ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CON VICIOS DE CARÁCTER FORMAL, LA NULIDAD DEBE DE SER PARA EFECTOS.
REVISIÓN FISCAL 34/97. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-De los agravios transcritos resulta inoperante el primero, pero fundado el segundo y suficiente para revocar la resolución recurrida.
El primero de ellos resulta inoperante, como se dijo, pues la recurrente sostiene, en la primera parte de su motivo de inconformidad, que no se analizaron los argumentos expuestos en el oficio de contestación de demanda, tendientes a demostrar la legalidad de la orden de visita domiciliaria; empero, no señala en forma específica a qué alegato se refiere, ni cuáles son las consecuencias que podría haber tenido, en caso de que hubiera sido analizado por el Tribunal Fiscal, y ello era necesario puesto que del estudio de la resolución recurrida, se advierte que el Tribunal Fiscal, en el considerando tercero, hizo referencia a lo expuesto por la demandada en su escrito de contestación, y procedió a darle respuesta a sus pretensiones, por lo que la recurrente debió precisar de manera concreta a qué alegatos se refiere para demostrar la procedencia de su agravio.
Como siguiente motivo de inconformidad contenido en el primer agravio, aduce la recurrente que el fallo impugnado no se encuentra ajustado a derecho, debido a que la Sala Fiscal interpretó erróneamente los artículos 16 constitucional, 38, 42 y 43 del Código Fiscal de la Federación, al afirmar que la autoridad no precisó el objeto de la visita. Dice la recurrente que dichos preceptos únicamente establecen como requisitos que debe observar una orden de visita, que la misma debe fundarse y motivarse, señalando los impuestos a revisar y si en el caso se revisaron el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, es legal la orden aun cuando se hubiesen señalado otros impuestos sobre los cuales no existió revisión alguna.
Ahora bien, al momento de analizar la orden de visita y establecer que ésta resultó genérica, por no estar debidamente determinados los impuestos objeto de la revisión, el Tribunal Fiscal señaló:
"... Por otra parte, sí le asiste la razón a la demandante en el sentido de que la orden de visita de la que se deriva la resolución impugnada, no señala con exactitud su objeto, circunstancia que resulta ilegal, porque contraviene lo dispuesto en el artículo 38 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación directa con el artículo 16 constitucional.-En efecto, el objeto de la orden de visita contenido en el oficio número 324-A-I-1-A-a-6415, de fecha 28 de noviembre de 1994, es genérico, tal como se desprende de la lectura de dicho oficio, ofrecido como prueba por las partes, y la cual obra agregada en autos, en donde textualmente se señala que se ordena practicar dicha visita domiciliaria, al contribuyente hoy actor, ‘... con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecto como sujeto directo y como responsable solidario, en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta, impuesto al activo de las empresas hasta el 31 de diciembre de 1989 e impuesto al activo, a partir del 1o. de enero de 1990; impuesto al valor agregado; impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón; impuesto especial sobre producción y servicios; impuesto sobre automóviles nuevos; impuesto sobre adquisición de inmuebles; impuestos al comercio exterior, cuotas compensatorias y derechos aduaneros; impuesto por la prestación de servicios telefónicos; contribuciones de mejoras; derechos de minería; derechos sobre agua; derechos por el uso o goce de inmuebles en zona federal marítima, terrestre, y todos los demás derechos comprendidos en la Ley Federal de Derechos, competencia de esta secretaría, así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones sobre estímulos fiscales’, revisándose sin embargo, únicamente lo concerniente al impuesto sobre la renta, y al impuesto al valor agregado.-La determinación anterior, se refuerza más aún, con la propia afirmación de la representación fiscal (foja 3 de la contestación de demanda), relativa a que el objeto de practicarle una visita domiciliaria al contribuyente es con el propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que se encuentra afecto como sujeto directo del impuesto al que tiene obligación de declarar, puesto que de tales afirmaciones se desprende que precisamente porque existe el registro de contribuciones respecto de las cuales es sujeto el contribuyente visitado, del que necesariamente tienen conocimiento las autoridades fiscalizadoras, es que el objeto de la visita domiciliaria debe ser claro, preciso y bien delimitado, circunstancia que no aconteció en la especie."
