ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE EL AMPARO EN CONTRA DEL AUTO QUE APERCIBE CON SU IMPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Las consideraciones vertidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión número 592/96-I son, en la parte que interesa, las siguientes:
"CUARTO.-Los agravios expresados por el recurrente son fundados.
"En efecto, le asiste razón al inconforme al aducir que el Juez de Distrito indebidamente decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, pues alega que por ser el acto reclamado un apercibimiento de arresto no se surte el principio de definitividad que se le impuso, siendo el auto en cuestión del siguiente tenor:
"`Tijuana, Baja California, a tres de julio de mil novecientos noventa y seis. A sus autos el escrito presentado por el endosatario en procuración, registrado 10,299. Como lo solicita se le tiene en tiempo y forma señalando como perito de su parte en relación a la prueba pericial caligráfica ofrecida por la demandada, a el (sic) Arq. Carlos Valdez Otañez. Hágasele saber su nombramiento para los efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido y de aceptarlo téngasele por discernido en su ejercicio, con apoyo en los artículos 1079-VIII del Código de Comercio y 343-1 del código adjetivo civil supletoriamente aplicado al de la materia. A lo demás que peticiona el ocursante túrnense los autos al C. actuario de la adscripción, a fin de que requiera a el (sic) demandado José María Murrieta Ortiz por la entrega de los bienes muebles embargados en la diligencia actuarial de fecha siete de marzo de 1996 y ponga en posesión de los mismos al depositario judicial designado en los términos de lo dispuesto por los artículos 535, 536 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente al de la materia y 1342 del Código de Comercio en vigor para la Federación debiéndole apercibir que en caso de oposición se le impondrá un arresto por treinta y seis horas por desacato a una orden de autoridad judicial, con apoyo en el precepto 73 de la codificación procesal antes invocada. Notifíquese.’
"Ahora bien, tal y como lo alega la parte recurrente, no tenía obligación de agotar el recurso de revocación que prevé el código mercantil, en virtud de que se está en presencia de un acto que se plantea con efecto inminente de privación de la libertad del quejoso, toda vez que de la demanda de amparo se desprende que el inconforme aduce que no podrá entregar los bienes muebles embargados puesto que dice no son de su propiedad, sino de una tercera persona ajena al juicio ejecutivo mercantil 332/96 y, por tanto, que es inminente que se hará efectivo el apercibimiento de arresto en su contra y ante esto, y como lo alega, no tenía obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, ya que opera la regla excepcional que deriva de lo dispuesto en los artículos 17, 117, 22, fracción II y 23 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la demanda de garantías puede promoverse válidamente en cualquier tiempo cuando comprometa la libertad personal.
"Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número P./J. 13/96 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 40 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 1996, Tomo III, que aun cuando se refiere al juicio de amparo cuando se reclama la inconstitucionalidad de la ley que prevé el arresto como medida de apremio, y en el caso se impugna la indebida aplicación de su apercibimiento, los razonamientos expuestos en dicha jurisprudencia tienen debida adecuación al asunto que nos ocupa, siendo su rubro y texto el siguiente: ‘ARRESTO. LA LEY QUE LO ESTABLECE COMO MEDIDA DE APREMIO, PUEDE SER COMBATIDA TANTO CON MOTIVO DEL PROVEÍDO EN QUE SE APERCIBE DE SU IMPOSICIÓN, COMO CON MOTIVO DEL AUTO EN QUE SE ORDENA HACERLO EFECTIVO.-La ley que establece el arresto como medida de apremio puede válidamente ser combatida a través del juicio de amparo con motivo del acuerdo en el que se apercibe al quejoso de manera precisa y categórica con su imposición, por ser éste el primer acto de aplicación del ordenamiento legal que irroga perjuicio al quejoso, al colocarlo en una situación ineludible de cumplimiento; y también, con motivo del proveído en que se ordena hacer efectivo ese medio de apremio aunque dicho auto constituya el segundo acto de aplicación, ya que siendo el arresto un acto autoritario tendiente a privarlo de la libertad personal, opera la regla excepcional que deriva de lo dispuesto en los artículos 17, 117, 22, fracción II y 23 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la demanda de garantías puede promoverse válidamente en cualquier tiempo, por existir una razón de protección preferente a un bien superior desde el punto de vista axiológico y jurídico, como es la libertad personal.’.
