PERSONALIDAD, SUPUESTO EN QUE PROSPERA EL AMPARO DIRECTO CONTRA LA PROCEDENCIA O DESECHAMIENTO DE LA EXCEPCIÓN DE, SIN ULTERIOR RECURSO.
AMPARO EN REVISIÓN 805/96. BANCA SERFÍN, S.A.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Las insatisfacciones reproducidas conducen a lo siguiente:
En primer término, es conveniente precisar en cuanto a las transgresiones de las garantías que la recurrente le imputa a la a quo, que siendo su función como titular del órgano constitucional, juzgar sobre la actuación de las autoridades a la luz de ellas, no le puede ser atribuible la infracción a las mismas, de conformidad con la tesis jurisprudencial número 7, publicada a página 443, del Informe de Labores de 1989, rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la parte relativa a este Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro es: "JUEZ DE DISTRITO. NO VIOLA GARANTÍAS INDIVIDUALES EN RELACIÓN A LOS JUICIOS DE AMPARO.".
En segundo lugar, es inoperante lo que aduce en el sentido de que la a quo, inexactamente argumentó en el impugnado que era de su incumbencia el asunto que se le planteó, al ser la nulidad de un contrato de mutuo, derivado de la relación que existía entre las partes, sin tomar en cuenta que el dispositivo 123 de la Carta Magna, únicamente consagra los derechos de la clase obrera, estableciendo un marco legal para protegerla, correspondiéndole su regulación al código laboral, y que lo que pretendió hacer valer la actora ante la autoridad, fue una acción distinta en naturaleza y controversia de cualesquiera que contempla este último, siendo ilógico que se pretenda entrar al conocimiento de una cuestión de ese tipo; al respecto se califica así, ya que sólo se limita a señalar dichas afirmaciones, pero sin indicar el porqué la resolutora no debía estimar que la conocedora de ninguna manera fuera competente, de donde deviene el tratamiento de la insatisfacción, lo que como ya se dijo, trae como consecuencia la imposibilidad de examinarlo, dado que el hacerlo equivaldría a suplir la deficiencia de su inconformidad en contravención a lo dispuesto por el mencionado numeral 76 bis, fracción IV, de la ley de la materia, que nunca lo autoriza cuando se trata de un juicio constitucional instado por la institución, ello de acuerdo con la tesis jurisprudencial que se citó con antelación, bajo la voz de: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN.".
Por otro lado, es exacta la alegación en la que expresa, que la a quo, al emitir el combatido indebidamente estima que es inatendible el estudio de la exclusión de carencia de representación, con apoyo en la jurisprudencia, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", al dejar de tomar en cuenta que el seis de agosto de mil novecientos noventa y seis, al analizarse la revisión 6/95, en relación con el dispositivo 693 del código obrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la interrupción de la misma, resultando incongruente el dolido al fundarse en un criterio que se encuentra suspendido, cuando éste la obliga, más aún si fue antes de la atacada; al respecto se considera así, toda vez que la Juez al desatender la referida situación, actuó inadecuadamente, ya que en la ejecutoria que emanó del medio que señala la agraviada, el máximo órgano jurisdiccional sostuvo que la delegación es un presupuesto procesal que, por regla general, se decide en un incidente o en una audiencia de previo y especial pronunciamiento que amerita la detención de la contienda principal, al motivar la integración de una litis, tan preponderante como la de fondo, sólo que se definirá antes que ésta, cuya determinación no es declarativa, o de simple reconocimiento o desconocimiento de la legitimación de una de las partes, sino que también es constitutiva, puesto que de ella depende, bien la prosecución o insubsistencia de la controversia, lo que repercute notablemente en la actuación de los comparecientes y las cargas de los colitigantes, infiriéndose que la decisión sobre la personalidad causa a uno de ellos un perjuicio inmediato de imposible reparación que exige ser enmendado, desde luego, a través del indirecto conforme a la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia, dado que las resoluciones que se reservan para dirimirse en el debate directo, la aplaza, al ser combatida hasta que se resuelva el fondo, independientemente de que corre el riesgo de que jamás puedan ser resarcidas constitucionalmente por los tribunales federales, en virtud de que quien obtenga una sentencia favorable en un juicio natural, está impedido para instar aquél, de modo que si a su contraparte se le concede, la responsable con motivo del cumplimiento o acatamiento de la ejecutoria, únicamente podrá dictar un fallo en el que por un lado, nunca se ocupará de la transgresión procesal resentida por quien en un principio consiguió una determinación benigna, y por otro, el afectado no tendrá oportunidad de promover nuevo procedimiento de amparo para plantear la violación, porque se encontraría ante un acto pronunciado en observación de la que se atendió, que es un caso en que surte efectos la improcedencia prevista en la fracción II del precepto 73 del ordenamiento reglamentario de los