CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL ARTÍCULO 3o. SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE ESTABLECE EL CÓMPUTO DEL PLAZO EN DÍAS NATURALES PARA QUE OPERE DICHA FIGURA PROCESAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EXPEDITEZ PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO DIRECTO 301/2005. BANCA SERFÍN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN Y OTRA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Son ineficaces en parte y fundados en otra, los conceptos de violación hechos valer, los que por cuestión de método se estudiarán en diverso orden del propuesto.
Como cuestión previa, debe analizarse el séptimo concepto de violación, enderezado a controvertir la procedencia del recurso de apelación del cual deriva el fallo reclamado. Ello, aun cuando en la especie se aduzca un aspecto de inconstitucionalidad de leyes que, por regla general, es de estudio preferente, según lo ha sostenido el Máximo Tribunal del país,(1) sin embargo, esa regla no es absoluta -como el propio Alto Tribunal lo ha considerado en otros supuestos-,(2) ya que en la especie se está ante un caso de excepción, pues en el evento de ser fundado dicho argumento, tendría como consecuencia directa e inmediata la insubsistencia del acto reclamado (resolución de segundo grado que decreta la caducidad de la instancia) y, concomitantemente, la inaplicación del precepto tildado de inconstitucional en una resolución que ponga fin al juicio en términos del artículo 44 de la Ley de Amparo y con ello, la imposibilidad de pronunciarse en amparo directo sobre la cuestión constitucional planteada, al no actualizarse el requisito sine qua non que dio origen a este sumario, a saber, una resolución que puso fin al juicio.
En una parte del séptimo motivo de disenso, la parte quejosa sostiene, en esencia, que el acto reclamado es ilegal por ser improcedente el recurso de apelación del cual emana, pues éste se promovió contra la resolución de diecisiete de febrero de dos mil tres, a través de la cual se falló el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veintiocho de febrero del mismo año, por ende, de conformidad con el artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles del Estado es irrecurrible; en ese sentido, afirman que, en la especie, no se está frente a un auto complejo, sino se trata de la resolución de un recurso de revocación y aunque por error de la autoridad se hayan resuelto diversas cuestiones, ello no autoriza a transgredir el precepto mencionado ni legitima la procedencia de la apelación, pues la resolución dictada en la revocación es indivisible.
Lo expuesto es infundado.
Para estar en posibilidad de realizar un análisis contextual del motivo de inconformidad sintetizado, es necesario atender a algunos de los antecedentes relatados en el considerando tercero de esta ejecutoria, que en forma condensada pueden describirse de la siguiente manera:
Las constancias que integran el testimonio de apelación, cuyo valor es pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, informan que a través del ocurso presentado el seis de enero de dos mil tres Héctor Estrada Inda solicitó se decretara la caducidad de la instancia, petición repulsada en auto de siete de enero siguiente, bajo el argumento de que el promovente no era parte en el juicio; inconforme con lo anterior, la persona mencionada promovió recurso de revocación, afirmando tener reconocida personalidad dentro del juicio, como apoderado de Fraccionadora Villa Montaña, Sociedad Anónima de Capital Variable, además de fungir como autorizado de Jesús Montaño García y Mauricio Garza Fernández.
Mediante resolución dictada el diecisiete de febrero de dos mil tres, la Jueza de origen estimó fundados los argumentos del recurrente y decidió revocar el auto impugnado para atender la solicitud planteada, por ello, se insertó un proveído que sustituiría al impugnado, en el cual, por una parte, se reconoció la representación de Héctor Estrada Inda y se atendió lo solicitado, empero, por otro lado, se desestimó lo peticionado por considerar que no se daban los supuestos para declarar la caducidad, al no haber transcurrido el plazo legal. En desacuerdo con esta última parte, el aludido Estrada Inda promovió recurso de apelación, el cual fue desechado por la Jueza por considerar que contra lo resuelto en la revocación no cabe otro recurso, en términos del artículo 422 del código adjetivo civil de la entidad.
