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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. ES IMPROCEDENTE SI PREVIAMENTE NO SE DETERMINA Y NOTIFICA EL CRÉDITO FISCAL POR LA AUTORIDAD HACENDARIA, AUN CUANDO EL CONTRIBUYENTE, QUE OPTÓ POR LA AUTODETERMINACIÓN, HAYA INCUMPLIDO CON EL PAGO EN PARCIALIDADES.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 33/97. · Registro digital (IUS): 4708
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, , Pág. 713.

REVISIÓN FISCAL 33/97. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Son infundados los agravios que se plantean.

La autoridad recurrente, en sus extensos argumentos, reitera y esencialmente alega, en el primero y segundo de sus agravios, que la sentencia generadora del presente recurso de revisión infringe lo dispuesto por los artículos 237, tercer párrafo, 238, fracción III y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, porque la Sala responsable, para declarar la nulidad de la resolución controvertida, sostuvo que al no existir un crédito fiscal determinado por autoridad competente a cargo del contribuyente no podía justificarse la legalidad del procedimiento administrativo de ejecución que el fisco inició en contra del particular; que esas consideraciones son ilegales ya que el propio contribuyente se había autodeterminado el controvertido crédito fiscal que dio origen al juicio de nulidad, por ello, el citado crédito sí existe y, por ende, el mismo sí puede ser exigido por la autoridad demandada; que de no considerarse así, se llegaría al absurdo de que cuando el mismo contribuyente es quien se autodetermina las contribuciones a cubrir, solicita su pago en parcialidades, y después desconozca los citados créditos, éstos, por esa razón, se considerarían inexistentes, causando con ello un grave perjuicio a los intereses del fisco federal; que si bien es cierto que de conformidad con el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, el particular tiene la facultad para pagar en parcialidades los adeudos que se determinen tanto por la autoridad como por el propio contribuyente, también es verdad que el actor del juicio de nulidad, generador del presente recurso, reconoció un adeudo con el fisco federal, pues se autocorrigió a través de la declaración complementaria por el ejercicio de mil novecientos noventa y tres, solicitó la autorización para pagar en parcialidades y optó por efectuar dicho pago en esas condiciones; así quedó obligado con la autoridad tributaria, demostrándose con ello la existencia del crédito fiscal que incorrectamente la Sala Fiscal responsable sostiene que no existe; que esta Sala debió dilucidar, en primer término, que un crédito fiscal puede ser la autodeterminación de contribuciones, como principio rector del sistema tributario, siendo que este concepto se establece claramente en el artículo 4o. de la ley de la materia; que no es necesario que la autoridad hacendaria determine el crédito fiscal y que éste, a su vez, sea notificado al particular para considerar la existencia del mismo, pues éste puede ser autodeterminado por el contribuyente; que son incorrectas las apreciaciones de la Sala Fiscal, al sostener que la autoliquidación que efectuó el contribuyente no contiene las características del acto administrativo, puesto que la solicitud que hizo el particular de realizar pagos parciales de los impuestos adeudados, y los pagos efectuados, constituyen un acto administrativo propiamente dicho, originado por la aceptación del adeudo fiscal que debía percibir el Estado por contribuciones y el sometimiento al procedimiento de pago en parcialidades establecido en el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación; que la Sala responsable pretende ir más allá de la ley, expresando definiciones de lo que es crédito fiscal, cuando la ley lo conceptúa concretamente.

Los argumentos antes citados resultan infundados, pues si bien es cierto que el propio contribuyente determinó los créditos fiscales cuestionados, dado que inclusive solicitó le fuera autorizado el pago de éstos en parcialidades, también es verdad que la citada autodeterminación no constituye un acto definitivo, ya que tal liquidación puede ser revisada por la autoridad hacendaria, en su caso, determinar el importe que el particular debe pagarle como contribución, lo cual origina que al ser éste un acto de particular, es decir, la cantidad establecida por la persona moral actora del juicio de origen como pago de impuestos, dicho monto no puede ser exigido por la autoridad fiscal demandada, puesto que para ello es menester que ésta determine en cantidad líquida las contribuciones que debe pagar la persona moral actora del juicio de nulidad y una vez hecho lo anterior, tal resolución le debe ser notificada al particular, a fin de que éste, si así conviniera a sus intereses, la impugnara dentro de los cuarenta y cinco días siguientes, y en todo caso, si no existiera la interposición de algún medio de defensa ordinario o transcurriera tal plazo, puede en ese momento la autoridad hacendaria iniciar el procedimiento administrativo de ejecución; sin embargo, la recurrente empezó éste en contravención a lo previsto por el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, atento que partiendo de una autodeterminación del contribuyente, le requirió de pago, lo cual al ser ilegal dejó al particular en estado de indefensión.

