ABUSO DE AUTORIDAD, DELITO DE. ARTÍCULO 293 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCERO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver, mediante sentencia de veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco, el juicio de amparo directo número DP. 2036/94, promovido por Juan Santiago Ramos, en contra del acto que hizo consistir en la sentencia definitiva, emitida por el Supremo Tribunal Militar dentro del toca 152/94, que confirmó la emitida en primera instancia en la que se le declara penalmente responsable del delito de abuso de autoridad causando homicidio calificado a un inferior, previsto por el artículo 293 del Código de Justicia Militar y sancionado por el artículo 299, fracción VII, del mismo código; y al efecto dicho Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo, en la parte que a nuestro estudio interesa, lo siguiente:
"III. Aduce el promovente como conceptos de violación, que la sentencia impugnada viola los artículos 14, 16, 21 y 22 constitucionales en relación a los preceptos 453 y 454 del Código de Justicia Militar, principalmente porque la responsable interpretó en forma analógica y subjetiva las pruebas existentes en el expediente, sin que se razonaran conforme con las normas y principios del derecho penal, pues no tomó en cuenta el órgano revisor las declaraciones de Anastasia Cruz Hernández, Gumaro Morales Cruz, Gregorio Santiago Ramos, Damacio Morales, quienes comprobaron que al momento de los hechos y del instante que aparece como de fallecimiento del ofendido Argeo Otilio Reyes Luna, el quejoso se encontraba en Poza Rica, Veracruz, en una fiesta familiar, lo que corroboró con el boleto de autobús exhibido en original, así como el informe de la empresa de transportes A.T.A.H., debidamente fedatado por notario público, por la que se hizo constar que el amparista efectivamente viajó a este lugar diferente de la República Mexicana; tampoco analizó la responsable la inspección que se llevó a cabo en el lugar de los hechos y el croquis levantado, donde aparecen los casquillos, las huellas de sangre y la posición final del cadáver, circunstancias que no son congruentes con la mecánica de los hechos descrita por la autoridad, la cual se basó en criterios interpretativos subjetivos y analógicos, respecto de la distancia y forma en que se hicieron los disparos en vez de basarse en consideraciones técnicas en materia de criminalística y balística; así como tampoco se tomó en cuenta que no se le practicó la prueba para encontrar huellas de deflagración y además, existe constancia por la declaración del mayor Alberto Morales Cruz de que cuando se recogió el arma de fuego se encontraba limpia, lo que descarta que efectivamente el peticionario de garantías la hubiera disparado; no se consideró su forma de detención, ni que la confesión fue arrancada por medio de la intimidación y la violencia, sin embargo dogmáticamente la autoridad desestimó su retractación posterior. Alega el quejoso que hasta el momento en que se resolvió el auto de formal prisión existieron diversas pruebas que primero fueron analizadas, pero después variaron las circunstancias mediante otros elementos probatorios que ya no fueron tomados en cuenta.-Por cuanto hace al delito, la responsable tampoco tomó en consideración que en el artículo 293 del Código de Justicia Militar, no se comprende el término ‘franquicia’ y además no se surten las calificativas, pues no se logró acreditar la superioridad con las armas empleadas, ni que se obró con ventaja, ni con alevosía sorprendiendo a alguien de improviso o empleando acechanzas; todo por lo que solicita se le conceda el amparo de la Justicia Federal.-IV. Son infundados los anteriores conceptos de violación.