La recurrente en su agravio no controvierte tales consideraciones, pues se limita a reiterar lo expuesto ante el Tribunal Fiscal; por tanto, deviene inoperante el motivo de inconformidad.
No es aplicable al caso, como pretende la recurrente, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, porque existe jurisprudencia 59/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/97, entre las sustentadas precisamente por el Tribunal Colegiado mencionado y el diverso Tercero del mismo circuito, que es del tenor literal siguiente: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO.-Acorde con lo previsto en el artículo 16 constitucional, así como con su interpretación realizada por esta Suprema Corte, en las tesis jurisprudenciales, cuyos rubros son: ‘VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.’ (tesis 183, página 126, Tomo III, Segunda Sala, compilación de 1995) y ‘ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.’ (tesis 509, página 367, Tomo III, Segunda Sala, compilación de 1995), que toman en consideración la tutela de la inviolabilidad del domicilio y la similitud establecida por el Constituyente, entre una orden de cateo y una de visita domiciliaria, cabe concluir que el objeto no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, que dé lugar a la facultad comprobatoria que tienen las autoridades correspondientes, sino también debe entenderse como cosa, elemento, tema o materia, esto es, lo que produce certidumbre en lo que se revisa; con base en esto último, el objeto de la orden de que se trata no debe ser general, sino determinado, para así dar seguridad al gobernado y, por ende, no dejarlo en estado de indefensión. Por tanto, la orden que realiza un listado de contribuciones o cualquier otro tipo de deberes fiscales que nada tenga que ver con la situación del contribuyente a quien va dirigida, la torna genérica, puesto que deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobación, situación que puede dar pauta a abusos de autoridad, sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el visitador únicamente revise las contribuciones a cargo del contribuyente como obligado tributario directo, porque en ese momento ya no se trata del contenido de la orden, sino del desarrollo de la visita, en la inteligencia de que la práctica de ésta debe sujetarse únicamente a lo señalado en la orden y no a la inversa. Esta conclusión, sin embargo, no debe llevarse al extremo de exigir a la autoridad que pormenorice o detalle el capitulado o las disposiciones de las leyes tributarias correspondientes, porque tal exageración provocaría que con una sola circunstancia que faltara, el objeto de la visita se considerara impreciso, lo cual restringiría ilegalmente el uso de la facultad comprobatoria, situación que tampoco es la pretendida por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es necesario precisar que las anteriores consideraciones únicamente son válidas tratándose de órdenes de visita para contribuyentes registrados, pues sólo de ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con su registro de alta, sabe qué contribuciones están a su cargo, situación que es distinta de los casos de contribuyentes clandestinos, es decir, aquellos que no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, porque en estos casos, la orden necesariamente debe ser general, pues no se sabe qué contribuciones están a cargo del destinatario de la orden. También debe señalarse que las contribuciones a cargo del sujeto pasivo, no sólo concierne a las materiales o de pago, sino igualmente a las formales o cualquier otro tipo de deber tributario y, por tanto, debe entenderse por obligado tributario, no solamente al causante o contribuyente propiamente dicho, sino también a los retenedores, responsables solidarios y cualquier otro sujeto que a virtud de las normas tributarias tenga que rendir cuentas al fisco."
En cambio, es fundado el segundo agravio, en el que se sostiene que la resolución recurrida transgrede lo dispuesto por los artículos 237, 238, fracción II, y 239, fracción III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 192 de la Ley de Amparo, porque:
a) Al realizar una indebida interpretación de los ordenamientos referidos, la responsable (sic) declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por considerar que la orden de visita no señala con precisión su objeto.
b) Si la violación u omisión de un requisito formal llegara a derivar en el incumplimiento de un precepto legal, como sería no precisar con claridad el objeto de la orden de visita domiciliaria, lo procedente sería declarar la nulidad para efectos en términos de los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, ambos del Código Fiscal.
c) Se pasa por alto lo sustentado con motivo de la contradicción de tesis 83/95, donde se estableció que debía prevalecer el criterio de que la nulidad por vicios de carácter formal, provoca la nulidad para efectos y no lisa y llana.
