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Modo: Corpus Pro

CONDENA CONDICIONAL. AL SER UN BENEFICIO CUYO OTORGAMIENTO SE RESUELVE DE MANERA DISCRECIONAL, CONFORME A LA VALORACIÓN QUE HAGA LA AUTORIDAD JUDICIAL DE LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE CADA CASO, NO RIGE RESPECTO DE ELLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. CONDENA CONDICIONAL. BUENA CONDUCTA POSITIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2330/97. · Registro digital (IUS): 5420
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN JOSÉ TRUJILLO GONZÁLEZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, , Pág. 376.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2330/97. JUAN JOSÉ TRUJILLO GONZÁLEZ.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84, fracción II de la Ley de Amparo y 10, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en el que entre los conceptos de violación se planteó la inconstitucionalidad del artículo 90, fracción I, del Código Penal en Materia Federal, y en la parte considerativa de dicho fallo se estimaron infundados los conceptos de violación relativos, por lo que subsiste el problema de constitucionalidad.

SEGUNDO. La parte quejosa hizo valer, en lo conducente a la materia del recurso, los conceptos de violación que se transcriben a continuación:

"... También señalamos como tercer concepto de violación, en base al segundo párrafo de la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, la inconstitucionalidad del inciso b) de la fracción I del artículo 90 del Código Penal Federal, misma que a la letra establece: ‘Art. 90. El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional se sujetarán a las siguientes normas: I. El Juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hipótesis que establece la fracción X de este artículo, suspenderán motivadamente la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren estas condiciones: b) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso y, además que haya evidenciado buena conducta positiva, antes y después del hecho punible’; Del análisis jurídico del inciso anteriormente citado, se observa fehacientemente la inconstitucionalidad de su texto, ya que como lo referimos en el concepto de violación anterior, no se señala expresamente qué se debe de entender por buena conducta positiva antes y después del hecho punible, permitiendo de esa forma una aplicación de tal precepto, por parte de los juzgadores en forma simple analogía o por mayoría de razón, violando en perjuicio de los procesados la garantía de seguridad jurídica contenida en el tercer párrafo del artículo 14 constitucional. La jurisprudencia o interpretación del precepto legal señalado como inconstitucional en esta demanda, emitida por la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito, misma que se transcribió en el anterior concepto de violación, se refiere a que se considera mala conducta del sentenciado, el hecho de que tenga procesos previos, es decir, causas penales pendientes de resolver, mas dicha jurisprudencia no se refiere tampoco a procesos instruidos por delitos graves o leves, ni tampoco señala una temporalidad del señalamiento de conducta negativa o mala por la condena de delitos anteriores al nuevo hecho por el cual nuevamente se le condena. Sin embargo, lo más grave es que el precepto legal referido, no expresa claramente cuál es el tiempo o término dentro del cual una persona procesada y sentenciada con anterioridad a un hecho punible debe de ser considerada como de mala o negativa conducta, y aunado a lo anterior la jurisprudencia señala que una persona es considerada de mala conducta si tiene procesos previos e ingresos a prisión, pero no establece tal criterio jurisprudencial qué pasa con las personas que han sido sentenciadas por delitos leves, condenadas y que hubiesen cumplido con la ejecución de la pena, y más aun, si dichas personas nunca ingresaron a prisión, ¿siguen siendo consideradas como personas con conducta negativa o mala? ¿y por cuánto tiempo posterior al cumplimiento de su condena?-El texto del multicitado precepto legal sustantivo penal, permite que los juzgadores apliquen una pena o negativa de beneficios de la sustitución de la pena o condena condicional por simple analogía o por mayoría de razón, violando las garantías de seguridad jurídica de todo gobernado, creando por ende, un clima de inseguridad de cualquier procesado, al ser un precepto legal vago, sin limitaciones y por lo tanto un excelente medio represivo subjetivo para el juzgador."

