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Modo: Corpus Pro

PERSONALIDAD. PROCEDE SU ESTUDIO DE OFICIO EN LA APELACIÓN, CUANDO SE REVOCA LA SENTENCIA QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA VÍA, ANTE LA INEXISTENCIA DE REENVÍO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/99. · Registro digital (IUS): 6851
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, , Pág. 97.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-La sentencia pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 35/96, en la parte que interesa es del tenor siguiente:

"TERCERO.-La sentencia combatida descansa en las siguientes consideraciones: ‘I.-Esta Primera Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora es competente para conocer y decidir este asunto, de conformidad con lo preceptuado expresamente por los artículos 29, fracción II, inciso a) y 41-D, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 91 y 104 del Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos jurídicos de aplicación en la entidad.-II.-El recurso de apelación tiene, en cuanto a sus efectos y alcances jurídicos, como finalidad esencial confirmar, modificar o revocar la sentencia recurrida, en base a los conceptos de agravio que para el particular se externen.-III.-El estudio y análisis de los agravios formulados por el C. Licenciado Carlos Rogelio Ferrer Balderrama, en relación con las constancias que integran los autos del caso, conduce a la conclusión de que son fundados los mismos, causa por la que procede revocar la sentencia de primera instancia, materia de la impugnación.-En su inconformidad el agravista alega la violación de los artículos 68 y 72 de la Ley de Instituciones de Crédito; 1o. y 640 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 2893 del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo del Código Civil para el Estado de Sonora; 14, 25, 527 y 528 del Código de Procedimientos Civiles; 3o., 75, fracción XIV, 76, 1049 y 1050 del Código de Comercio y 14 de la Constitución General de la República, porque a su juicio es ilegal la decisión del juzgador primiinstancial que declaró improcedente la vía hipotecaria ejercitada para lograr la solvencia de las prestaciones demandadas. El recurrente desarrolla sus agravios de acuerdo a las argumentaciones de orden fáctico y legal que consigna en el memorial de inconformidades, presentado el doce de septiembre del año en curso, que en este apartado se dan por reproducidas.-A juicio de esta Primera Sala Regional, son esencialmente fundados los conceptos de agravio que externa el señor licenciado Carlos Rogelio Ferrer Balderrama, en virtud de que le asiste la razón cuando alega la decisión del a quo, que declaró la improcedencia de la vía hipotecaria ejercitada por Banco Nacional de México, S.A., quebrantó las prevenciones instituidas por los artículos 14 de la Carta Fundamental de la Unión; 68 y 72 de la Ley de Instituciones de Crédito; 1o. y 340 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 2893 del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo del Código Civil para el Estado de Sonora; 14, 25, 527 y 528 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad; 3o., 75, fracción XIV, 76, 1049 y 1050 del Código de Comercio; debido a que esta Sala comparte la concepción del inconforme a la vez que rechaza la del Juez primiinstancial, porque sin dejar de reconocer que el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria exhibido con la demanda, constituye en esencia un acto de comercio, según las prescripciones de los artículos 3o., fracción II y 75, fracción XIV, del Código de Comercio, y que en términos del artículo 1050 del propio ordenamiento jurídico, cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza mercantil y para la otra naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles, lo cierto y definitivo es que estas circunstancias no limitan o constriñen a las instituciones de crédito a seguir únicamente los juicios o las vías que previene el Código de Comercio para lograr la solventación de los créditos incumplidos por sus deudores, y por el contrario, están a plenitud facultados para utilizar, como lo hizo en el caso concreto la accionante, la vía civil que corresponda precisamente a consecuencia de que así lo establece el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, sobre todo cuando en tratándose de hacer efectivos los derechos generados por una hipoteca no se discute la naturaleza jurídica de la obligación principal garantizada por aquélla, ni se ejercita la acción personal que del derecho de crédito deriva, sino que lo que se intenta es una acción real que concierne a la garantía constituida de manera accesoria a la obligación principal, cuya realización privilegiada encuentra a plenitud actualidad en el procedimiento civil, donde se previene el juicio hipotecario como una forma de hacer efectivos los derechos reales de persecución de la cosa dada en garantía. Es por esa razón, y no por