d) Resulta incorrecto que la responsable (sic) hubiese considerado que la irregularidad delatada en la orden de visita no constituya un vicio de forma.
e) Si la nulidad se debió a vicios de forma, debió declararse para efectos en términos de la fracción III del artículo 239, pues en todo caso la irregularidad delatada puede ser subsanada en términos de ley.
f) No puede considerarse que la emisión de la orden de visita constituya un acto fuera de procedimiento, pues la irregularidad que se actualizó encuadra en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación.
g) A través de la contradicción de tesis 39/92, se resolvió que debe prevalecer el criterio en el sentido de que la nulidad por vicios de carácter formal encuadra dentro de la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, al constituir un vicio del procedimiento.
Los anteriores motivos de inconformidad resultan fundados, pues del análisis de las consideraciones vertidas por el Tribunal Fiscal, en la sentencia impugnada, se advierte que declaró fundado el agravio expuesto por el demandante, debido a que en la orden de visita domiciliaria no se señaló en forma clara y precisa su objeto, dado que se especificaron una diversidad de impuestos y de derechos federales, así como contribuciones de mejoras, resultando en consecuencia genérica y por tanto ilegal, ya que al no determinar cuáles contribuciones serían materia de la fiscalización, dejó al libre arbitrio de los visitadores determinarlos, causando con ello incertidumbre e inseguridad jurídica, y transgrediendo lo previsto por el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 constitucional.
Así las cosas, asiste razón a la recurrente al señalar que bajo tales supuestos la autoridad fiscal no debió declarar la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa impugnada, apoyándose para ello en los artículos 236, 237, 238, fracción IV, y 239, fracción II, todos del Código Fiscal de la Federación.
Lo anterior es así, porque como lo señala la contradicción de tesis 39/92, que se cita como inobservada por la recurrente, la nulidad por vicios de carácter formal encuadra dentro de la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, al constituir una irregularidad en el procedimiento fiscalizador, conforme al contenido claro de la tesis jurisprudencial citada por el recurrente, y de la ejecutoria que la contiene, consultable a fojas 239 del Tomo III, 2a. Sala, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia por contradicción de tesis, que dice: "NULIDAD. EFECTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO EXISTA INDEBIDA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR.-La nulidad de la resolución por vicios de carácter formal, que se configura al actualizarse una omisión dentro del procedimiento fiscalizador, como lo es la indebida identificación de los visitadores o que no se haga constar en el acta respectiva de manera circunstanciada todos los datos relativos al documento de su identificación, encuadra dentro de la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, pues constituye un vicio del procedimiento que afecta las defensas del particular y trasciende al sentido de la resolución impugnada, por lo que en términos del último párrafo del artículo 239 del mencionado código, el Tribunal Fiscal de la Federación, declarará la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada deje insubsistente la resolución reclamada y emita una nueva en la que declare nulo el procedimiento de la visita desde el momento en que se cometió la violación formal, sin que con ello se obligue ni se impida a la autoridad iniciar un nuevo procedimiento a partir de ese momento y de acuerdo con lo establecido por la ley, porque el ejercicio de esta última atribución queda dentro del campo de las facultades discrecionales de la autoridad. La garantía de seguridad jurídica queda resguardada desde el momento en que se deja insubsistente el procedimiento viciado, pero el alcance de esa garantía no se extiende al grado de que no pueda ser objeto de una nueva visita domiciliaria, porque el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que son propias de la autoridad derivan de la ley y no de lo señalado en una sentencia de nulidad."
Por ende, si la orden de visita cuestionada no reunió los requisitos estatuidos por el artículo 16 constitucional, se está en presencia de una omisión formal suscitada desde el inicio del procedimiento fiscalizador, y al estar viciado éste, la nulidad debió decretarse en términos de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que la autoridad demandada deje insubsistente la resolución reclamada y emita una nueva en la que declare nulo el procedimiento fiscalizador, desde el momento en que se cometió la violación formal, sin que con ello se le obligue ni se le impida iniciar un nuevo procedimiento a partir de ese momento, y de acuerdo con lo establecido por la ley, porque el ejercicio de esta atribución queda dentro del campo de las facultades discrecionales de la autoridad.
