TRIBUNALES AGRARIOS. SON AUTORIDADES SUSTITUTAS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO RELACIONADAS CON ACUERDOS DOTATORIOS DE TIERRAS.
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 24/97. HUELLATLA, S.A.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Por las razones que más adelante se precisarán, los Ministros que integran la Segunda Sala arriban a la conclusión de que deben devolverse los autos del juicio de amparo del que deriva este incidente, al juzgado de su origen, a efecto de que se agote nuevamente el procedimiento previsto por los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo.
Como puede advertirse del resultando primero de esta resolución, en el juicio de amparo la quejosa reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de la Reforma Agraria, subsecretario de Asuntos Agrarios, director general de la Coordinadora de Delegaciones Agrarias y Promotorías, Cuerpo Consultivo Agrario, director general de Información Agraria, director general de Procedimientos Agrarios, director general de Tenencia de la Tierra, director general de Bienes Comunales, subdirector general de Bienes Comunales, Dirección General de Derechos Agrarios, coordinador del Fomento Cooperativo del Distrito Federal, delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Distrito Federal, subdelegado de Procedimientos y Controversias Agrarias en el Distrito Federal, titular del Registro Agrario Nacional, director del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, delegado del Departamento del Distrito Federal en Magdalena Contreras, el trámite y procedimiento seguido en el expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales, así como la resolución presidencial que al respecto se dictó el día dos de abril de mil novecientos setenta y cinco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete del mismo mes y año, en favor del poblado denominado "La Magdalena Contreras", ubicado en la Delegación del Distrito Federal en Magdalena Contreras, la ejecución de dicha resolución y los efectos y consecuencias de los actos reclamados.
Del resultando séptimo de esta resolución se observa que se concedió el amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de la Reforma Agraria, subsecretario de Asuntos Agrarios, director general de la Coordinadora de Delegaciones Agrarias y Promotorías, Cuerpo Consultivo Agrario, director general de Información Agraria, director general de Procedimientos Agrarios, director general de Tenencia de la Tierra, subdirector general de Bienes Comunales, subdirector de Derechos Agrarios, coordinador del Fomento Cooperativo del Distrito Federal, delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Distrito Federal, director del Registro Agrario Nacional, porque la resolución presidencial impugnada incluyó indebidamente la propiedad particular de la parte quejosa.
Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo precisa que las autoridades responsables, dentro de los límites de sus atribuciones, dejen insubsistente la resolución presidencial reclamada únicamente en la parte en que, indebidamente, reconoció y tituló en favor de la comunidad agraria tercero perjudicada, el predio que defiende la quejosa; y, puesto que tal insubsistencia constituye una modificación a la resolución presidencial indicada, deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional, para los efectos legales procedentes.
Ahora bien, de las constancias que integran el presente expediente, especial importancia revisten en el caso a estudio las siguientes:
1. Oficio número 003191, de fecha 24 de febrero de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual se informa sobre el cumplimiento de la ejecutoria realizado por la directora en jefe del Registro Agrario Nacional y directores generales de Certificación, Titulación e Inscripción de Sociedades; de Registro y Asuntos Jurídicos, de Catastro Rural, en el ámbito de su competencia, la que quedó debidamente registrada en los archivos de ese organismo, según consta de la inscripción número 991, que obra en el libro 5, tomo 47, foja 090 a la 097, del Libro de Registro de Ejecutorias, anexando al efecto, copias certificadas (a fojas 8 a 48).
2. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniese, apercibida que de no hacerlo se tendría por cumplida la sentencia de mérito.
3. Oficios 0720 y 102-D-026377, de dieciséis y veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete, mediante los cuales el coordinador Agrario en el Distrito Federal (antes delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Distrito Federal) y el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, le comunican a la Juez del conocimiento que en cumplimiento a la sentencia de amparo, la primera autoridad mencionada, con fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete, acordó dejar insubsistente la resolución presidencial sobre el reconocimiento y titulación de bienes comunales, pronunciada el dos de abril de mil novecientos setenta y cinco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete del mismo mes y año, a favor del poblado Magdalena Contreras, delegación del mismo nombre, Distrito Federal, así como su ejecución, por lo que corresponde a la superficie del predio propiedad de la quejosa, que fue materia del juicio de amparo (páginas 304 a 309 y 312 a 317).
