ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR JUEZ DE DISTRITO. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sustenta la tesis de jurisprudencia que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 69, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y tres, en la página 23, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR JUEZ DE DISTRITO. AUTORIDADES EJECUTORAS DE LA. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL SUPERVISOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS CRIMINALÍSTICOS DEPENDIENTE DE AQUÉL, TIENEN ESE CARÁCTER.- El procurador general de la República tiene la calidad de autoridad ejecutora de las órdenes de aprehensión dictadas por los Jueces de Distrito, por ser éste el jefe de la institución del Ministerio Público Federal y en virtud de que de conformidad con los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha institución presidida por el procurador, es la encargada de la persecución de los delitos, para lo cual tiene bajo su mando a la Policía Judicial Federal; de donde se sigue, que dicho procurador tiene facultades para ordenar la ejecución de las órdenes de aprehensión solicitadas por la autoridad judicial, aun cuando dicha ejecución es realizada a través de la Policía Judicial Federal; lo que se traduce en una ejecución material de éste y jurídica del jefe del Ministerio Público Federal, máxime que el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, encomienda a la mencionada policía la ejecución de las órdenes de aprehensión, pero actuando siempre bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público Federal. Por las mismas razones, debe considerarse en la especie, como autoridad ejecutora, al supervisor general de Servicios Técnicos y Criminalísticos de la Procuraduría General de la República, pues según lo dispone el artículo 8o. del reglamento de la ley orgánica anteriormente invocada, el citado funcionario es el agente del Ministerio Público Federal encargado de supervisar, coordinar y regular directamente las funciones de las unidades concentradas de la Policía Judicial Federal, a las que corresponde el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada."
Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, también del Primer Circuito, sustenta la diversa tesis jurisprudencial, registrada bajo la clave I.1o.P. J/2, cuyo rubro y texto rezan como sigue:
"PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO NEGADO POR EL. ES INEXISTENTE SI SE HACE CONSISTIR EN LA EJECUCIÓN, NO RECLAMADA POR VICIOS PROPIOS, DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN.- Cuando se combate una orden de tal naturaleza, atribuyendo su cumplimiento al titular del Ministerio Público de la Federación, ante la negativa por parte de éste respecto de esa ejecución, no impugnada por vicios propios, debe tenerse por inexistente el acto que en esos términos se le reclama, no obstante que la ordenadora haya admitido la emisión de ese mandato de captura y que el mismo sea por naturaleza de inmediata ejecución, dado que dicho acto no está dentro de las facultades que la propia ley establece en favor de aquella autoridad, según puede apreciarse de lo dispuesto en los artículos 21 y 102, apartado A, de nuestra Carta Magna, 2o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 3o. y 4o. de su reglamento, sino que el ejercicio de tal atribución corresponde a la Policía Judicial Federal, por disposición expresa de los numerales 22 de la legislación orgánica citada y 20, fracción III, del propio reglamento."
Las ejecutorias que respectivamente dieron origen a las tesis jurisprudenciales antes transcritas, son las que a continuación y en lo conducente, se pasan a referir:
A) Las emitidas por el mencionado Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los siguientes asuntos:
