SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EL AMPARO EN MATERIA CIVIL HA DEJADO DE SER DE ESTRICTO DERECHO.
AMPARO EN REVISIÓN 624/98. BANCA CREMI, S.A.
CONSIDERANDO:
V.-Los agravios aducidos son jurídicamente ineficaces, algunos de los cuales se resolverán en conjunto, dada su vinculación.
Debe desestimarse lo que se arguye sobre que lo resuelto por el Juez Federal carece de base legal y contraviene diversos preceptos legales; que reconoce que no existen reglas definitivas para llevar a cabo el avalúo por la fiduciaria y que en el caso el avalúo se practicó siguiendo los métodos normales y usos bancarios en materia de valuación inmobiliaria por perito experto en la materia para determinar el valor de los bienes fideicomitidos; pues, en primer término, debe precisarse que si bien el Juez Federal no apoyó su consideración relativa a que si las partes no acordaron base alguna para la práctica del avalúo y que por ello debía estarse a los principios rectores del procedimiento legal, ello es inconducente puesto que tal consideración encuentra a la postre apoyo en lo que dispone el artículo 1053, parte final, del Código de Comercio, que ordena la aplicación de las disposiciones aplicables a los juicios mercantiles ante la falta de acuerdo especial u omisión de las partes en la regulación procesal convenida, disposiciones de las que se infieren las reglas mínimas que debe contener un avalúo para sustentar el valor del inmueble sujeto a remate, entre ellas las señaladas por el Juez de Distrito, relativas a la determinación de un valor que racionalmente se ajuste a la realidad y al sustento que la opinión pericial debe tener, en el caso en estudio, no sólo de las características de los bienes sujetos a avalúo sino también de los valores de mercado que fijan a esos bienes un valor aproximado razonablemente equiparado con los valores de otros inmuebles de la zona en que se ubica, de lo que se sigue también que es irrelevante que quien en el caso emitió dictamen fuera un experto autorizado en la materia y que el recurrente señale que en su opinión se ajustó a usos bancarios, tutelados por una ley especial, si dicha opinión no se sustentó debidamente, como luego se verá.
En segundo lugar, y en efecto, si bien es cierto que, como lo esgrime el recurrente, de los dictámenes que en copia certificada obran a fojas 111 a 116 del cuaderno de pruebas que corre con el juicio de garantías se aprecia que el perito que los emitió manifestó haber tomado en cuenta las características urbanas de la zona, del terreno, la forma de éste, su topografía, ubicación, superficie, medidas y linderos, características panorámicas, servidumbres, accesos de calles y vías, y señaló haber analizado los elementos de construcción como son la obra negra, revestimiento, acabados de interiores, instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, etcétera, indicando los valores físicos del terreno, de las construcciones, por capitalización de rentas, para arribar al valor comercial de las fincas que señaló; no obstante, contra lo que pretende hacer notar la parte agraviada, dicho avalúo resulta dogmático, pues, por una parte, como señaló el Juez Federal en las propias opiniones periciales se indica: "Los valores consignados en el presente avalúo son aproximados ya que no se tuvo acceso a la finca.", por lo que es claro que el perito no estuvo en aptitud de determinar, como lo hizo, todos aquellos datos que requerían del análisis del perito, relativos a los interiores de los inmuebles; y por otro lado, aun cuando señaló que se realizaron investigaciones de mercado y de los antecedentes, y condiciones actuales de los inmuebles, el aprovechamiento del mismo, el valor comercial, las rentas de inmuebles similares en la zona, sin embargo, en los avalúos no especificó cómo y con qué resultados concretos (datos particularizados para servir de referencia), llevó a cabo tales investigaciones, es decir, no precisó los valores que puedan tener o hayan tenido otros inmuebles (terrenos y construcciones), de la zona o la rentabilidad de los mismos, ni señaló el valor catastral que los bienes fideicomitidos tienen, valores estos con los cuales se podrían establecer los parámetros a partir de los cuales se fijaron por el perito los valores de los inmuebles objeto del fideicomiso, que no rebasaron en su conjunto un millón de pesos actuales; además, si bien el perito especificó que los valores unitarios fueron analizados de acuerdo a datos de "Prisma, Bisma, Peimbert, CNIC de Jalisco", no obstante, no consignó tales datos ni anexó documento alguno que los contuviera; de consiguiente, es incuestionable que los avalúos carecen de un marco de referencia que los apoye y que permita concluir válidamente que la cantidad fijada por el experto es la más aproximada al valor comercial de las fincas fideicomitidas aun cuando no fuese el exacto, lo que de suyo los hace ineficaces para el fin pretendido con su rendición, y sin necesidad de examinar lo considerado por el Juez relativo a la comparación que hizo de los valores opinados por el perito de que se trata y los referidos en el contrato de fideicomiso, de un millón quinientos trece mil doscientos setenta pesos con cincuenta centavos para el de mil metros cuadrados y de un millón doscientos cincuenta mil pesos para el de quinientos metros cuadrados, valores estos que, no obstante, cabe advertir, aun cuando, como se arguye, fueron declarados unilateralmente por el peticionario de amparo, deben estimarse implícitamente aceptados por las partes, pues de no ser así no se habrían consignado en el contrato, ni sería lógico que la fideicomisaria en primer lugar, Arrendadora Financiera Dina, Sociedad Anónima de Capital Variable, hubiera aceptado que su crédito de dos millones novecientos ochenta y siete mil pesos le fuera garantizado con los bienes fideicomitidos, e incluso que hubiera aceptado cubrir el importe de los gravámenes que reportaban las fincas (fojas 172 a 208 del juicio natural).
