AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES EN ESA RESOLUCIÓN CUANDO DE SER PROCEDENTE DEBE DECRETARSE LA SUBSUNCIÓN DE MODALIDAD EN UN DELITO CONTRA LA SALUD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver en el toca penal 61/96, por mayoría de votos, los recursos de revisión, interpuestos por el Tercer Tribunal Unitario de ese circuito y el agente del Ministerio Público de la Federación, derivados del juicio de amparo indirecto número 9/95, sostuvo la tesis V.2o.19 P, visible en la página quinientos noventa y ocho, del Tomo III, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que se lee:
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO ES EN EL. CUANDO SE DEBA DECRETAR LA SUBSUNCIÓN DE MODALIDAD EN UN DELITO CONTRA LA SALUD. SINO QUE DEBE SER EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.-Como el delito contra la salud puede configurarse por una o más de las diversas modalidades que señalan los artículos 194 y 195 del Código Penal Federal, no es en el auto de formal prisión donde el juzgador se encuentra constreñido a decretar la subsunción de modalidades, sino hasta que culmine el periodo de instrucción al dictar sentencia definitiva, pues es donde tendrá una apreciación más completa y precisa a través de los elementos de prueba que aporten las partes, surgiendo en ese momento su obligación a decretar la subsunción correspondiente, es decir, cuando vaya a proceder a individualizar la sanción correspondiente."
TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 63/89, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso Federico Lozada Cebreros, derivado del juicio de amparo indirecto 175/89-1, que dio lugar a la tesis publicada con el título "SALUD, DELITO CONTRA LA. POSESIÓN Y TRANSPORTACIÓN", la cual dice:
"El a quo estuvo en lo correcto al estimar ajustado a derecho el auto de formal prisión combatido, ya que la responsable adecuó debidamente la conducta desplegada por el inculpado al caso concreto contenido en el artículo 197 fracción I del Código Penal Federal, aplicando así exactamente la ley y no por analogía como erróneamente se afirma pues es cierto que quien transporta un estupefaciente debe forzosamente poseerlo y en ese sentido, la posesión queda comprendida dentro de la transportación. Sin embargo, no debe perderse de vista que cualquiera que sea la modalidad, el delito permanece en su unidad como una sola infracción penal; ahora bien, el inconforme en atención a que el Juez responsable estimó que no se actualizaba la modalidad de transporte, sostiene que su conducta encuadra dentro de esta modalidad y no por la que se le declaró formalmente preso, aduciendo que si bien es verdad que poseía lo que transportaba, también es (sic) que, específicamente realizaba dicha transportación como conducta reprochable por el artículo 197 fracción I del Código Penal Federal; sin embargo, es de explorado derecho que por la subsunción no es factible sancionar simultáneamente ambas modalidades y que técnicamente debe conservarse la menos genérica o más específica o calificada, en el caso la transportación. Pero si como en la especie por un error de técnica jurídica o por determinadas situaciones procesales, el hecho se aprecia dentro de la hipótesis más general (posesión), con exclusión de la particular (transportación), no se violan las garantías del acusado por el hecho de que una modalidad absorba a otra, significa sólo que no puedan considerarse ambas simultáneamente coexistentes, pero sí alternativamente una y otra, de tal forma que al así haberlo considerado el Juez responsable en el auto de formal prisión, éste no resulta violatorio de garantías individuales, razón por la cual la sentencia recurrida al negar el amparo solicitado no infringe los dispositivos legales invocados por el inconforme."
CUARTO.-Previo al análisis de la contradicción de tesis denunciada, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima conveniente transcribir la parte conducente de las resoluciones de los juicios de amparo en revisión en que se dice sostener cada una de las tesis.
La resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, resuelta por mayoría de votos, es la siguiente:
"Revisión principal número 61/96 penal. Recurrentes: Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito y el Agente del Ministerio adscrito a ese tribunal.