"Por las anteriores consideraciones, este tribunal no comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la jurisprudencia número 630, que aparece publicada en la página 421 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, cuyo rubro es el siguiente: ‘ARRESTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR NO AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS EN CONTRA DEL AUTO QUE APERCIBE CON IMPONER TAL MEDIDA DE APREMIO (CÓDIGO DE COMERCIO).’, por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, procederá remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva la contradicción."
CUARTO.-Las consideraciones vertidas por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los juicios de amparo en revisión números 233/89, 202/90, 203/90, 323/90 y 148/91, en lo conducente, son las siguientes:
Juicio de amparo en revisión número 233/89:
"TERCERO.-Los agravios transcritos deben desestimarse por lo siguiente: el recurrente sostiene, en síntesis, que la sentencia recurrida le causa agravio, en virtud de que sin notificarle ninguna resolución dentro de juicio alguno, decretaron en su contra el arresto, por lo que se infringieron sus garantías individuales, y en este orden de ideas, procede revocar dicha sentencia.
"Las anteriores argumentaciones son inatendibles, porque además de que el quejoso no combate los razonamientos de la sentencia recurrida, lo que expresa en tales argumentaciones carece de consistencia jurídica. En efecto, los artículos 73, fracción XVIII y 192 de la Ley de Amparo disponen: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’ ‘Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.-Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce Ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas.-También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.’.
"Por otra parte, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 19, visible a foja 38 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985 establece: ‘ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.-El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.’.
"De los párrafos anteriores se desprende, en primer término, que el juicio de garantías es improcedente en los casos en que tal improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en segundo, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito; y, por último, conforme a la jurisprudencia transcrita, el amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que son consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.
"En la especie, en las copias certificadas del expediente número 1532/87, que el Juez responsable adjuntó a su informe justificado, a las que se concede pleno valor probatorio en los términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, corren agregadas, entre otras, las siguientes: 1. Auto de fecha seis de enero de mil novecientos ochenta y nueve, mediante el cual se requirió a la parte demandada, hoy quejoso, la entrega al depositario de los bienes embargados, apercibido que de no hacerlo en el término de tres días, se le impondría un arresto por cinco días. Este auto se notificó a Alfredo Ramírez López el día doce del mismo mes y año, mediante instructivo que se dejó en poder de Candelaria Sarmiento Hernández, según se asienta en la razón que obra a foja veintitrés de las referidas constancias, razón que no fue objetada de falsa. Ahora bien, dicho auto causó un agravio no reparable en la sentencia definitiva, por lo que el propio quejoso debió agotar en contra del mismo el recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio, de tal manera que al no hacerlo así, dicho auto fue consentido.
"En las condiciones apuntadas, y dado que el arresto es una consecuencia lógica y natural del auto anterior, es incuestionable que se trata de un acto derivado de otro consentido y, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 invocado de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 192 de la misma ley y la jurisprudencia transcrita, lo que justifica que se confirme el sobreseimiento decretado en el fallo que se revisa. Sobre el particular, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número 57, visible en la página 87 de la Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, publicada bajo el rubro: ‘ARRESTO. SOBRESEIMIENTO EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DE.-Cuando en el juicio de garantías se reclama el auto que decreta la imposición del arresto con el que fue apercibido el quejoso, como medida de apremio dentro de un procedimiento civil en el que es parte, y no hizo valer los recursos ordinarios que la ley le concede contra el apercibimiento con el que fue conminado, el amparo resulta improcedente porque tal resolución no es sino la consecuencia lógica y natural del acuerdo con el que se previno al quejoso, el cual no fue impugnado y por lo mismo tal imposición del arresto es un acto derivado de otro que la ley reputa como consentido, configurándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 15, publicada bajo el rubro «ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS.», en la página cuarenta y tres, de la Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos setenta y cinco.’."
Juicio de amparo en revisión número 202/90:
"... Se aduce también en los agravios, que el Poder Judicial ejerce funciones materialmente administrativas, que únicamente los actos encaminados a impulsar el procedimiento judicial son formalmente judiciales y, por exclusión, los demás actos resultan materialmente administrativos, tales como los requerimientos o apercibimientos, por lo que con relación al apercibimiento de arresto reclamado ‘tiene aplicación analógica la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, ante la falta de suspensión al procedimiento, los quejosos quedaron exentos de agotar tal medio de defensa ordinario’ (incidente de nulidad de actuaciones); por lo que es inexacto que el auto de fecha nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve esté consentido.
