IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE.
AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 49/98. JUAN LÓPEZ RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Previamente resulta pertinente señalar, que este Tribunal Colegiado estima que si bien es inexacta la apreciación que en la especie hace el Juez Décimo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por ministerio de ley, para desechar de plano la demanda de garantías formulada por el recurrente Juan López Rodríguez, no menos verdadero es, que resulta inoperante la afirmación que se hace en el sentido de que ese proceder viola las normas fundamentales contenidas en la Constitución Federal, ya que los Jueces de Distrito, cuando actúan como órganos de control constitucional no infringen garantías individuales, pues su función es la de vigilar que esos derechos subjetivos públicos sean respetados por las autoridades responsables, siendo en todo caso, la infracción imputada, a los preceptos relativos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, bajo los cuales norman su actuación al tramitar y resolver los juicios de amparo.
Sobre el particular, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 2/97, sustentada por el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 5, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.".
Por lo demás, resultan fundados los agravios vertidos, tomando en cuenta que de las constancias que se allegaron con la misma, y del propio acto reclamado se advierte que al peticionario de garantías, se le reconoce su carácter de arrendatario, ciertamente el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de Tampico, Tamaulipas, en el auto de fecha ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, dictado en los autos del expediente número 599/97 (sic), relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por Enrique Emilio Marcos Giacoman y en representación de Promotora La Costeña, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Federico Gone Segura de Enrique Emilio Marcos Giacoman, y con tal calidad le requiere (al impetrante) para que cubra el importe de las rentas del inmueble que ocupa, al licenciado José Ángel Pérez Treviño en su carácter de apoderado legal del mencionado Marcos Giacoman, en el domicilio señalado para tal fin; pero en ningún momento es claro y evidente de la demanda, que se le reconozca al quejoso su calidad de parte en el procedimiento natural, a fin de que pueda oponer excepciones y defensas contra el auto que reclama, y en su caso ofrecer pruebas, como lo indica en su resolución el Juez de Distrito; de ahí que al no acreditarse de manera fehaciente que no se trata de un acto de imposible reparación, ni atenta contra los derechos fundamentales de la parte quejosa, tampoco se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, a contrario sensu, de la ley de la materia.
Lo anterior se reitera, porque no basta la simple convicción que se forme el juzgador de los hechos que se describen en la demanda para ordenar su desechamiento, sino que es necesario que surjan motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, situación que en la especie no acontece, pues la circunstancia de que a través del acto reclamado la autoridad responsable atribuya al quejoso su calidad de arrendatario, y que por tal motivo lo requiera para que cubra el importe de las rentas en el domicilio de su apoderado legal, no lleva implícito que por ese hecho el promovente sea parte en el procedimiento natural; máxime que tal mandamiento judicial, según se aprecia, deriva de una interpelación notarial que se le hizo al quejoso para conocer la situación que guarda en relación con un inmueble que posee, sin saber si es o no materia del juicio reivindicatorio; y de la demanda de garantías que se formula bajo protesta de decir verdad, se precisa que no es parte demandada, ni tercero llamado a juicio, sino persona extraña a él; por tanto, existe la presunción de que el quejoso no está obligado a agotar algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificar o revocar el acto que reclama, tan es así, que el Juez natural le ha negado la petición de expedirle las constancias necesarias para oponer sus derechos, lo cual lo deja en estado de indefensión al impedirle ser oído y en su defensa.
Bajo este contexto, no se actualiza la hipótesis del artículo 145, de la ley de la materia, que dispone: "El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.", puesto que es evidente que en los términos anotados, lo considerado por el a quo no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Además, el Juez de Distrito está a través del auto recurrido, prejuzgando sobre el fondo de la controversia constitucional al señalar que no atenta contra los derechos fundamentales del quejoso; consideración que en el caso correspondería establecer en la propia sentencia, y por ello también se agravia al recurrente.
En lo conducente, este Tribunal Colegiado, al resolver los amparos en revisión 397/96, 396/96, 404/96 y 335/96, por unanimidad de votos, ha sostenido la tesis publicada bajo el número 7 K, visible en la página 447, Tomo IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "-Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada, es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versará el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar se admita a trámite la demanda de garantías.".
En tales condiciones, procede revocar el acuerdo recurrido y ordenar al Juez de Distrito, admita la demanda de garantías, sin perjuicio de que pueda sobrevenir alguna causal diversa de notoria improcedencia.
Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76, 77, 78 y 90 de la Ley de Amparo, y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca el auto recurrido.
SEGUNDO.-Se ordena al Juez Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, admitir la demanda de garantías promovida por Juan López Rodríguez, contra el acto y por la autoridad precisados en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese como corresponda, anótese con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen, y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, por unanimidad de votos de los CC. Magistrados Guillermo Loreto Martínez, Aurelio Sánchez Cárdenas y Alfredo Gómez Molina.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5225-4acbd957/improcedencia-causal-de-para-que-opere-debe-ser · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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