"CONSIDERANDO ... TERCERO.-El Magistrado del Tercer Tribunal Unitario formuló los siguientes agravios: ‘La sentencia de amparo recurrida, se sustenta fundamentalmente, en las siguientes consideraciones: a) Que resulta inexacto que la comisión de la modalidad de transportación de marihuana en la diversa de posesión del mismo enervante, conlleve a imposibilitar al Ministerio Público para que aportara nuevos elementos de convicción, a efecto de acreditar la autonomía de dichas modalidades, ya que el pronunciamiento del auto de libertad respecto de la variante de transportación, se realizó con las reservas de ley. b) Que los hechos que motivaron la incoación del ejercicio de la acción penal. Se circunscribieron estrictamente al traslado de la marihuana realizado desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hasta el lugar donde se incautó el enervante y en esas circunstancias el proceder de este tribunal responsable, consistente en revocar el auto de libertad y pronunciar la formal prisión, o lo que se refiere a la modalidad de transportación de marihuana, resultó ilegal, porque no se puede hacer extensivo el enjuiciamiento, por actos que no formaron parte de la acusación preliminar. c) Que este tribunal responsable al tomar la precaución con la que motivó el sentido de su fallo, parece preocuparse de allanarle los caminos al Ministerio Público o facilitarle en cualquier forma a trayectoria, para asegurarle un fallo de acuerdo a sus intereses, lo que se considera una invasión flagrante a la exclusiva facultad constitucional del Ministerio Público, a que es esta autoridad la que se tiene que preocupar por demostrar la existencia de la diversa modalidad que se había declarado subsumida en otra. Previamente debe establecerse que liberar anticipadamente a un indiciado, para efectos de no imponer mayor carga procesal a su defensa, equivale a destruir el sistema de valoración de las pruebas haciendo nugatoria la disposición plasmada en el artículo 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, a trastocar el principio de la autoridad y autonomía judicial y forzar al órgano jurisdiccional a retorcer los fundamentos y los motivos que ineludiblemente debe exponer en su resolución, en contravención al artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Penales, a reducir su arbitrio en aras de la defensa de un acusado y liberarlo anticipadamente, a pesar de que está sujeto a las resultas de un proceso que tiene base y fundamentos constitucionales, puesto que es evidente que el auto de formal prisión y la resolución emitida por este tribunal se sustentan en las prevenciones establecidas por el artículo 19 y 21 de la Constitución Mexicana y no son resoluciones arbitrariamente libradas, sino emitidas con apego a las normas legales sustantivas y procesales, que enmarcan la actuación de todo juzgado. En ese orden de ideas, no es correcto lo que sostiene el tribunal de amparo en el sentido de que en la resolución de esta responsable se esté precisando en definitiva que José Félix Landey Flores sea el responsable del delito contra la salud en las modalidades de transporte y posesión de marihuana, sino que únicamente se está dejando señalado en el auto de formal prisión, cuál es el delito por el que se seguirá el proceso, sin que le cause agravio la circunstancia de que se precisen dos modalidades, puesto que es evidente que al conocer los hechos en los que se funda el proceso y la acusación, dicho inculpado está en aptitud de esgrimir su defensa ampliamente en contra de los hechos en sí mismos considerados, sin que implique un agravamiento de su situación jurídica el hecho que se determine su probable responsabilidad en sendos modos comisivos, puesto que es una situación provisional, que únicamente justifica su detención y le otorga las bases para su defensa. Por otra parte, si a criterio de la autoridad de amparo, los hechos que motivaron la incoación de la acción penal sólo se circunscribieron al transporte de la marihuana desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hasta el lugar donde se incautó y que la autoridad ministerial sólo se refirió exclusivamente a esos hechos señalados en esa hipótesis, es claro que no se está sustituyendo el criterio del Ministerio Público en segunda instancia, además de que si los hechos del acarreo autónomo y destacado estuviesen tan irrefutablemente acreditados, como