Además, debe decirse que si bien en términos del artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación en cita, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados, que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el citado Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter, y que éste pueda recibir por cuenta ajena, y que el artículo 6o. del mismo ordenamiento legal establece en su tercer párrafo que corresponde a los particulares la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario, y que si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los propios contribuyentes les proporcionarán la información necesaria para ello, lo que implica que ciertamente la determinación de un crédito fiscal puede realizarse tanto por el particular como por la autoridad, sin embargo, la única pero fundamental diferencia estriba en que la primera no da origen al procedimiento administrativo de ejecución y la segunda sí, tan es así que respecto de aquella que formula el contribuyente no es definitiva, puesto que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, puede verificar que las declaraciones o autocorrecciones se encuentren ajustadas a la ley y de no ser así, determinará las diferencias existentes a través de una resolución que debe ser notificada al particular y en caso de que no pague la cantidad especificada por la autoridad, se hará exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución. Lo antes considerado es justificable, porque si sólo existe una determinación del crédito fiscal por parte del contribuyente, por su propia naturaleza no puede tener ejecución coactiva; en cambio, como bien lo advirtió la Sala responsable, es necesaria la determinación del crédito a través de una resolución de autoridad, para que en caso de no cumplirse se haga efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución.

En casos como el generador del juicio de nulidad, en que como lo ha venido reconociendo la recurrente, no existe ninguna determinación de autoridad sobre el referido crédito fiscal, autofijado por la persona moral contribuyente, si ésta dejó de pagar determinada parcialidad, solamente puede afectarle la sanción consistente en que se revoque la autorización del pago a plazos, pero no es motivo para que se haga exigible el crédito en forma inmediata a través del procedimiento administrativo de ejecución, en virtud de que su cuantificación no es definitiva, dado que la autoridad hacendaria, en uso de sus facultades legales de verificación, puede corroborar si las declaraciones y la autocorrección respectiva se ajustan o no a la ley y, en su caso, determinar y cobrar el saldo insoluto, ahora sí, a través de dicho procedimiento administrativo.

De lo contrario, se daría pie para que un acto de un particular se hiciera exigible a través del citado procedimiento administrativo, siendo que por regla general y en términos del artículo 151 del Código Fiscal en comento, las autoridades fiscales pueden hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, mediante tal procedimiento, esto es, cuando ya se encuentra determinado por la autoridad no solamente el importe de la contribución respectiva, sino también, como lo señala el artículo 66 del cuerpo normativo en comento, los conceptos que integrarán el monto de cada parcialidad.

Por otra parte, debe decirse que expresamente no existe disposición legal que establezca que únicamente una resolución de autoridad sobre un crédito fiscal puede dar origen a la instauración del procedimiento administrativo de ejecución; sin embargo, esto se infiere de las disposiciones legales que se invocan en la sentencia recurrida, puesto que en primer lugar el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación establece, entre otras cosas, que no se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal, hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación; por tanto, para que pueda notificarse un crédito fiscal al particular es necesario que la autoridad lo determine, a fin de que tenga la oportunidad, no solamente de cumplir en tiempo con el pago, sino principalmente de impugnarlo, y en la forma en que en el caso en estudio la autoridad fiscal pretendió llevar a efecto el cobro del crédito fiscal autodeterminado, implica que no habría determinación de autoridad que pudiera notificarse ni mucho menos posibilidad de que el contribuyente la impugnara.

