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Modo: Corpus Pro

MUNICIPIOS. DENTRO DE NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL CONSTITUYEN UN PODER, POR LO QUE ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE SE SUSCITEN ENTRE ÉSTOS Y LOS OTROS PODERES DE LA ENTIDAD.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/94 (INCIDENTE DE INCOMPETENCIA). · Registro digital (IUS): 4827
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, CONTRA EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, , Pág. 474.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/94 (INCIDENTE DE INCOMPETENCIA). AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, CONTRA EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIO: TERESO RAMOS HERNÁNDEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de julio de mil novecientos noventa y cinco.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Alfonso Noé Buenfil de la Peña y Abelardo Perales Meléndez, en su carácter de presidente municipal, primer síndico y secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, promovieron controversia constitucional contra el Gobernador Constitucional y el Congreso del Estado de Tamaulipas, fundándose para ello en lo siguiente:

"A) La declaración de que el artículo 1o., fracción II, apartado 4, incisos A), B), C), D), E), F), G) y H), de la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas, aprobada por el Congreso Local mediante Decreto Número 79, el 10 de diciembre de 1993, promulgada por el Ejecutivo el día 14 y publicada el 18 del mismo mes y año, en vigor a partir del 1o. de enero de 1994, que contempla los derechos por servicios de tránsito como ingreso de dicha entidad federativa, invade la competencia constitucional del Municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas y, por consiguiente, restringe las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a dicho Municipio.-B) La declaración de que el artículo 281 de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas y las reformas que se hicieron a este precepto, aprobadas mediante Decreto Número 77, el día 10 de diciembre de 1993, promulgadas por el Ejecutivo el día 14 y publicadas el 18 del mismo mes y año, en vigor a partir del 1o. de enero de 1994, en lo referente a los párrafos relativos a los derechos por servicio para el control vehicular, invade la competencia del Municipio de Ciudad Victoria, restringe e impide ejercer las atribuciones que la Constitución Federal otorga al citado Municipio.-C) La declaración de que el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, aprobada por el Congreso Local mediante Decreto Número 80, de fecha 10 de diciembre de 1993, promulgada por el Ejecutivo el 14 y publicada el 18 del mismo mes y año, que entró en vigor el día siguiente al de su publicación, limita las atribuciones constitucionales del Municipio de Ciudad Victoria, al no incluir como ingresos municipales los derechos por los servicios de tránsito.-D) Como consecuencia de lo anterior, reclamamos la declaración de esa H. Suprema Corte de Justicia, de que por mandato constitucional, corresponden al Municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, las contribuciones aprobadas por el Congreso del Estado por la prestación de los servicios de tránsito y control vehicular, en el artículo 1o., fracción II, apartado 4, incisos A), B), C), D), E), F), G) y H) de la Ley de Ingresos de Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal 1994, y en el artículo 281 de la Ley de Hacienda del Estado y sus reformas aprobadas por la Legislatura Local el día 10 de diciembre y publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 18 del mismo mes y año.-E) Como consecuencia de lo reclamado en los incisos anteriores, se condene al Estado de Tamaulipas, a restituir al Municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, toda la recaudación que aquél haya obtenido por concepto de derechos o de cualquiera otra contribución que llegue a cobrar por el servicio de tránsito y control vehicular en el Municipio de Ciudad Victoria, durante el año de 1994."

SEGUNDO.-Mediante acuerdo de dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el presidente de este Alto Tribunal admitió la demanda y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional de que se trata; asimismo, ordenó emplazar a las autoridades demandadas mediante notificación personal por conducto del Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria.

TERCERO.-Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el nueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, el secretario general de Gobierno, el presidente el Congreso del Estado y el procurador general de Justicia de la citada entidad federativa, en forma conjunta, dieron contestación a la demanda, en la cual, entre otras excepciones, hicieron valer la de incompetencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del asunto.