-En efecto, contrario a lo expresado por el amparista, existieron en el caso suficientes elementos de prueba para acreditar el delito de abuso de autoridad causando homicidio calificado a un inferior, a que se refiere el artículo 299, fracción VII del Código de Justicia Militar, así como la responsabilidad penal de Juan Santiago Ramos en su comisión, constancias que fueron valoradas en forma adecuada por la responsable, sujetándose a las reglas consignadas en los artículos 522, 523, 533, 560, 598, 599, 603, 608, 609, 614 y 615 del código castrense, que establecen las normas de valoración a que debe sujetarse el resolutor, principalmente por la presencia de la confesión del propio quejoso vertida en manuscrito de su puño y letra, ratificada debidamente al comparecer ante el agente del Ministerio Público Federal, en el sentido de haber disparado en contra de Argeo Otilio Reyes Luna, vaciándole el cargador de la pistola de su propiedad mientras lo perseguía materialmente, causándole la muerte, conducta que desarrolló después de haber planeado citar a dicho ofendido en un lugar determinado, con la finalidad de reclamarle la existencia de alguna relación de tipo amoroso con la mujer que el propio acusado aceptó era su esposa, Antelma Morales Cruz, confesión que se encuentra apoyada con las testimoniales del soldado Manuel Jiménez Antonio y el cabo de infantería Cristino Vázquez Benítez, vertidas y sostenidas a lo largo del proceso, la primera, en el sentido de haber recibido por parte del capitán Juan Santiago Ramos el recado para el ofendido, con la finalidad de que acudiera a una cita en lugar y hora determinados supuestamente por parte de otra persona llamada Antelma, el segundo, en el sentido de haber retransmitido dicho mensaje al propio Argeo Otilio Reyes Luna, para que éste acudiera al lugar de la cita en donde ya lo estaría esperando el mismo amparista; el acta policial en la que se realizaron investigaciones sobre el cadáver relacionado, su identificación como el hoy ofendido y la intervención del personal de medicina legal para el reconocimiento correspondiente de las lesiones; la documentación del expediente personal del peticionario de garantías; así como la relativa al carácter y rango militar de la víctima Argeo Otilio Reyes Luna, el testimonio de la hermana del occiso Dolores Reyes Luna y de la fotografía y manuscritos que ésta exhibió, así como las actuaciones del Cuarto Consejo de Guerra Ordinario Permanente en la plaza correspondiente a la Zona Militar Número Uno en el conocimiento del presente caso, el original de la hoja de papel debidamente reconocida por sus redactores Manuel Jiménez Antonio y Cristino Vázquez Benítez, que presenta manchas de sangre y contiene el mensaje que Santiago Ramos ordenó llevar al cabo Argeo Reyes Luna para citarlo en lugar y hora determinados; las periciales en materia de medicina, necropsia y balística por las que se determinó que Argeo Reyes Luna recibió impactos de bala tanto en la parte anterior del cuerpo, en forma oblícua, como por la espalda con dirección de atrás hacia adelante y que el arma de fuego relacionada, fedatada y reconocida en autos plenamente por el propio Juan Santiago Ramos como de su propiedad y de cargo, fue efectivamente disparada y los cartuchos percutidos encontrados junto al cadáver, fueron disparados por dicha pistola; apoyado con las fotografías tomadas al lugar de los hechos, al cadáver y el croquis levantado de dicha actuación; así como la copia certificada del acta de registro civil del menor José Ulises Santiago Morales, en que aparecen el quejoso como padre y Antelma Morales Cruz como madre; datos todos estos que fueron suficientes para acreditar la existencia de los elementos del tipo y la responsabilidad penal del amparista en su comisión. En tal virtud, carecen de eficacia los conceptos de violación antes mencionados, en los que se repiten los agravios formulados en la apelación por la defensa y por ende devienen inoperantes, pues los mismos fueron debidamente contestados y desestimados por el tribunal de alzada, quien consideró que los testimonios de cargo fueron producidos por personas hábiles que por su edad, idoneidad, capacidad e instrucción tenían el criterio necesario para juzgar el acto, el hecho es verosímil y susceptible de conocerse por medio de los sentidos, las declaraciones son precisas y claras, además de coincidentes y los hechos fueron conocidos por dichos atestes no por inducciones ni referencias, por lo que conforme con los artículos 522, 560, 609, 610 y 611 del Código de Justicia Militar, les corresponde un valor pleno; no así a los testimonios de Anastasia Cruz Hernández, Gregorio Santiago Ramos, Gumaro Morales Cruz, Melquiades Flores Chávez y Damacio Morales Hernández, a los que se les restó valor probatorio atento a los lazos de afinidad y parentesco que todos