"Al respecto, cabe indicar que contrariamente a lo argumentado por los ahora recurrentes, el auto dictado por el Juez responsable el nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, mediante el que se requirió a los demandados para que permitieran tomar posesión de su cargo al interventor con cargo a la caja de la negociación que representan legalmente dichos demandados, apercibidos para que en caso de no hacerlo se decretaría un arresto en su contra hasta por ocho días, no constituye un acto administrativo, sino un acto eminentemente judicial por encontrarse dictado por un Juez dentro de un juicio, por lo que resultan inatendibles los argumentos concernientes a que dicha resolución de nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve es un acto materialmente administrativo y que por ello tenga aplicación analógica la fracción XV del artículo 73 aludido, que se refiere concretamente a actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
"Por otra parte, tal y como lo sostiene el Juez Federal en el fallo que se revisa, el referido auto que contiene el apercibimiento de arresto no fue impugnado mediante el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1341 del Código de Comercio y por ello resulta ser una resolución consentida por los ahora quejosos, y si éstos afirman que el propio auto no les fue debidamente notificado, tal circunstancia también debieron hacerla valer ante la potestad común, ya que no es dable que en la vía constitucional se analice la legalidad de una notificación, si ello no fue hecho valer ante la autoridad de instancia. Debiendo concluirse, por tanto, que el auto mencionado con antelación, de fecha nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, fue consentido por los demandados en el juicio natural y ahora quejosos, toda vez que no fue impugnado mediante el recurso de apelación ni se hizo valer el incidente de nulidad de actuaciones por una supuesta indebida notificación del mismo. Es aplicable al caso el criterio sostenido por este Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión número 233/89, que a la letra dice: ‘ARRESTO, ES APELABLE EN MATERIA MERCANTIL EL AUTO QUE APERCIBE CON LA IMPOSICIÓN DE.-De conformidad con el artículo 1341 del Código de Comercio por causar un agravio no reparable en la sentencia definitiva es apelable el auto dictado dentro del juicio por medio del cual se apercibe con arresto para el caso de incumplimiento de lo ordenado por el Juez, de tal manera que lo consiente el interesado si no ejercita dicho recurso.’.
"Por otra parte, la orden de arresto decretada el veintitrés de enero de mil novecientos noventa, no es más que una consecuencia lógica y natural del auto mediante el que se apercibió con la imposición de dicha medida de apremio, y que como ya se ha establecido, fue consentido por los ahora quejosos en su carácter de representantes legales de la sociedad demandada, por lo que resulta inconcuso que correctamente el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento respecto del arresto reclamado."
Juicio de amparo en revisión número 203/90:
"El agravio identificado con el inciso b) resulta inatendible.
"En éste, el recurrente aduce que en contra del proveído que le previno con imponerle una multa, interpuso recurso de revocación porque estimó que se trataba de un simple apercibimiento. Que conforme al artículo 1341 del Código de Comercio, la apelación sólo procede contra actos que causen un gravamen no reparable en la definitiva, y el apercibimiento de que fue objeto puede considerarse ‘un decreto’, esto es, una simple determinación de trámite, ya que no le causa un gravamen sino que tal apercibimiento de multa sólo contenía un error en cuanto a exigirle la entrega de bienes muebles, siendo que bienes de esa naturaleza no se le habían embargado en la diligencia respectiva, razón por la que el recurso procedente contra tal apercibimiento era el de revocación en términos del artículo 1334 del Código de Comercio.
"El anterior argumento debe desestimarse, habida cuenta de que el recurrente combate el proveído de veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, por el cual se le previno con imponerle una multa, y sostiene que el recurso procedente contra tal auto era el de revocación previsto por el artículo 1334 del Código de Comercio. Sin embargo, el acto reclamado en el juicio de amparo de donde deriva el presente recurso lo es el proveído de nueve de febrero de mil novecientos noventa, por el cual se le impone al quejoso, hoy recurrente, una multa por el importe de ocho días de salario mínimo. Y si bien de autos aparece que contra el proveído de veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, por el que se previno al quejoso, hoy recurrente, con imponerle una multa, éste interpuso recurso de revocación, también es cierto que de las constancias de autos se advierte que por auto de fecha diez de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, el Juez responsable desechó el referido recurso de revocación con fundamento en el artículo 1341 del Código de Comercio (foja 44).
"Así pues, resulta inatendible que el hoy recurrente pretenda combatir la naturaleza del proveído de veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, y la procedencia del recurso de revocación contra éste. Siendo que el agravio que aquí se estudia debió haberlo hecho valer al inconformarse contra el auto que desechó su recurso y al no hacerlo así, precluyó su derecho, máxime que de autos se advierte que el quejoso hoy recurrente consintió el proveído o se tuvo por no interpuesto el multicitado recurso de revocación.