lo pretende la autoridad constitucional, en todo caso ya no estarían sujetos a prueba durante la instrucción, resultando inútil la instauración de esta etapa en el proceso, sino que instituirían la materia del juicio, lo que haría nugatorio también el ejercicio de la carga procesal de la defensa que se enfrentaría a hechos inexorablemente probados e indestructibles. Empero, es evidente que no puede obligarse al Ministerio Público, al momento en que conoce e investiga los hechos y cuando los consigna, a que los visualice y los entienda desde la perspectiva del juzgador. Asimismo es de indicarse que está también injustificado que se alegue que conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, con la aportación de nuevos medios de prueba el Ministerio Público debió ampliar el ejercicio de la acción penal, pues tal determinación además de ser hecha en forma apriorística, pues está dando por sentado cuál ha de ser el resultado del estudio efectuado en la apelación, ya que no concede ni siquiera hipotéticamente, la factibilidad de que el auto de formal prisión pronunciado en la primera instancia pueda ser modificado por el tribunal de alzada, también está incurriendo en el error de obligar al Ministerio Público de que indebidamente extienda el ejercicio de su facultad, pues la ampliación de la acción penal debe efectuarse cuando, incoado el procedimiento, aparezcan nuevos hechos sobre los que no versó la consignación, pero que estén relacionados con la materia del delito por el que se procedió penalmente, además de que realiza incorrectamente una interpretación de dicho numeral procesal 167, puesto que éste prevé que en la hipótesis de la falta de reunión de los requisitos necesarios para el dictado de una resolución que exige el artículo 19 constitucional, deberá liberarse al inculpado, pero sin perjuicio de que por medios de prueba posteriores se proceda nuevamente en su contra, lo que irroga agravio a este tribunal. Ello es así, porque el dictado obligatorio de un auto de término constitucional que concede la libertad cuando no se da la concurrencia de los requisitos establecidos constitucionalmente para determinar la formal prisión o la sujeción a proceso, no implica una absolución anticipada, como lo pretende instaurar el juzgador de amparo en la sentencia recurrida, pues a tal supuesto equivale el advertir que el Ministerio Público ha de ejercitar nuevamente la acción penal en contra del liberado. Como se ve, tal artículo 167 señala, que una vez incoada la acción penal, pero liberado el indiciado ante la falta de elementos para procesarlo, con nuevos medios de prueba podrá procederse en contra del inculpado, pero en ningún modo implica la obligación de que el Ministerio Público, conocidos ya los hechos por el juzgador, se vea en la imperiosa necesidad de integrar una nueva averiguación previa a fin de cumplir con el requisito de incoar nuevamente la acción penal. En otra vertiente, si bien es cierto que el auto de formal prisión no asegura la punición y a la inversa, que la libertad reservada no la impide, ya que en ambos supuestos se requiere la actividad procesal del Ministerio Público, también es cierto que éste provoca el movimiento de la máquina judicial con el ejercicio de la acción penal y la consignación de los hechos, de tal suerte que la aportación de nuevos elementos de prueba, al margen de que sólo dicha autoridad puede determinar si los promueve o no puede ser contingente o accesoria, porque no en todos los casos se requiere su presentación y no por el hecho de que es autoridad no presente más medios de convicción diversos a los que obran en la indagatoria, hará de estimarse que éstos resultan insuficientes para sostener una condena. Pero, además, al otorgar al Ministerio Público la facultad exclusiva para perseguir el delito e incoar el ejercicio de la acción penal, el artículo 21 constitucional establece primitivamente el equilibrio procesal entre las partes, equilibrio que se menoscaba en la medida en que se determine la subsunción de una modalidad en otra, en la etapa de la preinstrucción, ya que les coarta a las partes el derecho de probar los factores en los que cada una funda sus pretensiones, sin que deba perderse de vista que en ningún momento, ni la Constitución ni la legislación procesal establecen el impedimento de que el Ministerio Público no puede aportar mayores datos de prueba