INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO.
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 173/96. FRANCISCO ALONSO GARCÍA Y OTROS.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Resulta improcedente el presente incidente de inejecución, toda vez que en la especie no se reúnen los requisitos previstos por el artículo 105 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:
"Artículo 105. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrase en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último.
"Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley.
"Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente; de otro modo, ésta se tendrá por consentida.
"El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El Juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proceda, determinará la forma y cuantía de la restitución."
El análisis detallado de este precepto revela que la apertura del incidente de inejecución de sentencia ante este Alto Tribunal es procedente siempre y cuando se hayan observado previamente las formalidades dispuestas en aquél para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo, a saber, que haya mediado un primer requerimiento a las autoridades responsables para que acaten el fallo protector, que en caso de que éstas sean omisas en hacerlo, se requiera, en su caso, al superior inmediato y, de tampoco lograrse con ello el fin perseguido, se requiera a su vez al superior de este último; y que agotado este procedimiento, el Juez de Distrito declare que no está cumplida la ejecutoria, con lo cual dé lugar a que este Alto Tribunal resuelva sobre el ejercicio de la atribución conferida por el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal.
De las constancias relacionadas en el capítulo de resultandos de esta ejecutoria se advierte que no se han observado todas las formalidades antes descritas, pues se ha requerido a las autoridades responsables, pero no a su superior inmediato, y el Juez de Distrito no se ha pronunciado sobre el cumplimiento de la sentencia.
Así se desprende de considerar que la sentencia de amparo concedió el amparo en contra de los actos reclamados del presidente municipal de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, del director de Abastos y del comandante de la Policía, estos últimos dependientes del primero, y que el superior inmediato de tales autoridades es el Ayuntamiento de dicho Municipio (no el Congreso Estatal a quien el a quo implícitamente atribuyó tal calidad en sus proveídos de fechas veintidós de septiembre y treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco), según se desprende de lo dispuesto por los artículos 115 constitucional y 13, 38, 39, 40, fracciones XX y XXIV y 41, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad de que se trata, que en lo conducente dicen:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representantivo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:
"I. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.
"Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa... "
"Artículo 13. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por los miembros de la planilla que haya obtenido el mayor número de votos, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado."
"Artículo 38. Los acuerdos de los Ayuntamientos se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, el presidente municipal tendrá voto de calidad."
"Artículo 39. Las sesiones serán presididas por el presidente municipal o por quien legalmente lo sustituya."
"Artículo 40. Son atribuciones de los Ayuntamientos:
"...
"XX. Excitar al presidente municipal y a los demás integrantes del Ayuntamiento, así como a los integrantes de las Junta Auxiliares de su jurisdicción, para que cumplan puntualmente con sus deberes;
"...
"XXIV. Revisar y resolver las reclamaciones que se promuevan contra las sanciones impuestas por los funcionarios de su nombramiento, o por el presidente municipal, a los infractores de leyes y reglamentos o acuerdos municipales."
"Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales:
"...
"III. Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus resoluciones, salvo que se designe una comisión especial, o se trate de procedimientos judiciales, en los que la representación corresponde al síndico."
Con arreglo a estos preceptos, el presidente municipal no sólo es un elemento integrante del cuerpo colegiado que es el Ayuntamiento, con la función de presidir sus sesiones, de deliberar con los demás miembros del mismo y de expresar, en su caso, un voto de calidad, sino también es un órgano ejecutor de las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento, encargado, en términos generales, de la función administrativa en la órbita municipal.
Si el presidente municipal en estas condiciones se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento en funciones deliberativas, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas, resulta obligado concluir que para efectos de un juicio de amparo en donde se reclamen actos realizados por dicho funcionario como autoridad administrativa, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye su superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el artículo 105 de la ley de la materia, para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo.
Considerando que en la especie no se ha producido el requerimiento a esta autoridad como superior inmediato de las responsables, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, luego de que operó la sustitución de los titulares de las autoridades responsables, según asentó el Juez de Distrito en su proveído de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis, debe concluirse que, como antes se anunció, es improcedente este incidente.
