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Modo: Corpus Pro

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD QUE SE PROMUEVA CONTRA RESOLUCIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO QUE IMPONGAN SANCIONES ADMINISTRATIVAS CONFORME A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 101/2000. · Registro digital (IUS): 6581
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALFREDO GONZÁLEZ LÁRRAGA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, , Pág. 1170.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 101/2000. ALFREDO GONZÁLEZ LÁRRAGA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Previamente al estudio de los agravios que hace valer el licenciado Jorge Chessal Palau, autorizado por el quejoso, aquí recurrente, para oír notificaciones en su nombre en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, los que se estiman infundados, se considera pertinente puntualizar los siguientes antecedentes del asunto que se desprenden del examen de las constancias que integran el cuaderno auxiliar de demanda desechada número A-48/2000 que se relaciona con el presente toca.

Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en este Estado, Alfredo González Lárraga solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos del Congreso del Estado de San Luis Potosí, de su presidente y de la Comisión de Vigilancia del mismo, que hizo consistir en: "La resolución emitida por la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, sometida y aprobada por el Pleno del mismo, mediante la interlocutoria que resolvió el recurso de revocación interpuesto por mi representado en contra de la resolución del propio Congreso, aprobada en sesión secreta iniciada el 26 de abril y concluida el 25 de mayo de 1999, mediante la cual determinó el fincamiento, en mi contra, de responsabilidades administrativas. Así como todo el procedimiento, acciones y omisiones, seguida y realizada (sic) por las responsables durante la tramitación del recurso de revocación citado, así como las consecuencias de los expresados actos.".

Como antecedentes del asunto, Alfredo González Lárraga reiteró que, en sesión secreta iniciada el veintiséis de abril y concluida el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el Congreso del Estado resolvió fincar responsabilidades administrativas en su contra; que por no ser conforme con esa determinación, promovió recurso de revocación, el cual fue resuelto el quince de enero del presente año dos mil, por el Pleno del Congreso de esta entidad federativa, el que aprobó el dictamen que le propuso la Comisión de Vigilancia determinando la improcedencia del recurso de revocación de mérito, y consecuentemente, la confirmación de la resolución recurrida en la que se le fincaron responsabilidades administrativas.

Por su parte, el Juez Tercero de Distrito en este Estado, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de garantías en comento, determinó, en el auto que aquí se revisa, de fecha nueve de febrero del año en curso, desecharla por estimar que es notoria e indudablemente improcedente.

Ello, porque en su concepto, el acto reclamado, consistente en la interlocutoria que recayó al recurso de revocación que el quejoso interpuso en contra de la diversa resolución pronunciada por el Pleno del Congreso del Estado, que determinó procedente fincarle responsabilidades con motivo de las irregularidades que al parecer se detectaron en la cuenta pública correspondiente al año de mil novecientos noventa y siete, del Ayuntamiento de Ciudad Valles, de esta entidad federativa, y en consecuencia, imponerle una sanción económica, debió ser impugnado por el peticionario del amparo a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, tal como lo disponen los artículos: 9o., fracción I, inciso B), de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 2o., 3o., 4o., 95, 96 y 102 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado; y 4o., del 14 al 26, 28, 30, 32, 33 y 73 bis, de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para cumplir así con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, por virtud del cual, deben agotarse, previamente al juicio constitucional, todos los recursos o medios ordinarios de defensa que prevea la ley que rija la materia del acto reclamado; por lo que si el quejoso no impugnó el acto reclamado a través del juicio de nulidad, es incontrovertible que en el caso se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XV, del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna que literalmente dice: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.-No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación. ...".

Precisado lo anterior, se procede a examinar los agravios que expresa el licenciado Jorge Chessal Palau, autorizado por Alfredo González Lárraga para oír notificaciones en su nombre en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en los que aduce que la determinación del Juez Tercero de Distrito en este Estado, a que se hace referencia en el párrafo precedente, es ilegal porque se sustenta en la errónea apreciación relativa a que en el caso opera, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la ley de la materia.