si no es mediante el ejercicio de una nueva acción penal. De igual manera, irroga agravio a este tribunal la determinación de la autoridad constitucional, establecida en cuanto a que este órgano transgredió las garantías individuales del quejoso al haber dejado sin efecto el auto de libertad decretado en su favor en la primera instancia, en lo que se refiere al acarreo de la mariguana, puesto que, en uso de las facultades y atribuciones que establecen los artículos 19 y 21 constitucionales, este tribunal determinó dictar auto de formal prisión en contra de José Félix Landey Flores por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en las modalidades de posesión y transportación de marihuana, porque si bien es cierto que el auto de formal prisión tiene el propósito de delimitar la materia del proceso establecer las bases en función de las cuales deberá ejercerse la defensa (que, por otra parte, la mayor o menor carga procesal que corre a cargo de éste, no está establecida como garantía constitucional, sino la esencia misma del derecho a defenderse, empero, tal derecho no debe estimarse cuantitativamente), también es cierto que esas exigencias constitucionales no van en detrimento de la actuación que toda autoridad jurisdiccional debe practicar libremente, con albedrío independiente y amplitud de criterio, puesto que para fundar motivar correctamente sus determinaciones, los juzgadores pueden hacer todo tipo de consideraciones, dentro del marco legal y procesal previamente establecido, e incluso pueden acudir a una sana lógica para apreciar los hechos y recurrir a la técnica jurídica en materia de interpretación de normas legales para apoyar las conclusiones en que base los cimientos de su resolución.-En el caso, para modificar el auto de libertad decretado por cuanto a la transportación de un narcótico, este tribunal dejó establecido que no es en la etapa de preinstrucción, caracterizada primordialmente por la emisión del auto de formal prisión donde debe decretarse la subsunción cuando se trata del concurso aparente de modalidades, sino hasta en la sentencia definitiva, etapa procesal en la que se individualiza la sanción, puesto que, de proceder del modo primeramente señalado se corre el riesgo de dejar impune un hecho delictuoso, ya que es factible que durante la instrucción se aporten pruebas que demuestren la inexistencia de aquella modalidad que subsistió, al margen de que, al dictar la sentencia con la que culmina el juicio, es posible que el juzgador absuelva por una u otra modalidad, sin efectuar el doble castigo por una misma conducta, a la vez que se impediría que un hecho criminoso quedara sin sanción. Tal consideración no puede repercutir en transgresión a cualquiera de los derechos sustantivos del quejoso, por las siguientes razones: a) Como se ve, resulta la consideración sustancial en la que este tribunal ad quem apoya, pues fundamenta y motiva, su resolución al no considerarlo así, el juzgador de amparo violenta el contenido del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que imprime en su resolución el carácter de obligatoriedad a sus conclusiones, olvidando que este tribunal es libre y autónomo para juzgar y decidir. b) Por otra parte, con el tratamiento efectuado en el estudio de esta alzada, acorde con las atribuciones consagradas en los artículos 363 y 364 del Código de Procedimientos Penales (sic), con base en los agravios planteados por el Ministerio Público Federal que, como se sabe, con los motivos de inconformidad que plantea delimita el campo de acción sobre el cual mueve su arbitrio judicial esta autoridad, se está plasmando el criterio de este tribunal, pero únicamente con fundamento en sus atribuciones legales, por esta razón, si bien es cierto que el artículo 21 constitucional consagra la facultad exclusiva para el Ministerio Público, en lo que atañe a la persecución de los delitos, también es cierto que dicho numeral previene expresamente que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. En esta parte, cabe señalar que las tres materias sobre las que trata el texto del referido precepto constitucional número 21, atañen, primeramente, a la esfera de atribuciones que competen a la autoridad judicial en el ramo penal; en segundo término a las facultades, en el mismo ramo, otorgadas al Ministerio Público y a la coadyuvancia de la policía judicial con dicha