Contra tal determinación, el recurrente aludido planteó recurso de denegada apelación bajo el argumento toral de que sólo se inconformó contra lo resuelto en torno a la caducidad; medio defensivo tramitado con el número de toca 17/2003, del índice cronológico de la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resuelto el veintiuno de abril de dos mil cuatro, en el sentido de considerar que la resolución impugnada se ocupó de dos situaciones jurídicas, una, el recurso de revocación por razón de la personalidad y otra, la caducidad, cuya denegación es impugnable en apelación, por lo que se modificó el acuerdo recurrido para admitirla en efecto devolutivo; recurso de alzada tramitado con el número de expediente 545/2004, en el cual se declaró la caducidad de la instancia, lo que constituye el acto reclamado.
Pues bien, aun cuando a prima facie pudiera estimarse que dado el contexto en que se emitió la negativa a declarar la caducidad, tal determinación es inimpugnable de acuerdo con el artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que proscribe la procedencia de un medio ordinario de defensa contra lo resuelto en un recurso de revocación; lo cierto es que de un análisis detenido de la resolución de diecisiete de febrero de dos mil tres, puede colegirse que, en el caso concreto, en lo atinente a la negativa a declarar la caducidad, no cobra aplicación la prohibición contenida en el citado precepto.
Así es, tal como se observa de la reseña de antecedentes, la petición de caducidad formulada por Héctor Estrada Inda, fue rechazada por la Jueza de origen bajo el argumento de que el promovente no era parte en el juicio, luego, atento al contenido del escrito en el cual se promovió el recurso de revocación, puede concluirse que la litis en éste se constriñó, exclusivamente, a decidir la legalidad de la razón que sustentó la repulsa, cuestión que se corrobora con las consideraciones contenidas en el fallo decisorio de la revocación; sin embargo, en el proveído dictado en sustitución del impugnado, además de abordar lo relativo a la representación, la Jueza también decidió sobre la solicitud y concluyó que no procedía declarar caduco el juicio.
Lo anterior patentiza la certeza de lo que en su momento justipreció el Magistrado responsable en torno a la procedencia de la apelación, pues al margen de que el proceder de la a quo sea o no técnicamente correcto, lo cierto es que esa circunstancia no puede per se generar un estado de indefensión a los gobernados. Luego, es dable establecer que el acuerdo inserto en la resolución de diecisiete de febrero de dos mil tres, analizó dos situaciones jurídicas independientes, una, relativa a la materia del recurso de revocación y, otra, vinculada con la solicitud de caducidad. Entonces, es claro que, como con acierto lo estimó el ad quem, cada una de esas determinaciones se rige por distintas reglas en cuanto a su impugnación; el primer aspecto, conforme al artículo 422 y el restante, por el numeral 3o., ambos del ordenamiento procesal en consulta; lo anterior, con base en que, ante la situación fáctica que priva en la especie, no es lógico ni jurídico aplicar a ambas determinaciones la misma regla, estimar lo contrario llevaría a conclusiones absurdas y antijurídicas, por un lado, desconocer la proscripción de inimpugnabilidad sobre lo resuelto en un recurso de revocación, por otro, privar al gobernado de acceder a un recurso legalmente tutelado; cualesquiera de estas dos conclusiones, necesariamente lleva imbíbita la violación de la garantía contenida en el artículo 14, segundo párrafo, de nuestra Carta Magna, al transgredir las formalidades esenciales del procedimiento que, según lo ha establecido el Máximo Tribunal del país en jurisprudencia definida, se refiere, entre otras cosas, al derecho de impugnación.(3)
En esa línea de pensamiento, si el artículo 3o., cuarto párrafo, del código adjetivo civil de la entidad dispone: "El auto que decreta la caducidad de la primera instancia es apelable en ambos sentidos; el que la niegue será en efecto devolutivo. ...", es dable concluir que el proceder del ad quem está ajustado a derecho, si se considera, con independencia de que haya sido o no correcto abordar la cuestión de caducidad en el proveído inserto dentro del recurso de revocación, lo cierto es que, se itera, ello no puede traducirse en una indefensión para el gobernado; en consecuencia, si en el caso se surte la hipótesis legal -negativa a declarar la caducidad-, no hay razón jurídica que impida recurrir esa determinación.
