ENAJENACIÓN DE TÍTULOS VALOR EN EL EXTRANJERO. LA EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS INGRESOS OBTENIDOS POR ESE CONCEPTO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY RELATIVA, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2458/96. MANUEL ALBARRÁN MACOUZET.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Es competente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del presente recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, toda vez que dicho medio de impugnación se promovió en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en el que se hizo un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
SEGUNDO.-Los agravios que se hacen valer son los siguientes:
"Violación a lo dispuesto por los artículos 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el 31, fracción IV, constitucional y 77, fracción XVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tomando en consideración el hecho de que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución que se recurre, no realiza un debido análisis de lo preceptuado por el último de los artículos en mención, tal y como a continuación se demuestra.-En principio debemos señalar que el referido Tribunal Colegiado, sin exponer razonamientos lógico-jurídicos propios, dicta su resolución basándose en el criterio jurisprudencial sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión de fecha 22 de febrero de 1996, sin tomar en cuenta que el artículo 77, fracción XVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no es violatorio del principio de equidad contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, como a continuación se demuestra.-Por su parte, el artículo 77, fracción XVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que no se pagará dicho impuesto por los ingresos obtenidos con motivo de la enajenación de títulos valor, cuando la operación se realice en el país a través de la bolsa de valores autorizada y siempre que dichos valores sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista conforme a las reglas generales que para el efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-Ahora bien, el hecho de que el precepto cuya constitucionalidad se cuestiona prevea que no se pagará el impuesto sobre la renta respecto de los ingresos obtenidos por la enajenación de acciones que se realicen en el país y no prevea tal situación para los ingresos que se perciban cuando la operación se realice en el extranjero, no implica que el artículo 77, fracción XVI, de la ley de la materia sea violatorio del principio de equidad.-Se afirma lo anterior, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios ha definido el principio de equidad, que radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria; todos los sujetos pasivos de un mismo tributo deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera. La equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Esto es, la ley y la autoridad fiscal, para cumplir con este principio de equidad, están obligadas a aplicar las disposiciones en forma igual a todos aquellos contribuyentes que guarden la misma situación jurídica frente a la norma.-En el caso, la problemática a dilucidar se contrae a juzgar la constitucionalidad de una disposición que exceptúa del pago del impuesto sobre la renta a los ingresos obtenidos con motivo de la enajenación de títulos valor, cuando la operación se realice en el país a través de bolsa de valores autorizada y siempre que dichos valores sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y obliga, por tanto, al pago del impuesto a aquellos sujetos que como en el caso realizan la operación en el extranjero.-Los sujetos exentos es obvio que no tienen la misma situación jurídica frente a la norma, que aquellos que por su actividad están gravados por la ley. La disposición no puede ser inequitativa por comparar sujetos exentos y sujetos gravados, puesto que es claro que se ubican en supuestos jurídicos diversos, aquellos que, como en el presente caso, realizan la enajenación de los títulos valor a través de la bolsa de valores de Chicago, Estados Unidos, respecto de aquellas que llevan a cabo la enajenación con una bolsa de valores autorizada dentro del país, razón fundada para desestimar el concepto de violación que se analiza.-La fracción XVI del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta cuestionada está diseñada con un sentido objetivo, pues no se pretende con ella favorecer intereses de determinadas personas individualmente consideradas, ni características personales, razón por la cual disfrutarán de las exenciones todas aquellas personas físicas que demuestren ubicarse dentro de sus supuestos.-Ahora bien, aquellas personas que no se ubican en la exención prevista en la fracción XVI del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no son iguales cualitativamente como sujetos del impuesto, ya que si bien es cierto que tienen en común el obtener ingresos por la enajenación de títulos valor, también lo es que presentan características específicas individuales que los hacen diferentes frente a la norma, como lo son la enajenación de los títulos valor con una bolsa de valores no autorizada y con residencia en el extranjero, siendo que el precepto que se reclama establece que no se pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos por la enajenación de títulos valor, siempre y cuando se realice en el país a través de la bolsa de valores autorizada conforme a las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-Por otra parte, el hecho de que no se esté exceptuando del pago del impuesto a aquellas personas que obtengan ingresos por la enajenación de títulos valor con bolsa de valores del extranjero, porque no están autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene razón de ser, ya que se trata de una categoría de contribuyentes diferentes. De tal manera que la excepción que se establece en la fracción XVI del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respeta el principio constitucional de equidad, pues da un trato igual a sujetos que se ubican dentro de la misma situación jurídica, y diferente a quienes no se ubican dentro de los supuestos de la norma.