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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL, RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO, EMANADA DE UNA AUTORIDAD DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN ACTO MATERIALMENTE PENAL Y DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/96. · Registro digital (IUS): 4638
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, , Pág. 427.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 12/95, textualmente sostuvo:

"SEGUNDO.- Previamente a la resolución del conflicto competencial suscitado entre los Jueces contendientes, conviene precisar lo siguiente.

"El acto reclamado consiste en la resolución recaída a la inconformidad que confirma el no ejercicio de la acción penal, respecto de la denuncia de hechos que formuló el quejoso sobre el delito de fraude específico y que constituye la averiguación previa número SC/1239/II, seguida en contra de Aurora Cervantes Gómez, señalada como presunta responsable de dicho delito y como tercero perjudicado en el juicio.

"La Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por auto de fecha diez de julio del año en curso, declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo, al considerar que como el acto reclamado se funda en una reciente reforma al artículo 21 constitucional en vigor, desde el uno de enero de este año, por la cual se crea la posibilidad de impugnar resoluciones del agente del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, se trata de un acto eminentemente penal (acción penal).

"Agregando que aun cuando no hay inciso alguno dentro del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para el caso que nos ocupa, ésta se tendrá que armonizar con la nueva reforma que se haga a la Ley de Amparo; razón por la cual ordenó remitirla al Juez de Distrito en Materia Penal en turno en el Distrito Federal.

"Por su parte, el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal requerido, mediante acuerdo de dos de agosto último, comunicó al Juez requeriente no aceptar conocer del asunto, al considerar:

"A) Que del análisis del acto reclamado, se advierte que en el caso no se está en presencia de una resolución judicial del orden penal, dado que no emana de una autoridad judicial sino de autoridad administrativa.

"B) Que tampoco se trata de actos privativos de la libertad ni de privación de la vida, deportación o destierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.

"C) Que el acto reclamado tiende a violaciones en el trámite dentro de la averiguación previa.

"D) Que no se reclama una ley o disposición de observancia general en materia penal.

"E) Que, por el contrario, el acto reclamado encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"Agregando que debe estarse a lo dispuesto en la ley vigente y no en las inexistentes como son las que pudieran entrar en vigor, por lo que ordenó devolver la demanda con sus copias y anexos al Juez requeriente.

"La Juez requeriente, por auto de fecha ocho de agosto último, insistió en declinar su competencia a favor del citado Juez Federal, con base en los argumentos expuestos en el auto de diez de julio del año en curso, apoyando su determinación en el artículo 52 de la Ley de Amparo, y ordenó remitir los autos a la superioridad para la resolución del conflicto competencial.

"El artículo 21 de la Constitución Federal vigente dice en lo conducente:

"'Artículo 21. ... Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.'

"El acuerdo número A/010/94 del procurador general de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen lineamientos relativos a la autorización del no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa, de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día nueve del mismo mes y año, vigente a partir del día siguiente de su publicación, en el considerando quinto, sexto y noveno dice lo siguiente:

"'QUINTO.- Formulado el pedimento, fundado y motivado, de no ejercicio de la acción penal, el agente del Ministerio Público procederá a hacerlo del conocimiento del denunciante o querellante para que se entere de su contenido y formule las observaciones que considere pertinentes, en un plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación que se realice para tales efectos.

"'En el supuesto de que el denunciante o querellante manifestare expresamente su conformidad sobre la determinación de no ejercicio de la acción penal, se asentará razón de ello y de la renuncia, al término a que se hace referencia en el párrafo anterior, procediendo el agente del Ministerio Público a remitir la averiguación previa a la coordinación de auxiliares del procurador, para la preparación del dictamen que en derecho proceda.'

"'SEXTO.- La notificación al denunciante o querellante a que se alude en el artículo anterior, se hará por cédula, misma que será fijada en una tabla de avisos que para tal efecto se sitúe en lugar visible y de fácil acceso al público, en el local que ocupa la Agencia del Ministerio Público correspondiente, asentando debida razón en autos. Los escritos que contengan inconformidad sobre las ponencias del no ejercicio de la acción penal, deberán ser dirigidos al agente del Ministerio Público, titular de la mesa investigadora que conozca del asunto, y se recibirán dentro del plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación al querellante o denunciante.'