Los criterios jurisprudenciales a que se alude en el concepto de violación transcrito, fueron sustentados por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respectivamente, y aparecen publicados en la compilación de 1995, Tomo II, páginas 56 y 275, cuyo contenido es el siguiente:

"CONDENA CONDICIONAL. PROCESOS PREVIOS. El procesamiento anterior del reo por hechos diversos de los que motiven la sanción de cuya suspensión se trata, constituye indicio de que el quejoso no había observado la buena conducta que se exige para el otorgamiento de la condena condicional."

"CONDENA CONDICIONAL Y SUSTITUCIÓN DE LA PENA, JUSTA NEGATIVA DE LOS BENEFICIOS DE, SI EXISTEN INGRESOS ANTERIORES A PRISIÓN. Es justa la negativa al sentenciado de los beneficios de la sustitución de la pena y condena condicional a que se refieren los artículos 70 y 90 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, si está probado con el informe de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social y ficha signalética, que éste cuenta con ingresos anteriores a prisión, lo que afirma que no evidencia buena conducta antes de la comisión del hecho punible."

TERCERO. Las consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido, en lo relativo a la materia del recurso, son las siguientes:

"CUARTO. Son infundados los conceptos de violación insertos. En el presente asunto, por razón de método, resulta procedente analizar, en primer término, el tercero de los motivos de disenso hechos valer, en atención a que en él la parte quejosa impugna, por estimarlo inconstitucional, el b) del artículo 90 del Código Penal Federal (sic). Son infundados los argumentos contenidos en el concepto de violación en análisis, por las siguientes razones: El artículo 14 constitucional, en su párrafo tercero, contiene la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, y tiene como campo de vigencia la materia procesal penal; dicha garantía establece que para que un hecho determinado sea considerado como delito y como motivo de aplicación de una pena es necesario que exista una ley que repute a aquél como tal y que le atribuya la penalidad correspondiente. Luego, se violará la garantía en comento cuando se pretenda aplicar una sanción penal a un hecho que no esté legalmente considerado como delito, o cuando se aplique una sanción penal si no existe alguna disposición legal que expresamente la contemple por la comisión de un hecho determinado instituido como delito. A mayor abundamiento, se infringirá el artículo 14 constitucional, en su párrafo tercero, cuando se aplique a una persona una pena que no se atribuya por la ley directa y expresamente a un delito determinado, o cuando no obstante que un hecho esté catalogado o tipificado por una disposición legal como delito, si dicho precepto no establece la pena que ha de imponerse a su autor, la autoridad judicial pretenda imponérsela. Por tanto, no se puede estimar infringida la garantía constitucional en comentario, por el hecho de que en el dispositivo y fracción en cita de la ley sustantiva penal, no se señale expresamente qué se debe entender por ‘buena conducta positiva’, ni se precise una temporalidad para que se actualice tal supuesto en el activo, esto es, ‘antes y después del hecho punible’; pues, por lo que hace al primer aspecto, el concepto de buena conducta positiva se debe entender, sin necesidad de señalamiento expreso, conforme a la