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Modo: Corpus Pro

PODERES OTORGADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERALES, NO ES EXIGIBLE MIENTRAS NO SE CONSTITUYA MATERIALMENTE EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/96. · Registro digital (IUS): 4903
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, , Pág. 114.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Previamente al estudio de la denuncia de contradicción de tesis planteada, es pertinente aclarar que, no obstante que en el auto de nueve de enero de mil novecientos noventa y siete, se dio vista con el presente asunto al procurador general de la República por el término de treinta días, para que por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que designara, si lo estimaba pertinente, expusiera su parecer, devolvió los autos sin pedimento, lo cual debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en la contradicción de mérito, de conformidad con la tesis número P. XXVI/92, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y dos, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que posibilita dictar la resolución que corresponda."

De igual forma resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 183, publicada en la página 124, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-En el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito."

TERCERO.-El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al pronunciar resolución en el juicio de amparo en revisión número 2434/95, en la parte que interesa, determinó confirmar el sobreseimiento, con apoyo en las siguientes consideraciones:

"CUARTO.-Son infundados los agravios expresados por la recurrente, de conformidad con los siguientes razonamientos: En efecto, Luz y Fuerza del Centro solicitó la protección de la Justicia de la Unión, en contra de la resolución del recurso de oposición número 920875, que interpuso en contra de la concesión que se les diera a las autoridades municipales de Villa Nicolás Romero, Delegación de Transfiguración y Barrio de Guadalupe, Estado de México, para aprovechar, para el uso doméstico, las aguas del río Los Tachos, afluente del río San Ildefonso, en el paraje denominado Paso del Borrego, en jurisdicción del poblado Transfiguración, Villa de Nicolás Romero, Estado de México; ello por considerar las autoridades responsables que no se afecta en manera alguna los derechos de la concesión que tiene la hoy recurrente.-El Juez de Distrito al dictar la sentencia que se recurre, determinó sobreseer en el juicio, porque consideró que quien se ostentó como representante de la quejosa no acreditó en términos de ley su personalidad, debido a que omitió anexar a su demanda copia certificada de la inscripción de su nombramiento en el Registro Público de Organismos Descentralizados, por lo que concluyó que no se encontraba legitimado para promover el juicio de garantías, lo anterior con apoyo en lo dispuesto en la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 73, en relación con el artículo 4o. y con la fracción IV (sic), del artículo 74 todos de la Ley de Amparo.-La empresa recurrente alega en síntesis que el Juez Federal del conocimiento, al dictar la sentencia no interpretó correctamente el contenido del artículo 23 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al no tomar en cuenta que para acreditar la personalidad de entidades paraestatales, el precepto aludido les otorga la facilidad de acreditar la personalidad con que se actúa, sustituyendo la mencionada certificación de la inscripción, con el instrumento notarial en donde conste el mandato.-Previo al estudio de los agravios expresados por la recurrente, se hace indispensable la transcripción del artículo 23 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que dice: ‘Para acreditar la personalidad y facultades según el caso, de los miembros del órgano de gobierno, del secretario y prosecretario de éste, del director general y de los apoderados generales de los organismos descentralizados, bastará con exhibir una certificación de la inscripción de su nombramiento o mandato en el Registro Público de Organismos Descentralizados.’.-Ahora bien, visto el contenido del precepto transcrito, debe decirse que la empresa recurrente carece de razón en lo alegado al formular su agravio, ello debido a que contrario a lo que dice, el a quo en la sentencia sí hizo una correcta aplicación del precepto en cita, pues concluyó que no bastaba el instrumento notarial para que Diego Miguel García Rangel (quien interpuso la demanda de garantías), tuviera el carácter de representante legal de la quejosa, y con ello la capacidad de interponer el juicio constitucional a nombre de ella, ya que para que esto sucediera, era necesario que cumpliera con el otro requisito esencial de validez que impone la norma en consulta, esto es, que acompañara al instrumento notarial la copia certificada de la inscripción, en este caso, de su mandato en el Registro Público de Organismos Descentralizados, lo que no hizo. Por lo que en el caso efectivamente se actualiza la causal de improcedencia en la que el Juez del conocimiento fundó su sentencia.-Resulta entonces que, por los motivos indicados, se determina que la sentencia impugnada se ajusta a derecho, por lo que debe confirmarse en sus términos."