"Los agravios identificados con los incisos a) y c) resultan inatendibles.
"En éstos, el recurrente aduce que el Juez Federal no tomó en cuenta las pruebas que aportó con objeto de apoyar sus conceptos de violación, de las que se puede apreciar que se le exige la entrega de bienes muebles que nunca le fueron embargados.
"Tal argumento resulta inatendible, dado que el Juez Federal decretó el sobreseimiento del juicio de garantías y en tales condiciones resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 279, visible a foja 479, Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que dice: ‘SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE ENTRAR A SU ESTUDIO.-De estimarse que procede el sobreseimiento del juicio de amparo, no existe motivo legal para examinar y valorar las pruebas tendientes a demostrar los hechos a que se refieren los conceptos de violación expresados en la demanda, lo que únicamente hubiera sido necesario en el caso de entrarse al estudio del fondo del negocio.’.
"Independientemente de lo anterior, cabe destacar que si contra el auto que apercibió al quejoso con imponerle una multa no interpuso el recurso de apelación, en relación con la cuantía del asunto, en términos de los artículos 1340 y 1341 del Código de Comercio, dado que tal apercibimiento no puede repararse en la definitiva, puesto que la sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas en términos del artículo 1327 del ordenamiento legal en contra (sic), sino que el quejoso, hoy recurrente, contra tal prevención interpuso el diverso recurso de revocación, el cual le fue desechado y contra ese fallo el quejoso no se inconformó mediante el juicio de amparo correspondiente, sino que lo hizo contra el auto que decretó la multa en cumplimiento del que lo previno, es incuestionable que el juicio de amparo resulta improcedente por derivar el acto reclamado de uno que fue consentido."
Juicio de amparo en revisión número 323/90:
"TERCERO.-Son infundados los agravios hechos valer.
"En efecto, del análisis de la demanda de garantías intentada por Juan Zacatelco Vázquez, se advierte que el acto reclamado lo constituye la orden de arresto dictada en su contra dentro del expediente 829/88, tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil de esta capital.
"Ahora bien, de acuerdo a las constancias remitidas por el Juez responsable, se concluye que el acto reclamado deviene de un juicio ejecutivo mercantil, el cual evidentemente está regido por las disposiciones relativas del Código de Comercio.
"Dicho ordenamiento establece en el artículo 1340 (sic) que los autos que causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva son apelables, siempre que el interés del negocio exceda de ciento ochenta y dos días de salario mínimo (En el presente caso, la cuantía del negocio excede de lo equivalente de esos ciento ochenta y dos días de salario que en cantidad líquida sería de un millón quinientos treinta y nueve mil setecientos diez pesos, ya que la susodicha cuantía del asunto es de diez millones de pesos, según consta en la demanda del juicio natural).
"En estas condiciones, si con fecha quince de junio del año en curso (foja noventa y cinco del juicio de garantías), se dictó un auto a través del cual se apercibió al hoy recurrente con la aplicación de un arresto, es inconcuso que tal acto no podía ser reparable en la sentencia definitiva, ya que el mismo no podía ser materia de ésta, razón por la cual el hoy inconforme debió agotar el recurso ordinario establecido para poder lograr su revocación o modificación.
"En consecuencia, si de las susodichas constancias se advierte que el solicitante del amparo no combatió el apercibimiento de arresto que se decretó en su contra, es patente que el juicio de garantías promovido en contra de la orden de arresto en sí, resulte improcedente, ya que tal resolución no es sino la consecuencia lógica y natural del acuerdo con el que se previno al quejoso, el cual, como ya se dijo, no fue impugnado. Por tal razón, la imposición del arresto es un acto derivado de otro que la ley reputa como consentido, configurándose la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 193 del propio ordenamiento y la tesis de jurisprudencia número 19, visible a foja 38 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio con apoyo en el diverso 74, fracción III, de dicho ordenamiento. La mencionada tesis establece lo siguiente: ‘ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.-El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.’.
"En el mismo sentido se ha pronunciado este cuerpo colegiado al fallar el amparo en revisión número 233/89, promovido por Alfredo Ramírez López, en el que se sustentó la siguiente tesis: ‘ARRESTO. NO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1341 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DETERMINA QUE AQUÉL TENGA EL CARÁCTER DE ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO.-El apercibimiento de arresto causa un agravio no reparable en la sentencia definitiva, por lo que debe impugnarse mediante el recurso de apelación previsto en el artículo 1341 del Código de Comercio. Ahora bien, si el arresto es consecuencia lógica y natural del auto anterior, debe considerarse acto derivado de otro consentido, si el quejoso no agota el mencionado recurso, en contra del apercibimiento.’.