En dicho escrito, en relación con la excepción de incompetencia planteada, se dijo lo siguiente:

"Este juicio, por su naturaleza, no es una controversia constitucional de las mencionadas en el artículo 105 de la Constitución General de la República, sino que es una controversia de carácter local, en los términos de la Constitución y leyes del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por lo que la competencia para resolver no le corresponde a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a las autoridades del Estado de Tamaulipas.-Incompetencia: El presente juicio ha sido planteado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Victoria, Tamaulipas, el que ha demandado al H. Congreso del Estado y al gobernador del mismo, es decir, ha demandado a los Poderes Legislativo y Ejecutivo estatales, fundándose en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en una tesis del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, pronunciada en el juicio de amparo en revisión 4521/90, formado con motivo del amparo interpuesto por el H. Ayuntamiento de Mexicali, Estado de Baja California, contra actos del gobierno de la misma entidad. La demanda que da origen a esta contestación fue admitida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como juicio de ‘controversia constitucional’, por lo que con este ocurso venimos a hacer valer, en primer término y con todo respeto, la incompetencia de esa H. Suprema Corte de Justicia para conocer de este juicio, de acuerdo con las consideraciones jurídicas que a continuación se exponen:-1. El artículo 105 de la Constitución General de la República otorga a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación competencia para conocer, entre otras, de las controversias que se suscitan ‘entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos ...’. De acuerdo con el texto expreso del precepto constitucional citado, para que se surta la competencia de esa H. Suprema Corte de Justicia, es requisito esencial que en el conflicto estén involucrados dos o más poderes de un mismo Estado, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial entre sí, y de ninguna manera cuando el conflicto se presente entre los poderes del Estado con los Ayuntamientos porque estos últimos, de conformidad con nuestro sistema constitucional, no pueden ser considerados, hasta la fecha, como uno de los poderes dentro de las entidades federativas.-2. El Estado Mexicano se formó como Federación, la que es gobernada por Poderes Federales y por Poderes Estatales, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, según se desprende de los artículos 40 y 41 de nuestra Ley Fundamental.-La misma Constitución crea el Supremo Poder de la Federación, dividiéndolo para su ejercicio en Poder Legislativo, a cargo del H. Congreso de la Unión; el Ejecutivo, a cargo del C. presidente de la República; y el Judicial, a cargo de los tribunales de la Federación, otorgándoles dentro del propio texto constitucional el ámbito explícito de competencia que a cada uno de dichos poderes le es encomendado, por lo que conforme al principio de supremacía constitucional, y al régimen de seguridad jurídica que impera y debe imperar dentro del Estado Mexicano, los Poderes Federales en el ejercicio de sus funciones deben, ineludiblemente, acatar los postulados de nuestra Ley Fundamental y circunscribir sus actos a los expresamente otorgados a su favor.-La anterior premisa se corrobora con lo establecido en forma literal por el artículo 124 de la propia Constitución, que nos indica que todas aquellas facultades que la misma no concede expresamente a los funcionarios federales, se entenderán reservadas a los Estados, de donde se desprende que estos últimos cuentan con facultades implícitas, es decir, todo lo que no sea expresamente competencia federal, debe entenderse que es competencia que tienen los Estados de la Federación para desenvolverse armónicamente y en pleno ejercicio de sus facultades, en favor de la población y autoridades que los integran, para hacer una realidad el ideario y la razón de ser de un sistema federal.-3. Conforme a nuestro sistema federal, en los términos del artículo 49 de la Constitución General de la República, existe un gobierno para toda la Federación integrado por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; sin embargo, en la propia Constitución expresamente se establece que en los Estados que forman nuestra Federación, existirá también un gobierno o poder público, formado por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, esto es, en los treinta y un Estados que integran nuestro sistema federal, habrá un Gobierno Local a imagen y semejanza del Gobierno Federal por lo que, en síntesis, el gobierno o poder público estará compuesto por los tres poderes, tanto para la Federación, como para cada uno de los Estados que la forman, sin que exista un poder diferente a los que establece la Constitución Federal, ya que eso significaría un quebranto a la misma.