4. Acuerdos de veinte de junio y catorce de julio de mil novecientos noventa y siete, a través de los cuales el Juez de Distrito le dio vista a la parte quejosa con las manifestaciones y pruebas que respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo elaboraron las autoridades responsables, advirtiéndole que en caso de no manifestar nada en el plazo de cinco días, se tendría por cumplida la misma.
5. Acuerdo de veinte de agosto de mil novecientos noventa y siete en el que se tiene por cumplida la sentencia de amparo en relación a los actos atribuidos al director del Registro Agrario Nacional y el coordinador Agrario en el Distrito Federal (antes delegado Agrario en el Distrito Federal), y se requiere nuevamente a las demás autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia de amparo (páginas 168 a 169).
De lo anterior se desprende que la ejecutoria de amparo no se ha cumplido aún por lo que hace a la emisión del acuerdo que deje insubsistente parcialmente la resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales pronunciada el dos de abril de mil novecientos noventa y cinco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete del mismo mes y año, que tituló bienes comunales al poblado denominado "La Magdalena Contreras", Delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal, tan sólo por lo que corresponda a la superficie de 7,026.80 metros cuadrados (siete mil veintiséis metros cuadrados, ochenta centímetros cuadrados), propiedad de la parte quejosa.
Lo anterior se considera así, porque en virtud de la reforma al artículo 27 constitucional en el año de mil novecientos noventa y dos, las autoridades responsables presidente de la República y las demás de la Secretaría de la Reforma Agraria, se encuentran legalmente impedidas para dar cumplimiento al fallo, por no corresponder en la actualidad al ámbito de su competencia constitucional y legal la ejecución de los actos de autoridad que se requieren para ello.
En cambio, con motivo de la reforma constitucional antes mencionada y, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos tercero transitorio del decreto de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos, que reformó el artículo 27 constitucional y tercero transitorio de la Ley Agraria, la emisión del acuerdo de insubsistencia parcial de la resolución agraria impugnada, le corresponde en la actualidad al Tribunal Superior Agrario.
En efecto, los Tribunales Agrarios fueron creados por reforma al artículo 27 de la Constitución Federal, de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos, con el objeto de impartir la justicia agraria en forma integral.
En la adición realizada a la fracción XIX del artículo 27 constitucional, quedó como segundo párrafo el siguiente:
"Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente."
Los artículos transitorios del mencionado decreto de reformas, establecen:
"Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Artículo segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto y en tanto no se modifique la legislación reglamentaria en materia agraria, continuarán aplicándose sus disposiciones, incluidas las relativas a las autoridades e instancias competentes y a la organización interna de los ejidos y comunidades, siempre que no se opongan a lo establecido en este mismo decreto.
"Artículo tercero. La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente decreto.
"Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior.
"Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva."
Cabe señalar que el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Agraria, que en sus artículos 1o., 163 y primero a tercero transitorios, establece:
"Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la República."
"Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley."
"Artículo primero transitorio. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
"Artículo segundo transitorio. Se derogan la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley General de Crédito Rural, la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías y la Ley de Seguro Agropecuario y de Vida Campesino, así como todas las disposiciones que se opongan a las previstas en la presente ley."
"En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se opongan a esta ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente ley."
"Artículo tercero transitorio. La Ley Federal de Reforma Agraria que se deroga se seguirá aplicando respecto de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales.
"Por lo que hace a los asuntos relativos a las materias mencionadas en el párrafo anterior, cuyo trámite haya terminado por haberse dictado acuerdo de archivo del expediente como asunto concluido o dictamen negativo, así como los asuntos relativos a dichas materias en los que en lo futuro se dicten, se estará a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992.
"Los demás asuntos que corresponda conocer a los Tribunales Agrarios, se turnarán a éstos por la Comisión Agraria o el Cuerpo Consultivo Agrario, según corresponda, en el estado en que se encuentren, una vez que aquéllos entren en funciones.
"La autoridad agraria deberá prestar a los tribunales la colaboración que le soliciten para la adecuada sustanciación de los expedientes, a fin de que se encuentren en aptitud de dictar la resolución que corresponda."