También es ineficaz lo aducido acerca de que no se impugnó el pluricitado avalúo ni se ofreció elemento de convicción alguno para demostrar su ineficacia o invalidez, ya que ello no implica que la valuación produjera el convencimiento racional del valor comercial de los inmuebles, dado que la eficacia conviccional del avalúo no depende de su falta de impugnación, sino de que el mismo se produzca conforme a las reglas que se infieren de la ley, en el caso, como lo sostuvo el Juez de Distrito, conforme a las reglas de la sana crítica y que no sea contrario a la lógica o a los hechos que las propias constancias de autos evidencian, debiendo precisarse que no es a las partes sino al juzgador a quien corresponde determinar la eficacia y alcance de las pruebas, de modo que la falta de su impugnación nada tiene que ver con los principios de firmeza y preclusión procesal como lo alega la agraviada, y debe rechazarse la idea de que la opinión del perito valuador pueda constituir una especie de cosa juzgada, lo cual sólo es atribuible a las determinaciones judiciales.
Finalmente, el hecho de que no hubiera sido planteada en vía de conceptos de violación la cuestión relativa a que el perito no tuvo acceso a los inmuebles para formular su dictamen no implica que el Juez Federal estuviese impedido para abordarla, como lo sostiene la inconforme en el inciso d) de sus agravios, pues la parte recurrente pierde de vista que a virtud de la suplencia deficiente, prevista por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a estudiar el asunto en su integridad aun en ausencia de conceptos de violación, de modo que si el a quo, al examinar el avalúo impugnado en conceptos de violación en otros aspectos, advirtió la circunstancia apuntada, estuvo en lo legal al invocarla para determinar la ineficacia de los multirreferidos avalúos, según se planteó en los agravios aducidos a la Sala responsable. Tiene aplicación en la especie la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, al resolver los siguientes asuntos: Amparo directo 351/96. J.J.J. Inmuebles del Mar, S.A. de C.V., 20 de junio de 1996. Amparo en revisión 27/97. Héctor Ramiro Suárez Camacho. 20 de de febrero de 1997. Amparo en revisión 107/97. Fernando Valdivia de la Serna. 27 de febrero de 1997. Amparo en revisión 844/97. José de Jesús Loza Hernández. 4 de septiembre de 1997, cuyo tenor literal dice: "-Del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo se infiere la suplencia de la queja deficiente en materia civil cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa; disposición que obliga a los tribunales federales a estudiar el asunto en su integridad, ello, además, de acuerdo con la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo el rubro: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO.’ se publicó en la página 341 del Tomo VI, Parte Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación; lo que significa que en la actualidad el amparo en materia civil ha dejado ser de estricto derecho, pues para que el juzgador de amparo esté en aptitud de advertir si existe o no una violación manifiesta de la ley en perjuicio del peticionario de garantías que lo haya dejado sin defensa, en términos del mencionado artículo, debe, incluso ante la ausencia de conceptos de violación, analizar en su integridad el acto reclamado para luego determinar si es o no violatorio de garantías y, por ende, inconstitucional.".
Así, no demostrada ni advertida la ilegalidad de la parte impugnada de la sentencia que se revisa, lo debido es confirmarla en sus términos.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Queda intocado el resolutivo primero de la sentencia recurrida en el aspecto precisado en el considerando tercero de esta sentencia, por no ser materia de este recurso.
SEGUNDO.-En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida, cuyos puntos resolutivos textualmente dicen: "Primero.-No ha lugar a sobreseer en el presente juicio por las razones que aducen Elías Cruz González y Gonzalo García Ramírez en su carácter de apoderados de la tercera perjudicada Arrendadora Financiera Dina, S.A. de C.V. y Patricia Zárate Vives, en su carácter de apoderada de la tercera perjudicada Banca Cremi, Sociedad Anónima.-Segundo.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Favio Germán Gutiérrez Gutiérrez en cuanto apoderado de Fernando Rodríguez Pérez, contra los actos que reclama a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Décimo Segundo de lo Civil de esta ciudad, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia.".
Notifíquese; anótese en el registro con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen, y en su oportunidad archívese el expediente como concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de sus integrantes, Magistrados Francisco José Domínguez Ramírez, en funciones de presidente, Carlos Arturo González Zárate y ponente Héctor Soto Gallardo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5268-677bf317/suplencia-de-la-queja-deficiente-el-amparo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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