lógica y al contexto jurídico y social en que una persona se desenvuelve en su vida diaria, esto es, que en el desarrollo de sus relaciones sociales; laborales e interpersonales el sentenciado haya ajustado su actuación a los patrones de conducta que rigen la vida social tanto en su aspecto legal como de facto, es decir, que no se hayan observado conductas -punibles o no- que puedan considerarse antisociales, para lo que no es forzoso que se infrinjan preceptos sustantivos penales o se produzcan resultados típicos, sino que basta que el proceder del condenado con anterioridad o posteriormente a la comisión del ilícito pueda estimarse reprochable y sancionable aun administrativamente, por implicar contravención a normas de derecho positivo, incluidos los elementos de menor jerarquía, como lo pueden ser los reglamentos administrativos y bandos de policía y buen gobierno, lo que se traduce en un desacato a los parámetros que regulan la vida armónica de la comunidad. Y, por lo que hace a la falta de precisión en la temporalidad, si bien ésta se actualiza, ello no implica que el juzgador por simple analogía o mayoría de razón la determine, toda vez que para atender a su precisión debe considerar las circunstancias peculiares del delincuente y a los elementos de prueba que debe recabar para el efecto de constatar su buena o mala conducta, así como a los que aporte el propio sentenciado; factores que valuados en su conjunto y dentro del libre arbitrio judicial serán suficientes para establecer hasta qué término conductas previas o posteriores son constitutivas de buena o mala conducta positiva antes y después de la comisión del ilícito. Aspecto que ha sido materia de interpretación de la jurisprudencia y a cuyos criterios el juzgador debe atender por disposición expresa de la ley. Luego, la determinación correspondiente a conceder o negar el beneficio de la condena condicional, porque el sentenciado haya o no observado buena conducta positiva antes y después de la comisión del delito, para ser legal y consecuentemente constitucional, en lo referente a la temporalidad a considerar, quedará sujeta a que el órgano jurisdiccional funde y motive adecuadamente -con base en hechos probados- su decisión, lo que de forma alguna puede significar que tal decisión se dé por analogía o mayoría de razón. En tal contexto, es inconcuso que los argumentos externados por el impetrante del amparo para establecer la inconstitucionalidad del b) del artículo 90 del Código Penal Federal, resultan, como se apuntó, infundados, puesto que la hipótesis que contempla dicha disposición, no puede resultar conculcatoria de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, consagrada en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, pues ésta tiene como campo de vigencia al delito y la imposición de sanciones, y no contempla, en ningún aspecto, las condiciones a que se sujeta el otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional. Amén de que, en tanto dicha condena no constituye un derecho establecido por la ley sustantiva penal en favor del sentenciado, sino un beneficio cuyo otorgamiento queda al prudente arbitrio del juzgador, no se puede considerar que las condiciones que se fijan para su otorgamiento y disfrute puedan vulnerar derechos sustantivos del gobernado, precisamente porque éste no ha quedado constituido ni en la Ley Fundamental ni en el ordenamiento secundario."

