PRUEBAS EN EL AMPARO. LAS PRESENTADAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN NO PUEDEN TOMARSE EN CUENTA EN EL PRINCIPAL.
AMPARO EN REVISIÓN 1419/97. JESÚS TORIBIO RIVERA OROZCO Y OTROS.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- En principio, es pertinente precisar que de la respectiva demanda de garantías se advierte que los quejosos reclaman la expedición del Reglamento de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua y del Acuerdo Número 49, por medio del cual el gobierno de la misma entidad federativa y el Municipio de Chihuahua establecieron las bases de coordinación a las que deben sujetarse las personas que se dediquen o pretendan dedicarse a la seguridad privada en tal Municipio, así como la aplicación en su perjuicio de tales ordenamientos; y que en vía de antecedentes de tales actos señalaron, entre otros hechos, que han venido realizando la actividad de seguridad privada en forma ininterrumpida bajo la supervisión y control de la Presidencia Municipal de Chihuahua, la que les expidió los acuerdos correspondientes "según documentos que anexamos", pero que a partir del siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por conducto de sus inspectores, ha realizado diversas acciones tendientes a hacer cumplir los mencionados ordenamientos, amenazándoles con el decomiso de los objetos materiales de las empresas y con la privación de la libertad de los trabajadores a su servicio.
En la sentencia recurrida, el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la legislación de la materia, ya que consideró que los quejosos no acreditaron que los ordenamientos reclamados afectaran su interés jurídico, porque no aportaron las autorizaciones que los faculten a dedicarse a la actividad de seguridad privada en el Municipio de Chihuahua.
Ahora bien, los recurrentes aducen, como primer agravio, que a su demanda acompañaron todos y cada uno de los documentos que les fueron expedidos por las autoridades responsables, entre otros, los documentos públicos que les expidió el Ayuntamiento de la ciudad de Chihuahua (autorizaciones), con los que acreditan su interés jurídico de los que se hizo relación en la leyenda suscrita por la oficialía de partes en la demanda de amparo, que exhibieron por duplicado esos documentos a fin de que su copia se anexara al expediente del incidente de suspensión, en el que para acreditar su interés jurídico, solicitaron se desglosaran del principal los originales, con efecto devolutivo, para confrontarse con sus copias, lo que el Juez de Distrito acordó de conformidad, pero que al celebrar la audiencia constitucional éste omitió devolver tales documentos al expediente principal y tenerlos a la vista al dictar la sentencia recurrida, lo que sólo a él es imputable.
El argumento precisado se advierte orientado a poner de manifiesto la existencia de una violación en el procedimiento del juicio de garantías, vinculada con el ofrecimiento de pruebas documentales, su admisión e integración al expediente de amparo.
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que en el expediente de amparo consta lo siguiente:
1. En el escrito de demanda de amparo, dos sellos relativos a su recepción con sus respectivas leyendas de documentos anexos, que dicen:
"Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito.- Chihuahua, Chih.- 10735.- Nov. 28.- 12:02 PM 96.- Dem. orig. c/once copias y 5 anex. c/una copia (firma ilegible).
"(Escudo Nacional) Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua.- Oficialía de partes 28 nov. 1996.- 13:30 PM.- Demanda orig. c/once copias.- Un anexo en tres fojas.- Un anexo en 42 fojas (firma ilegible)."
2. A foja 15 bis (siguiente al escrito de demanda), una certificación cuyo texto es el siguiente:
"En veinte de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el licenciado J. Armando Aguirre Lares, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, certifica: Que como está ordenado en auto de esta fecha, dictado en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, fueron desglosadas las documentales que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda, las cuales fueron agregadas a dicho incidente. Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El secretario (Firma ilegible).- Lic. J. Armando Aguirre Lares."
3. La certificación previa al auto en el que se admitió la demanda, que dice:
"En veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, la secretaria da cuenta al C. Srio. (encargado del despacho) con un escrito de demanda promovida por Jesús Toribio Rivera Orozco y coagraviados y anexos. Conste (firma ilegible)."