institución y, por último, sin que tenga relación en la especie, el sistema de infracciones de naturaleza administrativa y las consecuencias jurídicas que de ellas dimanan. En ese orden de ideas, la interpretación extensiva de dichas facultades o atribuciones ha correspondido a la jurisprudencia que emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal suerte que, a manera ejemplificativa, la frase: «La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial», se traduce, por interpretación, en que este poder soberano es el encargado de aplicar el derecho, es decir, la connotación es que es el encargado de juzgar y en la rama penal, fundamentalmente ejerce esa facultad de juzgar para castigar, pero, en sentido contrario no cabe señalar que está impedida para absolver, en caso de que, tras el minucioso análisis que debe realizar en cada proceso, encuentre que no hay elementos para condenar, aunque el dispositivo constitucional en alusión no establezca literal o textualmente esa facultad de librar a un inocente de una acusación injustamente enderezada en su contra. En la misma medida, es cierto que el artículo 21 constitucional establece que al Ministerio Público compete la persecución de los delitos, por ello no significa que por el solo hecho de que esta autoridad mencione o deje de mencionar tal o cual delito en su pliego de consignación (que finalmente es la formalidad que la ley exige para incoar la acción penal), el juzgador que conoce de la averiguación previa, deje de conocer e indagar sobre los hechos que son materia de ésta, ya que, para tal hipótesis, está prevista expresamente la facultad de la autoridad jurisdiccional para reclasificar los hechos, tomando en cuenta únicamente los que son materia de la consignación, considerando la descripción típica legal, aunque con ello se modifique la ubicación de la conducta formulada en promociones o resoluciones anteriores: al efecto, tal facultad está claramente señalada, en lo que atañe a la segunda instancia, en el segundo párrafo del artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales que determina que cuando se trata de un auto de formal prisión, el ad quem podrá cambiar la clasificación del delito y dictar resolución por el que aparezca probado, sin que el ejercicio de esa atribución pueda implicar que se está invadiendo la facultad constitucional otorgada al Ministerio Público. Es cierto, pues, que esta autoridad persigue los delitos, pero finalmente su atribución se resume en que, una vez que los investiga y encuentra que hay elementos para proceder penalmente en contra de determinado sujeto, los hace del conocimiento de la autoridad judicial al consignar tales hechos. Como se ve, resulta palpable que el tratamiento efectuado por el Magistrado que concedió el amparo, es incorrecto y viola en perjuicio de esta autoridad, los preceptos contenidos en los artículos 19 y 21 constitucionales, puesto que dichos dispositivos sólo contienen, en forma genérica, las facultades que corresponden a la autoridad judicial y a la ministerial, sin que, desde luego, pormenoricen todas y cada una de las actuaciones con base en esas facultades, estos órganos pueden realizar de tal suerte que realizan una interpretación rígida exageradamente restrictiva de las atribuciones que esta autoridad puede y, en el ejercicio de sus funciones, debe desempeñar. En efecto, no es veraz que con la determinación adoptada en la resolución de veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en el sentido de que no es el auto de formal prisión donde debe realizarse la subsunción de las modalidades en lo que se refiere al delito contra la salud, cuando éstas aparezcan pluralmente concurrentes y que es hasta el dictado de la sentencia definitiva donde debe resolverse si es que alguna de ellas ha de prevalecer y aplicar la sanción correspondiente, sin correr el riesgo de dejar impune un hecho delictuoso, pero sin caer en el extremo inconstitucional de castigar doblemente una misma conducta, se transgreden las garantías individuales consagradas por la Constitución Federal de la República en favor de José Félix Landey Flores, por la básica consideración de que de acuerdo con el artículo 19 constitucional, todo proceso deberá seguirse por el delito que aparezca determinado en el auto de formal prisión, partiendo, claro, de la premisa fundamental de que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido y hagan probable la responsabilidad de éste. Como se advierte, en ningún momento se va más allá de lo establecido en los propios artículos 19 y 21 de la Carta Magna, pues este órgano de alzada está facultado para emitir un auto de formal prisión, sin que ello pueda dejar de representar que este tribunal en cualquier momento y en uso de la atribución que expresamente le confiere el artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales, pueda clasificar jurídicamente los hechos materia de la consignación. Adoptar como cierto e irrevocable el criterio sustentado en la sentencia de amparo que se recurre, es violentar el principio constitucional, toda vez que así como no está establecida literalmente la facultad jurisdiccional de absolver a un incriminado cuando éste es inocente, menos aún está establecido que en el auto de formal prisión deban subsumirse las modalidades de un delito o que la consignación del Ministerio Público compela o constriña al juzgador penal a adoptar la misma determinación o conclusión a la que arribó la autoridad investigadora tras integrar la averiguación de los hechos, limitando así su criterio y el ejercicio de su albedrío al momento de analizar los hechos materia de la consignación, puesto que al aplicar el derecho, tal y como establece el artículo 21 constitucional la autoridad judicial determina si los hechos que le fueron consignados son delitos, si existe el autor responsable de los mismos e impone, en su caso, la sanción que para ellos la ley establece, lo que se traduce en que conocidos los hechos por el juzgador, a éste compete estudiarlos y clasificarlos jurídicamente, pero no se le determina a que por error en la apreciación o en el criterio que respecto de esos eventos sostiene el Ministerio Público, deba liberarse o absolverse a todo incriminado, fomentando indiscriminadamente la impunidad, puesto que bastaría cualquier error, hasta de técnica jurídica, cometido de buena fe o realizado con toda mala intención por parte de la autoridad indagadora, para que el órgano jurisdiccional se vea precisado a dejar ir, sin mayor trascendencia, al que resulte responsable del hecho antijurídico, resultando así incorrecta la determinación del juzgador de amparo. A mayor abundamiento, el hecho de que esta autoridad sostenga como lo ha venido haciendo reiteradamente, que en el auto de formal prisión no deben absorberse las modalidades, sino que, en el caso de que aparezcan suficientemente probadas, deben quedar subsistentes hasta el dictado de la sentencia definitiva con la que culmina la etapa de juicio, aunque pudiera parecer paradójico, es el criterio que resulta más favorable para el procesado, por la sencilla razón, en sentido contrario a lo que expone el tribunal constitucional, de que la defensa, ejercida en la connotación más amplia y libre, es la garantía que tutela el artículo 20 constitucional y en ese sentido, se está en aptitud de aportar ampliamente cualquier medio de prueba idóneo y eficaz tendiente a destruir la acusación formulada, entendida ésta en aptitud en un sentido genérico, puesto que olvida el juzgador de amparo que el incriminado, durante el proceso, está en posición de defenderse en contra de los hechos por los que se le está procesando y está en aptitud de destruir palmariamente cualquier indicio desfavorable que milite en su contra, sin que discrimine si ha de defenderse por la modalidad de transportación o la de posesión o por ambas, puesto que se entiende que todo procesado está interesado en lograr su absolución total y no parcial y buscando tal objetivo endereza su defensa, por lo que, es inexacto que la determinación sustentada en el acto reclamado se traduzca en una preocupación de este tribunal de buscar un fallo favorable a sus intereses y agrava inútilmente la carga de la defensa, al obligarlo a aportar elementos de prueba en contra de una modalidad que jurídicamente no debe subsistir. Tan desafortunada resulta esta apreciación, que el juzgador de amparo olvida que precisamente éste es el objeto y el fin de la defensa; lograr, a costa de la aportación de cuantos elementos de prueba estime suficientes, la destrucción de los elementos de cargo que pone el Ministerio Público a disposición del Juez. Por consecuencia, lo que sí redunda en una indebida preocupación del tribunal constitucional, es el allanamiento de los caminos en favor