No se inadvierte lo aducido en torno a la indivisibilidad de la resolución dictada en el recurso de revocación; sin embargo, debe decirse que el hecho de que ambas determinaciones (materia de la revocación y solicitud de caducidad) se hayan proveído en un solo acto, nada impide que pueda impugnarse sólo una de ellas.
Para evidenciar lo anterior, conviene tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/98, estableció criterio en el sentido de que: "... si bien, la sentencia como acto jurídico es indivisible, no lo es como documento ..."; por ello, si el documento continente de la solución dada por el juzgador a un problema jurídico contiene diversos pronunciamientos independientes, es decir, haga referencia a diversos actos jurídicos, no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la vía y términos procedentes, como ocurre cuando en una misma resolución, en un juicio mercantil, se decide lo relativo a gastos y costas (que es apelable) y a intereses simples y moratorios (que no es recurrible).
Para mejor ilustración, conviene reproducir algunas consideraciones de la ejecutoria relativa: "La doctrina clásica hablaba ya de la sentencia como acto jurídico y como documento. El acto jurídico es al mismo tiempo hecho jurídico, de tal manera que no puede dividirse sin que pierda su naturaleza. La sentencia documento, constituye, en cambio, una actuación judicial que observa los requisitos formales que la ley dispone. La sentencia acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución; mientras que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es únicamente la prueba de esa resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que los principios de indivisibilidad e inmutabilidad de la sentencia se apliquen únicamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, cuando en una sentencia documento se contengan dos soluciones jurídicas, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas sea combatida de forma destacada en los términos y por la vía que marque la ley. De ahí que, cuando en un caso como el que ahora es objeto de contradicción de criterios, exista un medio ordinario de defensa para combatir una de las determinaciones contenidas en la sentencia documento, será obligación del particular agotar tal recurso por cuanto hace a dicho acto jurídico; sin que ello signifique, según se ha explicado, que se esté dividiendo la resolución, pues lo único que se está distinguiendo es la existencia de dos determinaciones jurídicas (dos sentencias acto jurídico), representadas en un mismo documento, susceptibles de impugnarse por distintos caminos ... Luego, la decisión que en esta resolución se sostiene tampoco significa que exista división de la continencia de la causa, pues, como se ha explicado, se trata de dos causas diversas expresadas en un mismo documento."
De la contradicción de tesis en comento surgió la jurisprudencia 1a./J. 17/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 143, de sinopsis: "GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES. Las causas que originan la liquidación de intereses simples y moratorios y la condena de gastos y costas son diversas, pues una deriva de la acción misma y la otra del resultado del proceso; contra de la condena a pago de intereses simples y moratorios no procede recurso alguno y contra la condena de gastos y costas procede el recurso de apelación. En consecuencia, cuando en una misma sentencia documento el Juez resuelve lo relativo a gastos y costas (que es apelable) y a intereses simples y moratorios (que no es recurrible) el afectado estará en el deber de agotar apelación en contra de la liquidación de gastos y costas, antes de acudir al juicio de garantías, pues de lo contrario, la acción resultará improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así porque si bien, la sentencia como acto jurídico es indivisible, no lo es como documento; de ahí que si el documento que representa la solución que el juzgador da a determinado problema jurídico contiene no uno, sino diversos pronunciamientos independientes; es decir, tratándose de diversos actos jurídicos, no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la vía y términos procedentes."
El criterio en comento puede aplicarse por analogía al caso concreto, e ilustra con claridad, que el argumento de la parte quejosa se sustenta en premisas inexactas, pues la indivisibilidad que refiere sólo se surte respecto del acto jurídico decisorio como tal, pero no del documento en el que se contiene el fallo judicial.
Desde esa perspectiva, si en el caso concreto en una misma resolución se decidió lo relativo al recurso de revocación y la solicitud de caducidad, es inconcuso que esa circunstancia no priva la posibilidad de impugnar la segunda de tales determinaciones a través del recurso de apelación previsto por el artículo 3o., cuarto párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Precisado lo anterior, procede ahora el análisis de la cuestión de inconstitucionalidad planteada.
En el noveno concepto de violación, la parte quejosa aduce que el segundo párrafo del artículo 3o. del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, transgrede la garantía de acceso a la administración de justicia prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, lo referente a la expeditez, por cuanto la codificación procesal referida establece que en el plazo de ciento veinte días para consumar la caducidad se computen tanto los hábiles como los inhábiles, pues en estos últimos las partes están imposibilitadas para actuar, por ende, si los términos son espacios temporales para que las partes realicen actos procesales, es injusto que, por un lado, la ley los obligue a actuar y, por otro, exista una privación jurídica respecto de los días inhábiles; circunstancia que, dicen, se patentiza con el artículo 58 del citado ordenamiento, por cuanto establece que en ningún término se computarán los días en que no puedan practicarse actuaciones judiciales, lo cual incluye al plazo para que opere la caducidad de la instancia, pues éste no puede correr cuando los tribunales no se encuentran expeditos para impartir justicia, lo cual, afirman, viola el artículo 17 constitucional.
Resulta infundado el aserto sintetizado, en la medida de las siguientes consideraciones.
El segundo párrafo del artículo 3o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, es del siguiente tenor:
"En los juicios contenciosos la instancia caducará cualquiera que sea el estado en que se encuentre, cuando de no mediar un impedimento procesal que suspenda la caducidad, las partes se abstengan de promover el curso del juicio, en única o en la primera instancia durante un lapso de ciento veinte días; en la segunda instancia de sesenta días, y en los incidentes y recursos de revocación treinta días. Los términos comprenderán tanto días hábiles como inhábiles y empezarán a contar a partir del día siguiente al de la última resolución o actuación judicial."
Como se ve, el precepto reproducido establece las condiciones en que la inactividad procesal de las partes da lugar a decretar la caducidad de la instancia.
Previo a cualquier consideración, conviene precisar la connotación que el Máximo Tribunal del país ha dado a las garantías individuales contenidas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:
"Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
"Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
"Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil."
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1670/2003, definió que el precepto constitucional referido consagra cinco garantías, descritas en los términos siguientes:
1) La prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano";
2) El derecho a la tutela jurisdiccional;
3) La abolición de costas judiciales;
4) La independencia judicial, y
5) La prohibición de la prisión por deudas del orden civil.
En dicha ejecutoria se hizo referencia particular a los alcances de la tutela jurisdiccional, entendida como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, con el fin de plantear una pretensión o defenderse de ella.
Para mejor ilustración, conviene tener presente la tesis sustentada por el órgano jurisdiccional referido, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 513, de sinopsis: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES. El citado precepto constitucional establece cinco garantías, a saber: 1) la prohibición de la autotutela o ‘hacerse justicia por propia mano’; 2) el derecho a la tutela jurisdiccional; 3) la abolición de costas judiciales; 4) la independencia judicial, y 5) la prohibición de la prisión por deudas del orden civil. La segunda de dichas garantías puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos -adjetivo con que se designa lo desembarazado, lo que está libre de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, es indudable que tal derecho a la tutela judicial puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos."