4. En la audiencia constitucional celebrada el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete, se estableció, en lo conducente:
"En el periodo probatorio, se da cuenta con las pruebas documentales que el licenciado Héctor Villasana R. autorizado de los quejosos, acompañó a su escrito recibido el diez de diciembre del año próximo pasado y con las que el procurador general de Justicia del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, secretario de Gobierno y jefe del Departamento de Gobernación, todos con residencia en esta ciudad, anexaron a su informe justificado; a lo que se acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias, por rendidos los informes con justificación de las responsables y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 150, 151 y 155 todos de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las pruebas documentales de mérito en razón de su propia y especial naturaleza; por otra parte, vista la certificación del secretario adscrito a este juzgado, en donde se asienta que de acuerdo a lo ordenado en auto de fecha veinte de diciembre del año próximo pasado, dictado en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, fueron desglosadas las documentales que la parte quejosa anexara a su escrito de demanda, mismas que fueron agregadas a dicho incidente; sin embargo, a efecto de acreditar la personalidad de Lorenzo González Lozoya como administrador único de Seguridad Privada de Chihuahua, S.A. de C.V., se ordena al secretario proceda a verificar si en las documentales de antecedentes existe alguna que acredite la personalidad de dicha persona y, si ello fuera así, obténgase copia certificada de la misma y anéxese al presente juicio de amparo, lo anterior con apoyo en la tesis de jurisprudencia publicada en la página 373, Tomo II, correspondiente al mes de diciembre de 1995, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.'. A continuación y no existiendo prueba por desahogar, alegatos por reproducir, ni pedimento de la agente del Ministerio Público Federal adscrita, el suscrito Juez, tomando en cuenta lo actuado, procede a dictar la siguiente resolución ..."
Las anteriores precisiones ponen de relieve que es cierto que los quejosos acompañaron a su demanda de garantías diversos documentos; además, que al admitirse esa demanda se tuvieron como anexos las mencionadas constancias, pero que por auto dictado en el incidente de suspensión el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y siete (sic), fueron desglosadas del expediente principal y agregadas al de suspensión (según la certificación transcrita en segundo lugar) y que en la audiencia constitucional el Juez de Distrito hizo cita de la existencia de dichos documentos en el sumario de suspensión y de su desglose del expediente principal, ordenando analizarlos para verificar si entre ellos existe alguno relativo a la personalidad del compareciente por la negociación quejosa, autorizando, en caso afirmativo, la expedición de copia certificada de sólo ese documento para agregarlo al expediente principal.
Estos datos revelan la actualización de una violación en el procedimiento del juicio constitucional en el que se dictó la sentencia recurrida, puesto que si la parte quejosa acompañó a su demanda de garantías diversos documentos que inicialmente se agregaron al expediente de amparo, solicitando después en el incidente de suspensión la compulsa de éstos para confrontarlos con sus respectivas copias que también exhibió, esos documentos debieron tenerse como prueba en el expediente principal, para lo cual era preciso que el Juez de Distrito, en principio, los reintegrara a este sumario y en la audiencia constitucional se pronunciara respecto de su admisión, para luego valorarlos en la sentencia respectiva.
Tal postura encuentra sustento en la innegable circunstancia de que los documentos de que se trata fueron exhibidos en el expediente principal, sin que exista dato alguno en cuanto a que sólo se hayan ofrecido como prueba para el incidente de suspensión, de ahí que debieron tenerse como pruebas en el principal, pues esa fue la intención de la parte quejosa, a la que en ningún momento renunció y que no puede estimarse abandonada por la solicitud que hizo en el incidente, en cuanto a que los documentos se desglosaran del principal, puesto que esa petición evidentemente obedeció a facilitar la posibilidad de que esas constancias se confrontaran con sus copias, para que estas últimas, una vez certificadas, pudieran servir como probanzas en el incidente. Consecuentemente, por más que la parte quejosa no hubiera solicitado que los documentos originales se reintegraran al expediente de garantías y que no los ofreciera como prueba en la audiencia constitucional, era obligación del Juez de Distrito devolverlos y tenerlos como prueba, dado que en términos de lo dispuesto por el artículo 151, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la prueba documental puede ofrecerse con antelación a la audiencia constitucional, debiéndose en ésta hacer relación de tal probanza y recibirla, aunque no exista gestión expresa del interesado.