Al respecto el referido Tribunal Colegiado sustentó la tesis aislada número I.4o.A.84 A publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, página novecientos ochenta y cinco, de rubro y texto siguiente:

"PERSONALIDAD DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. EN EL JUICIO DE AMPARO QUEDARÁ JUSTIFICADA SI EL INSTRUMENTO NOTARIAL EXHIBIDO OSTENTA LA CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.-Considerando lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, resulta que para considerar acreditada la personalidad del promovente del juicio de amparo a nombre de un organismo público descentralizado, es necesario que acompañe al instrumento notarial exhibido la copia certificada de la inscripción de su mandato en el Registro Público de Organismos Descentralizados, de lo contrario no es factible considerarlo legitimado y procede sobreseer en el juicio de amparo."

CUARTO.-Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo número 247/96, promovido por Pemex-Exploración y Producción, determinó:

"QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación que esgrime José de Jesús Neri Sánchez, en su carácter de apoderado legal de Pemex-Exploración y Producción.-En efecto, la Sala Regional Peninsular responsable, al estudiar de oficio las causales de improcedencia a que se refieren las fracciones I y XIV del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, que la llevaron a declarar el sobreseimiento en los juicios de nulidad números 81/96, 94/96, 107/96 y 110/96, acumulados al 92/96, en términos del numeral 203, fracción II, del ordenamiento legal antes mencionado, en síntesis manifestó que: tomando en consideración que la empresa actora constituye un organismo descentralizado, tal y como se corrobora del artículo único del decreto por el que se establece el nuevo domicilio fiscal de Pemex-Exploración y Producción, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, estaba obligada, en acatamiento a lo señalado por los artículos 22, fracción VII y 23 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a inscribir en el Registro Público de Organismos Descentralizados, el poder notarial otorgado por el director general del organismo descentralizado antes invocado, en favor de José de Jesús Neri Sánchez; que al no haberlo hecho, el aludido poder carece de eficacia jurídica; que por lo mismo, al prohibir el artículo 200 del Código Fiscal de la Federación, la gestión de negocios, las demandas interpuestas por el precitado Neri Sánchez, resultaban improcedentes, ya que se ostentaba con un carácter que no le era reconocido legalmente, y que a virtud de ello, tales demandas devenían improcedentes, dando como resultado el sobreseimiento en los juicios de nulidad acumulados que nos ocupan.-Es verdad que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales faculta en su artículo 22 a los directores generales de los organismos descentralizados, entre los que se encuentra Pemex-Exploración y Producción, para otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan (fracción VII); que para el otorgamiento y validez de estos poderes bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el director general; y que los poderes generales para surtir efectos frente a terceros, deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados. También cierto es, que acorde a lo ordenado por el numeral 23 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, bastará a los apoderados generales de los organismos descentralizados, para acreditar su personalidad, exhibir una certificación de la inscripción de su mandato en el Registro Público de Organismos Descentralizados.-En la sección ‘B’ del capítulo II, de la ley especial de que se trata, los artículos 24 al 27, citan: las formalidades de la inscripción de los organismos descentralizados; los datos que debe contener ésta; la inscripción de poderes generales y sus revocaciones; la expedición y cancelación de certificaciones e inscripciones. El artículo quinto transitorio de la mencionada ley, señala que: ‘Los actos y operaciones de los organismos descentralizados que en los términos de la misma deban inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados, hasta en tanto se expida el reglamento de este ordenamiento y se formalicen las funciones del expresado registro, se regirán para su validez y consecuencias en funciones de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos vigentes hasta la fecha de expedición de la presente ley.’. En su artículo octavo transitorio, dispone que: ‘Los directores generales o quienes realicen funciones similares en los organismos descentralizados existentes a la vigencia de esta ley, deberán bajo su responsabilidad, inscribir aquéllos en el Registro Público de Organismos Descentralizados, en un plazo de treinta días computados a partir de la constitución formal de dicho registro.’.-El Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de mil novecientos noventa, con vigencia al día siguiente, es omiso en señalar lo relativo a la constitución y formalización de las funciones del Registro Público de Organismos Descentralizados; en esa virtud, si tomamos en cuenta que el párrafo final del artículo 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, expresamente dispone: ‘El reglamento de esta ley determinará la constitución y funcionamiento del registro, así como las formalidades de las inscripciones y sus anotaciones.’, resulta que la obligación impuesta a Pemex-Exploración y Producción, de inscribir en el mencionado registro el poder general otorgado en favor de José de Jesús Neri Sánchez, a la fecha en que éste demandó la nulidad de las resoluciones emitidas por el procurador federal de Protección al Ambiente, no se encontraba bajo las exigencias del artículo 23 de la propia Ley Federal de las Entidades Paraestatales, esto es, que no existía razón legal para que acreditara su personalidad y facultades con una certificación de la inscripción de su mandato en el Registro Público de Organismos Descentralizados, máxime cuando hasta la fecha no aparece dato fidedigno alguno que nos lleve a establecer la constitución y formalización de las funciones del expresado registro. En esa tesitura, resulta que las causales de improcedencia a que se refiere la Sala responsable, contenidas en las fracciones I y XIV del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, son inaplicables, como violatorio de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la directa quejosa, el sobreseimiento decretado en los juicios de nulidad acumulados ya mencionados.-Así las cosas, lo procedente es conceder a Pemex-Exploración y Producción, la protección constitucional que solicita, para que la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, dejando insubsistente la sentencia de fecha diecinueve de abril de mil novecientos noventa y seis; pase a examinar la validez del poder notarial otorgado en favor de José de Jesús Neri Sánchez, signante de las demandas de nulidad de la resoluciones emitidas por el procurador federal de Protección al Ambiente, y hecho lo anterior, resuelva los juicios de nulidad números 81/96, 94/96, 107/96 y 110/96, acumulados al 92/96, con plenitud de jurisdicción, siempre y cuando no advierta la existencia de diversa causal de notoria improcedencia."

En los mismos términos se resolvieron los amparos directos 291/96, 302/96, 296/96 y 325/96, todos promovidos por Pemex-Exploración y Producción, con cuyas ejecutorias, ese Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito integró la jurisprudencia número XIV.2o. J/2 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, páginas quinientos treinta y tres y quinientos treinta y cuatro, de rubro y texto:

"PODERES GENERALES OTORGADOS POR EMPRESAS PARAESTATALES. SURTEN EFECTOS FRENTE A TERCEROS AUNQUE NO ESTÉN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, POR NO HABERSE CONSTITUIDO DICHO REGISTRO.-No es suficiente que los artículos 22, fracción VII y 23 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, señalen que para otorgar validez a los poderes notariales expedidos por los directores generales de los organismos descentralizados, sea imprescindible su inscripción en el Registro Público de Organismos Descentralizados; toda vez que el artículo 25, así como el quinto y octavo transitorios de ese propio ordenamiento legal, disponen que el reglamento de la citada ley determinará la constitución y el funcionamiento de tal registro, así como las formalidades de las inscripciones y sus anotaciones; que los actos y operaciones de los organismos descentralizados que en los términos de la citada ley especial deban inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados, hasta en tanto se expida el reglamento de ese ordenamiento y se formalicen las funciones del expresado registro, se regirán para su validez y consecuencias en función de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos vigentes hasta la fecha de la expedición de dicha ley; y que los directores generales de los organismos descentralizados deberán inscribir los documentos en un plazo de treinta días computados a partir de la constitución formal del registro. En este orden de ideas, si el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de mil novecientos noventa, con vigencia al día siguiente, es omiso en lo relativo a la constitución y formalización de las funciones del Registro Público de Organismos Descentralizados; debe concluirse que es ilegal la obligación que se imponga a los directores generales de los organismos descentralizados, de acreditar la inscripción de su mandato en el citado registro; más cuando hasta la fecha no existe dato fidedigno alguno que acredite la constitución, existencia ni la formalización de las funciones del multicitado registro."