1. Incidente en revisión 122/87. Pedro Luis Silva Álvarez, fallado el 15 de mayo de 1987, por unanimidad de votos.
"TERCERO.- Son infundados los motivos de inconformidad que hace valer la autoridad recurrente.- No le asiste la razón al procurador general de la República en su afirmación consistente en que carece de atribuciones para ejecutar la orden de aprehensión reclamada, puesto que en primer lugar, el ejercicio de sus funciones emana de los artículos 21 y 102 constitucionales, que en forma expresa reserva la persecución de los delitos a la institución denominada Ministerio Público, siendo presidida ésta por el procurador general de la República; señalando dichos numerales que la Policía Judicial Federal actúa bajo la autoridad y mando inmediato del titular de la institución citada, de donde se desprende que el procurador general de la República, como jefe de la mencionada institución, tiene facultades para ordenar la ejecución de las órdenes de aprehensión, como en la especie solicitó la autoridad judicial, aun cuando dicha ejecución sea realizada a través de la Policía Judicial Federal, traduciéndose en una ejecución material de ésta y jurídica del jefe del Ministerio Público Federal, toda vez que conforme a lo dispuesto por los artículos 21 constitucional y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Policía Judicial Federal actúa bajo la autoridad y mando del Ministerio Público Federal, entre otras funciones, en la ejecución de las órdenes de aprehensión y otros mandamientos que emita la autoridad judicial, por lo que puede decirse que la sentencia recurrida es congruente con los preceptos constitucionales, así como con el artículo 11 de la Ley de Amparo y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sin que sea obstáculo para sostener lo contrario del punto de vista sustentado, el contenido de los artículos 3o. y 4o. del último ordenamiento invocado, pues ante todo debe estarse, como ya quedó precisado, al contenido de los artículos 21 y 102 constitucionales que constituyen la base o fundamento del Ministerio Público ..."
2. Amparo en revisión 48/87. Galación Maya Rodríguez, fallado el 27 de febrero de 1987, por unanimidad de votos.
Las consideraciones que aquí interesa destacar de este asunto, son casi idénticas a las que han quedado transcritas en el número precedente, por lo que en obvio de repeticiones se tienen aquí por reproducidas.
3. Amparo en revisión 264/87. José María Guardia López, fallado el 11 de septiembre de 1987, por unanimidad de votos.
"TERCERO.- Son infundados los motivos de inconformidad que hacen valer las autoridades recurrentes ... Ahora bien, no le asiste la razón al procurador general de la República en su afirmación consistente en que el artículo 20, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, señala la facultad de la Policía Judicial Federal para ejecutar las órdenes de aprehensión que se dicten conforme a la ley y, por tanto, carece de tales atribuciones el procurador general de la República, y se dice que no le asiste la razón en tal afirmación, puesto que, en primer lugar, el ejercicio de sus funciones emana de los artículos 21 y 102 constitucionales, que en forma expresa reservan la persecución de los delitos a la institución denominada Ministerio Público, siendo presidida por el procurador general de la República; señalando dichos numerales que la Policía Judicial Federal actúa bajo la autoridad y mando inmediato del titular de la institución citada, de donde se desprende que el procurador general de la República, como jefe de la mencionada institución, tiene facultades para ordenar la ejecución de las órdenes de aprehensión, como en la especie solicitó la autoridad judicial, aun cuando dicha ejecución sea realizada a través de la Policía Judicial Federal, traduciéndose en una ejecución material de ésta y jurídica del jefe del Ministerio Público Federal, toda vez que conforme a lo dispuesto por los artículos 21 constitucional y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Policía Judicial Federal actúa bajo la autoridad y mando del Ministerio Público Federal, entre otras funciones, en la ejecución de las órdenes de aprehensión y otros mandamientos que emita la autoridad judicial, por lo que puede decirse que la sentencia recurrida es congruente con los preceptos constitucionales, así como con el artículo 11 de la Ley de Amparo y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sin que sea obstáculo para sostener lo contrario del punto de vista sustentado, el contenido de los artículos 3o. y 4o. del último ordenamiento invocado, pues ante todo debe estarse, como ya quedó precisado, al contenido de los artículos 21 y 102 constitucionales que constituyen la base o fundamento del Ministerio Público ... Por las mismas razones, debe considerarse en la especie, como autoridad ejecutora, al supervisor general de Servicios Técnicos y Criminalística de la Procuraduría General de la República, resultando también, en consecuencia, infundados sus agravios, pues según lo dispone el artículo 8o. del reglamento de la ley orgánica anteriormente invocado, el citado funcionario es el agente del Ministerio Público Federal encargado de supervisar, coordinar y regular directamente las funciones de las unidades concentradas de la Policía Judicial Federal a las que corresponde el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada, por lo que desde luego las funciones del supervisor general de Servicios Técnicos y Criminalísticos son de una orientación general hacia la Policía Judicial Federal, sino como ya quedó indicado es el supervisar, coordinar y regular directamente las funciones de esa corporación policiaca ..."