También el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que en sus artículos 1o., 2o., 9o., así como en los transitorios primero y cuarto, dispone:
"Artículo 1o. Los Tribunales Agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional."
"Artículo 2o. Los Tribunales Agrarios se componen de:
I. El Tribunal Superior Agrario, y
II. Los Tribunales Unitarios Agrarios."
"Artículo 9o. El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer:
"...
"VIII. De los demás asuntos que las leyes expresamente le confieran."
Artículos transitorios:
"Artículo primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"...
"Artículo cuarto. En relación con los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, que se encuentren actualmente en trámite, pendientes de resolución definitiva, se pondrán en estado de resolución y se turnarán los expedientes debidamente integrados al Tribunal Superior Agrario una vez que éste entre en funciones, para que, a su vez:
"I. Turne a los Tribunales Unitarios para su resolución, según su competencia territorial, los asuntos relativos a restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, o
"II. Resuelva los asuntos relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, así como creación de nuevos centros de población.
"Si a juicio del Tribunal Superior o de los Tribunales Unitarios, en los expedientes que reciban no se ha observado la garantía de audiencia, se subsanará esta deficiencia ante el propio tribunal."
Por tanto, a partir de la entrada en funciones del Tribunal Superior Agrario, a éste compete legalmente, en cumplimiento de la sentencia de amparo, la emisión del acuerdo de insubsistencia parcial de la resolución agraria impugnada.
Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 352, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, cuyo rubro y texto es:
" El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que deroga la fracción XIII del artículo 27 constitucional, que establecía la facultad del presidente de la República, como suprema autoridad agraria, para dictar resolución en los expedientes relativos a las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas; asimismo, adiciona la fracción XIX del propio precepto constitucional para instituir tribunales encargados de la administración de justicia agraria, y dispone en su artículo tercero transitorio que los asuntos en trámite al entrar en vigor el decreto, relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, continuarán desahogándose por las autoridades agrarias competentes, y que en aquellos en los que no se haya dictado resolución al entrar en funciones los Tribunales Agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, los resuelvan en definitiva. Por su parte, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios dispone en su artículo cuarto transitorio, que los asuntos anteriores se turnarán al Tribunal Superior Agrario para que a su vez los turne a los Tribunales Unitarios Agrarios, según su competencia territorial, para que resuelvan los asuntos relativos a restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, o para que resuelvan los asuntos sobre ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas y creación de nuevos centros de población. Por tanto, a partir de la entrada en funciones del Tribunal Superior Agrario, a éste compete legalmente dejar sin efectos, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, los acuerdos presidenciales dotatorios de tierras a los ejidos, pues el dictado de tal ejecutoria necesariamente implica la no existencia de la resolución definitiva en los expedientes dotatorios respectivos."
El criterio que antecede es aplicable por analogía al asunto que nos ocupa, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo no se constriñe a dictar nueva resolución sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales, sino exclusivamente a emitir el acuerdo que libera de esos efectos al predio de la quejosa, el cual le corresponde al Tribunal Superior Agrario. De ahí que, sobre la base de que la Juez de Distrito ya declaró cumplida la sentencia por cuanto hace a la directora del Registro Agrario Nacional, y que las demás autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria carecen de facultades para ejecutar la sentencia, se debe tener como única autoridad responsable, en sustitución de las originalmente señaladas en la demanda de garantías, al Tribunal Superior Agrario; y, con copia de la demanda de garantías, de la sentencia en que se concedió la protección constitucional solicitada, del acuerdo que la declaró ejecutoriada y de esta resolución, se le debe requerir a ese órgano jurisdiccional para que cumpla con lo resuelto.
Por lo anterior, es menester precisar que cuando la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por virtud de reformas constitucionales y legales queda impedida para cumplimentar la sentencia, por ya no corresponder al ámbito de su competencia, sino a la esfera de atribuciones de otra autoridad que no tuvo el carácter de responsable en el juicio de garantías, no se está en posibilidad de determinar en el incidente relativo sobre el incumplimiento a la ejecutoria y la procedencia de la sanción señalada en el precepto constitucional antes citado, dado que las autoridades responsables que intervinieron en el juicio de amparo ya no tienen responsabilidad alguna y la autoridad que no intervino con el carácter de responsable y a quien le compete dar cumplimiento a la ejecutoria, al no haber intervenido en juicio tampoco puede considerársele responsable del incumplimiento.
Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial de esta Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y suGaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, que dice:
"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA CUANDO EXISTA AUTORIDAD SUSTITUTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DEBE AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO. La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo, por parte de las autoridades responsables, cuando las mismas han sido requeridas en los términos señalados por los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, a fin de aplicar la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, constitucional; ello, sin perjuicio de que se haga cumplir la ejecutoria conforme lo dispuesto por los artículos 111 y 112 de la propia ley. Por otra parte, según lo dispone el artículo 114 de la mencionada ley, no se puede archivar ningún juicio de amparo, sin que quede enteramente cumplida la sentencia concesoria del amparo, salvo que ya no exista materia para su ejecución. Por lo anterior, cuando la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por virtud de reformas constitucionales y legales queda impedida para cumplimentar la sentencia, por ya no corresponder al ámbito de su competencia, sino a la esfera de competencia de otra autoridad que no tuvo el carácter de responsable en el juicio de garantías, no se está en posibilidad de determinar en el incidente relativo sobre el incumplimiento de la ejecutoria y la procedencia de la sanción señalada en el precepto constitucional antes citado, dado que la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo ya no tiene responsabilidad alguna, y la autoridad que no intervino con el carácter de responsable a quien compete dar cumplimiento a la ejecutoria, al no haber sido parte en el juicio, tampoco puede considerársele responsable del incumplimiento."
Por las razones señaladas procede, como se indicó, devolver los autos del juicio de amparo a la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a fin de que agote el procedimiento previsto por los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, por lo que corresponde al Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene el carácter de autoridad sustituta del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de la Reforma Agraria, subsecretario de Asuntos Agrarios, director general de la Coordinadora de Delegaciones Agrarias y Promotorías, director general de Información Agraria, director general de Procedimientos Agrarios, director general de Tenencia de la Tierra, subdirector de Bienes Comunales y subdirector de Derechos Agrarios, para el cumplimiento de la ejecutoria constitucional por lo que compete a dejar insubsistente la resolución presidencial reclamada únicamente en la parte en que, indebidamente, reconoció y tituló en favor de la comunidad agraria tercero perjudicada, el predio que defendió la quejosa, para lo cual, al requerimiento respectivo, deberá acompañarse copia de la demanda de garantías, de la sentencia en que se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, del acuerdo que la declaró ejecutoriada y de esta resolución.
Huelga señalar que respecto del seguimiento de las anteriores determinaciones, el Juez de Distrito deberá informar periódicamente a esta Suprema Corte de Justicia.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
ÚNICO. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 175/82, promovido por "Huellatla", Sociedad Anónima, a la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para el efecto precisado en el último considerando de esta resolución.
Notifíquese; y con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Fue ponente el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente el Ministro Genaro David Góngora Pimentel, previo aviso a la Presidencia.
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Nota: La siguiente ejecutoria aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1977, página 323.
INCIDENTE DE INEJECUCION 55/95. GRACIELA LEMAS MORENO Y OTROS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105 de la Ley de Amparo, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 7/1995, puntos primero, segundo y tercero, fracción IV, emitido por el Tribunal Pleno el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, toda vez que en el presente asunto no es el caso de aplicar la sanción prevista en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal.
SEGUNDO. En el presente asunto esta Sala considera que deben devolverse los autos del juicio de amparo del que deriva este incidente, al juzgado de su origen, a efecto de que se agote nuevamente el procedimiento previsto por los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se precisan:
Como puede advertirse del resultando primero de esta resolución, en el juicio de amparo los quejosos reclamaron, entre otros actos, la resolución presidencial del primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, su ejecución, así como la indebida ejecución de dicha resolución respecto de los predios de dos de los quejosos.