-No debe pasarse por alto que una exención es constitucional cuando se establece considerando la situación jurídica de las personas (no así cuando la exención se hace en atención a las características individuales del sujeto). Situación jurídica abstracta prevista por la ley, la cual contempla elementos subjetivos para establecer excepciones en el pago del impuesto conforme lo establece el artículo 13 de la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional. Por eso, es infundado el argumento del a quo en el sentido de que el precepto impugnado hace una distinción injustificada entre la enajenación de títulos valor realizados en el país, con las realizadas en el extranjero, pues el precepto es claro al señalar los supuestos que deben reunir este tipo de operaciones para que los contribuyentes no paguen el impuesto por los ingresos que obtengan, de donde se desprende que no se le da un trato desigual a la quejosa, porque no se encuentra exento del impuesto como aquellas personas que enajenan títulos valor dentro del país con bolsas de valores autorizadas para ello por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que su situación es diferente a la prevista en la norma. Como puede apreciarse, se trata de categorías identificadas en abstracto, en forma razonable y sin que el régimen relativo haya sido establecido para hostilizar a determinados contribuyentes, pues la excepción que hace la fracción XVI del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no es a título particular, sino se refiere de manera impersonal a toda una categoría de personas en función de la naturaleza de sus operaciones económicas; por lo que habría inequidad si dentro de la misma categoría o grupo de contribuyentes se establecen a título particular, de manera que hubieran cargas fiscales o exenciones sólo para algunos y no para las demás con las mismas características, lo cual no ocurre cuando se distingue con características propias de su actividad fijadas de manera general, abstracta y permanentemente diferentes de las de otros.-Por último, a este respecto, también cabe hacer notar que la proporcionalidad y la equidad referida por el artículo 31, fracción IV, tiene un alcance distinto, según fue establecida con meridiana claridad (sic) en la tesis relacionada con la jurisprudencia No. 54 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 128 de la última compilación, Primera Parte, que en la parte conducente expresa:-‘La manera de interpretar la Constitución en materia impositiva, en el sentido de que para que un impuesto sea proporcional y equitativo debe tomarse en cuenta la capacidad contributiva y que, además, de acuerdo con los principios de igualdad y generalidad, dos capacidades contributivas iguales deben gravarse con la misma tasa, en la misma forma, es erróneo y, por lo mismo, carece de razón en la interpretación de la Constitución General de la República, ya que dicha interpretación no puede hacerse con el solo análisis literal de un artículo, sino en relación con todos los preceptos que tienen relación con ese precepto, y el contenido de los fines ... El principio de igualdad establecido en la Constitución no se propone sancionar en materia de impuestos un sistema determinado ni una regla férrea por la cual todos los habitantes o propietarios deban contribuir con una cuota igual al sostenimiento del gobierno ... Ese principio no priva al legislador de la facultad de crear categorías de contribuyentes afectados con impuestos distintos, siempre que ellas no sean arbitrarias o formadas para hostilizar a determinadas personas o clases, es decir, siempre que las distinciones, categorías o clasificaciones se apoyen en una base razonable y respondan a una finalidad económica o social. Si bien a todo impuesto tiene que corresponder una capacidad contributiva, la determinación de las diversas categorías de contribuyentes puede hacerse por motivos distintos de la sola medida económica de esa capacidad. El valor económico de los bienes que constituye el objeto material del impuesto no determina por sí solo y a veces no determina de ningún modo, las distintas categorías de contribuyentes ni las que el régimen impositivo hace de los bienes gravados y de la situación de los contribuyentes a este respecto. En estas determinaciones pueden intervenir factores que no son económicos o que lo son sólo indirectamente. Tanto el tesorero público como el régimen impositivo con que se le constituye, son instrumentos de gobierno y para la obtención del bien común que es la finalidad de todo sistema tributario ha de considerarse, no exclusivamente en la mayor o menor cantidad contributiva de cada uno sino también en un mayor o menor deber de contribuir que tiene razón de ser distinta de sólo la capacidad económica de quien contribuye ... para determinar quiénes son iguales cuando la relación en que la particular obligación impuesta por la ley esté con las necesidades o conveniencias generales en el lugar, tiempo y modo de su aplicación para determinar si son o no iguales las circunstancias las leyes pueden y aun deben, establecer categorías diversas a condición de que la decisión sea razonable, es decir, tenga razón de ser en la naturaleza de las cosas de que se trate. En ambas determinaciones se trata de trascender las apariencias de la igualdad aritmética para discernir desigualdades esenciales y hallar el modo de compensarlas mediante obligaciones o exenciones legales que igualen ante la ley a todos los comprendidos en su regla ...’.-Por lo aquí expuesto, procede revocar la sentencia recurrida y en su lugar negar el amparo y protección al quejoso."