4. Amparo en revisión 156/93. Natán Sfchovich Edvabny, fallado el 28 de mayo de 1993, por unanimidad de votos.
"QUINTO.- En principio, corresponde analizar los agravios que hace valer el subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, al dictar la sentencia sujeta a revisión debió haber sobreseído contra el acto que reclamó al procurador general de la República, por carecer de facultades para ejecutar las órdenes de aprehensión; ahora bien, sobre el particular cabe decir que tal argumento carece de razón, puesto que, ciertamente, como lo refiere el Juez del conocimiento del amparo, el hecho de que la autoridad responsable ordenadora admitió que el veintiocho de mayo de este año, libró el mandamiento de captura en contra del hoy quejoso por haberlo considerado presunto responsable en la comisión del ilícito previsto y sancionado en el numeral 211, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas vigente en la época de los hechos, conlleva a establecer que al procurador en cita le compete la ejecución de dicha orden, porque de acuerdo a lo preceptuado en los numerales 21 y 102 constitucionales, se advierte que preside la institución del Ministerio Público Federal, a quien se le reserva, de manera exclusiva, la investigación de los delitos del orden federal y, por ello, solicitar el mandamiento de captura contra los inculpados; a más de que el precepto segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que la institución del Ministerio Público Federal está presidida por el procurador general de la República, de donde se deviene (sic) que, independientemente de las distribuciones administrativas de facultades, tiene a su mando directo a la Policía Judicial Federal, por lo que corresponde ordenar la ejecución de un mandamiento de captura librado por un Juez Federal; por tanto, contrariamente a lo que afirma el subprocurador de Control de Procesos recurrente, no es dable sobreseer en el juicio de amparo contra el acto que el quejoso reclama al procurador en cita, ya que el mismo sí es autoridad ejecutora para los efectos del juicio de amparo interpuesto ..."
5. Incidente en revisión 6/87. Rogelio Posadas del Río, fallado el 29 de enero de 1987, por unanimidad de votos.
"TERCERO.- Los motivos de inconformidad que hacen valer las autoridades recurrentes son infundados.- No es verdad que el procurador general de la República y el supervisor general de Servicios Técnicos y Criminalísticos, dependiente de aquél, carezcan de atribuciones para ordenar la ejecución de la orden de aprehensión reclamada.- Por lo que se refiere al primero, sus funciones emanan de los artículos 21 y 102 constitucionales, que reservan la persecución de los delitos al Ministerio Público Federal, presidido por el procurador general de la República, y a la Policía Judicial Federal, la cual actúa bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. De manera que al procurador general de la República, como jefe de la institución del Ministerio Público Federal, compete ordenar la ejecución de las órdenes de aprehensión cuyo dictado solicita de la autoridad judicial, aunque la realice a través de la Policía Judicial Federal, porque en términos de los artículos 21 constitucional y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Policía Judicial Federal actúa bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público Federal, entre otras funciones, en la ejecución de las órdenes de aprehensión.- Respecto al supervisor general de Servicios Técnicos y Criminalísticos de la Procuraduría General de la República, resulta evidente su intervención en el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada, como superior jerárquico de la Policía Judicial Federal, porque de conformidad con el artículo 8o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el citado supervisor es el agente del Ministerio Público Federal encargado de supervisar, coordinar y regular directamente las funciones de las unidades concentradas de la Policía Judicial Federal, la cual, según ha quedado asentado, se encuentra bajo el mando inmediato del Ministerio Público Federal ..."