Cabe destacar que, en el caso, no era necesario que la parte quejosa solicitara la compulsa de los documentos originales que fueron integrados al expediente de suspensión, según lo precisa la tesis que más adelante se transcribirá, dado que tales constancias, se insiste, las ofreció y exhibió en el expediente principal y, por tanto, en éste debieron tenerse como pruebas y valorado como tales.
La tesis aludida fue sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y aparece publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, página 139, cuya sinopsis es la siguiente:
"- En virtud de que el expediente principal y el cuaderno relativo al incidente de suspensión se tramitan por cuerda separada, las pruebas documentales que obren únicamente en la pieza incidental no deben tomarse en cuenta en el cuaderno principal si el quejoso no solicita la compulsa respectiva."
En cambio, sirve de ilustración a las consideraciones vertidas, la tesis visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X-Agosto, página 154, que dice:
"PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL AMPARO. PARA QUE SE TOMEN EN CUENTA EN EL PRINCIPAL LAS EXISTENTES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, DEBEN OFRECERSE Y RENDIRSE EN AQUÉL.- Tomando en cuenta que en los términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo, el incidente de suspensión debe tramitarse por duplicado y cuerda separada, resulta evidente que el Juez de Distrito al dictar sentencia sólo está obligado a tomar en cuenta las pruebas rendidas y que obran en el cuaderno principal. En tal virtud, si una de las partes considera que también debe examinarse alguna prueba documental existente en el incidente de suspensión, es necesario que la hubiera ofrecido y rendido en dicho juicio principal, en los términos del artículo 151 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal."
En las condiciones relatadas, es patente que el Juez de Distrito infringió la regla procesal establecida en el artículo 151, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al no reintegrar al expediente los documentos que la parte quejosa acompañó a su demanda de garantías, ni tenerlos como prueba en la audiencia constitucional.
Es importante tener en cuenta que, según lo manifestaron los quejosos en el capítulo de antecedentes de su demanda de garantías, bajo protesta de decir verdad, los documentos de que se trata son relativos a su interés jurídico, en especial, a las autorizaciones que el Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua les expidió para realizar la actividad de seguridad privada, manifestación que, dada esa formalidad con la que se hizo, debe tenerse por cierta y, entonces, considerarse viable para poner de manifiesto que la violación en comento trascendió al resultado de la sentencia recurrida y afectó las defensas de la parte quejosa, pues como ya se precisó, en el fallo impugnado el Juez de Distrito sostuvo que la parte peticionaria de garantías no demostró contar con tales autorizaciones y, por tanto, que los ordenamientos reclamados afecten su interés jurídico.
Además, de no ponderarse esa manifestación de la parte quejosa, se le dejaría en estado de indefensión y no podría resolverse el asunto con certidumbre, dado que entonces tendría que confirmarse el sobreseimiento por la ausencia de las mencionadas autorizaciones que son indispensables para revelar el interés jurídico de la peticionaria de garantías, cuya existencia bien puede encontrarse acreditada con los documentos que el Juez de Distrito omitió tener a la vista y valorar.
En ese orden de ideas, debe concluirse que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues se está en presencia de una violación del procedimiento en el juicio constitucional que afectó las defensas de los quejosos y puede influir en la sentencia que debe dictarse en definitiva; en consecuencia, es procedente revocar el fallo recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio para que el Juez de Distrito integre al expediente principal todos los documentos que se acompañaron a la demanda de garantías y de acuerdo con lo establecido por el artículo 151, párrafo primero, de la Ley de Amparo, los tenga como prueba y los valore en la nueva sentencia que dicte conforme estime ajustado a derecho.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo promovido por Jesús Toribio Rivera Orozco, Gabriel Arce Valladolid, Julián Aguilar de la Garza y Jesús Chávez Castillo, por su propio derecho, y Lorenzo González Lozoya, en representación de la negociación denominada Seguridad Privada de Chihuahua, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los actos de las autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Fue ponente el primero de los Ministros antes mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4611-aa17f146/pruebas-en-el-amparo-las-presentadas-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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