TERCERO.-Los agravios hechos valer, examinados en estricto derecho por cuanto fueron formulados por una autoridad, son infundados, atento las siguientes consideraciones.
El artículo 77, fracción XVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en mil novecientos noventa y tres, cuya inconstitucionalidad declaró el Tribunal Colegiado, es del siguiente tenor:
"Artículo 77. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:
"...
"XVI. Los obtenidos con motivo de la enajenación de títulos valor, cuando la operación se realice en el país a través de bolsa de valores autorizada y siempre que dichos valores sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
El Tribunal Colegiado estimó, esencialmente, que el artículo mencionado contraviene el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque exenta del pago del impuesto sobre la renta a los que obtengan ingresos por la enajenación de títulos valor cuando la operación se realice en el país a través de bolsa de valores autorizada y siempre que dichos valores sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista; sin que prevea dicha exención para los ingresos que se perciban por el mismo motivo, pero que la operación se realice en el extranjero, dándose así un trato desigual a los iguales, sin que se advierta en qué se apoya el trato preferente para los sujetos que realicen enajenaciones de acciones en el país.
Los agravios esgrimidos contra las anteriores consideraciones en resumen son:
a) Que no se encuentran en la misma situación jurídica frente a la norma los sujetos exentos, es decir, los que enajenen acciones en casa de valores autorizada en el país, frente a aquellos que efectúen ese tipo de operaciones en el extranjero.
b) Que la exención que establece la disposición que se tilda de inconstitucional obedece a un criterio objetivo, por lo que no favorece a alguna persona en lo individual, sino que se refiere de manera impersonal a toda una categoría de personas en razón de la naturaleza de sus funciones económicas y, por ende, de la exención disfrutan todos los que están en los supuestos de la norma.
c) Que si bien es cierto que las personas exentas y las obligadas al pago del impuesto tienen en común que obtienen ingresos con motivo de la enajenación de títulos valor, también lo es que no son iguales cualitativamente, pues mientras los primeros efectúan la enajenación en el país y en bolsa de valores autorizada, los segundos lo hacen en el extranjero, lo que propicia que estos últimos tengan una categoría de contribuyentes diferente, justificándose así un trato desigual a los no iguales en cumplimiento al principio de equidad tributaria.
d) Que conforme al artículo 13 de la ley reglamentaria del artículo 28 de la Máxima Ley del país, la exención de impuestos es constitucional cuando se establece considerando la situación jurídica de las personas.