B) Las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al fallar los siguientes asuntos:
1. Amparo en revisión 129/95. Julio González Ortega, fallado el 16 de mayo de 1995, por unanimidad de votos.
"CUARTO.- Son fundados los razonamientos en que apoya el subprocurador de Averiguaciones Previas, en ausencia del procurador general de la República, sus agravios.- En efecto, señala dicha autoridad que los actos que se le atribuyen se hicieron consistir en la ejecución y cumplimiento de la orden de aprehensión dictada por autoridad competente en contra de Julio González Ortega, por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, a que se refieren los artículos 103 y 109, fracciones I y IV, del Código Fiscal de la Federación y que el cumplimiento de tales actos no correspondía a las facultades otorgadas al procurador general de la República, tal y como señaló al rendir su informe justificado, donde negó los actos reclamados; al respecto debe decirse que asiste razón a la autoridad recurrente al expresar que las circunstancias de que el procurador general de la República preside a la institución del Ministerio Público Federal, ello no implica que deba cumplimentar y ejecutar todas las órdenes de aprehensión; aun cuando dichos actos son de inmediata ejecución por su propia naturaleza, toda vez que dicho cumplimiento no es una obligación directa e inmediata por su parte, sino de las autoridades designadas para ello por la ley, una de las cuales fue señalada como responsable, y admitió como cierto dicho acto; por otra parte, conviene precisar que el hecho de que dicha autoridad hubiera negado el acto reclamado, sin que el quejoso aportara prueba alguna que desvirtuara el contenido del informe justificado, lleva a considerar que el acto de ejecución no puede atribuirse al procurador general de la República, por lo que debe sobreseerse en el juicio de garantías respecto del acto que se reclama de dicha autoridad, con fundamento en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo ..."
2. Amparo en revisión 357/95. Miguel Silva Caballero, fallado el 21 de noviembre de 1995, por unanimidad de votos.
"SÉPTIMO.- Son esencialmente fundados los agravios esgrimidos en representación del procurador general de la República.- En efecto, el Juez a quo concedió la protección constitucional en contra de los actos del procurador general de la República, consistentes en la ejecución de la orden de aprehensión librada por un Juez Federal contra el quejoso Luis Silva Caballero, no obstante haber negado su existencia.- En esas condiciones, la razón está de parte de la recurrente cuando asevera que si bien los actos que se le imputan son por naturaleza de inmediata ejecución, también lo es que el cumplimiento de tales actos no está dentro de las facultades que la ley le ha asignado. Ciertamente, en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el 20, fracción III, de su reglamento, reservan esa facultad para el ejercicio exclusivo de la Policía Judicial Federal; consecuentemente, si el quejoso se limitó a reclamar la ejecución del mandato de captura sin atribuirle vicios propios, debe concluirse que su inconstitucionalidad la hacía depender de la atribuida al acto de la ordenadora y así, claro está que sólo podía responder de su ejecución la autoridad que legalmente es la encargada del cumplimiento de esa orden de aprehensión; máxime que ninguna disposición manda la supeditación de la institución policiaca en el cumplimiento de esa obligación al órgano que encabeza la representación legal del Estado.- Ante esa tesitura, si el titular de la institución ministerial, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuyó y el quejoso no allegó medio de prueba alguno que desvirtuara esa negativa, ineludiblemente debía tenerse por inexistente y sobreseer en el juicio de amparo, conforme lo establece el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo ..."
3. En cuanto a los amparos en revisión 45/96, Roberto Alejandro Velázquez Quiroz, fallado el 20 de marzo de 1996, por unanimidad de votos, y el amparo en revisión 709/96, David Granados Alba, fallado el 16 de octubre de 1996, por unanimidad de votos, las consideraciones que en ambos se vierten son idénticas a las que han quedado transcritas en el número precedente, por lo que, en obvio de repeticiones, se tienen aquí por reproducidas.