En la sentencia de amparo se concedió la protección de la Justicia Federal a los quejosos Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez, Domingo Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda y Francisco Irastorza Lavín, "para el efecto de que las autoridades agrarias responsables dejen insubsistente el procedimiento que culminó con la resolución presidencial reclamada", sin perjuicio de que lo integren nuevamente y se otorgue a los quejosos la garantía de audiencia. Por otra parte, en lo que atañe a los quejosos Domingo Pesqueira Bárcenas y Heriberto Pesqueira Bárcenas, el amparo se concedió para el efecto de que las autoridades agrarias responsables dejaran sin efecto los actos de ejecución que hayan llevado a cabo con motivo de la resolución presidencial, única y exclusivamente por lo que respecta a los quejosos y los bienes que ellos defienden.
De lo anterior fácilmente se colige que el acto principal, dentro de los reclamados, lo constituye la resolución presidencial especificada del primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, tanto por vicios propios como por los de su ejecución.
Ahora bien, en este expediente obra copia de la resolución dictada el doce de marzo de mil novecientos noventa y seis, por el Cuerpo Consultivo Agrario, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resolución que es del siguiente tenor:
"CUERPO CONSULTIVO AGRARIO. PRESENTE. VISTO para su acuerdo la documentación relativa al cumplimiento de la ejecutoria del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en el toca de amparo en revisión número 23/94, relacionado con el juicio de garantías número 232/82, promovido por Graciela Lemas Moreno y coagraviados, en su carácter de propietarios de lotes ubicados en la colonia Agrícola 'Ocuca', perteneciente al Municipio de Trincheras, Estado de Sonora, en el cual resulta tercero perjudicado el poblado 'Pueblo Nuevo' hoy 'Nuevo Ocuca', del Municipio y Estado de referencia, de conformidad con los siguientes: ANTECEDENTES. Resolución presidencial. Por resolución presidencial de fecha primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, se concedió por concepto de dotación de tierras al grupo solicitante, una superficie de 5,015-20-00 hectáreas, de distintas calidades, a tomarse de la siguiente manera: de los lotes número 56, con una superficie de 55-00-00 hectáreas, propiedad de Graciela Lemas Moreno; número 55, con superficie de 55-00-00 hectáreas, propiedad de Graciela Lemas Moreno; número 54 con superficie de 37-20-00 hectáreas, propiedad de Agustín Rodríguez Hopkins; asimismo, los lotes números 45, 48 y 53 propiedad de Domingo Pesqueira B., que cuenta con superficies de 45-00-00 hectáreas, 45-00-00 hectáreas, y 45-00-00 hectáreas, respectivamente; y los lotes identificados por los números 28 (A) y 29 (A), con superficie de 43-50-00 hectáreas, y 43-50-00 hectáreas, sucesivamente, presunta propiedad de Margarita Carlos Castañeda y de la fracción sin número, baldío, propiedad de la Nación, 37-20-00 hectáreas, igualmente del predio propiedad de Francisco Irastorza Lavín; 608-20-00 hectáreas, y 4,000-00-00 hectáreas, del predio conocido como los 'Chirriones', propiedad de Oscar Pesqueira Bárcenas, ubicados en el Municipio de Trincheras, Estado de Sonora...'. AUTORIZACION DEL PLANO PROYECTO DE LOCALIZACION. En sesión celebrada el treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y dos, el Cuerpo Consultivo Agrario, autorizó dicho plano de conformidad con el dictamen aprobado en sesión del dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y uno, con una superficie de 5,015-20-00 hectáreas, de terrenos de diversos predios y propietarios. EJECUCION DE LA RESOLUCION PRESIDENCIAL. La referida resolución presidencial fue ejecutada en forma total el catorce de julio de mil novecientos ochenta y dos, entregándose una superficie de 5,015-20-00 hectáreas, según acta de posesión y deslinde levantada en la misma fecha. JUICIO DE AMPARO. Con fecha catorce de julio de mil novecientos ochenta y dos, la señora Graciela Lemas Moreno y Domingo y Heriberto Pesqueira Bárcenas y coagraviados, en su carácter de pequeños propietarios, presentaron demanda de amparo ante el entonces Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora (hoy Quinto), la cual quedó registrada con el número 232/82, en contra de las auto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5173-139e8774/tribunales-agrarios-son-autoridades-sustitutas-del-titular-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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