Ahora bien, para analizar el problema relativo a la equidad en el tributo de que se trata y, específicamente, en cuanto se establece la exención de su pago a quienes enajenen títulos valor en el país, importa considerar los argumentos externados al resolver el juicio de amparo en revisión 1558/90, resuelto por este Pleno el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis, que en la parte conducente y en lo que aquí interesa a continuación se insertan:
"Las tesis jurisprudenciales publicadas con los números ochenta y ocho, ochenta y dos, y ochenta y tres de la compilación de mil novecientos ochenta y ocho, que dicen: ‘IMPUESTOS. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.-El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.’ ‘IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS.-Interpretando en forma sistemática el artículo 28 constitucional y el artículo 13 de su reglamento, se obtiene la conclusión de que la prohibición contenida en el primero de ellos respecto de la exención de impuestos debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, y no cuando la exención de impuestos se concede considerando situaciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o económicos en favor de categorías determinadas de sujetos’ y ‘IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS (DECRETO NÚMERO 200 DEL ESTADO DE SINALOA).-Es constitucional la exención de impuestos cuando se establece considerando la situación objetiva de las personas exentas (no así cuando la exención se hace en atención a las características individuales de las personas, estimándose sus características personalísimas), en atención a la situación jurídica abstracta prevista en la ley, la cual contempla elementos objetivos para establecer excepciones en el pago de los impuestos. Por tales razones, es constitucional el Decreto Número 200 del Estado de Sinaloa, que en el artículo 150 exime del pago del impuesto, entre otras personas, a los agentes consulares extranjeros, a los miembros de las delegaciones científicas, a las personas de nacionalidad extranjera, a los empleados públicos federales, del Estado o de los Municipios, que reciban gratificaciones de fin de año. Interpretando en forma sistemática el artículo 28 constitucional y el artículo 13 de su reglamento, se obtiene la conclusión de que la prohibición contenida en el primero de ellos respecto de la exención de impuestos, debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, y no cuando la exención de impuestos se otorga considerando situaciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o económicos en favor de una categoría de sujetos.’.-La primera de estas tesis, en la parte que ahora interesa, recoge el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por el cual se exige a las leyes de este género conceder un trato igual a las personas colocadas en la misma situación y uno diferente a quienes se encuentren en situaciones diversas.-Las dos tesis restantes interpretan el artículo 28 constitucional, que prohíbe establecer exenciones para favorecer los intereses de una o más personas determinadas y autoriza las que se fijen considerando situaciones objetivas que reflejen intereses sociales o económicos de ciertas categorías de contribuyentes.-La aplicación conjunta de estos dos principios, uno el de equidad del artículo 31 de la Constitución y otro el de prohibición de exenciones a título particular del artículo 28 de la misma, lleva a considerar que las exenciones de impuestos, para resultar constitucionales, deben no sólo observar los requisitos de generalidad y abstracción de que antes se ha hablado, sino también conservar el esquema de igualdad de las cargas tributarias sobre los particulares.-Para satisfacer esta última exigencia es preciso advertir que, como bien lo señala la autoridad responsable, es esencial a la ley tributaria el establecimiento de clasificaciones y de categorías de sujetos para establecer quiénes deben sufrir la carga del tributo, distinguiéndolas de las demás que conforman el universo total de personas que pueden ser destinatarias de sus normas; no se puede gravar de igual manera a todos los habitantes del país sin distinción de edad, actividad, condiciones económicas, situación social, etcétera, pues ello conduciría a un estado de injusticia.-Corresponde pues al legislador determinar la categoría de sujetos que serán contribuyentes de cierto gravamen, normalmente por razón de su posición frente al objeto gravado o su conexión con él y, en su caso, determinar las subcategorías, dentro de aquéllas, que por sus características requieren tratamientos específicos en cuanto a reglas de causación, forma y tiempo de pago, deducción, determinación de la base e, incluso, situaciones objetivas de indiscutible beneficio o justificación social, que pudieran traducirse en exenciones, es decir, en un privilegio excepcional en que puede colocarse a un sujeto de la contribución, que por esos motivos lo distinguen esencialmente desde el punto de vista fiscal, del resto de los contribuyentes, liberándolo del pago del tributo.