dispositivos 103 y 107 de la Carta Magna, la cual de ningún modo distingue la índole de la cuestión que se pretenda formular, al tener su razón en que la sentencia emitida en el directo crea derechos a favor de alguna de las partes por ser la verdad legal, de tal manera que al aceptar la procedencia de una nueva contienda se vulneraría el principio de cosa juzgada, aunque se aduzca que fue anterior al acto, por lo que la determinación que resuelve la excepción de falta de personalidad participa de iguales características que tienen las violaciones procesales enunciadas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, y que son reclamables en el uniinstancial, las que a saber perjudican las defensas del quejoso y trascienden al fallo, pero cuando la demandada la hace valer respecto del apoderado del actor, no sólo le ocasiona detrimento, dado que a diferencia de aquéllas de producirse fundadas jamás es que se reponga el procedimiento a partir de que sucedieron, sino que finalice el debate, lo que significa que por regla general son combatidas en el directo, y su consecuencia es que sean reparadas desde que se incurrió en ellas, por ejemplo, de tratarse de la inadmisión de una prueba, su repercusión es que se acepte, desahogue y continúe la controversia, mientras que la representación, de resultar exacta la objeción y declararse así en éste, su derivación concluiría el litigio y de ningún modo restituiría el mismo, considerándose que en el hecho de desconocerse la delegación del mandatario de la institución, le impediría a ésta toda intervención posterior, la cual dañaría su capacidad de ejercicio, por lo que los efectos de la decisión excederían de la materia estrictamente procesal y perjudicarían derechos sustantivos, y por eso, la citada cuestión cuando la dirime previamente a la definitiva, debe ser examinada a través del indirecto, pues con ello se proporcionaría seguridad y certeza jurídica a los que intervienen en el litigio y se evitaría la tramitación de los que implicarían pérdida de tiempo, desperdicio de recursos económicos y causación de molestias innecesarias, por lo tanto, el análisis constitucional de las que decidan sobre un acto de esa naturaleza, cumpliría con la exigencia de una pronta administración de justicia, que aun cuando el vicio que se le atribuya sea inexistente, esta misma situación saneada, ya no sería motivo del uniinstancial que la parte interesada llegara a promover para el caso, por lo que la a quo, al dejar de observar el criterio de mérito, obró incorrectamente, puesto que estaba obligada a acatarlo, de conformidad con los artículos 193 y 194 de la Ley de Amparo, al provenir de una ejecutoria que interrumpió la que señaló en su fallo, en consecuencia al acaecer de fundada la afirmación examinada, procede entrar al estudio de lo que expresó la impetrante en sus motivos de inconformidad, de acuerdo con la fracción I del numeral 91 del mencionado conjunto de normas.
CUARTO.-La quejosa esgrimió como concepto en la materia que se abroga, lo siguiente: "Primero. En efecto, la autoridad responsable deja en un total estado de indefensión a mi representada, al haber emitido el acuerdo de fecha 19 de junio de 1996, declarando improcedente el incidente de falta de personalidad, interpuesto por Banca Serfín, S.A., respecto del Lic. Jorge Luis Cubas Origel, como apoderado de la C. Macrina Cuevas González, actora en el juicio laboral número 863/95, radicado ante la hoy autoridad responsable, conculcando flagrantemente las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, toda vez que omite motivar su acto de autoridad, además de que supuestamente funda su resolución en el artículo 693 de la Ley Federal del Trabajo, el cual por sí mismo es violatorio del artículo 16 constitucional, ya que rompe con el principio de seguridad jurídica al otorgar una facultad discrecional tan amplia a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, situación que se confirma con la confesión expresa que realiza la autoridad responsable, al mencionar que: ‘Se declara improcedente el incidente de personalidad, en virtud de que no es necesario lo señalado por el demandado al promover el incidente que nos ocupa, dado que hay arbitrio de esta Junta para reconocer personalidad, tratándose de apoderados de la parte actora, dado que el elemento que obra en la reposición de autos, es suficiente para ello, y conforme lo establece el artículo 793 de la ley laboral ...’, omitiendo señalar el elemento o las constancias de los autos en que motiva su resolución, lo que deja en un total estado de indefensión a mi mandante, ya que la autoridad omite fundar y motivar su resolución como es su obligación. En virtud de lo anterior, y toda vez que la autoridad responsable reconoce mediante el acuerdo de fecha 19 de junio del año en curso, la personalidad del Lic. Jorge Luis Cubas Origel, en su carácter de apoderado de la parte actora en el juicio laboral radicado ante la misma con el número 863/95, solicito en nombre de mi representada el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en la jurisprudencia que se versa a la voz de: ‘PERSONALIDAD, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENEN POR ACREDITADA LA.’.-(la copia)."