otra, por la que el artículo 1o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dispone que sólo cuando las obligaciones derivadas de este tipo de actos jurídicos, no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título, se regirán por las normas enumeradas en el artículo 2o. de esta ley; esto es, las normas relativas al derecho comercial, pero cuando sí puedan ejercitarse separadamente, como ocurre en el caso de la hipoteca, el artículo 1o. preinvocado, dispone que se rijan por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil del acto, como lo sería en el caso el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; sin perjuicio de que, como se aprecia del contenido expreso del artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito en el sentido de que: «Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, o el que en su caso corresponda, conservando la garantía real y su preferencia aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución.»; queda implícita la idea que se viene exponiendo, al obtenerse en dichas normas, lógica y naturalmente que, si se va a intentar la acción de pago de pesos, habrá de ejercitarse la acción personal derivada del crédito y acudirse a la vía ejecutiva mercantil exhibiendo el título de crédito que corresponda, en el caso de la primera legislación; o el contrato y la certificación contable que exige el artículo 68 del segundo ordenamiento; mientras que si se va a demandar la nulidad o la inexistencia del contrato principal, habrá de promoverse un juicio ordinario mercantil; pero si lo pretendido es la realización de la hipoteca, deberá entablarse el juicio hipotecario, que es precisamente el que en tal caso corresponde en términos del artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito; que por no estar reglamentado en ninguna ley mercantil, tendrá que seguirse conforme a las prevenciones instituidas por el código local de procedimientos civiles.-Sobre este particular el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, se pronunció en el sentido de: «JUICIO HIPOTECARIO. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN IMPEDIDAS PARA PROMOVERLO.-El artículo 640 del Código de Comercio, dispone que las instituciones de crédito se regirán por una ley especial. Ahora bien, esta ley especial que resulta ser la Ley de Instituciones de Crédito, no contiene disposición alguna que limite a las referidas instituciones de crédito a la tramitación de los procedimientos regulados exclusivamente por el Código de Comercio, sino que por el contrario, en su artículo 72 las autoriza para ejercitar sus acciones, ya sea en el juicio ejecutivo mercantil, en el ordinario, o bien en el que en su caso corresponda; por lo que la regla general establecida en el artículo 1050 del Código de Comercio, que dispone que cuando para una de las partes un acto tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que se derive, se regirá conforme a las leyes mercantiles, no puede servir de único apoyo legal para impedirles que acudan al juicio hipotecario.-SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.-Amparo directo 498/95. Luis Enrique Pérez Alvidrez y otra. 7 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Ramón Parra López.-Amparo directo 22/95. Bancomer, S.A. 2 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: María del Rosario Parada Ruiz.».-Bajo esta perspectiva, es obvia, tanto como lo que más pudiera serlo, la afectación a la esfera atributiva de derechos que resiente la parte accionante, en cuya reparación procede la revocación de la sentencia del a quo que declaró la improcedencia de la vía hipotecaria, por lo que se deja insubsistente dicha decisión, y por el contrario, se declara procedente la vía hipotecaria ejercitada en el caso de la especie, misma circunstancia que de conformidad con lo preceptuado expresamente por el artículo 388, fracción II, del código local de procedimientos civiles, obliga a esta Primera Sala Regional a definir, con plenitud de jurisdicción, los demás presupuestos procesales imprescindibles para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, y en su caso a decidir el fondo sustancial debatido.-Definido esto, tal y como se dejó puntualizado, procede ahora el análisis de los diversos presupuestos procesales necesarios para que el procedimiento tenga existencia jurídica y validez formal, entre los que la personalidad reviste primordial importancia, a grado tal que debe ser analizada en cualquier estado del pleito, a condición de que no haya sido resuelta previamente por decisión consentida y firme, precisamente porque es impropio concebir la existencia de una representación donde no existe, como en efecto no existe en el caso concreto.