"'NOVENO.- En caso de recibirse alguna promoción de inconformidad fuera del término que señala el artículo quinto de este acuerdo y el no ejercicio de la acción penal haya sido autorizado, deberá enviarse al subprocurador que corresponda, quien la desechará sin mayor trámite.'

"El artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice lo siguiente:

"'Artículo 52. Los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán: ... IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente, y ...'

"De las transcripciones anteriores se advierte que le asiste la razón al Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal para no aceptar la competencia para conocer del asunto, de conformidad con las consideraciones siguientes:

"En el caso debe estimarse que, efectivamente, el acto reclamado no es una resolución judicial del orden penal, por haber sido emitida por una autoridad administrativa fuera del procedimiento judicial, por lo que el caso, tal y como lo consideró el Juez requerido, encuadra dentro de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa.

"Debe ponerse de manifiesto, además, que en el caso no se trata de analizar el fondo del asunto en cuanto a la demostración de la acción penal, cuestión que se resolverá judicialmente, sino sólo de verificar (en caso de que resulte procedente el amparo), la legalidad del punto de vista de la autoridad administrativa sobre la no concurrencia de los requisitos para ejercitar la acción penal, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 286 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que dice: 'Cuando aparezca de la averiguación previa que existe denuncia o querella, que se han reunido los requisitos previos que en su caso exija la ley y que se han acreditado los elementos del tipo y la probable responsabilidad del indiciado, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante el órgano jurisdiccional que corresponda.'.

"Por tanto, en el caso es evidente que el acto reclamado se examinará sólo en su aspecto administrativo, puesto que la responsable no es autoridad judicial.

"Finalmente, debe decirse que la Juez Federal declinante, para resolver declararse incompetente para conocer del asunto, debió apoyarse en disposiciones vigentes y no en posibles reformas a la Ley de Amparo o a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tomando en cuenta que el acto que se reclama no está previsto dentro de las hipótesis del artículo 51 de la citada ley orgánica vigente, que establece la competencia de un Juez de Distrito en Materia Penal; razón por la cual es incorrecta su determinación.

"En las relacionadas condiciones, este Tribunal Colegiado considera que como el acto reclamado no es una resolución judicial del orden penal, sino que proviene de una autoridad administrativa, compete a la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal conocer de la demanda de amparo, origen del presente conflicto competencial.

"Es aplicable al caso, por analogía, la tesis número 6206, visible en las páginas 510 y 511 de la sección segunda, precedentes que no han sentado jurisprudencia, de la primera parte, Tribunal en Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, cuyo tenor literal es el siguiente:

"'AVERIGUACIÓN PREVIA, ACTOS QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DE LOS PARTICULARES EN. ES COMPETENTE PARA CONOCER EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.- En los casos de actos que afectan el patrimonio de los particulares, durante la averiguación previa, no se está en presencia de resolución judicial alguna, pues los actos reclamados emanan no de una autoridad judicial, sino que han sido atribuidos a autoridades que tienen el carácter de administrativas, como lo son el procurador general de la República y el director de Averiguaciones Previas. Tampoco se trata de actos que afecten la libertad personal ni de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro ni de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, ya que los reclamados tienden a la afectación del patrimonio del quejoso. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se haga referencia a las violaciones al artículo 16 constitucional en materia penal, y que por ello pudiera pensarse que siempre que se trate de violaciones de tal naturaleza, se dé la competencia en favor de los Jueces de Distrito en materia penal, pues, en primer lugar, si se hace tal diferencia, no es por otro motivo sino porque las transgresiones al precepto constitucional aludido pueden verificarse en cualesquiera materias, ya penal, ya administrativa o ya civil y, en segundo, porque a lo único a que hace alusión este párrafo es a la opción que se otorga al interesado de promover el juicio de garantías ante el Juez de Distrito respectivo, o bien ante el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada.'. Competencia 177/81. Juez Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 3 de septiembre de 1985. Unanimidad de 21 votos. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velazco."