QUINTO.-Por razón de método debe determinarse, en forma preliminar, si del análisis de la tesis aislada y tesis jurisprudencial transcritas en los considerandos tercero y cuarto, se desprende si existe o no contradicción de criterios entre los sustentados por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostiene que tratándose de poderes otorgados por organismos descentralizados, para acreditar la personalidad de los promoventes en los juicios de amparo, es necesario que se exhiba la certificación de inscripción en el Registro Público de Organismos Descentralizados, de conformidad con lo que señala el artículo 23 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, afirma que no es necesario el registro y, por ende, la exhibición de la certificación de la inscripción ante el Registro Público de Organismos Descentralizados, a que se refiere el artículo 23 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para lo cual toma en consideración que en los artículos quinto y octavo transitorios de la ley en comento, se determinó que el registro de los poderes debía efectuarse en un plazo de treinta días a la constitución formal del registro; sin embargo, señala que a la fecha no existe dato fidedigno de la constitución del mencionado registro, ni tampoco el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, contempla su existencia.

Del análisis comparativo entre los criterios sustentados por los tribunales contendientes, se concluye que ambos interpretan el artículo 23 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; pero arriban a conclusiones distintas, pues mientras el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito indica que si no se exhibe la certificación de inscripción del poder en el Registro Público de Organismos Descentralizados, el poder que se exhiba en el juicio carece de eficacia probatoria para acreditar la personalidad del promovente, el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito interpretando el mismo numeral, concluye que no es necesario que se exhiba tal certificación de inscripción del poder en el Registro Público de Organismos Descentralizados, en virtud de que no se encuentra constituido, ni tampoco el reglamento de la ley en cita contempla su existencia, por lo cual, es claro que sí existe contradicción de tesis.

Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 178, visible en la página 120, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

SEXTO.-Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que coincide en sustancia con el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, por las siguientes razones:

En principio, debe señalarse que no se está en presencia de algún requisito de existencia o validez del acto jurídico en general, acorde con las legislaciones civiles o leyes del notariado, como vendrían a ser por ejemplo, tratándose de personas morales: la inserción en los testimonios, relativas a la existencia, capacidad, constitución, facultades de los otorgantes y su registro, sino que, en el caso, el artículo 23 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, establece un requisito específico o finalidad dentro del ámbito administrativo, tal y como se acredita con su contenido, que es del tenor siguiente:

"Artículo 23. Para acreditar la personalidad y facultades según el caso, de los miembros del órgano de gobierno, del secretario y prosecretario de éste, del director general y de los apoderados generales de los organismos descentralizados, bastará con exhibir una certificación de la inscripción de su nombramiento o mandato en el Registro Público de Organismos Descentralizados."

Tal y como se aprecia de la transcripción anterior, el numeral en estudio establece que para acreditar la personalidad de un representante de organismos descentralizados, bastará con exhibir una certificación de inscripción de su nombramiento o mandato en el Registro Público de Organismos Descentralizados.

En estrecha vinculación con el numeral 23, deben citarse los artículos 22, fracción VII, 24, 25, 26, 27, así como primero, quinto y octavo transitorios de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que son del tenor siguiente:

"Artículo 22. Los directores generales de los organismos descentralizados, en lo tocante a su representación legal, sin perjuicio de las facultades que se les otorguen en otras leyes, ordenamientos o estatutos, estarán facultados expresamente para:

"...

"VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el director general. Los poderes generales para surtir efectos frente a terceros deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados."

"Artículo 24. Los organismos descentralizados deberán inscribirse en el registro público respectivo que llevará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Los directores generales o quienes realicen funciones similares en los organismos descentralizados, que no solicitaren la inscripción aludida dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su constitución o de sus modificaciones o reformas, serán responsables en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos."

"Artículo 25. En el Registro Público de Organismos Descentralizados deberán inscribirse:

"I. El estatuto orgánico y sus reformas o modificaciones;

"II. Los nombramientos de los integrantes del órgano de gobierno así como sus remociones;

"III. Los nombramientos y sustituciones del director general y en su caso de los subdirectores y otros funcionarios que lleven la firma de la entidad;

"IV. Los poderes generales y sus revocaciones;

"I. El acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la dependencia coordinadora de sector en su caso que señale las bases de la fusión, extinción o liquidación, de conformidad con las leyes o decretos que ordenen las mismas; y

"II. Los demás documentos o actos que determine el reglamento de este ordenamiento.