CUARTO. La parte recurrente expresó como agravio el siguiente:

"ÚNICO. La resolución recurrida viola lo dispuesto en los artículos 77, 78 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo toda vez que no se apoyó en los fundamentos legales exactos para negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de los actos reclamados que más adelante se precisarán, ya que del estudio completo de todas y cada una de las constancias que obran en el informe justificado de la autoridad responsable, se puede observar claramente, que la sentencia de fecha 4 de febrero de 1997 dictada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito en el Estado de Guanajuato, y misma que se señala como acto reclamado en el juicio de garantías de donde deriva la sentencia que ahora se recurre, es violatoria de garantías individuales en perjuicio del impetrante del amparo, de esta forma el Tribunal Colegiado de primer grado niega el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en contra de la sentencia condenatoria por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, en donde conforme al artículo 166 fracción IV segundo párrafo de la Ley de Amparo, se señala en la demanda de amparo directo como tercer concepto de violación la inconstitucionalidad del inciso b) de la fracción primera del artículo 90 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal. En efecto, el inciso b) de la fracción primera del artículo 90 del Código Penal Federal a la letra establece: ‘Art. 90. El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional se sujetarán a las siguientes normas: I. El Juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hipótesis que establece la fracción X de este artículo, suspenderán motivadamente la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren estas condiciones: a) ...; b) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso y, además, que haya evidenciado buena conducta positiva, antes y después del hecho punible’. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito en el Estado de Guanajuato considera que el tercer concepto de violación expresado en la demanda de garantías, en el cual se solicita el amparo y protección constitucional en contra de la inconstitucionalidad del precepto legal antes citado, es infundado; conclusión que se establece con base en los considerandos de la sentencia de primer grado que pueden ser observados en las fojas de la 29 a la 36, los cuales a continuación se transcriben, acatando lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Amparo: (quedaron transcritos en el considerando anterior). Es importante señalar en el presente pliego de agravios, que dentro de la sesión del Pleno del Tribunal Colegiado de primer grado, al momento de realizarse la votación o aprobación del proyecto de sentencia por parte de los Magistrados ponentes, éste solamente fue aprobado por dos de ellos y se manifestó disidente uno, y de esa forma por plática de uno de los mismos Magistrados nos enteramos que quien se negó a votar a favor manifestó que el quejoso tenía razón y que debía otorgársele la protección constitucional. Los razonamientos expresados en la sentencia de primer grado emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito no aluden ni se refieren directamente a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo directo, ya que ese Tribunal Colegiado solamente se limita a manifestar en su resolución que los conceptos de violación son infundados porque el inciso b) de la fracción primera del artículo 90 del Código Penal Federal permite al juzgador establecer mediante arbitrio judicial cuándo deben ser negados o concedidos los beneficios de la condena condicional o sustitución de la pena al sentenciado. Sin embargo, ese tribunal de primer grado no razona ni especifica cuándo una persona debe ser considerada como de buena o mala conducta. Como se puede observar en los razonamientos del Tribunal Colegiado expresados en su sentencia, mismos que han quedado transcritos en el presente escrito, en ningún momento se trata de especificar objetivamente qué se debe entender dentro del proceso penal por ‘buena conducta positiva’, solamente se limita a señalar que por lógica es aquella persona que no ha cometido conductas antisociales, además de que tampoco definen la temporalidad de esa llamada ‘buena conducta positiva’ a que se refiere el concepto de violación, en relación con los antecedentes del quejoso. Ese Tribunal Colegiado, al sólo limitarse a especificar su concepto de buena conducta, soslaya o pasa por alto el tercer concepto de violación esgrimido por el quejoso, ya que el impetrante del amparo no le solicitó a ese tribunal de amparo que le explicase el concepto de buena conducta, ni que le explicase que los beneficios de la condena condicional y sustitución de la pena quedan sujetos al arbitrio judicial, ni que le explicase que el inciso b) de la fracción primera del artículo 90 del Código Penal Federal permite la intervención y consideración subjetiva del juzgador para considerar que una persona tiene buena o mala conducta; no, sus