TERCERO.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para decidir el conflicto competencial 10/95, se apoyó en las consideraciones que a continuación se insertan:

"PRIMERO.- Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito es competente para conocer el presente conflicto competencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Constitución Federal, 33, 34, 35 y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo 1/93 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, que actualiza el diverso 1/88, porque se trata de un conflicto de competencia entre Jueces de Distrito de la misma jurisdicción, siendo que este órgano colegiado tiene jurisdicción sobre los dos.

"SEGUNDO.- Este Tribunal Colegiado considera que el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal es competente para conocer de la demanda de amparo indirecto presentada por Roberto Avayou Azicri en contra de los actos del procurador, subprocurador de Averiguaciones Previas, director general del Sector Central y Ministerio Público titular de la Mesa Dos Especial del Sector Central en Delitos Patrimoniales no Violentos, todos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, consistente en la resolución que confirma el acuerdo emitido por el titular de la Fiscalía Dos de Delitos Patrimoniales no Violentos, relativa al no ejercicio de la acción penal, atento las consideraciones siguientes:

"En primer lugar, debe decirse que respecto a la procedencia del juicio de amparo indirecto de la competencia de un Juez de Distrito, conviene destacar que los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, literalmente establecen lo siguiente:

"'Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; ...'

"'Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.'

"Por otra parte, el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:

"'Artículo 114. El amparo se pedirá ente el Juez de Distrito: I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamento de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido ... V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca en favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería; VI. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o. de esta ley.'

"Asimismo, los numerales 51, fracciones I, II y III y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, expresamente disponen lo siguiente:

"'Artículo 51. Los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo.'

"'Artículo 52. Los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán: ... IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente ...'

"Ahora bien, del contenido de los preceptos transcritos en la parte que interesa, se advierte que, en términos generales, procede el juicio de amparo indirecto, cuyo conocimiento corresponde a un Juez de Distrito, cuando el acto reclamado no provenga de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; es decir, que el acto provenga de autoridades administrativas o distintas de la judicial, como en el presente caso en tratándose del Ministerio Público.

"En ese orden, para delimitar la competencia del Juez de Distrito que deberá conocer del juicio de amparo promovido por Roberto Avayou Azicri contra el acto emanado por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con motivo de la averiguación previa SC/1591/94-02, que determinó el no ejercicio de la acción penal, debe precisarse la naturaleza jurídica formal de la institución del Ministerio Público, ya que se le ha reconocido como un organismo independiente de cualquier autoridad judicial o administrativa, aun cuando jerárquicamente dependa del Poder Ejecutivo, pero esa dependencia es únicamente orgánica y no funcional, como más adelante se demostrará.

"Lo anterior es así, ya que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio Público de esta capital, para el despacho de los asuntos que dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley orgánica de la preindicada procuraduría y de otras disposiciones legales, por lo que, por disposición constitucional, se desprende claramente y en forma categórica que la principal atribución del Ministerio Público es la persecución de los delitos, aun cuando su actuación en el ámbito práctico-jurídico, también se extiende hacia otras ramas del derecho y de la administración pública, basada fundamentalmente en el espíritu y principios postulados por el Constituyente de 1917, de preservar, sobre todas las cosas, a la sociedad y al Estado del delito.

"En el ámbito del derecho penal, el Ministerio Público fundamentalmente realiza, como ya se ha manifestado, la función de investigación y persecución de los delitos ante los tribunales de una manera exclusiva, la que desempeña con el objeto de mantener al margen de los mismos tanto a la sociedad como al Estado.