ellos tienen con la señora Antelma Morales Cruz, persona con la que el propio acusado aceptó haber tenido hijos, en su calidad de esposa o concubina; o bien, por nexos de dicha naturaleza con el propio quejoso, como lo fue Gregorio Santiago Ramos, hermano del inconforme, circunstancia que según el artículo 609, fracción III del código del fuero castrense, impide que se tenga por acreditada la independencia de su posición y en consecuencia, la imparcialidad de su dicho, a más de que dichos testigos al comparecer ante los miembros del Cuarto Consejo de Guerra Ordinario Permanente que conoció del caso, se produjeron contradictoriamente no sólo en lo relativo a las circunstancias de los hechos, sino incluso en lo que ya tenían previamente declarado, de tal forma que contrario a lo que alega el quejoso, los mencionados testimonios de descargo no fueron suficientes para desvanecer los datos incriminatorios que se valoraron al dictar el auto de formal prisión, ni para ‘desubicarlo’ de las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión de los hechos; por lo que el mencionado amparista no logró probar la veracidad de su coartada, pues no acreditó la coacción a que dijo haber sido sometido para obtener su confesión, máxime que al comparecer ante el agente investigador tuvo oportunidad de denunciar tales hechos de maltrato y tortura y lejos de hacerlo, libremente ratificó su deposición confesoria; por cuanto hace al boleto de la línea de transporte A.T.A.H. y la lista de pasajeros certificada por notario público, que el inconforme aduce no fueron tomadas en cuenta; de la simple lectura de la resolución combatida aparece que sí fueron valorados con carácter de indicio, con lo dispuesto por el artículo 605 del Código de Justicia Militar por ser documentales privadas no ratificadas ni reconocidas en autos por su autor, pero fueron declaradas insuficientes para destruir la presunción incriminatoria, en virtud de que dicho boleto es impersonal y además, la certificación notarial únicamente hizo constar que el referido pasaje fue registrado a nombre del quejoso, pero ello no acredita, como éste pretende, que efectivamente Santiago Ramos hubiera viajado en dicho autobús en la fecha y hora que se señalan, por lo que actuó correctamente el Supremo Tribunal Militar al aplicar en el caso el principio de inmediatez procesal, por el cual debe prevalecer la confesión inicial del encausado sobre su retractación posterior.-Por otra parte, la responsable desestimó el argumento de la defensa consistente en la apreciación subjetiva de que ‘era imposible que alguien con una pistola calibre 45, haga blanco a más de cincuenta metros, aun siendo el mejor tirador’, a lo que el tribunal de alzada respondió que se acreditaba que los disparos fueron hechos en contra del pasivo cuando éste pretendía huir, mientras evitaba desangrarse, a más de que tal apreciación alegada por la defensa tampoco fue plenamente probada en autos, así como tampoco lo fue el hecho de que al recogerle el arma de cargo, ésta se encontraba ‘limpia’, pues dicha arma fue analizada por peritos en balística, quienes concluyeron que por las características que presentaba el cañón en su parte interior, correspondía plenamente con los defectos dejados en los casquillos percutidos, mismos que fueron encontrados junto al cadáver del pasivo, sin que pase inadvertido el hecho de que el propio quejoso reconoció dicha arma al tenerla a la vista como la propia que portaba reglamentariamente. En relación con lo anterior, debe decirse que el quejoso alega que no existió prueba de Harrison para determinar que él efectivamente haya disparado el arma, lo cual es contradictorio a su argumento sostenido durante todo el proceso, en que siempre adujo que se le había practicado dicha prueba con resultados negativos, experticial que nunca existió recabada en autos, como se desprende del comunicado oficial que obra a fojas 173, por lo que su argumento en este sentido deviene inconsistente e inconducente.-Independientemente de lo anterior, es de explorado derecho que la prueba pericial de restos de deflagración tiene un valor meramente indiciario, pero no determinante, según la jurisprudencia 1244, visible a fojas 1997, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz ‘PARAFINA, PRUEBA DE LA.’, ello, aun en el caso de haber sido recabada durante el procedimiento.