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Modo: Corpus Pro

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1283/97. · Registro digital (IUS): 5085
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BANCA PROMEX, S.A.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, , Pág. 741.

AMPARO EN REVISIÓN 1283/97. BANCA PROMEX, S.A.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son esencialmente fundados los agravios hechos valer.

La garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 constitucional, que la sociedad agraviada estima vulnerada, se traduce en que las autoridades judiciales no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia debido a que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tiene la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable.

Luego, si en la especie el numeral 1390 del Código de Comercio previene que "Dentro de los quince días siguientes a la citación para sentencia se pronunciará ésta.", es obvio que si de las copias certificadas que el Juez responsable adjuntó a su informe justificado se desprende tanto que en el juicio natural se citó para sentencia desde por auto de catorce de julio del año en curso, como que en escrito de primero de agosto siguiente la parte actora ofreció prueba confesional a cargo del promovente del amparo como apoderado del banco demandado, la cual fue admitida, es claro que ha transcurrido en exceso el término previsto para el pronunciamiento de la aludida sentencia, motivo por el cual sí existe contravención a la garantía aludida, dado que, contra lo que aduce el Juez de Distrito, la circunstancia de que esté pendiente de desahogarse esa probanza no releva al juzgador de la responsabilidad de cumplir con su función dentro de los plazos señalados por la ley, toda vez que de lo contrario se propiciaría que las autoridades bajo cualquier pretexto infringieran el susodicho artículo 17 de la Carta Magna, razón por la cual procede conceder la protección federal impetrada para que el Juez responsable pronuncie de inmediato tal fallo definitivo. Al respecto se invoca, por las razones que la informan, la ejecutoria sustentada por este colegiado, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-1, página 225, que dice: "-Si han pasado más de cinco meses desde que el Juez responsable dictó el auto por el que ordenó traer los autos a la vista para pronunciar la interlocutoria respectiva en el incidente de costas, es obvio que, aparte de que han transcurrido con exceso los tres días que al efecto concede el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, se infringe la citada garantía de seguridad jurídica referente a que: ‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.’. Sin que importe el hecho de que con posterioridad al dictado del acuerdo indicado el Juez haya advertido que no se había dado vista con los autos al Ministerio Público por el fallecimiento de la contraria del quejoso, ni que hubiera decretado la práctica de una pericial como diligencia para mejor proveer, porque dados los meses transcurridos, de todas suertes es obvio que se ha violado flagrantemente la mencionada garantía constitucional. Consiguientemente, debe otorgarse la protección constitucional para que la responsable agilice el desahogo de la pericial y ordene se verifique inmediatamente la vista indicada, pues de no procederse de esa manera sería muy sencillo que las autoridades infringieran la garantía de que se trata, dado que siempre aducirían su imposibilidad por causas que ellas mismas originaran.".

Cabe aclarar que debido a que el ordinal 1214 del Código de Comercio, establece en lo conducente que: "Todo litigante está obligado a declarar bajo protesta, en cualquier estado del juicio, contestada que sea la demanda hasta la citación para definitiva, cuando así lo exigiere el contrario, sin que por esto se suspenda el curso de los autos ...", es indudable que si en el presente caso ya se había citado para sentencia fue incorrecta la decisión del Juez natural relativa a admitir la confesional mencionada, conforme a las razones que contiene la tesis, también emitida por este tribunal, que interpreta el precepto correlativo del enjuiciamiento civil del Estado, cuya claridad no amerita mayores comentarios, consultable en la misma Época del Semanario citado, Tomo XI, enero, página 297, que dispone: "PRUEBA CONFESIONAL. EXTEMPORANEIDAD DE SU OFRECIMIENTO (LEGISLACIÓN DE JALISCO).-El artículo 308 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dice: ‘Todo litigante está obligado a declarar bajo protesta, en cualquier estado del juicio, contestada que sea la demanda, hasta la citación para sentencia definitiva, cuando así lo exigiera el contrario, sin que por esto se suspenda el curso de los autos ...’, y de la redacción de tal precepto claramente se infiere que las partes en el juicio no pueden ofrecer la prueba de que se trata después de pronunciado el auto de citación para sentencia, porque tal posibilidad se delimita al espacio temporal comprendido de la contestación de la demanda, hasta la citación de que se habla. Por lo mismo, resulta extemporáneo el ofrecimiento efectuado respecto a tal probanza, después de que el Juez anunció formalmente a las partes, su decisión de pronunciar el fallo definitivo.".

Antes de finalizar se considera conveniente llamar la atención al Juez de Distrito por cuanto a que no ordenó se notificara personalmente la resolución que ahora se revisa no obstante que no la pronunció el mismo día en que se celebró la audiencia constitucional, infringiendo con ello la jurisprudencia (que le es obligatoria) 496 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario referido, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO, NOTIFICACIÓN DE LAS.-Si en la audiencia de derecho no se dicta el fallo por los Jueces de Distrito, sino con posterioridad, la notificación respectiva debe ser personal.".

Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 90 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Para los efectos precisados en el último considerando, la Justicia de la Unión ampara y protege a Banca Promex, S.A., contra la autoridad y por el acto que se mencionan en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Arturo Barocio Villalobos, Jorge Figueroa Cacho y María de los Ángeles Eduwiges Chavira Martínez, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5085-0ac87632/garantia-de-seguridad-juridica-contenida-en-el-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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