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Modo: Corpus Pro

INCONFORMIDAD. EL JUEZ DEBE REMITIR LOS AUTOS A LA SUPREMA CORTE SÓLO CUANDO YA RESOLVIÓ QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA Y EL QUEJOSO SE INCONFORMA.

Tipo de asunto: RECURSO DE INCONFORMIDAD 164/97. · Registro digital (IUS): 4603
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TOMÁS CENTENO VELÁZQUEZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, , Pág. 287.

INCONFORMIDAD 164/97. TOMÁS CENTENO VELÁZQUEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.- Como cuestión previa debe examinarse la procedencia del presente incidente de inconformidad.

De la relación de hechos contenida en los considerandos precedentes se advierte que el quejoso hizo valer su inconformidad con el cumplimiento de la ejecutoria a cargo del Juez responsable, a través del escrito presentado el siete de mayo de mil novecientos noventa y siete, con motivo de la vista y apercibimiento contenidos en auto de veintinueve de abril anterior, siendo que la ejecutoria se tuvo por cumplida hasta el quince de mayo siguiente, fecha en la cual se ordenó la remisión de los autos a este Alto Tribunal; es decir, el incidente de inconformidad se formuló con anterioridad a que el Juez de Distrito tuviera por cumplida la sentencia.

Con el propósito de determinar si la circunstancia descrita es obstáculo para decretar la procedencia del incidente, conviene precisar también que en el citado auto de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete, el Juez de Distrito no sólo dio vista al quejoso con el cumplimiento dado a la ejecutoria para que manifestara su "inconformidad", sino también lo apercibió que de no hacer manifestación alguna le tendría por conforme con el cumplimiento y se ordenaría el archivo del expediente, apercibimiento que motivó que el demandante, a través de su escrito presentado el siete de mayo siguiente, controvirtiera los fundamentos y motivos de la resolución emitida por la responsable, solicitando remitir los autos a este Alto Tribunal, a lo que accedió el Juez de Distrito en el proveído siguiente.

También conviene atender al criterio sustentado por esta Segunda Sala, consultable en la página 207 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, correspondiente a julio de 1996, que dice:

"INCONFORMIDAD, INCIDENTE DE. EL JUEZ NO DEBE REMITIR LOS AUTOS A LA SUPREMA CORTE CUANDO NO RESOLVIÓ SOBRE SI LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ O NO CUMPLIDA.- El incidente de inconformidad que previene el párrafo tercero del artículo 105 de la Ley de Amparo, procede cuando el Juez de Distrito tiene por cumplida la sentencia de amparo, de modo que el supuesto de procedencia es que se formule inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la sentencia de amparo y, si no existe pronunciamiento en ese sentido, debe declararse improcedente la inconformidad y devolverse los autos para que se subsane esa irregularidad. Es de destacarse, además, que el Juez no debe remitir los autos a la Suprema Corte cuando no ha determinado expresamente si la sentencia está cumplida o no, ya que la falta de esta resolución provoca que se ordene la devolución de los autos para ese fin, y esto implica un retardo en la solución de los asuntos, que debe evitarse."

De la tesis transcrita se observa que este órgano colegiado estableció que como el supuesto de procedencia del incidente de inconformidad consiste en la existencia del pronunciamiento del Juez de Distrito en el sentido de tener por cumplida la ejecutoria, de no existir tal determinación, la inconformidad resulta improcedente, debiendo el a quo abstenerse de remitir los autos a esta Suprema Corte para evitar un innecesario retardo en la solución del asunto.

Teniendo presente lo anterior, debe concluirse que si bien en la especie la parte quejosa hizo valer su inconformidad en contra del cumplimiento de la ejecutoria a cargo de la autoridad responsable, de manera previa al auto en que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, también es cierto que lo hizo con motivo precisamente del apercibimiento del Juez de Distrito de tener por cumplido el fallo de no realizar manifestación alguna, resolución a la que de todos modos llegó en el auto subsecuente, situación que conlleva a estimar procedente el incidente de inconformidad que se examina, porque en él se actualizan los elementos requeridos para su procedencia, consistentes, a saber, en el pronunciamiento del juzgador de amparo en el sentido de tener por acatada la sentencia y el desacuerdo del afectado con el cumplimiento a cargo de la responsable.

