de apelación, y hago notar a su Señoría que los agravios se hacen consistir en el hecho de que a ese numeral se le da una aplicación, alcance e interpretación que no tiene en relación con el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que se refiere a los casos en que no se agotó el recurso ordinario previsto, razonamiento del inferior que me causa agravios porque no toma en cuenta que el juicio constitucional mencionado al rubro se enderezó en contra de actos que ponen en peligro la libertad individual del quejoso, como lo es la negativa de declarar que ha operado en mi favor la prescripción de la acción penal, máxime si se toma en cuenta que el acto reclamado emana de una partida de carácter penal que se identifica con el número 173/92, que se tramita ante el C. Juez Quincuagésimo Cuarto Penal del Distrito Federal, partida en la cual se libró orden de aprehensión en mi contra, se comunicó ese hecho al C. procurador general de Justicia del Distrito Federal para su cumplimiento y, además, se ordenó suspender el procedimiento hasta que se cumpliera con la orden de aprehensión librada en mi contra, de manera tal que el proceso penal no se ha iniciado para el Juez de la causa, porque no he rendido ante él declaración preparatoria y, por tanto, no estoy en condiciones de interponer los recursos ordinarios que el Código de Procedimientos Penales consagra para todo procesado, porque no tengo ese carácter ante el Juez de la causa, por lo que el razonamiento del inferior es inexacto y me causa agravios, puesto que indebidamente me está aplicando el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues el principio de definitividad no puede ser invocado en el caso a estudio cuando los actos reclamados provienen de una partida penal en la cual no se ha iniciado el proceso en mi contra y, por tanto, no estoy en condiciones de hacer valer los recursos ordinarios que marca la ley, porque ni siquiera tengo acceso a la partida penal mencionada, y si bien es cierto que solicité al Juez de la causa declarara en mi favor que ha prescrito la acción penal ejercitada en mi contra, esto es así, porque la prescripción de la acción penal es una cuestión de orden público, o utilidad pública (sic) y es obligatorio para los Jueces declararla en cuanto tengan conocimiento de ella.'; transcribe la sentencia impugnada y continúa: 'La decisión del inferior de sobreseer el presente juicio constitucional, es una resolución que me causa agravios, porque es criterio del Poder Judicial de la Federación que el proceso penal para el Juez de la causa se inicia con el auto de formal prisión, es decir, que una vez ejecutada la orden de aprehensión y una vez que el indiciado ha rendido su declaración preparatoria, el auto de formal prisión es el que da inicio al proceso penal; en cambio, para el Juez de amparo, el proceso penal se inicia con la orden de aprehensión, distinción que resulta relevante si tomamos en cuenta que la resolución en que se hizo consistir el acto reclamado en el juicio constitucional mencionado al rubro, emana de una partida penal identificada con el número 173/92, instruida ante el C. Juez Quincuagésimo Cuarto Penal del Distrito Federal, es decir, en esa partida existe una orden de aprehensión que, desde luego, atenta contra la libertad personal del suscrito, y es evidente que el Juez de la causa libró en mi contra orden de aprehensión y al mismo tiempo ordenó comunicar la misma al C. procurador general de Justicia del Distrito Federal para su cumplimiento y suspender el procedimiento hasta en tanto se me pusiera a disposición del Juez de la causa, de donde se concluye que no tengo acceso a esa partida penal para imponerme de ella, y mucho menos se me ha reconocido personalidad alguna para promover ante esa autoridad judicial, porque el procedimiento está suspendido, y prueba de ello es que mediante escrito de fecha de presentación 20 de septiembre de 1994, solicité al Juez de la causa que declarara la prescripción de la acción penal en mi favor en la partida penal 173/92, ya que la institución de la prescripción de la acción penal es irrenunciable, indispensable y de orden público, y dicha petición, de hecho, no fue contestada por la responsable, precisamente porque no tenía el suscrito acceso a esa partida penal y, a pesar de que se trataba de una causa que extingue la acción penal y que en nuestro derecho es una cuestión de utilidad pública (sic), el caso es que nunca me contestó el Juez de la causa, y por ese motivo me vi en la necesidad de promover juicio constitucional por violación al artículo 8o. constitucional, formándose el expediente 785/95, que se tramitó ante el C. Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, juicio en el que se me concedió el amparo y protección constitucional, a efecto de que el Juez de la causa me respetara el derecho de petición y, por escrito, me comunicara la respuesta a las peticiones que formulé para que se declarara la prescripción de la acción penal, lo que revela que no tengo acceso a la citada partida penal, no puedo promover en ella porque no he rendido declaración preparatoria, ni tampoco se ha dictado auto de formal prisión en mi contra y, ante esta situación y siendo el caso que con plena jurisdicción y en estricto respeto al derecho de petición, el día 24 de mayo de 1996, el Juez de la causa emitió una resolución mediante la cual declara que es improcedente mi petición y niega la prescripción dela acción penal solicitada por el suscrito, resolución que viola mis garantías individuales, porque dicho acto de autoridad no satisface los extremos que señalan los artículos 14 y 16 constitucionales, máxime que transcurrió el plazo para que operara la prescripción de la acción penal en mi favor, y es evidente que contra esa resolución que se hizo consistir en el acto reclamado en este juicio constitucional, me encuentro imposibilitado para promover los recursos ordinarios a los que alude el inferior, y siendo que se trata de una resolución emitida con plena jurisdicción, ésta tiene el carácter de definitiva y autónoma y estoy en condiciones de interponer el juicio constitucional que hoy ilegalmente fue sobreseído, supuestamente por no haber agotado los recursos ordinarios, razón por la cual solicito se revoque la sentencia impugnada, máxime que es criterio del Poder Judicial de la Federación, que el proceso se inicia para el Juez de la causa con el auto de formal prisión, lo que no ha ocurrido en la especie y, por lo mismo, no puedo agotar esos recursos ordinarios, por lo que transcribo el criterio aludido, que establece:

"'«Poder Judicial de la Federación.- 3er. CD-ROM Junio de 1993.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Época: 8a.- Tomo: XI-Marzo.- Tesis: XXI.1o.25 K.- Página: 325.- Clave: TC211025 KOM. ORDEN DE APREHENSIÓN, EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN LA.- Efectuando una interpretación de los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, se puede establecer que el efecto que produce la suspensión del acto reclamado, en los casos en que éste se hace consistir en una orden de aprehensión, acto con el cual se inicia el procedimiento penal para los efectos del juicio constitucional, lo es únicamente, como caso de excepción en tratándose de materia penal, para que el quejoso quede a disposición de la autoridad de amparo, por lo que respecta a su libertad personal, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora; sin ser obstáculo a lo anterior el que se presente ante el Juez de la causa para la continuación del procedimiento instaurado en su contra y sin que esto último implique, en caso de no hacerlo, fundamento para que le sea negada la medida suspensional definitiva solicitada. Pues en todo caso, el que el quejoso cumpla o no con ese requisito procesal traerá a su vez la consecuencia de que la suspensión concedida deje de surtir efectos, con todos los perjuicios que tal medida acarrearía, pero no significa que el quejoso se encuentre obligado a probar ante el Juez de amparo que cumplió con la presentación establecida como obligación para que fuera decretada la suspensión provisional del acto reclamado, toda vez que no existe la disposición expresa en la Ley de Amparo que así lo determine.».

"'El criterio transcrito pone de manifiesto que el proceso penal se inicia en momentos distintos para el Juez de la causa que para el Juez de amparo, y de la simple lectura del expediente de donde emana el acto reclamado, se advierte que en la partida penal el proceso no se ha iniciado, pues sencillamente no he rendido declaración preparatoria y, por lo mismo, no tengo acceso ni personalidad en la citada partida penal, aun cuando en la misma se haya librado orden de aprehensión en mi contra, pues ese hecho no permite tener acceso al expediente, y menos aún se puede pensar que se trate de un proceso, cuando éste no se ha iniciado, y no se puede interponer los recursos ordinarios de un procedimiento, porque no existe tal, de manera que el artículo 418 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, si bien regula un recurso ordinario, éste no debe agotarlo cuando la petición que formulé al Juez de la causa no se hizo dentro de un procedimiento, ni tampoco con motivo de procedimiento penal, porque éste no se ha iniciado, y si bien promoví ante el Juez de la causa, esa petición la hice en ejercicio del derecho de petición y nunca en calidad de procesado; pero además, el derecho de petición lo hice con base en el criterio de jurisprudencia en el que se establece que cuando un Juez penal, tan pronto tenga conocimiento de la prescripción de la acción penal, la decretará de oficio y, por ello, solicité se declarara en mi favor la prescripción de la acción penal por ser de utilidad pública o «utilitatis causa», es decir, por ser una cuestión de orden público, máxime si consideramos que la acción es la potestad jurídica que el Estado delega en un órgano específico (Ministerio Público) para exigir del poder jurisdiccional una decisión concreta respecto de la relación jurídico-material del derecho penal, que en el caso de condena actualiza la pretensión punitiva del propio Estado, pero la acción penal no puede concebirse sino en relación a un determinado hecho correspondiente, es decir, a la figura del delito, de ahí que se afirme que del delito surge la acción penal, o más propiamente dicho, de la sospecha del delito y, por ello, la prescripción del ejercicio de la a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4500-8c0f6f50/apelacion-improcedente-lo-es-aquella-que-interpone-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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