-Así es, en el análisis de las constancias del procedimiento revela sobremanera que no se dan las condiciones imprescindiblemente necesarias para concluir satisfecho el presupuesto procesal relativo a la personalidad de la parte actora, básicamente a virtud de que la documental consistente en la copia fotostática de la escritura pública número 30,085, pasada el doce de abril de mil novecientos noventa y tres, en el protocolo a cargo del señor licenciado José Manuel Gómez del Campo López, titular de la Notaría Pública 136 de la Ciudad de México, Distrito Federal, es total y definitivamente ineficaz para acreditar la legal constitución del mandato que se dice otorgado por Banco Nacional de México, S.A., a Carlos Rogelio Ferrer Balderrama, y por lo mismo, también ineficaz para justificar el precitado presupuesto procedimental. En efecto, sin dejar de reconocer que el examen del documento precitado descubre que ante la presencia del señor licenciado José Manuel Gómez del Campo López, comparecieron los representantes de la institución bancaria que opera bajo la denominación de Banco Nacional de México, S.A., a otorgar poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, entre otros, al C. Licenciado Carlos Rogelio Ferrer Balderrama, lo cierto y definitivo es que la copia fotostática del instrumento en el que se hizo constar el precitado mandato, no aparece firmada ni autorizada por el señor licenciado Jorge Martínez Calderón, notario público número 17 de esta ciudad, que se dice lo certificó; de manera que, como documento simple y sin autentificación ninguna, no puede generar la certeza real y efectiva de la validez de los asentamientos en él contenido ni de que coincidan exactamente sus términos con el original de la escritura o la copia auténtica de donde se obtuvo la copia del caso; en razón de lo cual, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 1292 y 1293 del Código de Comercio, la señalada documental carece de eficacia demostrativa de la personalidad y de las facultades de la parte actora para accionar por medio de su aparente representante jurídico, a cuya consecuencia se impone declarar como en efecto se declara, que ante las circunstancias precisadas no se acreditó un presupuesto procesal imprescindiblemente esencial y necesario para la existencia jurídica y validez formal del juicio, como lo es la personalidad y facultades del señor licenciado Carlos Rogelio Ferrer Balderrama para accionar en nombre y representación de Banco Nacional de México, S.A., lo que a la vez conduce a la abstención de esta Primera Sala Regional de resolver el fondo del asunto, quedando circunscrita la decisión de éste seguido a la absolución de la demandada únicamente de la instancia, no así de las prestaciones que le son reclamadas, debido a que respecto de ellas, se reserva el derecho a Banco Nacional de México, S.A., para que lo ejercite en la vía y forma que de acuerdo a la ley corresponda.-Particularmente importante resulta dejar puntualizado, que no constituyó obstáculo para analizar y definir los conceptos de agravios externados por el C. Licenciado Carlos Rogelio Ferrer Balderrama, el hecho de que carezca de facultades para accionar en nombre y representación de Banco Nacional de México, S.A., básicamente porque en el auto radicatorio le fue reconocida de manera provisional la personalidad, por lo que debe estimarse que ese reconocimiento provisional lo legitimó para accionar durante el desenvolvimiento del procedimiento, hasta expresar los agravios de esta alzada, pero bajo circunstancia alguna puede implicar que por haberse reconocido en el auto de radicación la personalidad, no deba estudiarse y resolverse la cuestión relativa a la personalidad como presupuesto procesal o inclusive a consecuencia del planteamiento de la excepción correspondiente, pues de no ser así, bastaría que en el auto de radicación se reconociera la legitimación o cualquier otro presupuesto del juicio para hacer nugatorio el derecho de defensa de la demandada y para impedir al juzgador el abordamiento del estudio oficioso de los presupuestos procesales, debido precisamente a que no es tal el efecto que genera el reconocimiento provisional que se deriva de la radicación de la demanda y el reconocimiento de la legitimación procesal.-Sobre la base de que en el caso de la especie se ejercitó una acción de naturaleza condenatoria, que ha resultado adversa a los intereses jurídicos de Banco Nacional de México, S.A., con fundamento en los artículos 89, último párrafo, en relación con el diverso 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se le condena a pagar a favor de Dalila Apodaca Amador las costas causadas con el trámite de este juicio en segunda instancia, previa su regulación.’.-CUARTO.-Como conceptos de violación se expresaron ... QUINTO.-Los conceptos de violación son infundados en una parte e inoperantes en otra.-En efecto, aduce la parte quejosa que el tribunal de alzada transgredió sus garantías individuales al analizar de oficio la personalidad, toda vez que se ha sustentado la tesis en el sentido de que una vez admitida ésta por el Juez, sin que sea impugnada por la contraria mediante la excepción correspondiente, no puede desconocerse ni por el propio juzgador ni por el tribunal de alzada.