Como se ve, en el criterio preinserto, cuya claridad no da lugar a mayores comentarios, el Alto Tribunal dimensionó lo que debe entenderse por el principio de expeditez, en el sentido de que el acceso a los tribunales no puede supeditarse a condición alguna o a requisitos impeditivos u obstaculizadores, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas, carentes de razonabilidad o proporcionalidad.
Precisado lo anterior, debe ahora señalarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha explicado que en torno a la dirección de los procedimientos judiciales existen fundamentalmente dos sistemas, el primero, basado en el principio inquisitivo, conforme al cual, se confiere al Juez una serie de atribuciones tanto en la instauración de la relación procesal como en su desarrollo para impulsar el procedimiento y lograr la resolución de la controversia; el segundo, sustentado en el principio dispositivo, consistente en que la iniciativa del proceso corresponde a las partes, quienes deben impulsarlo hasta obtener la resolución de sus pretensiones. En ese sentido, el Máximo Tribunal apunta que este último sistema, es el adoptado por la mayoría de las legislaciones procesales del país; de ahí que la acción procesal esté encomendada, tanto en su forma activa como pasiva, a las partes y no al Juez, razón por la cual, las leyes imponen a las partes la carga procesal de "impulsar" el procedimiento hasta el dictado de la sentencia; gravamen cuyo incumplimiento da lugar a una sanción, la caducidad de la instancia.(4)
Además, el Alto Tribunal ha establecido en diversos criterios que la caducidad es un instituto procesal que tiene por efecto la extinción anticipada del proceso porque las partes han abandonado el ejercicio de la acción respectiva, cuya manifestación es la falta de promociones tendientes a que el juicio llegue a su fin; pues la ley impone a las partes la carga de impulsar el procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuar su tramitación por los diversos estadios que lo integran hasta dictar sentencia.(5)
Así, la caducidad ha sido considerada como una sanción por el abandono de la instancia, cuyo objetivo es evitar la prolongación indefinida de un juicio; instituto procesal cuyo efecto primordial es extinguir la instancia pero no la acción, pues torna ineficaces las actuaciones volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la presentación de la demanda.(6) Asimismo, se ha considerado que la ratio legis de las disposiciones legales que norman la caducidad de la instancia es evitar la perpetuidad de los juicios para, por un lado, dar seguridad jurídica a las partes sobre cuánto tiempo pueden abstenerse de impulsar el procedimiento sin que se extinga la relación jurídica procesal y, por otro, evitar que los órganos jurisdiccionales se saturen de asuntos en cuya resolución final no estén realmente interesadas las partes,(7) con la carga onerosa que ello implica al erario.
El análisis conjunto de las pautas establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional -en particular la expeditez-, así como lo relativo al instituto procesal de la caducidad de la instancia, permite concluir que aquélla se refiere a la efectiva posibilidad de los gobernados de ser parte en un juicio y, satisfechos los requisitos legales, provocar la actividad jurisdiccional cuyo objeto es la decisión de las pretensiones deducidas, traducida en el derecho de acudir a los tribunales -en sentido lato-, que deben reunir las calidades previstas en el artículo 17 constitucional (expeditez, prontitud, resolución completa, imparcialidad y gratuidad); sin embargo, concomitante a esa prerrogativa, existe la obligación de los justiciables de sujetarse a los requisitos estatuidos en las leyes procesales, pues la actividad jurisdiccional no sólo atañe a la autoridad, sino a los particulares, quienes tienen a su cargo el impulso del procedimiento; de esa suerte, el desinterés actualiza la caducidad, ante lo estéril que resulta tramitar y resolver una controversia respecto de la cual las partes han dejado de tener interés.