-4. La historia constitucional de nuestro país es muy rica, y en ella podemos encontrar el pensamiento y acción de nuestros Constituyentes, así como las ideas de nuestros tratadistas. Sin excepción, nuestra historia constitucional y nuestros tratados en la materia nos llevan a considerar que los únicos poderes que integran el gobierno dentro del Estado Mexicano, son los Poderes Federales y los Poderes Estatales, a través de la función legislativa, ejecutiva y judicial, sin que existan disposiciones de las que se desprenda que las autoridades municipales o Ayuntamiento formen un poder diferente a los tradicionales, es decir, no se puede aceptar que existan cuatro poderes conviviendo dentro de una misma entidad o, dicho de otro modo, que además de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estatales, exista un nuevo poder que es el poder municipal. Los Municipios constituyen, desde luego, una parte muy importante y destacada dentro de nuestro sistema político, porque ellos son la base de una división territorial que tiende a la sana y adecuada administración de las comunidades que se encuentran diseminadas a lo largo y ancho del territorio mexicano y que conforman nuestra identidad nacional. Sin embargo, aun cuando los Ayuntamientos tienen a su cargo labores trascendentes y destacadas dentro de la administración pública, no configuran un poder en sí mismo, aun cuando están integrados por autoridades que en ejercicio de sus funciones puedan contar con poder para hacer cumplir sus actos de gobierno.-No debe confundirse la existencia de los poderes, como entes del Gobierno Federal o de los Gobiernos de los Estados, con el concepto de poder, como sinónimo de fuerza, que tienen como parte del imperium de que están dotadas las autoridades, en el cumplimiento de las funciones que se les encomiendan. En efecto, una cosa son los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y otra diferente es el poder de que están investidas todas las autoridades dentro del Estado Mexicano, incluyendo a las municipales, para cumplir y hacer cumplir las funciones de gobierno con las que están dotadas.-5. No pasa desapercibido el criterio contenido en el amparo en revisión 4521/90, interpuesto por el H. Ayuntamiento de Mexicali, Estado de Baja California, en el que el Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia decretó la improcedencia del juicio de amparo, estimando que el Municipio no puede ser titular de la acción de amparo, cuando actúa como ente público, es decir, en sus funciones de derecho público.-Debe destacarse que el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un problema relacionado con la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, cuando es interpuesto por un Ayuntamiento, por lo que el tema debatido es un problema diferente al que se plantea en este juicio, en el que el H. Ayuntamiento del Municipio de Victoria, Tamaulipas, ya no acude en demanda de amparo, sino que hace valer una controversia constitucional, por lo que este tema debe ser resuelto en forma singular y expresa por el propio Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tratarse de la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal.-Al examinarse la incompetencia que se hace valer en este ocurso, el Pleno de nuestro más Alto Tribunal debe partir de los supuestos básicos de que éste no es un problema de amparo, como el planteado por el Ayuntamiento de Mexicali; que lo resuelto en el amparo en revisión 4521/90 solamente constituye un precedente y por ningún concepto jurisprudencia; que la materia de la resolución en el citado juicio de amparo fue la improcedencia del mismo y no la creación de un juicio especial y diferente para los Ayuntamientos; y que lo transcrito en la demanda que ahora se contesta son consideraciones que, a manera de mero razonamiento del C. Magistrado (sic) ponente de la resolución indicada, no fueron aprobadas en esos términos, por lo que tales consideraciones no forman parte de la ejecutoria o criterio del Pleno; que los señores Ministros votaron por la improcedencia del juicio de garantías, no por los razonamientos contenidos en la ponencia, por lo que, finalmente, la ejecutoria se refiere a la improcedencia y no a la procedencia de otro juicio, en la medida de que es competencia de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver los problemas que se le plantean por las partes y no respecto de lo que debieron hacer y no hicieron.