4. Amparo en revisión 825/96. Alma Patricia Sam Chanez y otro, fallado el 8 de noviembre de 1996, por unanimidad de votos.
"QUINTO.- Cabe advertir que si bien es cierto que el acto que se atribuye al procurador general de la República es por su naturaleza de inmediata ejecución, también lo es que el cumplimiento de tal proceder no está dentro de las facultades que la ley le ha asignado. En efecto, el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el 20, fracción III, de su reglamento, reservan la facultad de cumplimentar las órdenes de aprehensión para el ejercicio de la Policía Judicial Federal; consecuentemente, si los quejosos se limitaron a reclamar la ejecución del mandato de captura sin atribuirle vicios propios, debe concluirse que su inconstitucionalidad la hacía depender de la atribuida al acto de la ordenadora y así claro está que sólo podía responder de su ejecución la autoridad que legalmente es la encargada del cumplimiento de esa orden de aprehensión; máxime que ninguna disposición manda la supeditación de la institución policiaca en el cumplimiento de esa obligación al órgano que encabeza la representación legal de Estado.- Ante este orden de ideas, debe decirse que si el titular de la institución ministerial, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuyó y el quejoso no allegó medio de prueba alguno que desvirtuara esa negativa, ineludiblemente debió tenerse por inexistente su actuación y sobreseer en el juicio de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo ..."
TERCERO.- En el caso existe contradicción de criterios, entre las tesis sustentadas por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados del Primer Circuito en Materia Penal, habida cuenta de que según se advierte de las consideraciones que respectivamente vertieron dichos Tribunales Colegiados al fallar los asuntos que han quedado reseñados en los incisos A) y B) del considerando segundo de la presente resolución, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron criterios discrepantes en las consideraciones jurídicas de esos fallos.
En efecto, la oposición de criterios se origina por lo siguiente:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en esencia, sostiene que el procurador general de la República, como jefe de la institución del Ministerio Público de la Federación, tiene la calidad de autoridad ejecutora de las órdenes de aprehensión dictadas por la autoridad judicial, aun cuando dicha ejecución sea realizada a través de la Policía Judicial Federal; traduciendo lo anterior en una ejecución jurídica de esas órdenes de aprehensión, por parte del mencionado procurador general de la República, y en una ejecución material de la indicada Policía Judicial; que asimismo debe considerarse también como autoridad ejecutora al supervisor general de Servicios Técnicos y Criminalística de la señalada Procuraduría General de la República, toda vez que es el funcionario encargado de supervisar, coordinar y regular directamente las funciones concentradas de la Policía Judicial Federal, a las que corresponde el cumplimiento de las órdenes de aprehensión.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, medularmente sostiene la consideración de que el procurador general de la República no es autoridad ejecutora de las órdenes de aprehensión dictadas por los correspondientes Jueces Federales, toda vez que el cumplimiento de tales actos no está dentro de sus facultades legales, tomando en cuenta que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su reglamento reservan esa facultad para el ejercicio exclusivo de la Policía Judicial Federal.
Dentro de este contexto, se reitera, sí existe la contradicción de criterios materia de la denuncia, atento el sentido y alcances de la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.- De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Tesis jurisprudencial 4a./J. 22/92, de la anterior Cuarta Sala de este Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 58, correspondiente al mes de octubre de 1992, página 22).
Así pues, los mencionados Tribunales Colegiados, partiendo de la misma premisa, consistente en que en las órdenes de aprehensión emitidas por los correspondientes Jueces Federales se señale como autoridad ejecutora de las mismas al procurador general de la República, sostienen puntos de vista opuestos, al estimar uno de los colegiados (el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito), que a dicho procurador sí debe considerársele como autoridad ejecutora, aunque ello se concretice a través de la Policía Judicial Federal, en tanto que el otro de los Tribunales Colegiados estima precisamente lo contrario, o sea que no debe considerársele al indicado titular de la institución del Ministerio Público de la Federación, con ese carácter de autoridad ejecutora.