En estas condiciones, debe decirse que, en contraposición a lo argumentado por la recurrente, la autodeterminación de contribuciones que efectuó la actora del juicio de nulidad de origen no tiene las características de acto administrativo, porque simplemente fue realizado por un particular y no por una autoridad propiamente dicha; por tanto, tal acto carece de definitividad, porque puede ser revisado por el fisco y, en todo caso, éste puede determinar que existen diferencias a su favor que no le fueron cubiertas y, en consecuencia, puede, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, exigir su cumplimiento.

Por último, debe señalarse que la parte conducente del criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, al resolver la revisión fiscal 8/97, que invoca la recurrente, no resulta aplicable en la especie, puesto que sustenta argumentos que esta potestad federal no comparte, y en términos de lo previsto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a acatarlo.

Siendo así, debemos concluir que correctamente la Sala Fiscal responsable sostuvo que la autoliquidación de impuestos realizada por el particular no es un acto definitivo, puesto que deviene del contribuyente y se encuentra sujeta a la revisión de las autoridades hacendarias y, por lo mismo, no puede ser exigible sino hasta que el fisco lo determine y lo notifique al interesado, lo cual no sucedió en la especie, por lo que legalmente fue declarada la nulidad de la resolución impugnada en el juicio generador de la presente revisión fiscal.

Además, debe decirse que tratándose de cualquier crédito fiscal, esto es, ya sea que se determine por la autoridad hacendaria en uso de sus facultades de comprobación, o bien que pueda surgir con motivo de una declaración complementaria, deberá existir una resolución de autoridad en donde se precise la omisión de pago en que haya incurrido el contribuyente, o bien la falta de cumplimiento del pago de tres parcialidades sucesivas, determinando en cantidad líquida lo que se pretenda cobrar, que es lo que hace exigible el crédito y, por consecuencia, justificable el procedimiento administrativo de ejecución. Es aplicable en la especie, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver las revisiones fiscales números 15/97, 14/97, 27/97 y 32/97, que dice: "CRÉDITO FISCAL. ES IMPROCEDENTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN SI PREVIAMENTE NO SE DETERMINA Y NOTIFICA POR LA AUTORIDAD HACENDARIA, AUN CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE OPTÓ POR LA AUTODETERMINACIÓN HAYA INCUMPLIDO CON EL PAGO DE PARCIALIDADES.-De conformidad con los artículos 144 y 145 del Código Fiscal de la Federación, que contienen verdaderas formalidades técnico-jurídicas, ad hoc con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución es necesario que exista la determinación de un crédito, la legal notificación de lo adeudado, así como que haya transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días, a la fecha en que surta efectos la citada notificación, para que en caso de incumplimiento de pago o de que no se garantice el interés fiscal, ni se interponga medio de defensa alguno, entonces exigirse su cumplimiento. Ahora bien, no pueden tenerse por cumplidos tales requisitos cuando la autoridad exactora inicia el procedimiento económico-coactivo en contra del contribuyente, porque éste incumplió con el pago de tres parcialidades en forma sucesiva a que se había obligado al optar por autocorregir su situación fiscal, dado que el incumplimiento de la obligación unilateral de pago no exime a la autoridad correspondiente de cumplir con las formalidades contempladas en los artículos 144 y 145 del Código Fiscal de la Federación antes referidos.".

En las condiciones relatadas, lo que en la especie procede es confirmar el fallo que se revisa.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución General de la República, 248 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Para los efectos precisados en la parte final de la sentencia reclamada, se declara la nulidad de la resolución impugnada contenida en el oficio número 325-A-VI-6-3878, de fecha once de octubre de mil novecientos noventa y seis, emitida por la Administración Local Jurídica de Ingresos de Xalapa, Veracruz, por medio de la cual se resuelve el recurso de revocación, en el sentido de confirmar la resolución contenida en el requerimiento con número de control 31089509002099, mediante el cual requiere el pago del crédito número C-31060 por la cantidad de trescientos sesenta y ocho mil setecientos noventa y cinco pesos, cero centavos.

Notifíquese, por lista a la parte actora y mediante oficio a la autoridad demandada, al cual se acompañará testimonio de esta resolución; también remítase testimonio a la Sala a quo, devolviéndole los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Carlos Loranca Muñoz, Gustavo Calvillo Rangel y Antonio Meza Alarcón, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4708-868a357c/procedimiento-administrativo-de-ejecucion-es-improcedente-si-previamente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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