"Asimismo, debe precisarse que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público según lo dispone el artículo 2o. del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la cual nace cuando se ha infringido una norma de carácter penal, y precisamente es el órgano investigador, que una vez enterado de que ha sido violada una norma penal y previa satisfacción de los requisitos que marca la ley, será el encargado de ejercitarla ante el órgano jurisdiccional; igualmente debe recordarse que de acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acción penal se desarrolla en tres diferentes periodos: el de investigación, el de persecución y el de acusación; el primer periodo de investigación que comprende la fase de averiguación previa o también llamado periodo de preparación de la acción penal; es aquel que se inicia en el momento mismo en que el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho delictivo y culmina al momento en que éste se encuentra en condiciones de ejercitar la acción penal; empero, durante esa fase de averiguación previa, después de ordenar la práctica de diversas diligencias y dirigir a la Policía Judicial en la investigación que se haga para comprobar los elementos del tipo del ilícito de que se trate y la demostración de la probable responsabilidad del inculpado, así como a la reparación del daño, no siempre ejercita la acción penal, sino que puede proponer la resolución de reserva, o bien, resolver el no ejercicio de la acción penal o consulta de archivo, como aconteció en la especie, en que el Ministerio Público Titular de la Fiscalía Dos de Delitos Patrimoniales no Violentos del Sector Central resolvió el no ejercicio de la acción penal, resolución que fue confirmada por el subprocurador de Averiguaciones Previas y enviada al archivo el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco.

"De lo antes señalado, se deduce que el Ministerio Público, durante la averiguación previa, realiza actividades procedimentales de naturaleza penal (investigación del delito y persecución del delincuente), ello en función del derecho de persecución que nace del Estado, cuando se ha cometido un hecho delictuoso y, con ello, implícitamente nace el deber del propio Estado de perseguirlo y castigar a los responsables.

"En las condiciones apuntadas, si bien es evidente que el acto reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sino en su diverso 52, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, no obstante lo anterior, resultaría ilógico que un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa conociera de un acto eminentemente de naturaleza penal (violaciones en el trámite de la averiguación previa, al negarse el representante social a ejercitar la acción penal), ya que jurídicamente no podría abocarse a dilucidar si de las diligencias realizadas por la autoridad investigadora (no administrativa) eran suficientes o no y si con ellas se integraban los elementos configurativos del ilícito o los ilícitos de que se trata y la probable responsabilidad del activo en su comisión, lo que, en un momento dado, sí lo podría hacer el Juez de Distrito, conocedor de amparo en materia penal.

"No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado que en relación con el tópico jurídico de no ejercicio de la acción penal, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se adicionó el artículo 21 de la Constitución General de la República, expresamente en la forma siguiente:

"'... Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.'; además, el espíritu de esa reforma es el de sujetar al control de legalidad las resoluciones del no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, dejando al legislador ordinario el definir la vía y la autoridad competente para resolver estas cuestiones, más aún que nuestra Constitución Federal encomienda la persecución de los delitos a dicho representante social y le confiere la facultad de ejercitar la acción penal siempre que existan elementos suficientes para confirmar la probable responsabilidad de una persona y la existencia del delito, pero cuando no lo hace, aun existiendo estos elementos, se propicia la impunidad y, con ello, se agravia todavía más a las víctimas o a sus familiares, por lo que no debe tolerarse que por el comportamiento negligente, y menos aun por actos de corrupción, quede ningún delito sin ser perseguido; por tal razón, la referida adición tiene la finalidad de disponer que la ley fije los procedimientos para impugnar las resoluciones del Ministerio Público que determinen el no ejercicio de la acción penal, y así, se plantea que el Congreso de la Unión o, en su caso, las Legislaturas Locales analicen quienes habrán de ser los sujetos legitimados, los términos y condiciones que habrán de regir al procedimiento y la autoridad competente que presente la cuestión para su resolución, que podrá ser jurisdiccional o administrativa, según se estime conveniente, pretendiendo con ello zanjar un añejo debate constitucional que en los hechos impida que las omisiones del Ministerio Público fueran sujetas a un control de legalidad por un órgano distinto.