-Por otra parte, resulta singularmente reiterativo el alegato del quejoso en el sentido de que en el artículo 293 del Código de Justicia Militar no se refiere al término ‘franquicia’; al respecto cabe mencionar que con antelación, este tribunal había conocido del diverso recurso de revisión interpuesto por el mismo quejoso, en contra del amparo indirecto promovido a su vez en contra del auto de formal prisión, en el sentido de que el delito en la especie se acredita estando el activo dentro o fuera del servicio, según la propia descripción legal, por lo que dicho argumento no merece mayor atención. En cuanto a que no se surten las calificativas de premeditación, alevosía y ventaja que consideró la responsable al sentenciar, carece de razón el quejoso, pues estas agravantes fueron correctamente acreditadas por el órgano acusador y consideradas igualmente por la responsable, quien determinó que la premeditación se surtió cuando el activo se enteró por un anónimo de que la señora Antelma Morales Cruz, con quien vivía en unión libre, lo engañaba con el cabo de infantería Argeo Otilio Reyes Luna, lo que lo hizo reflexionar sobre el hecho criminoso, pues a partir de entonces comenzó a ‘seguirle la pista’ a su víctima, hasta que se enteró era estudiante de la Escuela Militar de Clases de las Armas y entonces maquinó enviarle un recado a través de un tercero, que en el caso resultó ser el soldado de transmisiones Manuel Jiménez Antonio, mensaje que debía ser entregado de parte de Antelma, citándolo en lugar y hora determinados, advirtiéndole que no faltara; además el mencionado activo solicitó cambiar su guardia de ese día para tenerlo libre y poder llevar a cabo su propósito; posteriormente, cuando se entrevistó al fin con el pasivo y se percató de que aquél era más joven, alto y fuerte que él, descartó la idea de enfrentarse a golpes con él y continuó en la preparación del delito y en su proceder reflexivo, por lo que decidió llevarlo a las cercanías del campo militar, con engaños, pues le dijo que irían a ver a Antelma y que ésta lo había mandado a él que era su primo, para tal efecto y de esta manera, lo llevó hasta un paraje solitario a la orilla de la carretera, lo hizo adelantarse en un terreno de cosecha, teniéndolo a su merced; conductas que realizó en preparación del delito, causando intencionalmente el resultado lesivo, conforme con lo dispuesto por el artículo 315 del Código Penal Federal; en cuanto al proceder alevoso, éste se acreditó plenamente, pues el agente condujo a su víctima, como ya se dijo, a un lugar apartado, asechándolo durante el camino o como correctamente estimaron los Magistrados del Supremo Tribunal Militar ‘esperando el momento oportuno para sorprenderlo intencionalmente y de improviso darle muerte’, procedimiento que no dio al ofendido en ningún momento oportunidad de defenderse, ni evitar el mal que se le quería hacer, conforme con lo dispuesto por el numeral 318 del Código Penal Federal; por lo que hace a la ventaja, ésta se cumple en términos del numeral 316 del mismo ordenamiento invocado, en virtud de que el encausado en ningún momento corrió riesgo de ser muerto ni herido por su víctima, a más de que el agresor se encontraba armado y el ofendido desarmado, haciendo hincapié que aun cuando el quejoso alegó que el pasivo llevaba un arma de fuego que sacó de una maleta, la guardó en la cintura y posteriormente hizo un ademán de quererla sacar, lo cierto es que no existe en autos evidencia que compruebe la existencia de dicha arma, ni siquiera indicios de ello, máxime que tampoco se encontró en la cintura del cadáver ni en ningún otro lugar en derredor, por lo que tal versión constituye un mero afán defensivo del acusado para justificar su conducta, que legalmente no adquirió la relevancia que requiere el caso; tan es así que no aparece que el propio pasivo hubiera tenido oportunidad de defenderse de contar con dicha arma, pues por el contrario, lo único que pudo hacer fue correr, tratando de quedar fuera del alcance de su agresor infructuosamente, lo que se demuestra con la evidencia del cuerpo de Argeo Otilio Reyes, el cual presentó orificios de entrada de proyectil en la espalda y parte posterior de la pierna izquierda; así las cosas, es evidente que se surtieron en forma plena las circunstancias agravantes invocadas por el órgano ministerial, en los términos descritos por los numerales antes mencionados del Código Penal Federal, aplicable por los tribunales del orden militar, en términos del precepto 58 del Código de Justicia Militar.