de la defensa, ya que si bien es cierto que por equilibrio procesal se otorga al procesado el más amplio género de facilidades para que pueda defenderse, llegando inclusive a instaurarse el sistema de la suplencia total de agravios en su favor y, hasta el de la reposición del procedimiento en el que el incriminado no pudo defenderse, puesto que se entiende que hace frente a una autoridad poderosa y técnica, sin embargo, también resulta cierto que no por disminuir la carga de trabajo de un defensor, se ha de transgredir el sistema jurídico y liberar, a costa de cualquier argumento, a un procesado que tiene todo un camino por delante, con facilidades procesales de todo tipo, para encauzar su defensa. Subsumir una modalidad de un delito en otra dentro del término constitucional, equivale a prejuzgar, es decir, decidir la inexistencia de una modalidad sin tener conocimiento pleno de la verdad, por carencia de pruebas suficientes y de oportunidad para ofrecerlas y desahogarlas, oportunidad que sólo tienen ambas partes dentro del procedimiento. Bajo esta tesitura, aplicados inexactamente los artículos 19 y 21 de la Constitución Federal, 363, 364, 95, 290, 163, 167, y 385 del Código Federal de Procedimientos Penales, con lo que se irroga agravio a esta autoridad responsable, solicito que se revoque la resolución que concedió el amparo constitucional y en su lugar se determine que no ha lugar a la concesión de la protección de la Justicia Federal en favor de José Félix Landey Flores, toda vez que la resolución emitida por este tribunal no conculca las garantías constitucionales que le fueron otorgadas a dicho inculpado.’.-CUARTO.-El agente del Ministerio Público Federal adscrito al primer Tribunal Unitario de este Circuito, expresó los siguientes agravios: ‘B) Inexacta aplicación de la ley: Esta representación social federal considera que la sentencia en cita no se apega estrictamente al espíritu de la ley y a los principios reguladores del derecho, toda vez que el Juez amparista valoró indebidamente las pruebas que obran en el proceso original, concediendo injustamente al activo el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito por lo que respecta al delito contra la salud en su modalidad de transporte de marihuana. Es de apreciarse, que los elementos típicos del delito contra la salud en su modalidad de transporte de marihuana que se le imputa al sujeto activo de la acción, quedaron plenamente demostrados en el sumario con los medios de convicción que mi similar investigador utilizó a fin de ejercitar acción penal ante el órgano jurisdiccional correspondiente, el cual dictó auto de formal prisión al hoy quejoso por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana; mismos elementos que mi similar adscrito mencionó en la alzada al expresar los agravios correspondientes. Se tienen las diferentes constancias para acreditarlos como son: Parte informativo rendido por los agentes aprehensores en el cual narran de forma pormenorizada las circunstancias de modo, tiempo, lugar y detención del hoy indiciado, en el cual transportaban de un punto geográfico a otro del territorio nacional la droga afecta a la causa, parte debidamente ratificado ante autoridad ministerial. La fe ministerial de la existencia del vegetal verde y seco, el cual resultó ser marihuana. Las dec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4991-b0196ae6/auto-de-formal-prision-es-en-esa-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PERSONALIDAD. PROCEDE SU ESTUDIO DE OFICIO EN LA APELACIÓN, CUANDO SE REVOCA LA SENTENCIA QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA VÍA, ANTE LA INEXISTENCIA DE REENVÍO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE EL AMPARO EN CONTRA DEL AUTO QUE APERCIBE CON SU IMPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- SUCESIÓN DE DERECHOS EJIDALES. EL REQUISITO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, DEBE DARSE EN EL MOMENTO DE LA DESIGNACIÓN DE (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- FRAUDE ESPECÍFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 319, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 381, PÁRRAFO DÉCIMO TERC (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- ACTOS NEGATIVOS. (VI.1o.235 K)
- AGRAVIOS EN LA APELACION. (s/clave)
- TESTIGOS, CONTRADICCIONES ENTRE LOS. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis