MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. REFORMAS Y ADICIONES APROBADAS EL DIEZ DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, A LOS ARTICULOS 114, FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POLITICA ESTATAL Y 24, FRACCION X, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, NO VIOLAN EL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION FEDERAL, DADO QUE NO SUPRIMEN LA ACCION DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/95. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS VS CONGRESO LOCAL Y GOBERNADOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: ANGELINA HERNANDEZ HERNANDEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de agosto de mil novecientos noventa y seis.
RESULTANDO:
PRIMERO.- Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de julio de mil novecientos noventa y cinco, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Alfonso Noé Buenfild de la Peña y Abelardo Perales Meléndez, en su carácter de presidente municipal, primer síndico y secretario del Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, promovieron controversia constitucional contra actos del Congreso y del gobernador del Estado mencionado, consistentes en:
"Las reformas y adiciones que se hicieron al artículo 114-I de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y al 24 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa misma entidad federativa, aprobadas por el Congreso Local el día 10 de junio de 1995, promulgadas por el gobernador en esa misma fecha y publicadas en el Periódico Oficial del Estado el día 10 de junio de 1995."
Los antecedentes del caso son:
"1.- Mediante Decreto Número 333, aprobado por el Congreso del Estado de Tamaulipas el día 10 de junio de 1995, promulgado por el gobernador de dicha entidad federativa en esa misma fecha, se reformó y adicionó la fracción I del artículo 114 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:
`Artículo 114.- Son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia: I.- Conocer, a través de la Presidencia, de las controversias que se susciten entre los particulares y el Estado o los Ayuntamientos; así como de las que surjan entre Ayuntamientos o entre éstos y el Estado, conforme a las normas del juicio ordinario civil.'
Antes de la citada reforma, el precepto decía: `Son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia: Conocer, a través de la Presidencia, de las controversias del orden civil que se susciten entre los particulares y el Estado o los Ayuntamientos.'
A fin de acreditar lo anterior, acompañamos como anexo número tres, la copia del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, de fecha 10 de junio de 1995, en el que aparece publicado el Decreto Número 333 a que nos referimos.
2.- Mediante el Decreto Número 334, de fecha 10 de junio de 1995, el Congreso del Estado de Tamaulipas reformó la fracción X del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, promulgado y publicado en igual fecha, según lo justificamos con la copia del Periódico Oficial que se acompaña como anexo número tres.
A partir de dicha reforma el artículo 24 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial quedó como sigue:
`Artículo 24.- El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, tiene las atribuciones y obligaciones siguientes:
`X.- Conocer, en única instancia, con la asistencia del secretario general de acuerdos o de quien legalmente lo sustituya, de las controversias que se susciten entre los particulares y el Estado o los Ayuntamientos, así como de las que surjan entre Ayuntamientos o entre éstos y el Estado, conforme a las normas del juicio ordinario civil.'
3.- Como se puede apreciar, antes de las citadas reformas, el Supremo Tribunal de Justicia conocía únicamente de las controversias del orden civil que se suscitaran entre particulares y el Estado o entre particulares y los Ayuntamientos.
A partir de dichas reformas, se le da competencia al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas no sólo para conocer de las controversias del orden civil, sino también para resolver cualquier tipo de controversias, incluyendo las de carácter constitucional, y no únicamente entre particulares y el Estado o entre particulares y Ayuntamientos, sino además entre Ayuntamientos o entre éstos y el Estado."
Los conceptos de invalidez se transcriben en seguida:
"Primero.- Dichas reformas contravienen el texto expreso de los artículos 104 fracción IV, 105 fracción I, inciso i) y 124 de la Constitución General de la República. Estos preceptos fueron reformados por el Constituyente Permanente (Diario Oficial del 31 de diciembre de 1994), dándole competencia exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias de carácter constitucional que surjan entre un Estado y uno de sus Municipios. Reforma que entró en vigor a partir del 10 de junio de 1995, misma fecha en que inició su vigencia la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de nuestra Ley Fundamental, según artículo octavo transitorio de la reforma constitucional.
En efecto, el nuevo texto de las citadas disposiciones es el siguiente:
`Artículo 104.- Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: IV.- De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.'
`Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.'
Las reformas que ahora impugnamos invaden la competencia de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, quebrantan el pacto federal y el principio de supremacía constitucional.
En efecto, conforme al artículo 124 de nuestra Carta Magna las facultades que no están expresamente concedidas por ésta a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.
Adviértase entonces que sólo en aquellos casos en que la Constitución Federal no conceda en forma expresa facultades a los Poderes de la Unión, podrán los Estados ejercer las atribuciones no otorgadas a la Federación.
Como en el caso que nos ocupa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia exclusiva para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre el Estado y uno de sus Municipios, no les está permitido a las entidades federativas ejercer las mismas atribuciones que la Constitución reservó a ese Poder de la Unión.
Lo más grave del asunto es que la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha diciembre 31 de 1994, dentro de la cual queda comprendida la nueva atribución que se dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver ese tipo de controversias, fue aprobada precisamente por los mismos diputados que integran la LV Legislatura Local. Fueron ellos los que como integrantes del Poder Constituyente Permanente, modificaron la Constitución Federal para reconocerle expresamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la competencia exclusiva para resolver las controversias constitucionales a que nos venimos refiriendo.
Resulta, por tanto, incongruente y contradictoria la postura asumida por nuestros legisladores y precisamente el mismo día en que entró en vigor la reforma al artículo 105 constitucional, pues recuérdese que conforme al artículo 8o. transitorio de la reforma judicial (Diario Oficial del 31 de diciembre de 1994), aquel precepto entró en vigor en la misma fecha en que entró en vigor su Ley Reglamentaria y ésta empezó a surtir efectos precisamente el día 10 de junio del año en curso, por así ordenarlo su artículo primero transitorio.
Es absurdo entonces que primero le den competencia a la Suprema Corte de Justicia para resolver ese tipo de controversias y después se la quiten de un plumazo. Todo ello constituye una violación grave a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es cierto que en la reforma a la fracción I del artículo 114 de la Constitución Local no se precisa que las controversias sean de naturaleza constitucional (así se observa de la iniciativa presentada por los diputados Pumarejo Medellín y Alvarez Montemayor que acompañamos como anexo número cuatro), como sí lo menciona el artículo 105 de nuestra Ley Suprema, por lo que podría pensarse que contempla otro tipo de controversias.
Sin embargo, reza un principio de interpretación jurídica que `donde el legislador no distingue, el intérprete no está autorizado para distinguir'. Esto significa que al hablar la fracción I del artículo 114 de la Constitución de Tamaulipas y fracción X del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de `controversias', se están refiriendo a cualquier tipo de ellas, sean o no de carácter constitucional. Tampoco hay precisión en la reforma si las controversias únicamente versaran sobre la constitucionalidad de los actos realizados por el Estado o Municipio, o si también comprende las controversias sobre las disposiciones generales que ambos lleguen a dictar.
A pesar de que en el dictamen que suscriben los integrantes de la Diputación Permanente, doctor Felipe Garza Narváez, Luz María Avila Pérez e ingeniero Gelasio Márquez Segura, se dice que `con la reforma planteada se pretende otorgarle rango constitucional a una atribución que el código municipal reconoce al Supremo Tribunal de Justicia'; sin embargo, dicha reforma no contempla en iguales términos lo establecido por el artículo 194 del código municipal, el cual se refiere a la competencia que tiene el Supremo Tribunal de Justicia para resolver en única instancia `las controversias que surjan con motivo de convenios que celebren los Municipios con el Estado'.
Por tanto, al no precisar en la reforma que nos ocupa, que el Supremo Tribunal de Justicia conocerá de controversias que surjan con motivo de convenios celebrados entre Municipios y Estado, sino que en forma general se refiere a todo tipo de controversias, es causa suficiente para concluir que también incluye las de carácter constitucional.
No tendría ningún sentido, porque sería repetitivo, establecer en la Constitución Local la misma norma ya contemplada por el artículo 194 del código municipal del Estado, que le da competencia al Supremo Tribunal de Justicia para resolver en única instancia `de las controversias que surjan con motivo de convenios que celebren los Municipios con el Estado'. Por ello, confirmamos nuestra conclusión anterior, de que el legislador local tuvo la intención de abarcar también las controversias constitucionales al reformar el multicitado artículo 114 fracción I y el artículo 24 fracción I de la Ley Orgánica mencionada. (Se acompaña como anexo número cinco copia fotostática de la foja 55 del código municipal de Tamaulipas, en la que aparece el artículo 194).
A fin de corroborar lo dicho, existe otro dato de importancia relevante y es la exposición de motivos del dictamen en que se apoyó la Diputación Permanente de la LV Legislatura Local, integrada por los diputados: doctor Felipe Garza Narváez, Luz María Dávila Pérez e ingeniero Gelasio Márquez Segura, en la que se precisa que la adición a la fracción I del artículo 114 de la Constitución Local se refiere a todo tipo de controversias, excepto las de carácter penal que se susciten entre los Municipios y el Estado, toda vez que le dan competencia al Supremo Tribunal de Justicia de dicha entidad federativa, para conocer de las controversias Estado-Municipio, en todos los órdenes, excepto las de carácter penal. (Anexo número seis).
Si nuestros legisladores son capaces de arrebatarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la competencia que en forma expresa le concede la Constitución Federal sobre la materia que nos ocupa ¿Qué no harán con los inermes e indefensos Municipios? De ahí que nadie les va a creer que la reforma por ellos aprobada tiene como propósito `Establecer mecanismos que otorguen a los Municipios los instrumentos legales con los que les sea posible la defensa jurídica de sus intereses en las controversias con otros Municipios o inclusive con el Estado mismo... fortaleciendo con ello la autonomía municipal mediante recursos efectivos de protección a los intereses y valores de esta célula básica del Estado Mexicano', según lo afirman los autores de la iniciativa, diputados Enrique Pumarejo Medellín y Manuel Alvarez Montemayor. (Anexo número cuatro).
La intención de los legisladores locales fue comprender las controversias de carácter constitucional entre Estado y Municipio, según declaraciones vertidas por los propios diputados que aparecen en la prensa local.
Así tenemos que en el periódico `El Diario' de Ciudad Victoria, número 14489, de fecha 13 de junio de 1995, aparecieron publicadas las opiniones de los diputados Felipe Garza Narváez y Gelasio Márquez Segura, quienes consideraron que las reformas por ellos aprobadas no transgreden el Pacto Federal. El primero de ellos declaró que `no se violan las disposiciones constitucionales en virtud a que las reformas entran en vigor antes de que inicie la vigencia del artículo 105 constitucional y su Ley Reglamentaria, constituyéndose en este caso dos instancias de resolución a las que podrán acudir el Estado o los Municipios, observándose el principio de definitividad'.
Por su parte, el diputado Gelasio Márquez Segura manifestó que la reforma `servirá para que haya dos instancias que conozcan de estos casos'.
Se acompaña como anexo número siete el ejemplar de dicho periódico.
En igual sentido se pronunció el oficial mayor del Congreso del Estado, licenciado Ernesto Meléndez Cantú, según ejemplar número 14491, de `El Diario' de Ciudad Victoria, de fecha 15 de junio de 1995, quien manifestó que la reforma que ahora impugnamos para darle competencia al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a fin de conocer las controversias constitucionales entre Ayuntamiento y el Estado, no constituye ninguna violación a la Carta Magna, `porque solamente crea una nueva instancia a la que podrán acudir las partes'.
Agregó dicho funcionario que `las reformas no violan la Constitución General de la República, porque si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales entre los Ayuntamientos y el Estado, esta competencia es en segunda instancia (sic), es decir, una vez agotada la instancia estatal (sic)'.
Lo anterior lo demostramos con el anexo número ocho.
No es cierto que las citadas reformas, como equivocadamente lo señala el diputado Garza Narváez, entraron en vigor antes de que se iniciara la vigencia del artículo 105 constitucional y su Ley Reglamentaria. Conforme al artículo 1o. transitorio de esta última, tanto la citada norma constitucional, como dicha Ley iniciaron su vigencia a los 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. El 10 de junio de 1995 fue precisamente el trigésimo día, después de que fue publicada, lo que aconteció el 11 de mayo del año en curso.
En cambio, las reformas a la Constitución Local y a la Ley Orgánica las aprobaron los diputados locales catorce horas después de que aquéllas entraran en vigor, pues a las catorce horas del 10 de junio de 1995, aprobaron dichas reformas.
Pero bajo el supuesto, sin admitir, de que las reformas al artículo 114 fracción I de la Constitución local y 24 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hubiesen empezado a surtir efectos antes que las normas federales, de todos modos son conculcatorias de los artículos 104 fracción IV, 105 fracción I, inciso i) y 133 de la Constitución General de la República, por la sencilla razón de que la Constitución Federal es la Ley Suprema de toda la Unión y está por encima de cualquier ley que la contravenga, sea ésta anterior o posterior a sus reformas.
La Constitución Política de México es el resultado de un pacto entre los Estados, en el que éstos delegaron atribuciones a los Poderes de la Unión y se reservaron todas aquéllas no concedidas a la Federación.
Por tanto, si la Quincuagésima Quinta Legislatura Local aprobó la reforma judicial a los artículos 104 fracción IV y 105 de la Constitución, como órgano legislativo integrante del Poder Constituyente Permanente, fue por un acto libre y voluntario; sin que tenga ahora facultades para quitarle esa competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o compartir con ésta una especie de jurisdicción concurrente, pues para ello se necesitaría que estuviesen de acuerdo las dos terceras partes de los miembros del Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas de los Estados (artículo 135 del Pacto Federal).
El artículo 41 de nuestra Carta Magna establece que la soberanía popular se ejerce por medio de los Poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos y por los Poderes de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
El alegato que hace el diputado Garza Narváez de que la reforma que aprobaron el 10 de junio de 1995 entró en vigor antes de que iniciara su vigencia la reforma al artículo 105 de la Constitución Federal y su Ley Reglamentaria, no tiene ninguna trascendencia jurídica, en virtud de que las Constituciones de los Estados en ningún caso deben contravenir a la Federal, pues de no ser así, se subvierte el federalismo; bastaría que cada Estado dictara disposiciones contrarias a las reformas que se hicieran a la Constitución General de la República, antes de que éstas entraran en vigor, para que fueran válidas y obligatorias para sus habitantes. Esto además de introducir la anarquía jurídica anularía el principio de supremacía constitucional, y quebrantaría la naturaleza jurídica y política de la forma federal de gobierno.
El sistema federal se debe a un acto de cesión que los Estados hicieron a favor de los Poderes de la Unión, dándoles competencia en determinadas materias y reservándose otras. Por lo que resulta absurdo que un solo Estado (el de Tamaulipas) revoque unilateralmente ese acto de cesión que hizo a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de las controversias Estado-Municipio, porque esa facultad revocatoria no la tienen los Estados en lo individual (nuestra Constitución no la consagra), a menos que las dos terceras partes de los miembros del Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas de los Estados decidieran quitarle a la Suprema Corte la competencia que ya le dieron, para resolver ese tipo de conflictos, pero entonces tal medida tendría efectos generales para los 31 Estados de la República Mexicana.
Fue la propia Quincuagésima Quinta Legislatura Local la que, junto con el resto de las entidades federativas, le dieron a la Suprema Corte la competencia para resolver dichos conflictos; no puede ahora desconocer ese acto voluntario de cesión, con el pretexto de que la reforma al artículo 105 constitucional aún no entraba en vigor.