A mayor abundamiento, se destaca que de llegar a una determinación contraria se provocaría la indefensión del quejoso, puesto que el Juez de Distrito, al haber estimado que su inconformidad era apta para que este Alto Tribunal examinara el debido cumplimiento de la ejecutoria, remitió los autos originales del juicio, provocando con ello que el demandante se encuentre a las resultas del presente fallo en cuanto a la legalidad en la determinación de cumplimiento realizada por el a quo, por lo que decretar la improcedencia de la vía le impediría formular una nueva inconformidad, dado que a esta fecha ha transcurrido en exceso el plazo legal previsto para ello; además, ordenar la devolución de los autos al Juzgado de origen sin resolver el problema de fondo, provocaría un excesivo retardo en la solución de la controversia que puede evitarse a través de su examen en este fallo.

No impide arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que los agravios formulados por el inconforme se dirijan a controvertir las consideraciones contenidas en la resolución a cargo de la autoridad responsable y no los motivos del acuerdo que tuvo por cumplida la ejecutoria, porque como este Alto Tribunal tiene, en los incidentes de inconformidad, la obligación de suplir la queja deficiente y examinar si se dio o no el cumplimiento del fallo protector, resulta intrascendente para decretar su procedencia que los motivos de inconformidad puedan resultar inoperantes.

Robustece lo anterior la tesis jurisprudencial número 28/97, sustentada por esta Sala, que dice:

"INCONFORMIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE Y EXAMINAR SI SE CUMPLIÓ O NO CON LA SENTENCIA.- El cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y, además, según lo dispuesto por el artículo 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando se está en los casos de inconformidad relativa al acatamiento de un fallo constitucional, la Suprema Corte debe resolver allegándose los elementos que estime convenientes, disposición que le autoriza a realizar un pronunciamiento sobre el particular aunque el inconforme haya omitido expresar argumentos al respecto, pues debe suplir la deficiencia y analizar si se cumplió o no con la sentencia."

En las citadas condiciones, al actualizarse los elementos requeridos para la procedencia del incidente de inconformidad, procede examinar si la determinación del Juez de Distrito de tener por cumplida la ejecutoria se apega a la legalidad.

SÉPTIMO.- Con el propósito de resolver si el nuevo auto de formal prisión dictado por la autoridad responsable se ajusta a los lineamientos descritos en la ejecutoria, resulta necesario transcribir nuevamente las consideraciones torales de la sentencia de amparo:

"... se advierte que el auto de formal prisión que por esta vía se combate resulta violatorio de las garantías consagradas por el artículo 19 constitucional, ya que carece de los requisitos de forma que para dictarlo determina dicho precepto legal, consistentes en la debida fundamentación y motivación legal que todo acto de autoridad de tal naturaleza debe contener.- Ciertamente, el Juez responsable señala cuáles son los elementos materiales constitutivos del tipo penal de fraude genérico a que se refiere el artículo 402 del Código de Defensa Social, reseña las pruebas de cargo contenidas en el sumario y las valora legalmente, concluyendo que las mismas acreditan los elementos del tipo; sin embargo, omite señalar con precisión con qué pruebas se acredita cada uno de tales elementos materiales que describió; tampoco explica por qué el sujeto activo obtuvo un lucro indebido y por qué dice que se trata de un 'delito de omisión'; por otra parte, no determina las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión en que dice se cometió el delito de fraude; tampoco determina si en el caso particular existió el elemento 'engaño' o el diverso de 'aprovechamiento del error', puesto que sólo reseña las constancias y dice que todas ellas acreditan los elementos del tipo, pero no especifica en qué consistió el 'engaño o el aprovechamiento del error', siendo que ambos conceptos difieren en significado, entendiéndose por el primero (engaño) la actividad mentirosa empleada por el sujeto activo que hace incurrir en una creencia falsa al sujeto pasivo de la infracción, o sea, una acción falaz positiva para lograr la obtención de la cosa o el logro de un beneficio indebido; y en el aprovechamiento del error, no es necesaria una actividad del sujeto activo, quien se aprovecha de la falsa concepción que una persona tiene sobre un hecho cualquiera para llegar al resultado antijurídico, y a diferencia del engaño que constituye el medio comisivo para provocar el error, en el aprovechamiento de éste que existe con anterioridad, el agente sólo se vale de esa situación para lograr el fin que de antemano se propuso, ya que en estas circunstancias el activo no causa el falso concepto en que se encuentra la víctima, sino únicamente se abstiene de hacer saber al pasivo la falsedad de su creencia y se aprovecha de ella para lograr su finalidad dolosa; aunado a lo anterior, no explica mediante razonamientos lógico jurídicos por qué en el auto de formal prisión impugnado encuadra la conducta delictiva del aquí quejoso en dos preceptos legales, como son el 402 y el 404, fracción III, del Código en Materia de Defensa Social (sic) para el Estado de Puebla, que tipifican, respectivamente, al fraude genérico y al fraude específico (a través de la expedición de cheques), siendo que ambos preceptos legales se integran por diversos elementos materiales constitutivos, lo que, desde luego, es violatorio de garantías en perjuicio del peticionario del amparo, pues la resolución que por esta vía se combate carece de la debida fundamentación y motivación legal ..."