"El reglamento de esta ley determinará la constitución y funcionamiento del registro, así como las formalidades de las inscripciones y sus anotaciones."

"Artículo 26. El Registro Público de Organismos Descentralizados podrá expedir certificaciones de las inscripciones y registro a que se refiere el artículo anterior, las que tendrán fe pública."

"Artículo 27. Procederá la cancelación de las inscripciones en el Registro Público de Organismos Descentralizados en el caso de extinción una vez que se haya concluido su liquidación ..."

"Artículo primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Artículo quinto. Los actos y operaciones de los organismos descentralizados que en los términos de esta ley deban inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados, hasta en tanto se expida el reglamento de este ordenamiento y se formalizan las funciones del expresado registro, se regirán para su validez y consecuencias en función de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos vigentes hasta la fecha de la expedición de la presente ley."

"Artículo octavo. Los directores generales o quienes realicen funciones similares en los organismos descentralizados existentes a la vigencia de esta ley, deberán bajo su responsabilidad, inscribir aquéllos en el Registro Público de Organismos Descentralizados, en un plazo de treinta días computados a partir de la constitución formal de dicho registro."

De la lectura de los preceptos previamente transcritos, se advierte que el artículo 24, establece que los organismos descentralizados deberán inscribirse en el registro público que llevará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el artículo 25, fracción IV, dispone que existe la obligación de inscribir los poderes generales y sus revocaciones y, en su parte final, establece que el reglamento de la ley determinará la constitución y funcionamiento del registro, así como las formalidades de las inscripciones y anotaciones respectivas; el artículo 26 prevé la expedición de certificaciones y, el numeral 27, cuándo procede su cancelación.

Acorde con el artículo primero transitorio, dicha ley entró en vigor al siguiente día de su publicación, esto es, el quince de mayo de mil novecientos ochenta y seis.

De la lectura del artículo quinto transitorio de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, puede apreciarse que establece una condición suspensiva en favor de los organismos descentralizados, en relación a sus actos y operaciones que deben ser inscritos en el Registro Público de Organismos Descentralizados, es decir, que hasta en tanto no se expidiera el reglamento de la mencionada ley y se formalizaran las funciones del expresado registro, se regirían para su validez y consecuencias, en función de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos vigentes hasta la fecha de expedición de la ley citada.

Lo anterior lleva a considerar que mientras no se diera cumplimiento a lo ordenado en el artículo quinto transitorio no se podía inscribir ningún acto, pues ello implica una formalidad y, en esta tesitura, al señalar que deben tomarse en cuenta los requisitos de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos vigentes a la expedición de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, no pueden ser otros, más que los contenidos en las leyes civiles y notariales para la formalización, registro y validez de los poderes, cuestión que no se encuentra a discusión, dado que ninguno de los tribunales que intervienen en la presente denuncia, se pronunció al respecto.

Más aún, el artículo octavo transitorio de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, concede un plazo de gracia para efectuar el registro de los actos susceptibles de serlo, como en el presente caso sería, el registro de poderes en un término de treinta días contados a partir de la constitución formal de dicho registro, y mientras esto no suceda, es obvio que ni siquiera puede computarse el plazo concedido para tal efecto.

En tal virtud, haciéndose una interpretación armónica de los artículos 24, 25, 26 y 27, en relación con los numerales transitorios, se concluye que para poder satisfacer el requisito formal u obligación de registro de un instrumento notarial del representante de un organismo descentralizado, necesariamente debe existir la oficina o entidad jurídica correspondiente, la que en el caso, no existe jurídicamente.

Para corroborar lo anterior, se hace necesario analizar la normatividad a la que remite la ley en estudio, esto es, el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ordenamiento que fue expedido por el presidente de la República, mediante decreto de fecha veinticinco de enero de mil novecientos noventa, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de ese propio mes y año, que establece:

"Artículo 1o. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en lo que toca a la constitución, organización, funcionamiento, control y extinción de las entidades paraestatales.

"En lo no previsto en la mencionada ley y este reglamento, se estará a lo dispuesto por el artículo 1o. de la misma."

"Artículo 2o. Para los efectos de este reglamento se entenderá por:

"I. Ley: la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4903-642ccc11/poderes-otorgados-por-organismos-descentralizados-el-requisito-establecido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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