-Agrega que la falta de personalidad siempre se ha considerado como una excepción, por lo que debió oponerse a la contestación de la demanda, lo cual no se hizo, y que tampoco fue motivo de agravio en la alzada, por lo que en su concepto aun cuando la ley prevé que se pueda objetar el poder presentado para acreditar la personalidad, ello no significa que pueda hacerse en todo tiempo y en cualquier estado del juicio por tratarse de un término perentorio.-Insiste en que si la parte demandada no opuso la falta de personalidad del actor, el tribunal responsable carecía de facultades para resolver sobre este punto. Que al hacerlo, contravino los artículos 3o. y 371 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que el recurso de apelación tiene por objeto que se confirme, revoque o modifique la sentencia, en los puntos relativos a los agravios.-Que así, la responsable sólo debió pronunciarse respecto de las cuestiones sometidas a su decisión en los agravios, ya que es al Juez de primera instancia a quien corresponde, de oficio, examinar la personalidad de los litigantes, lo cual debe hacer al momento de proveer sobre la admisión de la demanda, mientras que su objeción debe hacerse a través de las excepciones y recursos que prevé la ley, puesto que de otro modo carecería de firmeza y seguridad el procedimiento.-Pues bien, los anteriores argumentos son infundados por lo siguiente: En primer término debe precisarse que si bien el Juez de primera instancia debe examinar de oficio el escrito de demanda, para determinar si está o no debidamente justificada la personalidad o representación legal del actor, conforme a lo ordenado por el artículo 233 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, también es verdad que tal y como lo consideró el tribunal responsable, esta decisión no es definitiva.-Ello es así, en virtud de que la admisión de la personalidad en el auto de radicación, no trae como consecuencia la firmeza de dicha determinación, puesto que el artículo 48 del mismo ordenamiento dispone que el demandado podrá denunciar al Juez y hacer valer como excepciones, los requisitos procesales necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, sin perjuicio de que éstas también puedan hacerse valer de oficio por el juzgador.-Lo anterior implica que el juzgador no sólo está obligado a analizar nuevamente en la sentencia los presupuestos procesales, entre los que estimó que se encontraba la personalidad, cuando se opongan como excepción, sino que puede estudiarlos aun de oficio.-Ahora bien, aun cuando al referirse a las facultades para analizar de oficio los presupuestos procesales, en principio se entiende que esta facultad se encuentra reservada al Juez de primera instancia, mientras que el tribunal de alzada sólo puede proceder a su estudio si se le proporcionan las bases para establecerse cuáles de esos presupuestos dejaron de cumplirse, sin embargo, en el caso concreto, el tribunal responsable tenía la facultad de pronunciarse con relación a la personalidad de la actora.-Lo anterior se afirma, porque debe tenerse en consideración que el Juez de primera instancia se concretó a analizar el aspecto relativo a la procedencia de la vía hipotecaria, por lo que si el tribunal responsable consideró que era de revocarse esta sentencia, es evidente que al reasumir su jurisdicción, previo al estudio del fondo del asunto, estaba obligado a analizar si se cumplían o no los requisitos procesales para que el juicio tuviera existencia jurídica y validez formal, puesto que el Juez de primera instancia no lo hizo.-De esta manera, contrariamente a lo que consideran los quejosos, la Sala responsable estuvo en lo correcto, al proceder de oficio, al estudio de la personalidad de la actora en la sentencia reclamada.-Por otra parte, resulta igualmente infundado el diverso argumento de la quejosa relativo a que no podía analizarse nuevamente la personalidad, ya que ello estaba resuelto en sentencia y que, por tanto, si esta sentencia no se impugnó, esta determinación fue consentida por las partes y no podía ser materia de análisis en segunda instancia porque precluyó el derecho para analizarla nuevamente, puesto que como quedó establecido anteriormente, el Juez de primera instancia no se pronunció acerca de la personalidad sino que se concretó a estudiar la procedencia de la vía hipotecaria intentada.-En el segundo concepto de violación, la quejosa aduce que se dictó una sentencia incongruente, toda vez que se resolvió respecto de acciones no deducidas, como lo es la personalidad.-Este concepto de violación resulta infundado, ya que como se vio, no sólo puede abordarse el análisis de este aspecto cuando se opone como excepción la falta de personalidad, sino que el juzgador está facultado para analizarla aun de oficio.