-Por cuanto hace a la pena impuesta, los Magistrados del Supremo Tribunal Militar realizaron una exacta aplicación de la ley castrense, pues tomando en cuenta que en el caso se trató del delito de abuso de autoridad causando homicidio al inferior, por haberse cometido con premeditación, alevosía y ventaja, determinaron imponerle la pena de muerte ejecutable en el lugar que determine la Secretaría de la Defensa Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 299, fracción VII que en forma categórica prevé dicha sanción para el referido delito; pena que se estima correctamente impuesta en virtud de no contener términos mínimos, medio y máximo por no ser temporal, sino únicamente instantánea, a más de que en ningún momento dicha pena se agravó con circunstancia alguna que aumentara el padecimiento del reo antes o en el acto de su ejecución, siguiendo los lineamientos del artículo 142 del código castrense; en este orden de ideas, resulta infundado el alegato del quejoso en el sentido de que la pena impuesta resulta violatoria del artículo 22 constitucional, toda vez que la propia Constitución la prevé en el caso de homicidio calificado ya sea con alevosía, premeditación o ventaja, además de que está prevista por el Código de Justicia Militar en la forma ya antes apuntada, como lo determinan la jurisprudencia 1255 y su segunda relacionada, visibles a fojas 2023 y siguientes, Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988 que dicen: ‘PENA DE MUERTE.’ (se transcribe) y ‘PENA CAPITAL, EN EL FUERO DE GUERRA.’ (se reproduce su texto).-Por lo anterior, se estima que la sentencia impugnada se encuentra dictada conforme a derecho y en consecuencia, procede negar al quejoso el amparo que solicita."
TERCERO.-Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en su sentencia de fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, dictada en el juicio de amparo directo número DP. 571/95, promovido por Florentino Soto Fajardo, en contra del acto del Supremo Tribunal de Justicia Militar que hizo consistir en la sentencia definitiva dictada en el toca 9/95, que confirma la emitida en primera instancia en la que se consideró penalmente responsable de los ilícitos de abuso de autoridad, causando lesiones y homicidio calificado a un inferior, previsto por el artículo 293 del Código de Justicia Militar y sancionado por el artículo 294 del mismo ordenamiento.
Al efecto dicho Tribunal Colegiado de Circuito consideró, en la parte que a nuestro estudio interesa, lo siguiente:
"CUARTO.-Son parcialmente fundados los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, por lo que en términos del artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado procederá a suplir la deficiencia que advierte en los mismos.-Como lo alega en esencia la promovente, en contra de lo que aduce el Supremo Tribunal Militar en el considerando segundo de la sentencia dictada en el toca 9/95, el seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco, que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías, los elementos de convicción del expediente, son insuficientes para que en términos de la regla general a que aluden de los artículos 453, 454 y 481, del Código de Justicia Militar, tener por comprobados los elementos del tipo de abuso de autoridad causando homicidio calificado y lesiones al inferior, previsto y sancionado en los artículos 293 y 299, fracciones II y VII del ordenamiento legal invocado, por el que precisó acusación en contra del sargento segundo de infantería, Florentino Soto Fajardo, la representación social de ese fuero.-Los elementos del tipo del ilícito a estudio son: que el activo, con el carácter de militar de rango superior con relación al pasivo, trate a un inferior de un modo contrario a las prescripciones legales, ya sea dentro o fuera del servicio; que esto lo haga por sí mismo y en forma intencional; que el maltrato al ofendido sea atribuible a la acción dolosa del agente y que con ésta se lesione el bien jurídico tutelado por la norma, que en el caso lo es la disciplina militar; y que ello ocurra en circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, acreditadas plenamente.