Al efecto, resulta pertinente citar, por su carácter ilustrativo, las consideraciones que sustentan la conclusión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se tuvieron en cuenta para emitir la tesis jurisprudencial en mención, que son del tenor siguiente:
"... Ahora bien, como ha quedado señalado con anterioridad, el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo lo va a constituir, actualmente, una resolución administrativa definitiva (artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación).
"Dicha resolución puede ser impugnada legalmente por considerar que reviste vicios de ilegalidad en sí misma considerada, o bien, que es el procedimiento del que en su caso derivó, el que está afectado de nulidad.
"Las dos causales en estudio establecen vicios formales, que contrarían al principio de legalidad, pero mientras que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación en su caso, la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de la garantía de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada.
"La configuración de cualquiera de estas dos causales implicará la nulidad de la resolución administrativa combatida, ya que es precisamente dicha resolución el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, y es aquí en donde se aprecia con mayor claridad la actuación del Tribunal Fiscal de la Federación como un tribunal contencioso de anulación.
"En efecto, como ha quedado manifestado con anterioridad, la finalidad del modelo de jurisdicción contencioso administrativo de mera anulación es controlar la legalidad del acto restableciendo el orden jurídico violado, es decir, tiene como propósito tutelar el derecho objetivo, pero además, en nuestro sistema el legislador con el propósito de evitar los inconvenientes que se presentan en las sentencias de nulidad, estableció la obligación para el Tribunal Fiscal de indicar de manera concreta en qué sentido debía dictar su nueva resolución la autoridad fiscal.
"Así, la sentencia no sólo se limita a declarar la nulidad del acto, sino en caso de que la autoridad en uso de sus atribuciones legales y en virtud de que únicamente fueron objeto de estudio violaciones de carácter formal, emita una nueva resolución, debe previamente ajustarse a los lineamientos marcados en dicha sentencia, o sea, cumplir con las formalidades de que ha de estar revestido el acto o reponer el procedimiento para que la nueva resolución se dicte después de llenarse todos los requisitos que deben existir previamente al pronunciamiento de la decisión.
"En este sentido se pronunció esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen IX, página ciento seis, cuyo rubro y texto señalan:
"‘SENTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, REPOSICIÓN DE LAS.-Cuando la autoridad administrativa queda en libertad de dictar o no una nueva resolución, resulta para ella potestativo abstenerse de dictarla, pero es claro que si en la sentencia del Tribunal Fiscal se le fijan las bases correspondientes, la nueva resolución debe emitirse precisamente con arreglo a tales bases. Debe tenerse en cuenta que el inciso c) del artículo 202 del Código Fiscal tiene aplicación cuando la ilegalidad es atribuible a la resolución administrativa impugnada, considerándola en sí misma, y de ninguna manera en sus antecedentes o presupuestos, pero cuando la ilegalidad del acto combatido se hace depender de la circunstancia de no haberse cumplido los requisitos o formalidades que son antecedentes del acto mismo, o que deben acompañarlo, entonces resulta aplicable el inciso b) del propio precepto, y la consecuencia de declarar la nulidad consiste en que, o se reponga el procedimiento, para que la nueva resolución se dicte después de llenarse todos los requisitos que deben existir previamente al pronunciamiento de la decisión, o se llenen las formalidades de que ha de estar revestido o acompañado el acto.’ (El artículo 202 corresponde al artículo 238 del Código Fiscal de la Federación vigente, el inciso c) es la actual fracción IV y el inciso b) corresponde a las fracciones II y III vigentes).
"Sin embargo, no toda omisión de formalidades o vicios del procedimiento tendrá como consecuencia la nulidad de la resolución, sino que en términos de la ley, es necesario que tales omisiones o vicios afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada, es decir, que le ocasionen un perjuicio, porque de lo contrario el concepto de anulación esgrimido sería fundado pero insuficiente para declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada.
"Por lo que para que se actualicen estas causales se debe examinar en cada caso concreto, si se da la afectación a las defensas del particular y la trascendencia al sentido de la resolución impugnada.