Por otra parte, resulta aberrante que se constituyan dos instancias de resolución a las que podrán acudir el Estado o los Municipios como lo pretenden los diputados Felipe Garza Narváez y Gelasio Márquez Segura, observándose el `principio de definitividad', porque sería tanto como admitir que se trata de una especie de jurisdicción concurrente, la cual carece de toda validez legal, porque para que se den facultades coincidentes entre los Poderes de la Unión y los Estados es necesario que expresamente lo permita la Constitución Federal. Y los únicos casos que prevé son en materia de amparo (artículos 37, 38, 39 y 144); en materia de educación (artículos 3o. fracción VIII, 73 fracción XXV); salubridad general (artículo 4o.); asentamientos humanos (artículo 73-XXIX-C); para combatir el alcoholismo (artículo 117 último párrafo); jurisdicción concurrente en materia civil si sólo se afectan intereses particulares (artículo 104-I); para la protección del ambiente, conservación y restauración del equilibrio ecológico (artículo 73 fracción XXIX letra G); concurrencia fiscal entre la Federación y Estados, siempre que no se trate de contribuciones exclusivas de la Federación (artículos 73 fracción VII y 124) y recientemente también se incorporó la materia de la seguridad pública como una atribución concurrente de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal (artículo 73 fracción XXIII de la Constitución Federal).
Fuera de esos casos no hay ninguno otro de jurisdicción concurrente Federal-Estatal como lo pretende la Legislatura Local, máxime que de acuerdo a los artículos 104 fracción IV y 105-I inciso i) constitucionales, es de la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia resolver las controversias Municipio-Estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y donde hay jurisdicción exclusiva no puede haber concurrencia, por ser aquélla excluyente. De ahí que no pueda haber dos instancias `observándose el principio de definitividad', según afirman los legisladores, dando a entender así, que primero se tiene que acudir al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y después a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto trastoca los efectos de la reforma federal, ya que convierte a la Suprema Corte en tribunal de apelación o de segunda instancia, en donde se podrían impugnar las resoluciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo que también va en contra de lo establecido por el artículo 24 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que reformaron los diputados de la LV Legislatura el día 10 de junio del presente año, que le da facultades al presidente del Supremo Tribunal de Justicia para conocer en única instancia, de las controversias Estado-Municipio.
Por último, si bien es cierto que el derecho al veto es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, no menos lo es que los diputados violaron el procedimiento legislativo para la creación y reforma de las leyes, pues ninguna ley puede iniciar su vigencia `a partir de su expedición', como así lo aprobaron los integrantes de la Legislatura, sino que requiere en todo caso de la promulgación para que se inicie su vigencia.
Segundo.- Violación a lo establecido por los artículos 41 párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al primero de los preceptos señalados:
`El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.'
Por su parte el artículo 133 constitucional ordena:
`Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.'
Las reformas hechas por el Congreso Local y promulgadas por el gobernador del Estado de Tamaulipas, violentan las disposiciones legales señaladas, ya que las Constituciones de los Estados en ningún caso deberán contravenir el Pacto Federal, y resulta que con las citadas reformas se invade la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al darle atribuciones al Supremo Tribunal de Justicia, para conocer de las controversias constitucionales Estado-Municipio, ya que se trata de una atribución exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de este tipo de conflictos.
Se quebranta además el principio de supremacía constitucional a que se refiere el artículo 133 cuyo texto y espíritu es evidentemente claro en cuanto a que las autoridades de los Estados deben actuar conforme a la Constitución General de la República, `a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados'.