señorías, el quejoso no le solicitó al Tribunal Colegiado que le definiera tales conceptos, el impetrante del amparo solicita la protección constitucional en contra de un precepto sustantivo penal que permite realizar al juzgador un juicio arbitrario alejado de la objetividad del derecho penal, característica del derecho punitivo consagrada en el artículo 14 de la Carta Magna. Efectivamente, el quejoso en su tercer concepto de violación del escrito de demanda solicita el amparo en contra del inciso b) de la fracción primera del artículo 90 del Código Penal Federal porque lo considera inconstitucional, por lo que resulta trascendente transcribir aquí algunos extractos de los razonamientos referidos: (quedaron transcritos en el considerando segundo de este fallo). Como puede observarse claramente en dicho argumento transcrito, en ningún momento el quejoso solicita que se le expliquen los conceptos didácticamente desglosados por el tribunal de primer grado, pues en dicho concepto de violación se alega que el inciso b) de la fracción primera del artículo 90 del Código Penal Federal conculca en agravio del quejoso la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 14 de la Carta Magna, ya que en dicho precepto impugnado no se señala hasta cuándo una persona debe ser considerada como de mala conducta, aun y cuando ni siquiera tenga ingresos a prisión, que hayan prescrito las sanciones penales impuestas por delitos anteriores, y que la persona tenga un modo honesto de vivir, tenga buena reputación comercial, y que los delitos por los cuales se le siguieron causas penales sean de los considerados como leves; por lo que volvemos a repetir: ¿Hasta cuándo una persona dejará de ser considerada como de mala conducta, aun y cuando concurran todas las características señaladas en líneas anteriores?, entonces, y tomando en cuenta que la política criminal de nuestro país es tendiente a la readaptación del delincuente, o bien a que obtenga beneficios de sustitución de la pena o condena condicional porque su conducta no es considerada peligrosa, ni el delito es grave, y el sujeto penal ha reparado el daño causado por el delito, cabría preguntarse: ¿En verdad se aplica dicha política criminal planteada por la Constitución de la República y las leyes penales sustantiva y adjetiva?; luego entonces, ¿por qué insistir en tener nuestros ‘Centros de Readaptación Social’ llenos de personas que solamente han cometido delitos leves y que no obtienen su libertad porque un Juez subjetiva o arbitrariamente consideró que son sujetos de mala conducta, aun y cuando tengan un modo honesto de vivir y que hayan prescrito las sentencias por delitos leves por los cuales fueron condenados con anterioridad?-El punto central del concepto de violación a que nos referimos estriba fundamentalmente en que el inciso b) de la fracción primera del artículo 90 del Código Penal Federal no especifica hasta cuándo una persona debe ser considerada como de buena o mala conducta, tomando en cuenta que si con anterioridad había sido condenada por la comisión de delitos leves, y aunado a ello habían prescrito las sanciones impuestas, ¿hasta cuándo dejará de ser considerado como sujeto de mala conducta? Un año después de la prescripción de sus condenas, dos años, cinco, diez, ¿cuándo?, y, sobre todo, dicho precepto legal ahora impugnado en el juicio de garantías, permite al juzgador soslayar el hecho de que el sujeto tenga un modo honesto de vivir, si dejara a su familia desamparada y a hijos y esposa sin protección ni alimentos, y aun más grave, permite soslayar las circunstancias que rodean a la conducta típica, si se cometió de forma dolosa o culposa, o si la conducta tenía alguna finalidad específica; de esta forma dicho precepto legal permite al juzgador actuar de forma represiva, injustificada y arbitrariamente sobre la persona infractora, aun y cuando el delito sea leve y sin repercusiones sociales, permitiendo que el juzgador soslaye todos los aspectos ya referidos.-De esta forma, es el motivo por el cual recurrimos el fallo materia de la presente revisión, ya que se considera que deben fijarse parámetros o límites sobre el concepto de buena conducta positiva para evitar la represión y arbitrio del juzgador en contra de un sujeto que ha cometido un delito leve; los parámetros o límites a que nos referimos deben fijarse con respecto al tiempo en que una persona debe considerarse como de mala conducta, sobre todo si fue condenada con anterioridad por delitos leves en que ya prescribieron sus condenas, también fijarse los criterios de estimar la condena del inculpado o sentenciado con respecto a las circunstancias de comisión del delito, y si la persona tiene un modo honesto de vivir, todo ello a fin de evitar sentimientos subjetivos arbitrarios e inquisidores de los juzgadores, los cuales son permitidos por el inconstitucional texto del inciso b) de la fracción primera del artículo 90 del Código Penal Federal, el cual conculca la garantía de seguridad jurídica contenida en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional."