"Luego entonces, resulta incuestionable que en el caso particular no le asiste la razón al Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal para dejar de conocer del juicio de garantías promovido por el quejoso Roberto Avayou Azicri, por el hecho de que con la reforma constitucionalexiste una laguna en la ley secundaria y, por ende, se deja de conocer del asunto que se le plantea, considerando de manera incorrecta que es competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, no obstante que la naturaleza del acto reclamado sea eminentemente penal (negativa a realizar diligencias para la investigación del delito y el no ejercicio de la acción penal), que es lo que impide jurídica y materialmente que conozca un Juez de Distrito en Materia Administrativa.

"Por tanto, si el acto de no ejercicio de la acción penal, reclamado en la demanda de garantías en mención, emana de la Subprocuraduría General de Averiguaciones Previas, que confirma el acuerdo de ponencia emitido por el titular de la Fiscalía Dos de Delitos Patrimoniales no Violentos del Sector central de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, consecuentemente, dicha resolución es de naturaleza penal, pues proviene de una autoridad con funciones propias, no administrativas, regulada por leyes de la materia penal y, por ende, el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal debe conocer de la referida demanda y precisamente por esto resulta inaplicable la tesis citada en su primera resolución de incompetencia que se refiere a los actos que afectan el patrimonio de los particulares durante la averiguación previa; sin embargo, de acuerdo con las reformas al artículo 21 constitucional, ahora no solamente podrán impugnarse esos actos, sino también la determinación del no ejercicio de la acción penal, como acontece en la especie.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la décimo segunda tesis relacionada con la jurisprudencia 29, publicada en las páginas sesenta y nueve y siguiente, Primera Parte de la compilación oficial de los fallos 1917-1988, que literalmente dice:

"'JUECES DE DISTRITO EN EL DISTRITO FEDERAL, COMPETENCIA DE LOS, PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA ORDEN DE RESTITUIR LA COSA OBTENIDA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO.- Cuando el quejoso promueve el juicio de garantías contra la orden de restituir la cosa obtenida por la comisión de un delito que se le imputa, es verdad que dicha exigencia está concatenada con el proceso penal que se le sigue y funciona evidentemente movida por el efecto de una resolución judicial que aparece como acto generador y con el mismo carácter del proceso que se le instruye. En tales condiciones, claramente se determina que la protección de la Justicia Federal que se solicita debe ser resuelta por la jurisdicción del Juez de amparo en materia penal, y no por un juzgado que tramita y decide juicio de garantías cuya materia es meramente civil, con fundamento legal en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 41, fracciones III y IV, que previene la materia de que conocerán los Jueces de Distrito del Distrito Federal en materia penal.'."

CUARTO.- A continuación, por razón de método, se determina si del análisis de las ejecutorias que han quedado transcritas se desprende si existe o no contradicción de criterios entre los sustentados por los tribunales contendientes. Para el examen de que se trata, se sintetizan las consideraciones que sustentan las resoluciones de los tribunales contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostiene lo que a continuación se inserta:

a) El acto reclamado no es una resolución judicial del orden penal, por haber sido emitida por una autoridad administrativa fuera de procedimiento judicial, por lo que el caso encuadra dentro de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece la competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa;

b) Además, no se trata de analizar el fondo del asunto, en cuanto a la demostración de la acción penal que se resolverá judicialmente, sino sólo de verificar (en caso de que resulte procedente el amparo), la legalidad del punto de vista de la autoridad administrativa sobre la no concurrencia de los requisitos para ejercitar la acción penal, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 286 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; es decir, el acto reclamado se examinará sólo en su aspecto administrativo, puesto que la autoridad responsable no es autoridad judicial;

c) La Juez declinante debió apoyarse en disposiciones vigentes y no en posibles reformas a la Ley de Amparo o a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tomando en cuenta que el acto que se reclama no está previsto dentro de las hipótesis del artículo 51 de la citada ley orgánica, que establece la competencia de un Juez de Distrito en Materia Penal;

d) Es aplicable, por analogía, la tesis del Tribunal Pleno, 6206, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA, ACTOS QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DE LOS PARTICULARES EN. ES COMPETENTE PARA CONOCER EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.".

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostiene, en esencia, el criterio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4638-e8cdf666/accion-penal-resolucion-de-no-ejercicio-emanada-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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