"Aquí nuevamente es conveniente hacer notar que por disposición de la ley en términos del último párrafo del artículo 239 del código tributario federal, el Tribunal Fiscal de la Federación debe declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se emita nueva resolución, cuando se esté en presencia de las causales de anulación examinadas.
"‘IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas.’
"La actualización de esta fracción implica, en principio, que la Sala del Tribunal Fiscal de la Federación realizó el examen del fondo de la controversia planteada.
"Se presenta una violación sustancial de fondo porque no existen los motivos del acto, porque no resultan aplicables los preceptos legales señalados por la autoridad, o bien porque no se aplicaron las disposiciones debidas.
"Se debe distinguir entre una sentencia que declara la nulidad de una resolución por vicios de forma de aquella que la declara nula por vicios de fondo.
"Lo anterior es así porque mientras que la primera no impide que la autoridad pueda ejercer nuevamente sus facultades (subsanando las irregularidades y dentro del término que para el ejercicio de dichas facultades establece la ley), la segunda impide cualquier actuación posterior de la autoridad.
"Así, ante la presencia de una violación de fondo, que no implique el reconocimiento de un derecho subjetivo del particular, se debe declarar la nulidad lisa y llana del acto, según ha sido establecido por esta Segunda Sala en la tesis visible en el Informe de labores de mil novecientos ochenta y dos, Segunda Parte, página ciento veintisiete, que dice:
"‘SENTENCIA FISCAL, DEBE DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA EN PRESENCIA DE UNA VIOLACIÓN DE FONDO.-La sentencia fiscal anulatoria debe declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y no resolver en el sentido de declarar la nulidad de la aludida resolución para efectos, si se está en presencia de una violación de fondo y no de procedimiento.’
"‘V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.’
"Esta fracción se refiere a lo que la doctrina reconoce como ‘desvío de poder’, y siguiendo la exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal, transcrita con anterioridad, la anulación se circunscribe a las sanciones.
"En este caso la sentencia tendrá dos pronunciamientos, por una parte implica el reconocimiento de validez del proveído sancionador y por otra supone la anulación del proveído sólo en cuanto a la cuantificación de la multa que fue realizada con abuso de poder, por lo que la autoridad puede emitir un nuevo proveído imponiendo una nueva sanción.
"De lo hasta aquí expuesto se advierte que, precisamente son en los casos en que la autoridad puede, en uso de sus atribuciones legales, volver a emitir una nueva resolución (por no haberse analizado en el juicio contencioso administrativo el fondo del asunto o bien, porque la resolución fue dictada por el funcionario competente), fracciones II, III y en su caso V del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, cuando en términos del último párrafo del artículo 239 del ordenamiento legal citado, el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de nulidad para efectos, es decir, indicándole a dicha autoridad los lineamientos que debe seguir en caso de la emisión de una nueva resolución.
"Corresponde analizar ahora en qué causal de anulación encuadra la indebida identificación de los visitadores o el hecho de que no se haga constar, en el acta respectiva, de manera circunstanciada todos los datos relativos al documento de su identificación, para con posterioridad precisar, si las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación deben declarar la nulidad lisa y llana o bien la nulidad para efectos de la resolución administrativa que se impugne como consecuencia de ello.
"El incumplimiento de las formalidades sustanciales establecidas en el artículo 16 constitucional, para llevar a cabo visitas domiciliarias de auditoría, constituye una violación sustancial del procedimiento, así lo ha sustentado esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia consultable en la página ciento cincuenta y ocho, Volumen ciento treinta y nueve-ciento cuarenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Séptima Época, que dice:
"‘VISITAS DOMICILIARIAS DE AUDITORÍA, ACTAS DE. DEBEN CONTENER ASENTADO EL CUMPLIMIENTO DE SOLEMNIDADES, SUSTANCIALES. DESIGNACIÓN DE TESTIGOS.-Para que el visitador fiscal pueda designar a los testigos que deben firmar las actas de visita de auditoría es necesario que antes se haya requerido para ello al causante y que éste se haya negado a hacerlo, no siendo suficiente para estimar que se cumplió con las anteriores formalidades la sola expresión: «por no haberlo hecho el patrón», toda vez que, debe hacerse constar que, previamente, se requirió al visitado para que designara testigos, ya que es requisito legal la instancia de la autoridad, al afectado, para el nombramiento de testigos; la frase antes transcrita sólo acredita que el interesado no nombró testigos, pero no que se le haya requerido al efecto, lo que configura una violación sustancial del procedimiento.’