Estimar lo contrario, daría lugar a dejar al arbitrio de los gobernados que una vez instaurado un juicio, puedan retardar o postergar indefinidamente su decisión, con la consecuente inseguridad jurídica que pudiera provocarse a terceros, además del entorpecimiento a la administración de justicia, función que es de orden público, pues la sociedad está interesada en la conclusión de los procesos y así la negligencia o desinterés de los individuos particulares no puede prevalecer sobre el interés general.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, a juicio de este tribunal, resulta desacertado lo aducido por la parte quejosa en el sentido de que el artículo 3o., segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, al establecer que en el plazo de caducidad deben computarse tanto los días hábiles como los inhábiles, contraviene la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, en particular, lo referente a la expeditez.
El citado precepto constitucional, al establecer "en los plazos y términos que fijen las leyes", reservó al legislador secundario la facultad de establecer los plazos y términos conforme a los cuales debe administrarse justicia, arbitrio que no es absoluto, pues las condiciones y presupuestos deben sustentarse en los principios y derechos que consagra el ordenamiento fundamental.(8)
Ahora, la circunstancia de que en el plazo de ciento veinte días para que opere la caducidad por inactividad procesal se compute por días naturales (es decir, hábiles e inhábiles), de ningún modo resulta violatorio de la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional en comento, ya que no impide a los gobernados la posibilidad de ser parte en un juicio y, satisfechos los requisitos legales, provocar la actividad jurisdiccional para ejercer una pretensión o defenderse de ella, con la intención de que se decida la situación de hecho o derecho planteada pues, precisamente, la figura de la caducidad supone ya la existencia de un juicio que las partes han abandonado o desatendido, consumándose así una presunción de desinterés que lleva a la extinción del juicio.
Lo anterior se patentiza si se considera que el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el decreto cuatrocientos setenta y siete, a través del cual se reformaron diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado, entre otros, el artículo 3o., que en lo relativo a la caducidad de la instancia se redujo el plazo de ciento ochenta a ciento veinte días naturales, en primera instancia, además de establecer distinción entre ésta y la alzada, entre otras cosas. De la exposición de motivos se desprenden las siguientes razones que orientaron el criterio del legislador local:
"El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para todo individuo la garantía de una pronta y expedita impartición de justicia, debiendo los tribunales para la consecución de ese fin, emitir sus resoluciones de una manera completa e imparcial procurando en todo momento la plena ejecución de toda resolución. En la administración de justicia del Estado de Nuevo León, un aspecto muy importante que se ha percibido durante los últimos años, es el relativo al de la lentitud y rezagos por parte de los tribunales para resolver las controversias judiciales. Los órganos jurisdiccionales por su parte, se quejan de la sobrecarga de trabajo que provoca el exorbitante número de asuntos que les son encomendados. La eficacia del proceso judicial se encuentra estrechamente ligada tanto al órgano y Juez que conoce del asunto como a la norma jurídica que se aplica. En efecto, es imperativo legal resolver la contienda judicial en forma pronta, tanto como las normas procesales lo permitan. Esto plantea la necesidad de revisar los términos, los recursos, los incidentes, y en suma la actividad procesal que en muchos casos llega al abuso y descuido, provocando la dilatación de los juicios y afectando las garantías de seguridad jurídica de la sociedad. En aras de hacer efectivo el postulado constitucional de justicia pronta y expedita en materia civil, se ha plasmado en el presente anteproyecto una serie de modificaciones tendientes todas a procurar un procedimiento ágil, efectivo y seguro que sin menoscabo de las fundamentales garantías que la Constitución concede a los justiciables se llegue a la solución de las controversias judiciales. Así se ha reducido el término de caducidad distinguiendo el que opera en primera instancia en relación a la segunda, a los incidentes y a los recursos. Se ha señalado como excepción que no opere la caducidad tratándose del juicio sumario de alimentos, de igual forma se han precisado y aclarado los requisitos y formas en que se deben practicar las notificaciones, así como reducidos los términos concedidos por razón de la distancia y aquellos que resultaban excesivos, así como la facultad de regular el procedimiento ... El artículo 3o. se reforma
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20002-a163987b/caducidad-de-la-instancia-el-articulo-3o-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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