QUINTO.-La insatisfacción reproducida es infundada, debido a que no le asiste la razón a la peticionaria, ya que si bien el precepto 693 del código obrero, establece lo que aduce, lo cierto es que las fracciones I, II y III de la norma 692 del ordenamiento invocado, en lo conducente y textualmente disponen, lo subsecuente: "Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme las siguientes reglas: I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta. II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite. III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello.", y del análisis sistemático y armónico del contenido de ambos preceptos lleva a estimar que en el juicio, la representación se acredita de la misma manera para las partes, tratándose de personas físicas, se puede demostrar por medio de instrumento o misiva firmada por el que lo confiere y delante de dos asistentes, sin necesidad de ser ratificados ante la Junta, en cambio, para justificar la de la moral, es indispensable exhibir el primero de aquéllos, y la segunda, con la justificación de que quien la concede tiene esa prerrogativa, esta última forma tiene su origen en la naturaleza jurídica de la sociedad, pues debe constar su constitución o creación y que realmente esté compareciendo por el órgano específico de delegación o por quien conforme a lo que dispongan los estatutos, la posee para proceder en nombre de la companía, y dichos extremos sólo se pueden evidenciar a través del documento idóneo, donde aparezcan los referidos eventos, o sea, que la negociación exista, y quien interviene por ella y entregue el libelo, tenga autoridad, de ahí que los documentos y requisitos que se exigen para patentizar la situación en comento, derivan no de un trato más favorable al obrero, sino de que la existencia de una empresa debe constar en escritura y el que la delegue, ostentar esa atribución, pues jamás cualquier individuo puede hacerlo en su nombre, sino únicamente quien tenga ese carácter, el cual, se tendrá que acreditar plenamente como una carga procesal que se basa en la necesidad jurídica de que los colitigantes se encuentren representados conforme a derecho, ya que de no ser de esa forma, nunca podría integrarse el vínculo jurídico-procesal, y si bien el numeral 693 del código obrero, faculta a la Junta para tener por acreditado el evento de mérito, sin sujetarse a las regla del 692, siempre y cuando que con los documentos que se le exhiban, llegue al convencimiento de que efectivamente se tenga la representación del interesado, ello nunca es violatorio de garantías porque aunque las normas para demostrar la de la compañía, inadmitan otra, esto se justifica, atendiendo a que solamente pueden comparecer a través de delegado, por lo que el trato menos riguroso para el trabajador o sindicatos, es con el fin de equilibrar la posición de éstos frente al patrón, al ser innegable que en todo conflicto laboral subyacen los factores de la producción, capital y actividades, en la que el primero, tiene presuncionalmente mayores elementos para llevar a cabo la evidencia de la situación del nexo, y que por su capacidad económica, está en aptitud de aportar a juicio los instrumentos idóneos e indispensables para que siendo física o empresarial, quien actúe como apoderado, evidencie su calidad, luego, ante la desigualdad entre ambas partes, se erige el imperativo de la ley que tutela al diligente, con el propósito de lograr la nivelación, principio que de ningún modo sólo se encuentra en el artículo 693 del código obrero, sino también en el 685, que en su segundo párrafo, faculta a la autoridad para que en el momento de aceptar la petición, la subsane, en cuanto a las prestaciones que de acuerdo con el mencionado ordenamiento legal, deriven de la acción intentada o procedente, esto es, que en la contienda, no puede operar la igualdad, como en otras materias, porque los que intervienen se encuentran fuera de la realidad, en el mismo plano, por lo que para lograr la estabilización a través de imponer menos fatiga procesal al empleado, nunca implica transgresión de garantías, porque ello dimana del reconocimiento de la existencia de esos factores de la producción, a que alude el precepto 123 de la Carta Magna, que consagra derechos mínimos a los operarios, los que no pueden ser afectados por un trato idéntico en el debate, por el cual, pueden solicitar el cumplimiento de los mismos.
Similar criterio lo sostuvo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decidir el amparo en revisión número 6/95, el seis de agosto de mil novecientos noventa y seis.
En consecuencia, procede confirmar el fallo combatido y negar la medida requerida por la impetrante, pero parcialmente por los motivos antes precisados.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los preceptos 83, 85 y 91 de la legislación que reglamenta los dispositivos 103 y 107 de la Constitución General de la República, es de resolverse y se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Banca Serfín, S.A., contra el acto y autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta determinación, vuelvan los autos al juzgado de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que integran los Magistrados presidenta Lic. Gemma de la Llata Valenzuela, Lic. Rafael Barredo Pereira y Lic. Constantino Martínez Espinoza, siendo relator el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5398-8d0f7e43/personalidad-supuesto-en-que-prospera-el-amparo-directo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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