-A mayor abundamiento, respecto de que los razonamientos que informaron la resolución pronunciada en el amparo en revisión 4521/90, promovido por el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, además de no constituir un criterio definido ni votado por los Ministros de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, no resultan aplicables en el caso ahora en estudio, debe traerse a colación el siguiente texto de la parte correspondiente de la ponencia respectiva:-‘El análisis histórico de nuestra evolución política y jurídica, que llevó a la reforma del artículo 115 constitucional ... (sic) permite concluir que a partir de la misma el Municipio constituye un poder, aunque desde luego con características diversas a las de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En efecto, tal reforma otorgó autonomía financiera a los Municipios a fin de lograr un desarrollo integral y un avance democrático más significativo como respuesta a dicha evolución y, a partir de ella, las tres funciones en que se divide el ejercicio de la soberanía que dimana del pueblo, a saber, la ejecutiva, legislativa y judicial, se realizan en tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. El Municipio tiene en la actualidad facultades para prestar determinados servicios públicos, para administrar libremente su hacienda, para emitir normas de carácter general, obligatorio y coactivo en relación con la comunidad que integra su jurisdicción, es decir, para ejercer funciones ejecutivas, legislativas y también judiciales, a través de la justicia municipal, de lo que deriva que ejerce facultad de gobierno y de imperio y que, por ende, constituye un poder ...’.-Con respecto a este razonamiento, en el sentido de que en el ejercicio de las facultades de los Municipios se dan los tres fenómenos de poder, independientemente de que tal afirmación pudiera resultar aplicable en el caso del Municipio de Mexicali, Baja California, ello resulta insostenible en el caso de los Municipios del Estado de Tamaulipas, los cuales desempeñan funciones eminentemente administrativas, tal como se desprende de lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Local, pero sin facultades para desempeñar funciones legislativas ni para impartir justicia.-En efecto, si bien es cierto que los Municipios de la entidad federativa indicada expiden Bandos de Policía y Buen Gobierno, según lo autoriza la fracción XIV del artículo 132 de la misma Constitución Local, y que dichos ordenamientos son materialmente legislativos, no concurre en ellos el elemento formal para definirlos como tales, dado que un acto del poder público de orden legislativo requiere que sea expedido por un órgano también legislativo, carácter del que carecen los Municipios en el Estado de Tamaulipas. Esto, sin perjuicio de que, conforme a la misma regla, los Bandos de Policía y Buen Gobierno pueden ser expedidos por los Municipios, pero con estricto apego a las bases normativas que expide el Congreso del Estado.-En lo que toca a las facultades para impartir justicia, y no obstante que el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas señala que las funciones judiciales de carácter municipal serán desempeñadas por los Jueces Menores, esto, por sí mismo, no determina la existencia de un Poder Judicial municipal, sino únicamente que la justicia, dentro de los Municipios, y con atribuciones limitativas señaladas en la ley, se imparta a través de los Jueces Menores. Esta conclusión se obtiene del hecho de que tales Jueces dependen del Poder Judicial del Estado, conforme a diversas disposiciones de la Constitución Local como son las siguientes: Artículo 101. En su segundo párrafo, establece que únicamente el Poder Judicial del Estado puede ejercer funciones judiciales, salvo cuando el Congreso actúe como jurado.-Artículo 114. En su fracción IX, confiere al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia nombrar a los Jueces Menores, removerlos y cesarlos, en los casos en que la ley lo establezca. Esta facultad la reitera el artículo 118.-Artículo 119. Ordena que los Juzgados Menores funcionen en aquellos Municipios que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia considere necesario.-Artículo 121. Imponen (sic) al Poder Judicial del Estado el sostenimiento de los Juzgados Menores. Artículo 123. Los Jueces Menores otorgan la protesta prevista en el artículo 158 de la propia Constitución ante el Juez de Primera Instancia del respectivo Distrito Judicial, que designe el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.-La interpretación contextual de la normatividad constitucional de carácter local que se ha dejado precisada nos conduce a la necesaria conclusión de que no existe vinculación político-administrativa alguna entre los Municipios y los órganos a cuyo cargo está la impartición de la justicia, no municipal sino en los Municipios, con entera dependencia del órgano en que están depositadas las funciones jurisdiccionales en el Estado de Tamaulipas, esto es, en el Poder Judicial del Estado, afirmación que se abunda por la normatividad incluida en el capítulo VII del título tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, de la cual se desprende, sin duda alguna, que al depender los Jueces Menores orgánica y administrativamente del Poder Judicial del Estado, no tienen ninguna relación del mismo género con los Municipios.