De la transcripción anterior se advierte que el a quo determinó que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación, por lo siguiente:

a) Porque si bien hace una relación y valoración de los elementos de convicción, no se precisan las pruebas que acreditan cada uno de los elementos del tipo penal.

b) No se expresan las razones por las cuales se estima que el sujeto activo obtuvo un lucro indebido.

c) No se motiva por qué se considera al ilícito como un delito de omisión.

d) No se determinan las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión en que se cometió el fraude.

e) No se precisa si el medio comisivo del delito fue el de engaño o el de aprovechamiento del error del sujeto pasivo, ni tampoco se expresan las razones que sustenten la determinación conducente.

f) No se explica por qué la conducta del activo se encuadra en dos tipos penales diversos, uno genérico y el otro específico, previstos, respectivamente, en los artículos 402 y 404, fracción III, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla.

Ahora bien, del examen de la resolución dictada por el Juez responsable en acatamiento de la ejecutoria de amparo, transcrita en el considerando tercero de este fallo, se aprecia, en relación con los vicios determinados por el a quo, lo siguiente:

a) Que llega a la conclusión de que los elementos del tipo penal del delito de fraude se encuentran acreditados con la querella presentada por Juan González España, las declaraciones de Elvira Martínez Arellano, María del Carmen Tamáriz España y Sergio Flores Rivera, así como con la documental consistente en cheque de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, expedido por el quejoso a favor del querellante, probanzas cuya valoración realiza; sin embargo, incurre de nueva cuenta en la omisión de señalar con qué prueba o pruebas se acredita cada uno de los elementos del delito de fraude, toda vez que su conclusión la sustenta en una consideración genérica en relación con los hechos narrados por el querellante, sin hacer la precisión ordenada en la ejecutoria de amparo.

b) En relación con el elemento del tipo consistente en la obtención del lucro indebido a cargo del sujeto activo, si bien la responsable expresa en su resolución que el cheque expedido por el ahora inconforme carecía de fondos y que, a pesar de las gestiones realizadas por el pasivo, no le ha sido cubierto el monto relativo, no precisa los razonamientos tendientes a patentizar en qué consistió, cómo se produjo y a cuánto ascendió el lucro obtenido por el sujeto activo, situación con la cual reincide en el vicio advertido por el a quo en la sentencia de amparo.

c) En cuanto a la falta de fundamentación en lo relativo a que el delito de fraude es un delito de omisión, como en la nueva resolución se establece que el sujeto activo cometió dicho ilícito a través del engaño, medio de comisión del delito por vía de acción y no omisiva, debe concluirse que la resolución, en este aspecto, subsana el vicio por el que se concedió el amparo.