Que así lo considera, porque contrariamente a lo que sostiene el a quo en la parte conducente del auto recurrido, no existe un medio ordinario de defensa que deba hacer valer en contra de la resolución interlocutoria reclamada, toda vez que la misma fue emitida por la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y aprobada por el Pleno del citado Poder Legislativo Local, esto es, por un ente moral que no pertenece a la administración pública municipal; siendo que el artículo 123 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí establece, categóricamente, que el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que es el recurso o medio ordinario de defensa que en opinión del a quo debió agotar antes de acudir a la instancia constitucional, sólo procede en contra de resoluciones que sean formal y materialmente administrativas, esto es, que hayan sido emitidas por un órgano de la administración pública estatal o municipal o por sus organismos descentralizados estatales y municipales e intermunicipales, pero no por el Poder Legislativo del Estado.

En efecto, esgrime el representante legal del inconforme, atendiendo a lo que dispone el invocado artículo 123, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, resultan inaplicables al presente asunto los dispositivos de la Ley de Justicia Administrativa y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que el a quo invocó como apoyo de su determinación; atento el principio de supremacía constitucional que establece la aplicación preferente de la misma por encima de lo que dispongan las demás leyes locales.

Asimismo, el licenciado Chessal Palau expresa que el hecho de que el Juez de Distrito aplicara en el presente asunto diversos numerales de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en especial el artículo 73 bis de dicho cuerpo de leyes, es ilegal, porque no tomó en consideración que ese precepto fue derogado tácitamente al entrar en vigor la Constitución Política Local, toda vez que es contradictorio con el artículo 123 de dicha Constitución, la que en sus artículos segundo y tercero transitorios establece, en esencia, la derogación de cualquier norma legal que se oponga a la misma.

Agregó que esa determinación del a quo, es ilegal, porque soslayó considerar que el artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa, en su fracción X, establece que el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es improcedente contra actos que no emanen de la administración pública; lo que resulta de trascendental importancia en razón de que "por su extensión, el mencionado artículo 46 debió prevalecer por encima de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en especial sobre lo que dispone el artículo 73 bis de dicho ordenamiento legal, ya que por su contenido es una ley especial que regula la existencia y competencia del Tribunal de lo Contencioso y que por tanto, debe respetarse por sobre la norma general, referida a responsabilidades administrativas que se aplican a los servidores públicos mediante un procedimiento materialmente jurisdiccional.".

Pues bien, se afirma que los agravios antes sintetizados son infundados, porque en concepto de este Tribunal Colegiado, aun cuando son correctos los criterios doctrinarios y disposiciones legales que en ellos expone ampliamente el licenciado Chessal Palau, los que se comparten, y aun cuando también se comulga con los principios generales de derecho a que hace alusión, relativos a la supremacía y a la validez temporal de las leyes, así como a que las normas específicas deben ser aplicadas con preferencia sobre las generales, cuando las primeras regulan el caso concreto; sin embargo, del examen acucioso de la parte conducente del auto recurrido, este órgano de control constitucional advierte que no es exacta la aseveración del mencionado profesionista, consistente en que el a quo violentó dichos principios al emitir el auto recurrido, en el que desechó por notoria e indudablemente improcedente la demanda de garantías promovida por Alfredo González Lárraga.

En efecto, es verdad que el Juez Tercero de Distrito en este Estado soslayó aplicar en el presente asunto el artículo 46, fracción X, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que dice: "Es improcedente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra actos de autoridades que no forman parte de la administración pública del Estado o de los Municipios.", y también es cierto que invocó el artículo 73 bis, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de San Luis Potosí, que dispone: "El servidor público afectado por las resoluciones administrativas que se dicten conforme a esta ley, podrá optar por interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.", lo anterior, para fundar su determinación relativa a que antes de acudir al juicio de garantías, el quejoso debió combatir la resolución reclamada mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; sin embargo, en opinión de este Tribunal Federal, ello no significa, en modo alguno, que el a quo optó por aplicar la ley general sobre la específica, como infundadamente lo argumenta el representante legal del inconforme; cuenta habida que además del mencionado artículo 73 bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y de los artículos 50, 51, 55 y 57 del propio ordenamiento legal, el Juez Federal apoyó su resolución en el artículo 9o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y en el artículo 3o., de la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad federativa (ley que a decir del quejoso es la que debe aplicarse por ser la específica), que a la letra expresa: "El Tribunal de lo Contencioso Administrativo dirimirá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades de la administración pública del Estado, los Municipios y los organismos públicos descentralizados, estatales o municipales y conocerá además de las impugnaciones que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas que se dicten en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.".