"No es óbice para lo anterior lo argumentado por el hoy inconforme, en el sentido de que en términos de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, sí era procedente el juicio de garantías, ya que el recurso de apelación a que hizo alusión el Juez Federal no suspendería de ninguna manera la ejecución de la medida de apremio.
"En efecto, si bien es cierto que de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia se deduce que el afectado no está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa cuando éstos no suspendan los efectos del acto combatido, también lo es que esto sólo es aplicable cuando ese acto emane de una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por tanto, si en el presente caso el acto de apercibimiento fue dictado por un tribunal judicial, es patente que el supuesto contemplado en la susodicha fracción no puede ser aplicable en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio: ‘AMPARO IMPROCEDENTE EN MATERIA CIVIL. OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA.-En los juicios de orden civil, se establece como requisito para la procedencia del juicio de garantías, cumplir con el requisito de definitividad, agotando los recursos y medios de defensa establecidos por la ley común, tal como lo establece el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, independientemente de que tales medios suspendan o no el acto reclamado, por no condicionar el citado ordenamiento, la obligación de cumplir con el principio de definitividad, a que con los recursos se suspenda o no el acto reclamado, como acontece en los juicios de garantías de materia administrativa, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la invocada Ley de Amparo. Amparo en revisión 897/75.-Octavio Rojas Castañeda.-29 de marzo de 1976.-Unanimidad de votos.-Ponente: Ricardo Gómez Azcárate.-Secretaria: Irma Moreno Montiel.-Informe de 1976. Tercera Parte. Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Tesis 7. Página 338.’.
"De acuerdo a lo anterior, es claro que para cumplir con el principio de definitividad el quejoso estaba obligado a agotar el recurso de apelación en contra del auto de apercibimiento, independientemente de que con esto se suspendiera o no el acto combatido.
"Finalmente, el hecho de que el arresto sea el acto que afecte la libertad personal del recurrente, esto de ninguna manera podría provocar que en el juicio de amparo se analizara la legalidad del susodicho acto, ya que en todo caso y para que esto procediera, era indispensable que previamente se hubiese impugnado el apercibimiento respectivo, con el fin de que el arresto no pudiera considerarse un acto derivado de otro consentido, pero al no haberse hecho así, es innegable que la legalidad de ese arresto no puede ser abordada en el juicio constitucional, al haberse consentido la legalidad del multicitado apercibimiento.
"Por tanto, y si con el acto reclamado se llega a afectar la libertad personal del quejoso, esto simplemente es como consecuencia de que ese acto es uno derivado de otro consentido que no fue combatido a través del medio ordinario de defensa y que, por ende, quedó firme."
Juicio de amparo en revisión número 148/91:
"Por lo que se refiere a la improcedencia de la acción constitucional, en relación con la orden de arresto debe decirse lo siguiente: los artículos 73, fracción XVIII y 192 de la Ley de Amparo disponen: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’ ‘Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.-Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce Ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencia de Salas.-También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.’.
"Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 70, visible a foja 116, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, establece: ‘ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.-El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.’.
"De los párrafos anteriores se desprende, en primer término, que el juicio de garantías es improcedente en los casos en que tal improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en segundo, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito y, por último, conforme a la jurisprudencia transcrita, el amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que son consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.
"En la especie, las constancias enumeradas denotan que el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías, en cuanto a la orden de arresto, se ajusta a derecho, porque como bien lo expresó el Juez de Distrito, el acuerdo de seis de diciembre de mil novecientos noventa, a través del cual se apercibió al ahora quejoso con imponerle tal medida de apremio, debió impugnarlo a través del recurso de apelación, según lo previsto en los artículos 1336 y 1340 del Código de Comercio, máxime que dicho auto se notificó al propio quejoso el día siete del mismo mes y año, según se asienta en la razón que corre agregada en autos; de tal manera que al no haber recurrido ese auto, el mismo debe estimarse consentido.
"En las condiciones apuntadas y dado que el arresto es una consecuencia lógica y natural del auto anterior, es incuestionable que se trata de un acto derivado de otro consentido y, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 192 de la misma ley y la jurisprudencia transcrita
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4654-a1650da6/arresto-como-medida-de-apremio-procede-el-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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