-La sentencia que se reclama en el presente juicio de garantías, se sustenta fundamentalmente en las siguientes constancias: Declaraciones ministerial y preparatoria del aquí quejoso Florentino Soto Fajardo, en las que narra su participación en los hechos investigados y afirma que los mismos derivaron de conflictos personales entre él y el ahora occiso cabo Javier Jiménez Domínguez, quien molestaba a la esposa del sargento con proposiciones indecorosas, comentando entre sus compañeros que había tenido relaciones sexuales con ella, por lo que después de la actitud ofensiva de éste el día de los hechos, haciéndole la señal con la mano, que le dejara la llave de su casa, cuando el sargento salía en comisión, fue que disparó en su contra. Testimoniales del cabo de infantería José Antonio García Ordóñez y soldados de la misma arma Andrés Domingo May Mena y Audomaro Pérez Landero, quienes en forma coincidente narran que el día de los hechos vieron cuando el aquí quejoso accionó su arma de ráfaga en contra del cabo Jiménez Domínguez, privándolo de la vida y lesionando a otros dos compañeros. Atestos de los ofendidos soldados de infantería, Elí Rodas Cancino y Joselito Náhuat Castillo, quienes aducen que el día de los hechos de improviso se sintieron alcanzados en las piernas por proyectiles de arma de fuego de ráfaga, percatándose que la misma fue accionada por el sargento Soto Fajardo.-Los elementos de prueba relatados son eficaces para evidenciar que el día cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, alrededor de las siete horas cuarenta y cinco minutos, en el Setenta y Tres Batallón de Infantería, el sargento segundo de dicha arma, Florentino Soto Fajardo, cuando se disponía a salir a la base de operaciones en la que estaba incorporado, al llegar al patio donde personal militar limpiaba armamento, encontró al hoy occiso cabo Javier Jiménez Domínguez, quien al verlo le hizo una seña con la mano dándole a entender que le dejara las llaves de su casa, lo que motivó la reacción del aquí quejoso de disparar en su contra el fusil G-3 de ráfaga que portaba, con las consecuencias que ya se precisaron.-Lo anterior evidencia, que los hechos imputados a Florentino Soto Fajardo, lo desplegó estando de servicio y en su carácter de sargento segundo de infantería, en perjuicio de los subalternos cabo Javier Jiménez Domínguez (ahora occiso) y soldados Elí Rodas Cancino y Joselito Náhuat Castillo (hoy lesionados), quienes también estaban de servicio, pero también se demuestra que tales acontecimientos son ajenos a la relación existente entre activo y pasivos derivada del servicio de las armas, ya que aquél al asumir la conducta que se le reprocha no atentó contra el respeto recíproco que debió observar con aquéllos derivados de la jerarquía castrense, por lo que no puede válidamente concluirse que el acusado abusó de las prerrogativas y facultades inherentes a su rango y que por ello trató a los inferiores involucrados en forma diversa a las prescripciones de la ordenanza por el hecho de disparar en su contra, privando a uno de la vida y lesionando a los restantes, conductas ilícitas que le pudieron ser reprochadas jurídicamente en forma diversa a la que lo hizo el Ministerio Público Militar, como delitos autónomos, pero no como constitutivas de abuso de autoridad, por las razones que se apuntan.-En efecto, de acuerdo con la estructura del Código de Justicia Militar, en la conceptualización del tipo a estudio, doctrinariamente nos encontramos en presencia de un delito autónomo, que es el previsto en el número 293 (abuso de autoridad), de otros subordinados (homicidio calificado y lesiones causadas al inferior) en virtud de que la actualización de estos últimos queda condicionada a la del tipo básico, que siempre será independiente en relación a cualquiera otro, por lo que los derivados, para configurarse requieren necesariamente de la comprobación del primero, al cual quedan subordinados.-El numeral 293 del Código de Justicia Militar, textualmente dispone: ‘Comete el delito de abuso de autoridad, el militar que trate a un inferior de un modo contrario a las prescripciones legales.