-En cuanto a que la sentencia no está emitida en términos de los artículos 388, fracción VI, en concordancia con los artículos 337 y 338, fracción VII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, porque lo lógico es que cuando el Juez encuentre deficiente la personalidad debe tenerse como viciada la representación y no admitirse los agravios, este argumento es inoperante, pues la justificación que invocó el tribunal responsable para analizar dichos agravios fue en el sentido de que no constituía un obstáculo para ello, que el compareciente careciera de facultades para representar a Banco Nacional de México, S.A., en virtud de que en el auto radicatorio le había sido reconocida provisionalmente la personalidad y ello lo legitimaba para accionar durante el desenvolvimiento del proceso hasta la expresión de los agravios y, esta consideración no la destruye la quejosa, sino que se limita a afirmar lo contrario, esto es, que lo lógico es que de encontrarse deficiente la personalidad, no debieron admitirse los agravios expresados, pero nada dice en contra del reconocimiento provisional a que aludió el tribunal responsable.-Esto, independientemente de que en párrafos precedentes quedó establecido que es correcta la consideración de la responsable acerca de que el reconocimiento de la personalidad en el auto admisorio es provisional, en tanto que se encuentra sujeta a que el juzgador la analice de nueva cuenta al emitir sentencia.-Por lo que se refiere a que la determinación de la autoridad responsable, en el sentido de que es ineficaz el documento exhibido para acreditar la personalidad, contraviene lo dispuesto en el artículo 324, fracciones I y II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, toda vez que en su opinión dicha documental hace prueba plena porque no fue impugnada, este argumento resulta igualmente infundado, ya que como se dijo, aun cuando la personalidad no se impugne, el juzgador se encuentra facultado para analizarla aun de oficio.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, por conducto de su representante Carlos Rogelio Ferrer Balderrama, en contra del acto que reclamó de la Primera Sala Regional del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sonora, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria."

La ejecutoria de referencia dio lugar a la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: III, abril de 1996

"Tesis: V.2o.24 C

"Página: 435

"PERSONALIDAD. ESTUDIO OFICIOSO DE LA, EN LA APELACIÓN.-Cuando el tribunal responsable revoca la sentencia de primera instancia que se concretó a analizar la procedencia de la vía, reasume su jurisdicción, por lo que, previo al estudio del fondo del asunto, está obligado a examinar si se cumplen o no los requisitos procesales para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, si omitió hacerlo el a quo, de ahí que, en este supuesto, la Sala responsable está facultada para proceder de oficio al estudio de la personalidad de la actora en la sentencia reclamada.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

"Amparo directo 35/96. Banco Nacional de México, S.A. 14 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: María del Rosario Parada Ruiz."

TERCERO.-La sentencia pronunciada el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y nueve, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo civil número 299/98, en la parte que interesa es del tenor literal siguiente:

"SEGUNDO.-La sentencia reclamada se apoya en lo siguiente: ‘III.-Son fundados los alegatos que expone la parte apelante en los agravios segundo y tercero del libelo impugnatorio, en lo atinente a que indebidamente el a quo concluyó que la actora carece de legitimación activa, por haber expedido los cheques en favor de una diversa persona moral denominada AUMSA que son las siglas de Automotores Unidos de México, S.A., y no de Unión de Avicultores de Los Mochis, S.A., y que tampoco aparece que AUMSA le haya endosado los títulos a la actora; razonamientos que esta resolutora estima erróneos, en virtud de considerar que la accionante sí tiene legitimación activa en la causa para promover la acción ejecutiva, en razón de que detenidamente apreciado el acervo convictivo, se concluye que las siglas contenidas en los cheques, efectivamente corresponden a la persona moral actora, pues como bien lo alega el apelante, las siglas de su representada concuerdan con las de los documentos base de la acción, aun cuando en dos de ellos, los números 867877 y 867879, se hubiere asentado AUMSA en vez de UAMSA, circunstancia que no puede dar pie a entender que se refieran al nombre de la empresa automotriz que cita el reo, aun cuando fuesen las mismas letras de su supuesta razón social, pues ello no puede sino considerarse un simple error mecanográfico, es decir, que en dichos dos títulos equivocadamente se asentó primero la «A» que la «U», que significa avicultores no automotores, como erróneamente lo pensó el de origen en el fallo controvertido, al declarar incurriendo en un notable exceso -que los cheques todos ellos- habían sido librados en favor de Automotores Unidos de México, S.A., y no de