d) Por lo que hace a la determinación de las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión en que se cometió el delito, del examen de la nueva resolución dictada por la responsable se aprecia que sobre el particular se establece, esencialmente: que el sujeto activo, por medio del engaño, el sábado once de diciembre de mil novecientos noventa y tres solicitó al pasivo la ampliación de su crédito comercial por la temporada navideña, a lo que éste accedió contra garantía consistente en cheque fechado para el día veintisiete siguiente, por la cantidad de cinco mil novecientos cuarenta y cinco pesos, mismo que fue endosado por el pasivo en favor de Elvira Martínez Arellano, quien lo depositó en su cuenta personal del banco Banamex, S.A., habiéndosele devuelto por falta de fondos, y que a pesar de las gestiones del pasivo para obtener el cobro de la citada cantidad, ésta no ha sido cubierta por el ahora inconforme.

La relación descrita revela que el Juez responsable estableció las circunstancias de modo, tiempo y ocasión del delito, dado que precisó que éste se cometió a través del engaño realizado por el sujeto activo el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, a través de la expedición al sujeto pasivo de un cheque con fecha posterior que carecía de fondos al momento de su depósito por la endosataria del documento; sin embargo, la autoridad judicial omitió nuevamente precisar el lugar en donde fue expedido el cheque por el activo, así como el domicilio del establecimiento bancario donde se presentó para su depósito, con lo cual incurre de nueva cuenta en falta de motivación de las circunstancias de lugar de realización del ilícito.

e) Respecto del medio de comisión del delito de fraude, en la nueva resolución de plazo constitucional se establece que el ilícito se cometió a través del engaño, consistiendo éste en que el sujeto activo tuvo pleno conocimiento de que no se cubriría al pasivo la cantidad en la fecha indicada en el cheque, lo que revela su intención dolosa de cometer el ilícito; consideración con la cual subsanó el vicio advertido en la ejecutoria consistente en la omisión de precisar si el delito se cometió a través de engaño o aprovechamiento del error del querellante, así como la expresión de las razones que sustentan esa determinación.

f) Finalmente, en relación con la falta de motivación del porqué se estima que la conducta del quejoso encuadra en dos tipos penales diversos de fraude, uno genérico y otro específico, debe decirse que, en el auto de formal prisión que se examina, la responsable estableció los elementos normativos que integran el delito de fraude previsto en los artículos 402 y 403, fracción III, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla y, tras analizar los elementos de convicción antes relacionados, concluyó que con la conducta del sujeto activo se encuentra debidamente acreditado dicho tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, precisando que la sanción aplicable encuadra en la aludida fracción porque el valor de lo defraudado excede de doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en la región.

Ahora bien, el texto de los artículos 402 y 403, fracción III, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, dice:

"Artículo 402. Comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido."

"Artículo 403. El delito de fraude se sancionará:

"...

"III. Con multa de veinte a doscientos días de salario y prisión de cuatro a seis años, cuando el valor de lo defraudado exceda de doscientos cincuenta días de salario."

Los preceptos legales transcritos establecen, respectivamente, el tipo penal correspondiente al fraude genérico y la sanción aplicable cuando el monto de lo defraudado exceda los doscientos cincuenta días de salario, lo que lleva a concluir que, como el Juez responsable tuvo por acreditado el tipo penal previsto en dichos numerales, resulta evidente que el auto de plazo constitucional que dictó, al tener por efecto sujetar a proceso al ahora inconforme únicamente por el ilícito de fraude genérico y no por el específico previsto en las diversas fracciones del artículo 404 del citado código penal, subsana la irregularidad detectada en el juicio de garantías consistente en tener por acreditadas ambas categorías de fraude.

En las apuntadas condiciones, como en el auto de plazo constitucional de veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete, la autoridad responsable incurre en falta de motivación respecto de la precisión de las pruebas que acreditan cada uno de los elementos del tipo penal, la expresión de razones por las cuales se estima que el sujeto activo obtuvo un lucro indebido y la determinación de las circunstancias de lugar en que se cometió el ilícito, procede concluir que, contrariamente a lo resuelto por el Juez de Distrito en el auto de quince de mayo del año en curso, la ejecutoria no ha sido cumplida por la autoridad responsable en los términos ordenados en la propia sentencia, debiendo, en consecuencia, declarar fundada la presente inconformidad.