-Finalmente, es importante destacar que las funciones de los llamados Jueces Calificadores, que también actúan en las jurisdicciones territoriales de los Municipios del Estado de Tamaulipas, son de estricta naturaleza administrativa, tanto en lo formal como en lo material, dado que sus funciones se limitan a la determinación del grado de importancia de las infracciones a los Bandos de Policía y Buen Gobierno y a imponer las sanciones correspondientes, todo esto dentro de un criterio estrictamente administrativo. Esta circunstancia hace innecesario hacer (sic) referencia al equívoco de su denominación como ‘Jueces’, como ocurriría tratándose de los Jueces del Registro Civil.-Partiendo de las consideraciones anteriores, en el caso que ahora nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte debe decidir, en primer lugar, si estima que es procedente la controversia constitucional planteada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Victoria, Tamaulipas y, en consecuencia, si se somete a su competencia para conocer y resolver el fondo de la misma. De acuerdo con lo anteriormente señalado, la H. Suprema Corte de Justicia debe declararse incompetente para conocer de este juicio, como un presupuesto procesal de previo (sic) de la improcedencia de este juicio de controversia constitucional.-La improcedencia del juicio e incompetencia de la Corte se dan por el texto expresado de los preceptos constitucionales que se han invocado con anterioridad; sin embargo, además de lo anterior, debe destacarse nuevamente que el Municipio no puede considerarse como uno de los poderes de un Estado de la Federación, porque los únicos poderes que existen son los que ya han quedado mencionados, que son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Si bien es cierto que a partir del año de 1983, se reformó el artículo 115 de la Constitución General de la República, dándole más intervención a los Municipios, también lo es que no por esas modificaciones y nuevas atribuciones, quedaron elevados a la calidad de Poderes Estatales, como lo pretende el H. Ayuntamiento del Municipio de Victoria, Tamaulipas, y como se apunta en la ponencia del Ministro respectivo, al resolverse el amparo en revisión 4521/90.-6. Determinar si dentro de los poderes constitucionales de un Estado de la República deben quedar incluidos los Municipios, es un tema de carácter esencialmente político que debe ser sometido a los procedimientos previstos en la Carta Magna para que, en su caso y previa la intervención del H. Congreso de la Unión con sus dos Cámaras, de las Legislaturas de todos los Estados de la Federación, de los Ayuntamientos y de todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, culturales, etcétera, se pueda tomar la opinión y decidir, por parte del Constituyente Permanente, si se reforma el artículo 105 de la Constitución, para incluir a los Municipios como parte en las controversias que deba resolver la H. Suprema Corte de Justicia en única instancia.-Debe quedar muy claro que conforme al texto e historia del artículo 105 de nuestra Ley Fundamental vigente, esta llamada controversia constitucional planteada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no procede, y la H. Suprema Corte de Justicia carece de competencia para conocer de este juicio, porque no está comprendido dentro de las hipótesis del invocado precepto constitucional.-Para que el más Alto Tribunal de la República conozca de un juicio de esta naturaleza, es necesario reformar el artículo 105 de nuestra Carta Magna, en los términos apuntados en líneas anteriores, pero de ninguna manera se puede resolver este juicio conforme al actual sistema constitucional, por lo que el pensamiento de alguno o algunos Ministros de la H. Suprema Corte de Justicia puede servir de punto de partida para que se proponga una reforma en este sentido, pero mientras no se lleve a cabo la misma, al artículo 105 no se le puede dar la interpretación y alcance que se pretende con este juicio, cuya demanda se contesta.-Con todo respeto que se le tiene y se le debe tener a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Supremo Tribunal de la Federación, debe decirse, sin embargo, que de sostenerse el criterio de que esta controversia constitucional procede y, por ende, la competencia se surte en su favor, ello equivaldría a no interpretar el artículo 105 de nuestra Ley Fundamental, sino a crear otro precepto, ya no interpretando, sino integrando a la Constitución, es decir, la Suprema Corte de Justicia estaría invadiendo la esfera de competencia que le corresponde al Constituyente Permanente, lo que de ninguna manera es adecuado para un sistema de división de poderes, con funciones claras y específicas como el que existe dentro del Estado Mexicano.