Por todo lo anterior solicitamos de esa Suprema Corte de Justicia lo siguiente:
A) La declaración de que la reforma al artículo 114 fracción I de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, aprobada mediante Decreto Número 333, expedido por la LV Legislatura de esa misma entidad federativa, de fecha 10 de junio de 1995, promulgado y publicado en el Periódico Oficial del Estado en igual fecha, es violatoria de los artículos 41 primer párrafo, 104 fracción IV, 105 fracción I inciso i), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B) La declaración de que la reforma al artículo 24 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, aprobada mediante Decreto Número 334, expedido por la LV Legislatura de esa misma entidad federativa, de fecha 10 de junio de 1995, promulgado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de igual fecha, es violatoria de los artículos 41 primer párrafo, 104 fracción IV, 105 fracción I inciso i), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
C) Como consecuencia de lo anterior, reclamamos la declaración de que es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin la intermediación de ningún otro órgano del Estado, federal o estatal, conocer y resolver de las controversias constitucionales que se susciten entre el Estado de Tamaulipas y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
D) La declaración de que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, únicamente podrá conocer de controversias entre el Estado y uno de sus Municipios, siempre que no sean de carácter constitucional.
E) Como consecuencia de lo reclamado, en los términos de los incisos anteriores, deberá declararse la invalidez de las reformas y adiciones que se hicieron a los artículos 114-I de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 24 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa misma entidad federativa, aprobadas mediante Decretos Números 333 y 334 expedidos por el Congreso de dicho Estado, el día 10 de junio de 1995, promulgados y publicados en el Periódico Oficial del Estado en esa misma fecha.
El R. Ayuntamiento del Municipio de Victoria, Tamaulipas, en la sesión ordinaria de Cabildo Vigésima Cuarta, celebrada el día 4 de julio del año en curso, tomó el acuerdo de promover la presente controversia constitucional, lo que acreditamos con la referida acta que se acompaña como anexo número nueve."
SEGUNDO.- Los representantes del Municipio demandante estiman que se violan los artículos 41, primer párrafo, 104, fracción IV, 105, fracción I, inciso i), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.- Por acuerdo del presidente de esta Suprema Corte, dictado el día primero de agosto de mil novecientos noventa y cinco, se ordenó formar y registrar el expediente relativo.
En ese mismo acuerdo se designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como instructor en el procedimiento.
CUARTO.- Mediante proveído del día cuatro de agosto del referido año, firmado por el Ministro instructor, se admitió la demanda de referencia; consecuentemente, se ordenó emplazar a las autoridades demandadas a fin de que produjeran su contestación; asimismo, se ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestare lo que a su derecho conviniere (foja 61, anverso y reverso).
QUINTO.- El procurador general de la República, al desahogar la vista a que se ha hecho referencia, adujo textualmente lo que sigue:
"Primero.- Es pertinente abordar desde un principio el sustento esgrimido por los promoventes representantes del Municipio de Victoria, Tamaulipas, al demandar la inconstitucionalidad del Decreto Número 333, de 10 de junio de 1995, por el cual se reformó la fracción I del artículo 114 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:
`Artículo 114.- Son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia:
I.- Conocer, a través de la Presidencia, de las controversias que se susciten entre los particulares y el Estado o los Ayuntamientos, así como de las que surjan entre Ayuntamientos o entre éstos y el Estado, conforme a las normas del juicio ordinario civil.'
El texto anterior del precepto en mención, decía:
`Son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia: Conocer, a través de la Presidencia, de las controversias del orden civil que se susciten entre los particulares y el Estado o los Ayuntamientos.'
También se plantea controversia constitucional respecto del Decreto Número 334, publicado en el Diario Oficial del Estado de Tamaulipas, el 10 de junio de 1995, y que reformó la fracción X del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, para quedar en el siguiente sentido:
`Artículo 24.- El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, tiene las atribuciones y obligaciones siguientes:
X.- Conocer, en única instancia, con la asistencia del secretario general de acuerdos o de quienes legalmente lo sustituyan, de las controversias que se susciten entre los particulares y el Estado o los Ayuntamientos, así como de las que surjan entre Ayuntamientos o entre éstos y el Estado, conforme a las normas del juicio ordinario civil.'
Con base en los razonamientos que más adelante se expondrán, considero que no atacan precepto constitucional alguno las reformas que se han detallado, tal como debe interpretarse sistemática e integralmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; sin que esto signifique que el Tribunal de Justicia local pueda tener funciones en materia de controversias c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5003-7d88db73/municipios-del-estado-de-tamaulipas-reformas-y-adiciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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