OCTAVO.- Procede ahora determinar si debe aplicarse a la autoridad responsable la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución, para lo cual se atiende, de manera previa, al contenido de la tesis jurisprudencial sustentada por esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 164, que expresa:

"INCIDENTE DE INCONFORMIDAD. AUNQUE SE CONSIDERE FUNDADO, NO DEBE APLICARSE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN, SINO REVOCARSE EL AUTO IMPUGNADO PARA EL EFECTO DE QUE SE REQUIERA EL CUMPLIMIENTO, EXCEPTO CUANDO HAYA INTENCIÓN DE EVADIR O BURLAR ÉSTE.- El incidente de inconformidad previsto por el tercer párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, a diferencia del de inejecución de sentencia, no tiene como presupuesto evidente la abstención o contumacia de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia, ya que esa inconformidad parte del hecho de que existe, formalmente, una determinación del Juez o de la autoridad que haya conocido del juicio, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida. Por esa razón, cuando se consideran fundados los agravios expresados en la inconformidad, no puede tener aplicación inmediata lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, pues no se está en presencia de una absoluta abstención de la autoridad para cumplir o de evasivas para llevar al cabo el cumplimiento de la ejecutoria, en virtud de que existe una determinación judicial que reconoce el cumplimiento de ésta. Lo anterior como regla general y sin perjuicio de las facultades que el artículo 107 constitucional otorga a la Suprema Corte, cuando de autos aparece comprobada la intención de evadir o burlar el cumplimiento de la ejecutoria. Salvo estos casos, las autoridades no deben ser sancionadas en caso de resultar fundado el incidente; en vez de ello, lo procedente es revocar la determinación del juzgador y ordenarle proseguir el cabal cumplimiento de la ejecutoria."

Del criterio transcrito se observa que cuando se hubiesen considerado fundados los agravios expresados en la inconformidad, la aplicación de la sanción prevista en el numeral 107, fracción XVI, de la Carta Magna, sólo tiene lugar cuando de autos aparezca comprobado que la autoridad responsable obró con la intención de burlar o evadir el cumplimiento de la ejecutoria.

Ahora bien, con base en el examen efectuado en el considerando anterior, se llega a la conclusión de que si bien el Juez responsable incurrió nuevamente en falta de motivación respecto de algunos aspectos que se le ordenó corregir, lo que motivó que se declarara fundada la inconformidad, también se observa que en otros subsanó las irregularidades formales que fueron materia de la concesión del amparo, situación que, a juicio de esta Segunda Sala, revela que no se encuentra comprobado en autos que hubiese existido la intención de la autoridad de evadir o burlar la ejecutoria de amparo, por lo que no procede aplicar la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, en los términos establecidos en el criterio anteriormente transcrito, debiendo devolver los autos al Juez de Distrito para que requiera al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, que deje sin efectos el auto de plazo constitucional de veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete, y dicte otro en el que subsane las irregularidades especificadas en el considerando anterior, precisando que, dado el alcance de esta resolución, si insiste en dictar un nuevo auto de formal prisión con los mismos vicios en que ha incurrido, el Juez de Distrito deberá informarlo a esta Sala a fin de que se aplique la sanción prevista en el precepto constitucional a que se ha hecho mención.

En las relatadas condiciones, dadas las conclusiones a que se llegó en la parte considerativa de este fallo, procede declarar fundada la inconformidad y devolver los autos al Juez de Distrito para que requiera el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en los términos precisados en el párrafo anterior, sin que sea el caso de aplicar a la autoridad responsable la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se declara fundado el presente incidente de inconformidad.

SEGUNDO.- Devuélvanse los autos al Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla para que requiera a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria en términos de lo ordenado en la parte final del último considerando del presente fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Juzgado de Distrito y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Fue ponente el Ministro Mariano Azuela Güitrón.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4603-fab07d80/inconformidad-el-juez-debe-remitir-los-autos-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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