No es óbice a la precedente estimación de que en la especie sí existe contradicción de criterios, el que el Primer Tribunal Colegiado en cita, después de considerar que al procurador general de la República no cabe considerarlo legalmente como autoridad ejecutora de órdenes de aprehensión emitidas por los correspondientes Jueces, hace el señalamiento en el sentido de que si la parte quejosa no reclama por vicios propios la orden de aprehensión, y si la negativa del procurador general de la República con relación al acto a él reclamado, no es desvirtuadacon prueba alguna por dicha quejosa, que entonces es el caso de sobreseer en el juicio, habida cuenta de que esta variación que introduce el aquí mencionado Tribunal Colegiado resulta incongruente con su primaria aserción en el sentido de no considerar como autoridad ejecutora de órdenes de aprehensión al procurador general de la República, pues bajo esta premisa básica, sea que se reclame o no por vicios propios una orden de aprehensión, en principio, el indicado colegiado no condiciona su estimación de no reputar al señalado titular del Ministerio Público de la Federación como autoridad ejecutora, a que el acto se reclame o no por vicios propios.
Hecha la precedente puntualización aclaratoria, cuya finalidad pone de manifiesto que la indicada variación que introduce el Tribunal Colegiado de referencia no afecta su premisa fundamental que se ha venido mencionando, en el sentido de que no considera al procurador general de la República como autoridad ejecutora de las órdenes de aprehensión emitidas por Jueces Federales, se prosigue con el correspondiente análisis de este asunto, en los términos que a continuación se exponen:
En el presente caso se considera que el criterio que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en su correspondiente tesis, es la que debe prevalecer, atento las siguientes razones y consideraciones:
Los artículos 21 y 102-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, establecen, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato ..."
"Artículo 102-A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un procurador general de la República, designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente ... Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados ..."
Pues bien, en términos de los artículos anteriormente transcritos, se obtiene que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público de la Federación y a la Policía Judicial, estando ésta bajo el mando inmediato de aquél.
En relación con el presente análisis, se estima pertinente transcribir aquí la parte conducente de los artículos 2o., 3o., 8o. y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como el artículo 8o. de su reglamento.
Los cuatro primeros artículos rezan como sigue:
"Artículo 2o. Corresponde al Ministerio Público de la Federación: ... V. Perseguir los delitos del orden federal ..."
"Artículo 3o. El procurador general de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenamientos legales aplicables, según las previsiones de esta ley y su reglamento así como de los acuerdos que expida el propio procurador general de la República."
"Artículo 8o. La persecución de los delitos del orden federal a que se refiere la fracción V del artículo 2o. de esta ley, comprende: ... d) Ordenar la detención y, en su caso, retener a los probables responsables de la comisión de delitos, en los términos previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ..."
"Artículo 19. Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación: I. Directos, y por lo mismo se integran a la institución: a) La Policía Judicial Federal ..."
Por su parte, el artículo 8o. del indicado reglamento establece que:
"El procurador general de la República preside la institución del Ministerio Público de la Federación, en los términos del capítulo I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República."
Dentro de este contexto normativo, cabe arribar a la consideración de que el procurador general de la República, por ser el titular nato del Ministerio Público de la Federación, encargado de la persecución de los delitos y por tener bajo su autoridad y mando inmediato a la Policía Judicial, está facultado para ordenar el cumplimiento de las órdenes de aprehensión emitidas por los Jueces Federales y, en consecuencia, a dicho procurador debe considerársele legalmente como autoridad ejecutora de las mencionadas órdenes de aprehensión, que también previamente le incumbe legalmente solicitar a los correspondientes Jueces, sin que sea óbice que por la misma naturaleza de tales órdenes de captura, éstas requieran de una ejecución material para su cumplimiento, llevada a cabo por l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4616-c160fd33/orden-de-aprehension-dictada-por-juez-de-distrito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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