-Sabemos que a la Suprema Corte de Justicia le corresponde la alta y noble tarea de interpretar la Constitución, fijando los criterios y alcances de sus preceptos, pero de ninguna manera esa labor de interpretación puede convertirse en un mecanismo de integración de nuestra Carta Fundamental. De existir lagunas constitucionales o evolución de las instituciones, ello nos debe llevar a reformas a nuestra Ley Fundamental que propicien la atención y solución de nuestros grandes problemas, pero no puede convertirse la propia Corte en el factótum de la solución del mismo, con el argumento de que es la máxima autoridad interpretadora de la Constitución, ya que para adecuar, perfeccionar e integrar nuestra Ley Fundamental, existen procedimientos que no son los que ahora se pretenden.-7. El artículo 116 de la Constitución Federal establece que el poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las reglas que se establecen en el propio precepto, entre las que se encuentra la fracción VI que indica: ‘VI. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.-Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.’.-Por su parte, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece lo siguiente:-‘Artículo 1o. El Estado de Tamaulipas es libre, soberano e independiente en cuanto a su gobierno y administración interiores; pero está ligado a los Poderes de la Unión como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, en todo aquello que fija expresamente la Constitución General «y las leyes que de ella emanan».’.-‘Artículo 4o. El Estado adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, tomando como base de su organización política y administrativa el Municipio Libre, en los términos que establezca el Código Municipal.-El Estado y los Municipios podrán celebrar, en el ámbito de su competencia, convenios y acuerdos con la Federación, y entre sí, para su planeación, coordinación y ejecución de los programas de desarrollo económico y social.’.-‘Artículo 20. La soberanía del Estado reside en el pueblo, y a nombre de éste la ejerce el poder público del modo y en los términos que establece esta Constitución y la General de la República. El Estado no reconoce en los Poderes Supremos de la Unión ni en otro alguno, derecho para pactar o convenir entre ellos o con nación extraña, aquello que lesione la integridad de su territorio, su nacionalidad, soberanía, libertad e independencia, salvo el caso a que se refiere la fracción III del artículo 73 de la Constitución General de la República.’.-‘Artículo 21. El Estado adopta la forma de gobierno establecido en el artículo 4o. de esta Constitución.’.-‘Artículo 22. El poder público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una corporación o persona, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.’.-De las transcripciones anteriores, se desprende la clara congruencia que hay entre la Constitución Federal y la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en el sentido de que el Estado en cita adopta para su régimen interior la misma forma de gobierno que existe para la Federación, es decir, un gobierno integrado única y exclusivamente por los tres poderes multicitados, en el entendido de que dentro del propio Estado se toma, como lo indican ambas Constituciones, como base de su organización política y administrativa, al Municipio Libre, con el que podrán celebrarse convenios para la planeación, coordinación y ejecución de los programas de desarrollo económico y social, en los términos previstos por sus leyes; sin embargo, en ningún precepto de las Constituciones Federal o Local, a los Municipios se les da el carácter de poderes del Estado para quedar asimilados a los otros poderes.-Como se ha dicho con anterioridad, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede llevar a cabo una labor de interpretación, al grado de decidir que los Municipios son Poderes Estatales, toda vez que si así lo hiciera, estaría invadiendo esferas de competencia que son exclusivas del Poder Constituyente Permanente, e inclusive con ese criterio se llegaría al grado de considerar que el conflicto entre dos o más Municipios entre sí resulta ser un conflicto entre poderes y, por ende, que en esa hipótesis la competencia se da en favor de la Suprema Corte de Justicia para resolver dichas controversias en única instancia.-Sostener que los Municipios son Poderes Estatales, equivale a estimar que por criterio de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, han aparecido en nuestro país tantos poderes como Municipios existen, que son alrededor de dos mil ochocientos. Los Municipios, en términos de la Constitución, son la base de la organización política y administrativa sobre la que descansa nuestro sistema federal, por lo que todos y cada uno de los Municipios se encuentran ubicados dentro de los Estados de la República, y a éstos les corresponde expedir las leyes en materia municipal, por lo que existen y funcionan de acuerdo con disposiciones emanadas de los poderes de los Estados, de donde se desprende que si la Supre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4827-14df568a/municipios-dentro-de-nuestro-sistema-constitucional-constituyen-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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