"Ahora bien, entre las formalidades establecidas que deben observarse en la realización de visitas domiciliarias de auditoría se encuentran las relativas a la debida identificación de los visitadores, misma que debe hacerse constar de manera circunstanciada en las actas de visita que al efecto se levanten, según ha sido establecido por esta propia Sala en la tesis de jurisprudencia identificada como 2a. 6/90, visible en la página setenta y dos de la Gaceta número treinta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa, bajo el rubro: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN.’
"Así las cosas, si en las actas de visita domiciliaria de auditoría no se hace constar de manera circunstanciada la identificación de los visitadores, ello implicará el incumplimiento de las formalidades sustanciales establecidas, lo que constituirá un vicio sustancial del procedimiento fiscalizador, que afecta las defensas del particular y trasciende al sentido de la resolución impugnada. Esto último es así, porque la actuación de las autoridades debe estar apegada a los lineamientos establecidos por la ley, y si las autoridades no los respetan debidamente, el procedimiento que lleven a cabo resulta viciado y la resolución con que éste culmina es fruto de un acto viciado. Luego entonces, si la resolución final es contraria a los intereses del particular, es evidente que le causa perjuicio al provenir de un procedimiento en el que se incumplieron las formalidades establecidas en ley.
"Y el hecho de que pudiera llegarse a un resultado final que pudiera ser el mismo que se obtenga en acatamiento debido a la ley o en contravención a la misma, no libera a las autoridades de la obligación de cumplir con lo preceptuado legalmente, pues de sostener lo contrario, ningún sentido tendría el que se establezcan determinadas formalidades a cumplir en los ordenamientos respectivos.
"Así, si el procedimiento de auditoría llevado a cabo fue ilegal por no cumplirse las formalidades establecidas en la ley, la resolución derivada del mismo también resulta ilegal.
"En este orden de ideas, si la omisión de formalidades se actualizó dentro del procedimiento de auditoría que es antecedente o presupuesto de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo, entonces, debe declararse la nulidad de dicha resolución con base en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación.
"Consecuentemente, si la nulidad de la resolución impugnada en el juicio se determina por actualizarse la fracción III del artículo 238 del código tributario federal, entonces, por disposición expresa de la ley, la sentencia debe declarar nulidad para efectos en términos del último párrafo del artículo 239 del ordenamiento legal citado.
"Retomando las ideas expuestas, se hacen las siguientes consideraciones:
"1. El acto impugnado en el juicio contencioso administrativo lo constituye una resolución administrativa definitiva, y por lo tanto, lo que se declara nulo en el juicio es precisamente la resolución impugnada.
"2. Si no se actualizara ninguna de las causales de anulación establecidas en el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, el Tribunal Fiscal estaría impedido legalmente para declarar la nulidad de la resolución impugnada.
"3. En los casos como el de la indebida identificación de los visitadores o el hecho de que no se haga constar en el acta respectiva de manera circunstanciada todos los datos relativos al documento de su identificación, la nulidad de la resolución se debe declarar por vicios de carácter formal, porque no se examina el fondo del asunto, por lo que la autoridad en uso de sus atribuciones y respetando lo establecido por la ley puede volver a emitir una nueva resolución.
"4. Sin embargo, como la ilegalidad de la resolución se configuró por actualizarse un vicio dentro del procedimiento fiscalizador, en la hipótesis de que la autoridad administrativa pretenda llevar a cabo de nuevo el procedimiento de comprobación, con base en la orden de visita que no fue declarada nula, debe iniciarlo desde el punto donde se cometió la violación (siempre y cuando esté dentro de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5564-507f48b8/orden-de-visita-domiciliaria-con-vicios-de-caracter · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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