QUINTO.-De los razonamientos expuestos como agravios por la parte recurrente, se observa que sostiene, esencialmente, que la sentencia recurrida es ilegal, en razón de que no se refiere a los conceptos de violación que se expresaron para sostener la inconstitucionalidad del artículo 90, fracción I, inciso b), del Código Penal en Materia Federal, puesto que no especifica qué debe entenderse por "buena conducta positiva", limitándose a señalar que, por lógica, consiste en la falta de comisión de conductas antisociales, pasando por alto que el alegato principal consistió no en la explicación de dicho concepto, sino en que como la norma no lo define en su texto, esta situación permite la intervención subjetiva del juzgador para determinar si una persona tiene buena o mala conducta, con independencia de la naturaleza de los anteriores delitos cometidos, así como para fijar el parámetro temporal respecto del cual debe operar tal consideración, lo que resulta contrario a la garantía de legalidad en materia penal prevista en el artículo 14, párrafo tercero, de la Carta Magna.

Sobre este particular, en el fallo impugnado, el Tribunal Colegiado, sostuvo lo siguiente:

a) Estableció que la referida garantía consagra que para que un hecho pueda ser considerado como delito y castigarse con una pena, debe contenerse en una disposición legal, lo cual tiene aplicación únicamente en el delito y su sanción, mas no en el otorgamiento de la condena condicional, porque éste no es un derecho consagrado en favor del sentenciado, sino un beneficio que queda al prudente arbitrio del juzgador.

b) Por lo que hace al precepto impugnado, determinó que la "buena conducta positiva" es un concepto comprensible sin necesidad de señalamiento expreso por la norma, de acuerdo con la lógica y contexto jurídico en que se desenvuelve una persona en sus relaciones personales, consistente en el ajuste de su actuación a los patrones de conducta previstos socialmente, bastando la realización de conductas contrarias a los parámetros reguladores de la vida en comunidad para estimarlas reprochables, aunque la sanción a la falta no corresponda necesariamente al ámbito penal.

c) Finalmente, en relación con la falta de precisión de la temporalidad para fijar la buena conducta positiva del solicitante de la condena condicional, el a quo sostuvo que dicha circunstancia no implica que la resolución judicial correspondiente se emita por simple analogía o mayoría de razón, porque debe atenderse a circunstancias peculiares del delincuente y elementos de prueba que, analizados conforme al libre arbitrio judicial, llevarán a establecer el plazo en que las conductas del sentenciado, previas o posteriores a la comisión del ilícito, puedan considerarse como buenas o malas, lo que deberá ser suficientemente fundado y motivado en la resolución relativa.

Con objeto de pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones descritas, se atiende, en primer término, al texto del artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución:

"Artículo 14. ... En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata."

En relación con el precepto transcrito, este Tribunal Pleno sostuvo, por mayoría de siete votos, el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, correspondiente a mayo de 1995, página 82, que literalmente expresa:

"EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA.-La interpretación del tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República."

Del examen del precepto constitucional y criterio transcritos, se observa, tal y como lo sostuvo el a quo, que el campo de aplicación de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal comprende exclusivamente la descripción de conductas e imposición de sanciones punitivas a cargo de la autoridad judicial, pues tiene como finalidad fundamental evitar que se apliquen penas que no se encuentren claramente previstas en la legislación relativa.

Para determinar si el precepto legal que se reclama resulta violatorio de dicha garantía individual, se atiende al título cuarto, capítulo IV, del Código Penal en Materia Federal, que establece los requisitos para el otorgamiento del beneficio de la condena condicional, en los términos siguientes:

"Capítulo IV

"Condena condicional

"Artículo 90. El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas:

"I. El Juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hipótesis que establece la fracción X de este artículo, suspenderán motivamadamente (sic) la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren estas condiciones:

"a) Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años;

"b) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso y, además, que haya evidenciado buena conducta positiva, antes y después del hecho punible; y

"c) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir;

"d) Que dé fianza por la cantidad que fije el Juez, de que se presentará ante la autoridad, siempre que fuere requerido, y de que reparará el daño causado.

"II. Para gozar de este beneficio el sentenciado deberá:

"a) Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen, para asegurar su presentación ante la autoridad siempre que fuere requerido;

"b) Obligarse a residir en determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia;

"c) Desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u ocupación lícitos;

"d) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica; y

"e) Reparar el daño causado.

"Cuando por sus circunstancias personales no pueda reparar desde luego el daño causado, dará caución o se sujetará a las medidas que a juicio del Juez o tribunal sean bastantes para asegurar que cumplirá, en el plazo que se le fije, esta obligación.

"III. La suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa, y en cuanto a las demás sanciones impuestas, el Juez o tribunal resolverán discrecionalmente según las circunstancias del caso.

"IV. A los delincuentes a quienes se haya suspendido la ejecución de la sentencia, se les hará saber lo dispuesto en este artículo, lo que se asentará en diligencia formal, sin que la falta de ésta impida, en su caso, la aplicación de lo prevenido en el mismo.

"V. Los sentenciados que disfruten de los beneficios de la condena condicional quedarán sujetos al cuidado y vigilancia de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social.

"VI. En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los términos de este artículo, la obligación de aquél concluirá seis meses después de transcurrido el término a que se refiere la fracción VII, siempre que el delincuente no diere lugar a nuevo proceso o cuando en éste se pronuncie sentencia absolutoria. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, los expondr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5420-fa47f6a1/condena-condicional-al-ser-un-beneficio-cuyo-otorgamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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