-Este delito puede cometerse dentro y fuera del servicio.’. El artículo 299, fracciones II y VII, del mismo ordenamiento legal, literalmente dice: ‘El que infiera alguna lesión a un inferior será castigado: ... II. Con dos años de prisión, si fuere de las clasificadas en la fracción V (alude al artículo 285); ... VII. Con la pena de muerte si el homicidio fuere calificado.’. El delito de abuso de autoridad, descrito en el tipo transcrito, tutela como bien jurídico la disciplina militar, por lo que para configurarse debe probarse plenamente que los hechos en los que se basó la investigación relativa, derivaron necesariamente de situaciones relacionadas con la función militar o servicio de las armas, para que de esta manera se infrinjan las leyes o reglamentos de dicho fuero, de ahí que si como en el caso, los elementos del ilícito a estudio no se reúnen, los diversos de homicidio calificado y lesiones causadas al inferior, como tipos subordinados, tampoco quedarán configurados y por lo mismo al acusado no le resulta responsabilidad penal en la comisión de los mismos.-Los elementos de prueba que integran el expediente, permiten concluir que los hechos investigados y en los que participó Florentino Soto Fajardo, causando la muerte del ahora occiso y alteración en la salud de los otros ofendidos, no derivaron de situaciones relacionadas con la disciplina militar y el servicio de las armas, esto es, que no desplegó ninguna conducta que pueda calificarse como abuso de autoridad, con independencia de que los involucrados se encontraban de servicio, sino que los mismos fueron consecuencia de problemas personales anteriores suscitados entre el aquí quejoso de rango sargento segundo de infantería, con el hoy extinto cabo Javier Jiménez Domínguez, ajenos totalmente a sus deberes y obligaciones castrenses.-Asimismo, de un análisis integral del capítulo II, del título noveno del Código de Justicia Militar se desprende que el ilícito de abuso de autoridad, como delito autónomo, para configurarse requiere necesariamente que la conducta del activo violente la disciplina militar en hechos relativos al servicio de las armas, esto es, que como superior obre con abuso de su rango respecto de un subalterno en situaciones en las que subsista la jerarquía castrense, sin embargo, no obstante que ésta impone la subordinación y respeto al superior, no autoriza a este último al ejercicio de actos violentos exagerados o que vayan más allá de los límites racionalmente necesarios, como puede pensarse que ocurre en la especie, sin embargo, los hechos motivo de la averiguación son ajenos a todo ello, por derivar de conflictos personales, de ahí que debe concluirse razonadamente que al no actualizarse las hipótesis requeridas por la norma aplicable, no pueden tenerse por integrados los elementos del tipo penal que se analiza, pues en la especie no obstante que el aquí quejoso es de rango superior en la jerarquía militar a los ofendidos, en la privación de la vida y alteración en la salud que produjo como resultado la conducta que se le reprocha, no se demuestra que obró en forma dolosa para contravenir la disciplina castrense, tratando a los pasivos de forma contraria a las prescripciones legales, sino que los elementos de convicción que se analizan evidencian que actuó con intención diversa, motivada por situaciones ajenas al ejercicio de su autoridad o mando que tenía respecto de los inferiores.-Por lo tanto, atendiendo al pliego de conclusiones de la representación social militar, del que se desprende que fincó su acusación haciendo consistir los hechos imputados a Florentino Soto Fajardo, configurativos del delito de abuso de autoridad, causando homicidio calificado y lesiones al inferior, esto es, considerando el primero como tipo autónomo y a los restantes como subordinados, al no configurarse el primero, ocurre necesariamente lo mismo con los otros, lo que conlleva a considerar que viola garantías la conclusión contraria a que arribó la autoridad responsable en la sentencia que se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6173-c5d39711/abuso-de-autoridad-delito-de-articulo-293-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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