Por lo que, en ese contexto, este Tribunal Colegiado considera que el Juez Tercero de Distrito en este Estado, no transgredió, en perjuicio del recurrente Alfredo González Lárraga, el principio de que la ley específica debe ser aplicada en un caso concreto con preferencia sobre una ley general, y por ende, que tampoco violentó el principio de supremacía constitucional a que alude el licenciado Chessal Palau en los agravios en análisis. Lo que se estima porque en las apuntadas condiciones, es incontrovertible que el artículo 123 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, que literalmente dice: "La justicia administrativa se deposita en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que conocerá y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal y sus organismos descentralizados, estatales o municipales e intermunicipales y los particulares, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, con competencia en todo el territorio estatal. ..."; no riñe ni se encuentra en oposición con los preceptos de su ley reglamentaria, esto es, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, ni con los de la ley específica de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí que fundamentan el auto sujeto a revisión; cuenta habida que de una interpretación armónica, sistemática y lógico-jurídica de los mismos, se arriba a la convicción de que en ellos se establecen las atribuciones del Congreso para que, actuando en funciones de autoridad administrativa, identifique, investigue y determine responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esto es, responsabilidades administrativas, y en su caso, imponga las sanciones que correspondan a los servidores públicos, observando para ello el procedimiento, también de carácter netamente administrativo que prevé el artículo 66 de la referida ley, contenido en el capítulo denominado "De las sanciones administrativas"; así como la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer del juicio de nulidad correspondiente, cuando los servidores públicos afectados por esas resoluciones no sean conformes.

Consecuentemente, deviene también infundado lo que aduce el representante legal del inconforme, en el sentido de que el Juez Federal procedió ilegalmente al aplicar en el caso el artículo 73 bis, de la ley de responsabilidades de mérito a pesar de encontrarse tácitamente derogado en términos de los artículos segundo y tercero transitorios de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí que "en esencia establecen la derogación de los preceptos legales que se le opongan"; pues, se reitera, no existe oposición alguna entre lo que dispone el referido precepto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y el 123, de la Constitución Política Local.

En mérito de lo razonado y al ser infundados los agravios hechos valer por el licenciado Jorge Chessal Palau, cabe concluir que el Juez Tercero de Distrito procedió legalmente al emitir el auto que aquí se revisa; porque tomando en consideración la naturaleza del procedimiento instaurado en contra del quejoso Alfredo González Lárraga y la sanción que se le impuso en la resolución pronunciada por el Congreso del Estado en sesión secreta iniciada el día veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, y concluida el día veinticinco de mayo del mismo año, arribó al convencimiento pleno de que se trata de una resolución administrativa dictada en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, siguiendo un procedimiento esencialmente administrativo, a pesar de haber sido emitido por el Poder Legislativo. De tal manera que así considerada, debe convenirse con el aludido a quo en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sí está facultado para conocer de los asuntos que se sometan a su consideración cuando se impugnen resoluciones del tipo de la reclamada en el juicio de amparo indirecto que se relaciona con este toca.

Por ende, como el quejoso no agotó esa instancia, previamente a la interposición del juicio de amparo, es incuestionable que no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional y, por tanto, que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna; por lo que procede confirmar el auto que se revisa, en el que el Juez Tercero de Distrito en este Estado se pronunció en los términos antes precisados.

Sólo resta destacar que este criterio ya fue sustentado por este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en los amparos directos administrativos números 653/99 y 655/99 promovidos, respectivamente, por Luis García Julián y José Benito Martínez Rodríguez, así como en las improcedencias administrativas 98/2000 y 105/2000, promovidas por José Federico Carranza y Pascual Martínez Martínez.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 82, 83, fracción II, inciso b), 85, 86, 88, 90, 184 y demás relativos de la Ley de Amparo, y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el auto que se revisa.

SEGUNDO.-Se desecha por notoria e indudablemente improcedente, la demanda de garantías promovida por el licenciado Humberto Rodríguez Páez, en su carácter de apoderado legal de Alfredo González Lárraga, en contra de los actos y de las autoridades que se precisan en el resultando primero de la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvase el cuaderno de antecedentes de la demanda de garantías al Juez remitente y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Juana María Meza López, María del Carmen Torres Medina y Pedro Elías Soto Lara, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, siendo ponente la primera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6581-45668673/tribunal-de-lo-contencioso-administrativo-es-competente-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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