-Por ello, el establecimiento de estas categorías y subcategorías de contribuyentes que, como bien lo dice la jurisprudencia, debe hacerse con criterios objetivos sin el propósito de favorecer a determinadas personas, no puede realizarse libremente por el legislador, sino de modo tal que no quebrante el principio de equidad, es decir, que no lo haga con fines discriminatorios ni caprichosos.-La discriminación por motivo de raza, religión o sexo no es motivo de este examen. La distinción basada en la arbitrariedad del legislador es lo que para el caso importa analizar.-Resulta claro que no cualquier criterio, sino sólo aquellos que apoyados en circunstancias objetivas que justifiquen por alguna causa razonable el motivo de la diversidad de trato, pueden servir al legislador para crear categorías y subcategorías de contribuyentes, y también es claro que no cualquier criterio puede invocarse en todo gravamen. Asimismo, para que la diferencia de trato entre los sujetos del tributo pueda traducirse en la exención en el pago, deben presentarse situaciones de notorio beneficio o justificación social, de acuerdo con el orden constitucional.-De lo expuesto se sigue que la justicia en la imposición, desde el punto de vista de la equidad, no se alcanza por el solo hecho de que el legislador configure categorías y subcategorías de contribuyentes de manera abstracta y conforme a criterios objetivos (lo que significaría tanto como decir que son desiguales todos aquellos que se distingan entre sí por cualquier motivo elegido por el autor de la regla), sino que es necesario que tales criterios sean relevantes y tengan significación frente al objeto y fin de la ley tributaria.-Si una norma establece un gravamen sobre cierto objeto y considera como sujetos del mismo a quienes se encuentren en una posición calificada respecto de dicho objeto, es necesario concluir que dicha norma, para distinguir a cierta categoría de ellos de los demás obligados, debe atender a circunstancias sociales, económicas y jurídicas que hagan variar precisamente dicha posición, a grado tal que para ellos se justifique un tratamiento fiscal diverso, especialmente cuando la naturaleza de la distinción es de tal relieve, en cuanto a la naturaleza del tributo, así como respecto de los fines fiscales, contributivos y de control, así como extrafiscales, que resulta notorio y plenamente justificable que mientras a unos se les exija el pago, a otros se les exente del mismo. Lo anterior significa que para que una exención se halle arreglada al principio de equidad tributaria, es preciso que esté fundada en circunstancias objetivas que sean determinantes de la situación que guardan los sujetos favorecidos con ella frente al objeto gravado y a las finalidades perseguidas por dicho gravamen."
De lo expuesto se advierte que una exención se justifica si se funda en la situación específica de los sujetos pasivos del tributo (obligados) o en la obtención de un beneficio social o colectivo.
En la especie, este Alto Tribunal no advierte que no se surta ninguno de tales supuestos o, al menos, no se plantea en los agravios hechos valer los que, como ya se dijo, deben estudiarse en estricto derecho por cuanto provienen de una autoridad.
En el caso que nos ocupa, el objeto del impuesto que se pretende cobrar al quejoso es la obtención de ingresos derivada de la enajenación de títulos valor en el extranjero.
En tal aspecto guarda una situación idéntica a aquellos que efectúan enajenaciones de títulos valor en el país, pues en ambos casos se realiza el mismo hecho generador del tributo.
Sin embargo, la ley da un tratamiento distinto a los que enajenan valores en el extranjero, pues en este supuesto (que es en el cual se encuentra el quejoso), sí debe pagarse el correspondiente impuesto sobre la renta y no así los demás contribuyentes que gozan de la exención otorgada por el propio precepto impugnado, aunque también obtienen ingresos por el mismo concepto.
Aunque el hecho generador del tributo es el mismo para todos los contribuyentes del impuesto, pues todos ellos perciben ingresos por la enajenación de títulos valor, basta que varíen las condiciones meramente secundarias marcadas por la ley para que el gravamen ya no tenga que pagarse, lo cual provoca un tratamiento inequitativo entre los diversos causantes del impuesto que están en la misma hipótesis de causación.
En la especie es aplicable la jurisprudencia 41/97, sustentada por este Tribunal Pleno, visible en la página 43, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, Novena Época, que a la letra dice:
"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.-El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional."
De igual forma cobra aplicación la diversa jurisprudencia número 42/97, sustentada por este Alto Tribunal, visible en la página 36 del tomo que se acaba de mencionar, cuyo tenor literal es el siguiente:
"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.-El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los par
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4679-e09d2dac/enajenacion-de-titulos-valor-en-el-extranjero-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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