la parte actora, lo cual para la ad quem deviene del todo desatinado por no tener fundamento fáctico suficiente para haber resuelto en tal sentido, puesto que -se repite, son solamente dos títulos los que contenían dichas siglas AUMSA-, mismos que ni aun así debió considerarse se libraron en favor de aquella pretendida empresa para considerar a la actora carente de legitimación activa, toda vez que no se evidenció que el ejecutado tuviese relación comercial alguna con ella como se verá en su momento oportuno; siendo también erróneo que el de origen haya considerado a Unión de Avicultores de Los Mochis, S.A., como una persona moral extraña al juicio por no aparecer endosados en su favor los títulos, emergiendo infundado e ilógico tal razonamiento, dado que la actora se presentó ostentándose como el primer tenedor o beneficiario original, no como endosatario en propiedad, debiendo tener en cuenta el jurisdicente que en la especie obran otros siete cheques cuya tenencia en favor del accionante no puede ser cuestionada, a lo que se suma la existencia probada por el ejecutante de un contrato celebrado entre los litigantes, que da para pensar que entre ellos existían relaciones comerciales, según se aceptó por el reo en el punto 8 de su escrito contestatorio, siendo dable colegir que por resultar más accesible el nombre de la actora en siglas, así fue asentado en los referidos cheques, tomándose la primera letra de cada una de las palabras que lo conforman, integrándose de tal manera UAMSA, que significa Unión de Avicultores de Los Mochis, Sociedad Anónima; por todo lo anterior, debe concluirse que existe legitimación activa en la actora, debiendo por consecuencia revocarse la sentencia venida en alzada y dictarse otra en su lugar conforme a derecho proceda. Consecuentemente, esta colegiada con la plenitud de jurisdicción que la ley de la materia le confiere y por no existir la figura del reenvío, se avoca al análisis de la litis que le fue planteada al de primera instancia, donde se tiene que ya se resolvieron la excepción de incompetencia por declinatoria y la de falta de legitimación activa, habiéndose considerado fundada la primera e improcedente la segunda por las razones apuntadas con antelación, quedando pendiente de estudiar las demás que se indican en el libelo contestatorio, iniciando la Sala su examen con la expuesta en el inciso c), que consiste en no estar obligada la parte reo a pagar los cheques que se le reclaman por haberlos reportado extraviados a la institución librada, defensa que se estima a todas luces improcedente, en principio, por no haber sido probado tal hecho, pues con el sello que se asentó al reverso de los títulos de marras no se acredita lo alegado, toda vez que del mismo no se desprende que se hubiese puesto la razón mencionada por el demandado, esto es, de haber sido devueltos por haberse reportado extraviados, sino por la razón 5B, clave que esta colegiada desconoce en su significado, sin que desde luego bastare el solo dicho del reo para evidenciar el extremo en cuestión, que debió ser probado fehacientemente en autos, de donde se tiene que debe estarse a lo aceptado por el actor, en el sentido de que los multicitados cheques fueron devueltos por una causa imputable al librador, lo que se corrobora con el reverso del cheque número 8867865 que en copia fotostática certificada obra agregado a foja 33 del toca en estudio; en cuanto a lo alegado por el reo en el sentido de que los títulos de crédito fueron elaborados en favor de AUMSA que significa -según el demandado- Automotores Unidos de México, S.A., al haberle solicitado la compra de dos vehículos, documentos que fueron sustraídos de su escritorio, desconociendo quién o quiénes fueron los responsables del robo, presumiendo el demandado que los choferes de la actora fueron los que realizaron dicho delito y que ellos se los entregaron a los abogados de la accionante, quienes ahora le reclaman su pago mediante el sub júdice; el alegato carece de todo apoyo y de toda lógica, en virtud de que no se evidenció en juicio la existencia de la agencia de autos que menciona el reo, quien tampoco dejó probado que haya presentado ante autoridad competente denuncia alguna de robo de los cambiales de mérito, al tiempo que tampoco patentizó que tuviese alguna relación comercial el demandado con la referida agencia; resultando también inatendible por inverosímil lo aducido por el reo en el sentido de que con el sello asentado al reverso de las documentales base de la acción, se prueba que se habían extraviado, puesto que -como se asentó con antelación- el significado de la clave 5B es desconocida para esta Sala; ahora, se tiene que el demandado bien pudo haber notificado al banco librado en forma unilateral que se le ex

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6851-5af65d2c/personalidad-procede-su-estudio-de-oficio-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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