También es improcedente el incidente debido a que en términos del proveído de dieciséis de abril del año mencionado, el Juez de Distrito ordenó el envío de los autos a esta Suprema Corte con sólo tener a la vista las manifestaciones formuladas tanto por las autoridades responsables como por los quejosos sobre la posibilidad jurídica y material de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que al hacerlo, se pronunciara sobre si, a su juicio, debía tenerse o no por cumplida la sentencia de amparo, pronunciamiento que es precisamente el que hace surgir la jurisdicción de este Alto Tribunal para abrir el incidente de inejecución, según se precisa en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, octubre de 1995, página 311, aplicable por analogía al caso presente, que dice:
"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO SE HA CUMPLIDO CABALMENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLO Y, EN SU CASO, DICTAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS HASTA CONSEGUIRLO.-El artículo 17 de la Constitución previene, en una de sus partes, que las leyes establecerán las medidas necesarias para que se garantice la plena ejecución de las resoluciones. Congruente con ello la Ley de Amparo dispone en su artículo 113 que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional. Asimismo, en los artículos 104 a 113 de este ordenamiento, se señalan las diversas reglas que deben seguirse para conseguir que toda sentencia de amparo se cumpla con exactitud. Dentro de ellas, se previene que el Juez de Distrito, de oficio o a instancia de parte cuando la sentencia no quedase cumplida, abrirá el incidente de inejecución que puede culminar con el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, a saber, la separación de su cargo a la autoridad contumaz y su consignación ante un Juez de Distrito. Ahora bien, dentro de la tramitación del incidente ante el Juez, conforme a las reglas que se fijan en esos dispositivos, la autoridad responsable puede informar que ha cumplido con la sentencia, lo que dará lugar a que el Juez de Distrito dé vista con ello al quejoso para que manifieste lo que a sus derechos convenga. Si al desahogar la vista expresa que la sentencia no se ha cumplido como es debido, el Juez deberá pronunciarse al respecto y en el supuesto de que su conclusión sea negativa deberá dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo e, incluso, dentro de ellas, remitir el asunto a la Suprema Corte para los efectos indicados. Por consiguiente, si ante el acuerdo de dar vista con el informe de cumplimiento de la responsable el quejoso se opone a ello y el Juez remite el expediente a la Suprema Corte, sin hacer pronunciamiento alguno, debe regresársele a fin de que se haga cargo del escrito del quejoso y actúe en la forma que se ha especificado."
Así las cosas, lo procedente es declarar improcedente el incidente y ordenar la devolución de los autos remitidos por el Juez de Distrito, para el efecto de que se observen las formalidades prescritas por el artículo 105 de la ley de la materia, en particular, para que el Juez de Distrito resuelva, como le corresponde, si a su juicio son atendibles las razones expuestas por las responsables sobre la imposibilidad jurídica o material de dar cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada en el juicio número 969/94, promovido por Francisco Alonso García y coagraviados o si, por el contrario, son fundadas las manifestaciones de la parte quejosa, en especial las relativas a la identificación de los predios, para lo cual deberá tener presente el criterio sentado por esta Sala en la tesis publicada en el citado Semanario, Tomo II, febrero de 1996, página 266, que dice:
"INEJECUCIÓN. SI EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE GARANTÍAS REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL, QUE NO PRECISÓ EN EL AMPARO EL JUEZ DE DISTRITO, ÉSTE DEBE ALLEGARSE, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, TODOS LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO CABAL DE LA EJECUTORIA.-Si el Juez de Distrito concedió el amparo para el efecto de que se restituya la posesión de un inmueble a la quejosa ‘tal y como se encontraba antes de la afectación’, sin precisar cuáles eran esas condiciones, para la decisión sobre el cumplimiento de la ejecutoria, debe atenderse al material probatorio que obre agregado en autos; y cuando de las constancias no aparezcan fielmente demostrados los términos del acto de privación, con la consecuente dificultad para conocer la manera idónea en que debe darse el cumplimiento de la ejecutoria, el Juez Federal, aun en la etapa de ejecución de la sentencia, formada con motivo del incidente de inejecución, deberá realizar todas las actuaciones y allegarse todos los elementos que sean necesarios para determinar la materia de la restitución de los derechos violados, según lo permiten los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, inclusive la recepción de pruebas para mejor proveer y la realización de actos tendientes a identificar el inmueble, cuando los dictámenes periciales rendidos en juicio con los que se acreditó la existencia del acto reclamado, resulten insuficientes para precisar la forma de la restitución."
También importa destacar que en el supuesto de que el Juez estime que las autoridades responsable han incurrido en desacato de la sentencia, deberá dictar las diligencias necesarias para agotar el procedimiento tantas veces comentado, entre ellas, la de requerir al Ayuntamiento municipal como superior inmediato de las autoridades responsables.
Por último, resta aclarar que no pasan inadvertidas para esta Sala las razones aducidas por el Juez de Distrito para enviar, anexo a los autos del juicio 969/94 del cual deriva este incidente, el expediente del juicio de amparo 1274/89 promovido por José Reyes Meza y coagraviados (cuyo trámite en la fase de ejecución de sentencia se halla aún inconcluso, pues las autoridades han realizado algunos actos orientados al cumplimiento, al menos formal, de la sentencia), razones que consisten básicamente en la relación que, a juicio del a quo, existe entre ambos asuntos por referirse a los mismo predios.
A este respecto, debe señalarse que en caso de que agotado el procedimiento respectivo, el a quo declare el incumplimiento de la sentencia pronunciada en el juicio del cual deriva este incidente e insista en que se resuelva simultáneamente sobre la ejecución de ésta y de la pronunciada en el expediente 1274/89, será menester que en ambos se haya agotado el procedimiento previsto en el multicitado artículo 105 para que, en su caso, esta Suprema Corte de Justicia esté en aptitud de ejercer su jurisdicción en los dos asuntos.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es improcedente el incidente de inejecución a que este toca corresponde.
SEGUNDO.-Devuélvanse los autos al Juzgado de Distrito para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos de los juicios de amparo 969/94 y 1274/89 al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Fue ponente el Ministro Juan Díaz Romero.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4643-a7646c1f/inejecucion-de-sentencia-cuando-la-autoridad-renuente-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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